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El PP lanza una ofensiva en instituciones y tribunales contra el reparto de los fondos europeos

Tras intentar boicotear los fondos europeos en Bruselas, el PP lanza ahora una ofensiva contra el reparto que está llevando a cabo el Gobierno del dinero entre las diferentes administraciones. La batalla la dará en los tribunales, a los que ya han acudido gobiernos autonómicos del PP, y también a nivel político. Los alcaldes conservadores pretenden que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se posicione contra el Ejecutivo, como ya lo ha hecho en otros momentos de la pandemia. En Moncloa, por su parte, rechazan las denuncias de partidismo y recuerdan que la adjudicación responde a criterios establecidos en las conferencias sectoriales, donde están representadas todas las comunidades.

La Comunidad de Madrid lleva al Gobierno ante el Supremo por el reparto "arbitrario" de los fondos europeos

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“El proceso no puede ser más garantista y transparente. La denuncia no tiene ningún fundamento y es parte de la actitud negacionista del PP”, señalan fuentes gubernamentales. Desde el partido de Pablo Casado, sin embargo, acusan al Gobierno de hacer un reparto por municipios que “no sigue criterios objetivables, como población y territorio, sino otros criterios que no se conocen porque no hay motivación, no hay causa de rechazo o admisión”, tal y como explica el alcalde de Estepona y vicepresidente de la FEMP, José María García Urbano, en conversación con elDiario.es.

La estrategia del PP pasa por sembrar dudas acerca de los criterios en la asignación de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “Es un escándalo”, declaró el jueves por la mañana Casado en una entrevista en Antena 3. El líder del PP deslizó, además, que la fórmula "puede llevar a la corrupción". Casado ha aprovechado para criticar también a su aliado de ultraderecha: “El Gobierno ha decidido repartir a dedo los fondos europeos. Por cierto, con un real decreto que apoyó Vox, no sabemos por qué".

El anuncio del Gobierno de Madrid de recurrir el reparto de nueve millones destinados a proyectos piloto de empleo para colectivos vulnerables, que correspondieron a cuatro comunidades, ha mediatizado la polémica. Pero no ha sido Isabel Díaz Ayuso la primera en iniciar el camino. El alcalde de Zaragoza y líder del PP en Aragón, Jorge Azcón, relata a este medio que levantó la liebre cuando comprobó que la ciudad quedaba al margen de la mayoría de las asignaciones de los fondos europeos dentro de su comunidad. “La aritmética no miente”, apunta a elDiario.es.

Tras el anuncio del Ejecutivo de Ayuso, otros han dicho en público que también van a impugnar el reparto. Primero fue Alberto Núñez Feijóo; quien ya ha enviado un requerimiento al Ministerio de Trabajo para anular el decreto de reparto de los mismos fondos que ha impugnado Madrid. Desde el Gobierno alegan que el programa elaborado por el Ministerio de Yolanda Díaz que es objeto de la denuncia apenas representa el 0,08% del total del dinero asignado a las comunidades –un total de 11.246 millones de euros, que suponen un 46% del total presupuestado en el marco del plan de recuperación en 2021–. 

A Ayuso y Feijóo se han sumado este jueves Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Juan Manuel Moreno (Andalucía), ambos en año electoral. Mañueco se enfrenta a las urnas en un mes, Moreno en algún momento de 2022.

“El criterio ideológico y de afinidad política no debe ser la forma de comportarse”, dijo Mañueco, quien en diciembre aseguró que el reparto de los fondos “es lo más parecido al sorteo de la UEFA”. “No se están haciendo bien las cosas con estos fondos, ya que no hay transparencia ni una información que sea directa y no hay cogobernanza alguna con las comunidades autónomas y eso al final nos lleva, sin lugar a dudas, a que no podamos aprovechar al cien por cien esos fondos”, se quejó el presidente andaluz. 

Los ayuntamientos del PP también se van a movilizar a nivel judicial y político, aunque los comicios en Castilla y León retrasarán a finales de febrero la reunión de la FEMP, que preside el socialista Abel Caballero, en la que pedirán el apoyo de todos los consistorios a su queja. El organismo ya criticó en el pasado la ausencia de un Fondo COVID para los municipios, aunque en el PP lamentan que en esta ocasión no contarán con el respaldo del resto de fuerzas. “La decisión de algo tan importante como son 140.000 millones merecía una agencia, un organismo o entidad público-privada, independiente que haga las adjudicaciones”, asegura García Urbano. 

