Más de 27.700 presos participan en programas voluntarios de tratamiento

Un total de 27.716 presos, es decir, más de la mitad de la población penitenciaria, participan en programas voluntarios de tratamiento, de los que 9.675 son condenados por delitos de violencia de género.

Son datos facilitados por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso para explicar las líneas generales de la política de su departamento.

Según ha resaltado, el último programa implantado es el denominado “Diversidad”, para la igualdad de trato y la no discriminación y frente a los delitos de odio y destinado a los presos con un delito en el que haya existido un agravante como racismo, aporofobia, xenofobia y otros.

Ortiz ha cifrado en 50.826 el número actual de reclusos en las cárceles dependientes de la administración central y en 97.787 el número de mandamientos judiciales gestionados en lo que va de año para cumplir penas alternativas a la prisión.

Entre los objetivos de su mandato, Ortiz ha citado favorecer el régimen abierto para cumplir las penas privativas de libertad, pero siempre dentro del marco normativo.

Sobre este asunto, el secretario general ha dicho que en la actualidad el 16,6 por ciento de los internos está clasificado en tercer grado o régimen abierto, un porcentaje aún lejos de la media europea, que supera “con creces el 20 por ciento”.

Otro de sus objetivos prioritarios en potenciar el tratamiento para abordar “las carencias que las personas condenadas presentan en su etiología delictiva”.

Ha hecho referencia al destinado a los condenados por violencia de género, con 9.675 presos voluntarios dentro del programa.

Ortiz ha facilitado otros datos, como que alrededor de 1.000 internos participan cada año en los cursos de acceso a la Universidad y realizan sus estudios de grado en prisión, y que para las enseñanzas regladas se han matriculado para el curso 2018-2019 más de 18.000 presos.

Asimismo, ha querido hacer hincapié en los 12.000 reclusos que cuentan con un puesto de trabajo, con una nómina global mensual de todos de más de 3 millones de euros.