La Policía informa a García Castellón de que no puede acceder a la tarjeta de Dina Bousselham como insistía el juez

El juez del caso Dina, Manuel García Castellón

Pedro Águeda


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Los agentes de la Policía Científica a los que el juez Manuel García Castellón había ordenado volver sobre la tarjeta de Dina Boussellham por si pudiera encontrar algún indicio con el que imputar a Pablo Iglesias han entregado un informe al magistrado en el le trasladan la imposibilidad técnica de acceder al dispositivo, aseguran a elDiario.es fuentes jurídicas. Después de que García Castellón fracasara en su intento de que el Tribunal Supremo imputara a Iglesias cuando éste era aforado, la diligencia de la tarjeta era el último recurso del juez, que ha ido aplazando hasta ahora la citación de la ex asesora de Iglesias, dueña del dispositivo.

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El informe de la Policía Científica es sobre la pericial ampliatoria solicitada por el juez para determinar las causas de la “inaccesibilidad” al dispositivo y averiguar cuándo se accedió a su contenido por última vez. Las fuentes consultadas añaden que con el informe policial no se puede atribuir ninguna responsabilidad sobre la destrucción de la tarjeta. En los trabajos de la Policía, el juez llegó a implicar a la compañía Samsung, que ha colaborado con los técnicos del Cuerpo en intentar acceder al contenido de la tarjeta sin éxito.

La última corrección en este asunto de una instancia superior a García Castellón llegó el pasado mes de octubre. La misma Sala de lo Penal que había obligado a devolver a Iglesias la condición de perjudicado en el caso de la tarjeta conminaba al instructor del caso Villarejo a citar a Dina Bousselham, quien lleva más de un año y medio queriendo explicar en sede judicial que no se siente perjudicada por la actuación del exvicepresidente segundo del Gobierno. Los delitos que el juez detecta en Iglesias requieren de un perjudicado.

En octubre, la Sala de lo Penal asumió en su integridad las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción, revocando al fin la instrucción que el juez había decretado hacía un año. Un cierre de la instrucción que no lo era en términos absolutos porque la investigación puede seguir viva. Y así ha sido, pero siempre en dirección a Pablo Iglesias, pese a que el Tribunal Supremo decretó en enero de 2021 que no había indicios para imputar al político, tal y como le había solicitado García Castellón.

El juez del caso decidió ignorar la línea de investigación que conducía a Villarejo basándose en los cambios de versión de la propia Bousselham, quien llegó a reconocer que había pantallazos de los que se habían publicado en varios medios, con información procedente de su móvil, que ella había reenviado a terceras personas. En octubre, la Sala de lo Penal, de acuerdo con el escrito de la Fiscalía, recordó al juez que también se publicó información del móvil de la colaboradora de Iglesias que ella no reenvió a nadie, y por eso le pedía que ahondara en esa circunstancia sin aclarar. 

El Tribunal Supremo llegó a acusar al juez, en el auto en el que rechazaba imputar a Iglesias, de “abandonar diversas líneas de investigación, para abogar como realidad acaecida una concreta alternativa sin mayor plausibilidad”. Iglesias guardó durante meses la tarjeta que los responsables de Interviú le entregaron sin dársela a su auténtica propietaria y Bousselham ha cambiado de versión sobre si pudo acceder a ella cuando el exlíder de Podemos se la entregó finalmente.

 

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