Azcón, por su parte, reconoce que el reparto “no puede tener solo un criterio de población”, pero denuncia que ahora mismo se está produciendo uno “con criterios partidistas”. Asegura que en las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE “han dado cero euros a ayuntamientos del PP”, algo que “al revés, no ocurre”. El alcalde de la capital aragonesa lamenta que, por ejemplo, el Gobierno concediera en diciembre dos millones de euros a Vigo para promocionar el turismo “por las luces de Navidad”.

El Gobierno se ampara en la UE

En el Gobierno defienden su modelo y consideran que los recursos judiciales caerán en saco roto porque los fondos del plan de recuperación se ejecutan a través de convocatorias públicas y, en el caso del decreto de las subvenciones de empleo, ha seguido el procedimiento de control jurídico de todo documento aprobado en Consejo de Ministros. “Está plenamente garantizado que cumplen escrupulosamente con la Ley de Subvenciones y con todo el ordenamiento jurídico”, señalan fuentes gubernamentales. Además, sostienen que esos nueve millones están destinados a proyectos piloto puestos en marcha en los territorios y que se han demostrado exitosos y que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) está abierto a extender esas subvenciones a otras comunidades una vez que sean testadas. 

El PSOE se ha lanzado, por su parte, contra el PP después de que la Comunidad de Madrid y Galicia señalaran un supuesto trato de favor a Euskadi, Navarra, Extremadura y la Comunidad Valenciana en los fondos de empleo. El número dos de los socialistas valencianos, José Muñoz, lamentó “la nueva muestra de la política de boicot a los intereses generales de la Comunitat Valenciana y del conjunto de España” por parte de los presidentes del PP e instó a la organización a nivel territorial a demostrar “si está del lado de quienes quieren quitar fondos europeos a los valencianos y valencianas o del lado de la defensa de los intereses” de la región. 

La batalla emprendida por la Puerta del Sol enerva especialmente en Moncloa, donde acusan a Ayuso de estar en una guerra de desgaste permanente contra Sánchez. “La señora Ayuso, que tanto rivaliza con el señor Casado, pero finalmente son iguales y atacan el interés general del país sin complejos”, lamentó la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien recordó que a la Comunidad de Madrid han ido a parar más de 1.000 millones de los que se han repartido entre las comunidades, lo que supone un 12% del total, según los cálculos de Moncloa, donde recuerdan que el gobierno regional aún no ha abierto las convocatorias de algunos de los grandes proyectos cuyos fondos ya le han sido transferidos como el Programa de rehabilitación energética para edificios o el de rehabilitación residencial y vivienda social, que supone una inversión de más de 161 millones de euros.

“Le debe de sobrar el dinero porque renuncia a recaudarlo en el marco de sus competencias”, reprochó Rodríguez en la misma línea que se había pronunciado previamente la vicepresidenta económica, Nadia Calviño: "Solo tiene como política económica bajar impuestos". “El PP está en el boicot permanente, en el negacionismo total, y no reconoce los éxitos que no son siquiera del Gobierno, sino que son éxitos del país”, expresó Rodríguez en una entrevista en El Programa de AR en la que aseguró que la gestión de los fondos se lleva a cabo “con total transparencia como no puede ser de otra manera cuando se trabaja con otra Administración, que es la UE”. Y zanjó: "Quien cuestiona al Gobierno de España en el despliegue de estos fondos está cuestionando también a la propia Unión".

Tras intentar boicotear los fondos europeos en Bruselas, el PP lanza ahora una ofensiva contra el reparto que está llevando a cabo el Gobierno del dinero entre las diferentes administraciones. La batalla la dará en los tribunales, a los que ya han acudido gobiernos autonómicos del PP, y también a nivel político. Los alcaldes conservadores pretenden que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se posicione contra el Ejecutivo, como ya lo ha hecho en otros momentos de la pandemia. En Moncloa, por su parte, rechazan las denuncias de partidismo y recuerdan que la adjudicación responde a criterios establecidos en las conferencias sectoriales, donde están representadas todas las comunidades.

