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Los policías investigados por el 1-O piden imputar por sedición a los votantes

Agentes antidisturbios de la Policía Nacional forman un cordón de seguridad frente al colegio Ramón Llull de Barcelona el 1-O de 2017.

EFE

Barcelona —

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La defensa de los policías investigados por las cargas en los centros de votación durante el referéndum del 1-O ha solicitado al juez que impute por sedición a todos los votantes que participaron en incidentes con los agentes en base a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas.

En un documento al que ha tenido acceso Efe, el despacho de abogados que ejerce la defensa de los policías investigados solicita al juzgado de instrucción 7 de Barcelona a imputar por sedición o resistencia “en cualquier modalidad de comisión” a aquellas personas “perfectamente identificadas” que acudieron a votar el 1-O y trataron de evitar que los agentes impidiesen el referéndum.

Se insta así a imputar a manifestantes “perfectamente identificados” que, en el marco de la causa que investiga las cargas, manifestaron que acudieron a los centros de votación para impedir la acción de la policía.

Según la defensa de los policías, estos votantes actuaron “claramente tendentes a impedir con su actuación activa la efectividad de las leyes y de las resoluciones judiciales vigentes, enfrentándose para ello u ofreciendo una resistencia activa a la actuación policial que pretendía reponer el orden constitucional y aplicar dichas resoluciones judiciales”.

Por ese motivo, considera que existen los indicios suficientes para que sean investigados y se depuren “las posibles responsabilidades penales en que los mismos hubieran podido incurrir como autores, coautores cómplices, o cooperadores necesarios en relación con las conductas constitutivas de delito de sedición y desobediencia desarrolladas el día 1 de octubre en Barcelona”.

En su sentencia del 'procés' y a pesar de que la causa está en manos de los tribunales catalanes, el Supremo denunció “abiertas agresiones” de ciudadanos a policías y guardias civiles y consideró que estos “se vieron obligados al uso de la fuerza legalmente prevista”.

Según el alto tribunal, hubo ciudadanos que insultaron y vejaron a los agentes con escupitajos, expresiones despectivas y palabras amenazantes, “sin que faltaran abiertas agresiones que sobrepasaron los contornos de la resistencia pasiva, incluso en la más indulgente de las concepciones, erigiéndose en simples actos de agresión”.

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