El Poder Judicial ha ascendido a los tres magistrados apartados de Gürtel por ser afines al PP
Los tres magistrados de la Audiencia Nacional que fueron apartados de los juicios de Gürtel por su afinidad al Partido Popular ocupan ya relevantes puestos de la judicatura por decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El último en ser apartado de los procesos por corrupción que afectan al partido de Pablo Casado, Juan Pablo González, fue elegido este jueves presidente de la Audiencia Provincial de Madrid. Todos los vocales conservadores, incluido el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, han votado en bloque a González, mientras que los progresistas y el propuesto por el PNV han optado por otra candidata.
Mejor suerte aun que González corrieron en su momento Concepción Espejel y Enrique López, miembros del tribunal original de Gürtel junto al progresista José Ricardo de Prada. Los compañeros de estos magistrados en la Sala de lo Penal decidieron por mayoría que López y Espejel no cumplían con la apariencia de imparcialidad requerida y que no podían juzgar una causa en la que el Partido Popular era acusado como responsable civil y en el banquillo se sentaban una veintena de sus antiguos cargos. Los dos jueces habían dado muestras sobradas de proximidad al partido conservador, según plantearon las acusaciones populares y respaldó la Fiscalía Anticorrupción.
Pero aquella decisión no resultó a la postre negativa para sus carreras. El Poder Judicial que emanó de la mayoría absoluta del Partido Popular en la primera legislatura de Rajoy decidió, el 15 de mayo de 2017, que Espejel debía presidir la Sala de lo Penal. Es la misma Sala de lo Penal cuyos miembros habían decidido mayoritariamente apartarla de los juicios de Gürtel, incluido el de la financiación irregular del partido o caja B. Solo uno de los vocales conservadores, Vicente Guilarte, no apoyó su elección. Los otros 11 conservadores, con Lesmes a la cabeza, votaron en bloque a Espejel. Entre ellos estaba el actual ministro del Interior del Gobierno socialista, Fernando Grande-Marlaska.
Entre los argumentos para apartar a López y Espejel de cualquier juicio al PP estuvo el de haber sido elegidos miembros del CGPJ a propuesta de ese partido. Anticorrupción expuso que Luis Bárcenas, el extesorero del partido y procesado en distintas piezas de Gürtel, había votado en el Senado la elección de Espejel.
El caso de Enrique López es único por la insistencia del Partido Popular en encumbrarle. En junio de 2013, el PP por fin logró que se convirtiera en magistrado del Tribunal Constitucional junto a Pedro González-Trevijano, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos cuando obtuvieron sus másteres Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón. Un año después, la Policía Municipal detuvo a Enrique López por el centro de Madrid conduciendo su motó a las 7:30 de la mañana borracho y sin casco. López se vio obligado a dimitir.
Pero la vida, o más bien el control del PP del órgano de Gobierno de los jueces, dio a Enrique López una segunda oportunidad y le convirtió en magistrado de la recién creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional en la primavera de 2017.
Entre el incidente de circulación y el ascenso, Enrique López había vuelto a la Sala de lo Penal. Allí, junto a Espejel, se empeñó en que el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata fuera juzgado por unos chistes en Twitter de su etapa anterior a la política. El juez de instrucción, Santiago Pedraz, había archivado la causa en tres ocasiones al no apreciar delito, pero la insistencia de Manos Limpias y una supuesta asociación de víctimas del terrorismo financiada por el Ministerio del Interior encontró la comprensión jurídica de los dos jueces afines al PP.
La elección de López hizo extender la indignación en la carrera judicial. La Sala de Apelaciones es fruto de un antiguo reproche de Europa porque la Audiencia Nacional carecía de una segunda instancia que revisara sus sentencias. López y Eloy Velasco pasaban a integrar la más alta instancia del tribunal especial. Ninguno de los dos tenían experiencia en poner sentencias, según criticaban sus compañeros.
La elección de ambos correspondía a la comisión permanente del CGPJ, una versión reducida del pleno que, según la reforma legal de Alberto Ruiz-Gallardón, hacía que sus miembros fueran los únicos con una retribución mensual de 6.000 euros y dedicación exclusiva. Solo los progresistas Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda se opusieron al nombramiento de ambos.
El criterio que había impuesto el Gobierno de Rajoy para integrar la Sala de Apelaciones era tener la especialidad en derecho penal, algo aparentemente lógico. Lo que ocurre es que en España esa especialidad solo se le reconoce a aquellos que superaron una oposición menor hace veinte años, frente a otros que aprobaron una mucho más exigente y anónima en 2011, pero que fue anulada en parte por el Tribunal Supremo. De esta forma, solo doce jueces ostentan la única especialidad en penal reconocida, entre ellos Enrique López y Eloy Velasco.
Una vez convocada la plaza, solo restaba que ambos se presentaran para aplicar el criterio de selección y que fueran los elegidos. En el caso de Velasco, su ascenso implicaba que deja de instruir los casos de corrupción más graves que afectan al PP y cuya investigación está aún abierta: la pieza del caso Púnica que investiga su financiación irregular en Madrid y la Operación Lezo. A ese cambio en el Juzgado de Instrucción número 6, que finalmente se produjo, se refería en un pinchazo de Lezo el propio Ignacio González. El expresidente madrileño planteaba a Eduardo Zaplana la conveniencia de hacer regresar al titular de la plaza, en un destino privilegiado en Roma, y enviar a Velasco a “escarbar cebollinos”.
Un CGPJ al borde de la prórroga
La elección de Juan Pablo González debía ser la última que adoptara el actual Consejo, toda vez que su mandato de cinco años expira el próximo martes. La ruptura de la negociación para su renovación por parte del Partido Popular prolonga sine die el actual Poder Judicial, con Carlos Lesmes al frente. González había aspirado sin éxito a otros puestos durante el actual mandato del CGPJ, como la Sala de lo Penal del Supremo.
El partido de Casado decidió romper el acuerdo de reparto de las sillas alcanzado con los socialistas después de que Manuel Marchena renunciara a sustituir a Lesmes. A su vez, la decisión de Marchena estuvo motivada por la difusión de un mensaje de whatsapp por parte del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que salía al paso de las críticas internas por el reparto alcanzado y aseguraba que con el nuevo presidente su partido “controlaría” la Sala Segunda del Supremo “desde atrás”.
Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, ha emitido un comunicado en el que critica el nombramiento de González porque manda “un mensaje demoledor a la carrera judicial al ser preferidos aquellos candidatos por sus afinidades políticas o de amistad frente a quienes de modo ininterrumpido han ejercido durante años y en exclusiva la labor jurisdiccional”. “Este nombramiento supone un nuevo revés para la imagen de la Justicia por lo que pedimos nuevamente la dimisión de Carlos Lesmes, y la inmediata renovación del CGPJ”, concluye la asociación progresista.
En la misma reunión del pleno del CGPJ se ha elegido a Concepción Ureste nueva magistrada de la Sección Cuarta del Tribunal Supremo. En este caso, Ureste ha resultado elegida con los votos de los vocales progresistas, a los que se ha unido Lesmes y otro vocal conservador.