La Comunidad de Madrid lleva al Gobierno ante el Supremo por el reparto "arbitrario" de los fondos europeos

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“El proceso no puede ser más garantista y transparente. La denuncia no tiene ningún fundamento y es parte de la actitud negacionista del PP”, señalan fuentes gubernamentales. Desde el partido de Pablo Casado, sin embargo, acusan al Gobierno de hacer un reparto por municipios que “no sigue criterios objetivables, como población y territorio, sino otros criterios que no se conocen porque no hay motivación, no hay causa de rechazo o admisión”, tal y como explica el alcalde de Estepona y vicepresidente de la FEMP, José María García Urbano, en conversación con elDiario.es.

La estrategia del PP pasa por sembrar dudas acerca de los criterios en la asignación de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “Es un escándalo”, declaró el jueves por la mañana Casado en una entrevista en Antena 3. El líder del PP deslizó, además, que la fórmula "puede llevar a la corrupción". Casado ha aprovechado para criticar también a su aliado de ultraderecha: “El Gobierno ha decidido repartir a dedo los fondos europeos. Por cierto, con un real decreto que apoyó Vox, no sabemos por qué".

El anuncio del Gobierno de Madrid de recurrir el reparto de nueve millones destinados a proyectos piloto de empleo para colectivos vulnerables, que correspondieron a cuatro comunidades, ha mediatizado la polémica. Pero no ha sido Isabel Díaz Ayuso la primera en iniciar el camino. El alcalde de Zaragoza y líder del PP en Aragón, Jorge Azcón, relata a este medio que levantó la liebre cuando comprobó que la ciudad quedaba al margen de la mayoría de las asignaciones de los fondos europeos dentro de su comunidad. “La aritmética no miente”, apunta a elDiario.es.

Tras el anuncio del Ejecutivo de Ayuso, otros han dicho en público que también van a impugnar el reparto. Primero fue Alberto Núñez Feijóo; quien ya ha enviado un requerimiento al Ministerio de Trabajo para anular el decreto de reparto de los mismos fondos que ha impugnado Madrid. Desde el Gobierno alegan que el programa elaborado por el Ministerio de Yolanda Díaz que es objeto de la denuncia apenas representa el 0,08% del total del dinero asignado a las comunidades –un total de 11.246 millones de euros, que suponen un 46% del total presupuestado en el marco del plan de recuperación en 2021–. 

A Ayuso y Feijóo se han sumado este jueves Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Juan Manuel Moreno (Andalucía), ambos en año electoral. Mañueco se enfrenta a las urnas en un mes, Moreno en algún momento de 2022.

“El criterio ideológico y de afinidad política no debe ser la forma de comportarse”, dijo Mañueco, quien en diciembre aseguró que el reparto de los fondos “es lo más parecido al sorteo de la UEFA”. “No se están haciendo bien las cosas con estos fondos, ya que no hay transparencia ni una información que sea directa y no hay cogobernanza alguna con las comunidades autónomas y eso al final nos lleva, sin lugar a dudas, a que no podamos aprovechar al cien por cien esos fondos”, se quejó el presidente andaluz. 

Los ayuntamientos del PP también se van a movilizar a nivel judicial y político, aunque los comicios en Castilla y León retrasarán a finales de febrero la reunión de la FEMP, que preside el socialista Abel Caballero, en la que pedirán el apoyo de todos los consistorios a su queja. El organismo ya criticó en el pasado la ausencia de un Fondo COVID para los municipios, aunque en el PP lamentan que en esta ocasión no contarán con el respaldo del resto de fuerzas. “La decisión de algo tan importante como son 140.000 millones merecía una agencia, un organismo o entidad público-privada, independiente que haga las adjudicaciones”, asegura García Urbano. 

Azcón, por su parte, reconoce que el reparto “no puede tener solo un criterio de población”, pero denuncia que ahora mismo se está produciendo uno “con criterios partidistas”. Asegura que en las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE “han dado cero euros a ayuntamientos del PP”, algo que “al revés, no ocurre”. El alcalde de la capital aragonesa lamenta que, por ejemplo, el Gobierno concediera en diciembre dos millones de euros a Vigo para promocionar el turismo “por las luces de Navidad”.

