El presidente del Tribunal de Cuentas espera medidas que eviten “toda sensación de derroche o privilegio”

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, espera que la futura Ley de Transparencia, que sigue su tramitación parlamentaria, se complete con medidas que garanticen la eficiencia en el uso de los recursos públicos evitando “toda sensación de derroche y privilegio”.

En declaraciones a Europa Press, el presidente del Tribunal de Cuentas remarca que “la regulación de la transparencia constituye una medida necesaria, pero no suficiente, para recuperar la confianza en las instituciones”.

A su juicio, facilitar a los ciudadanos el acceso a “información pública relevante” sobre el funcionamiento de las instituciones “contribuirá a la mejora de la gestión pública y al desarrollo de un auténtico control social sobre dicha gestión”.

Pero no es suficiente: “Habría que completar la futura Ley de Transparencia con medidas que garanticen la mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los fondos públicos, evitando toda sensación de derroche o de privilegio, así como una labor didáctica que haga visible a la ciudadanía el trabajo realizado por cada institución pública”, sostiene.

Según Álvarez de Miranda, la transparencia debe afectar “a todos los Poderes públicos, incluidos los órganos constitucionales” y también el propio Tribunal de Cuentas.

CADA INSTITUCIÓN CON SUS CIRCUNSTANCIAS

En el listado de las instituciones sometidas a los principios y obligaciones de la transparencia incluye también al Banco de España y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siempre teniendo en cuenta “las circunstancias” de estos órganos, que no forman parte de las Administraciones Públicas.

“Evidentemente, aunque el principio de transparencia debe alcanzar a todas las Instituciones públicas, las obligaciones concretas que supone deben regularse de acuerdo con la propia naturaleza de estos órganos, por lo que resulta necesario analizar en qué medida son aplicables en cada caso”, apunta.

Y también a la Casa del Rey, pues al margen de “la limitación de la atribución constitucional de determinadas competencias exclusivas al Monarca, como la libre distribución de los fondos públicos que se le asignan entre el personal y los miembros de su Casa, se considera ampliamente positiva la máxima transparencia de la gestión económico-financiera de todos los Poderes públicos”.

El presidente de la institución fiscalizadora también cree afectados por la transparencia a los partidos políticos y las organizaciones empresariales y sindicales, en la medida que “ejercen funciones públicas de gran relevancia o bien se financian fundamentalmente con fondos públicos”, pero insiste en que los detalles de su aplicación deberían sacarse fuera de la ley que tramita el Congreso.

LÍMITES, NO CORTAPISAS

“No debe olvidarse que los preceptos de dicha Ley están orientados principalmente a la transparencia en el ámbito de la gestión pública, por lo que debe estudiarse la específica forma de aplicarlos en tales ámbitos --opina--. Por eso abogué en el Congreso por una remisión expresa en esta cuestión a la regulación específica de cada una de estas entidades de régimen privado”.

En todo caso, subraya que hay “ciertos límites legales” a la transparencia, entre los que cita las cuestiones que afectan a la Defensa Nacional y los relativos a la legislación de protección de datos personales, que en su opinión “deben garantizarse adecuadamente, siempre que ello no sirva de cortapisa para impedir acceder a la información susceptible de conocimiento público”.