El Gobierno se ampara en la UE

En el Gobierno defienden su modelo y consideran que los recursos judiciales caerán en saco roto porque los fondos del plan de recuperación se ejecutan a través de convocatorias públicas y, en el caso del decreto de las subvenciones de empleo, ha seguido el procedimiento de control jurídico de todo documento aprobado en Consejo de Ministros. “Está plenamente garantizado que cumplen escrupulosamente con la Ley de Subvenciones y con todo el ordenamiento jurídico”, señalan fuentes gubernamentales. Además, sostienen que esos nueve millones están destinados a proyectos piloto puestos en marcha en los territorios y que se han demostrado exitosos y que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) está abierto a extender esas subvenciones a otras comunidades una vez que sean testadas. 

El PSOE se ha lanzado, por su parte, contra el PP después de que la Comunidad de Madrid y Galicia señalaran un supuesto trato de favor a Euskadi, Navarra, Extremadura y la Comunidad Valenciana en los fondos de empleo. El número dos de los socialistas valencianos, José Muñoz, lamentó “la nueva muestra de la política de boicot a los intereses generales de la Comunitat Valenciana y del conjunto de España” por parte de los presidentes del PP e instó a la organización a nivel territorial a demostrar “si está del lado de quienes quieren quitar fondos europeos a los valencianos y valencianas o del lado de la defensa de los intereses” de la región. 

La batalla emprendida por la Puerta del Sol enerva especialmente en Moncloa, donde acusan a Ayuso de estar en una guerra de desgaste permanente contra Sánchez. “La señora Ayuso, que tanto rivaliza con el señor Casado, pero finalmente son iguales y atacan el interés general del país sin complejos”, lamentó la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien recordó que a la Comunidad de Madrid han ido a parar más de 1.000 millones de los que se han repartido entre las comunidades, lo que supone un 12% del total, según los cálculos de Moncloa, donde recuerdan que el gobierno regional aún no ha abierto las convocatorias de algunos de los grandes proyectos cuyos fondos ya le han sido transferidos como el Programa de rehabilitación energética para edificios o el de rehabilitación residencial y vivienda social, que supone una inversión de más de 161 millones de euros.

“Le debe de sobrar el dinero porque renuncia a recaudarlo en el marco de sus competencias”, reprochó Rodríguez en la misma línea que se había pronunciado previamente la vicepresidenta económica, Nadia Calviño: "Solo tiene como política económica bajar impuestos". “El PP está en el boicot permanente, en el negacionismo total, y no reconoce los éxitos que no son siquiera del Gobierno, sino que son éxitos del país”, expresó Rodríguez en una entrevista en El Programa de AR en la que aseguró que la gestión de los fondos se lleva a cabo “con total transparencia como no puede ser de otra manera cuando se trabaja con otra Administración, que es la UE”. Y zanjó: "Quien cuestiona al Gobierno de España en el despliegue de estos fondos está cuestionando también a la propia Unión".

Tras intentar boicotear los fondos europeos en Bruselas, el PP lanza ahora una ofensiva contra el reparto que está llevando a cabo el Gobierno del dinero entre las diferentes administraciones. La batalla la dará en los tribunales, a los que ya han acudido gobiernos autonómicos del PP, y también a nivel político. Los alcaldes conservadores pretenden que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se posicione contra el Ejecutivo, como ya lo ha hecho en otros momentos de la pandemia. En Moncloa, por su parte, rechazan las denuncias de partidismo y recuerdan que la adjudicación responde a criterios establecidos en las conferencias sectoriales, donde están representadas todas las comunidades.

La Comunidad de Madrid lleva al Gobierno ante el Supremo por el reparto "arbitrario" de los fondos europeos

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“El proceso no puede ser más garantista y transparente. La denuncia no tiene ningún fundamento y es parte de la actitud negacionista del PP”, señalan fuentes gubernamentales. Desde el partido de Pablo Casado, sin embargo, acusan al Gobierno de hacer un reparto por municipios que “no sigue criterios objetivables, como población y territorio, sino otros criterios que no se conocen porque no hay motivación, no hay causa de rechazo o admisión”, tal y como explica el alcalde de Estepona y vicepresidente de la FEMP, José María García Urbano, en conversación con elDiario.es.