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El PSOE cierra filas ante la intromisión del Constitucional tras la tensión por la reforma del Código Penal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante el pleno del Senado, este miércoles en Madrid.

Irene Castro

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Que el PSOE es “ciclotímico” lo reconocen ministros y dirigentes socialistas, que asumen que es una organización muy permeable e influenciable a los golpes de titular. Eso suele tener complejidades para los inquilinos de Ferraz, pero en ocasiones les da un balón de oxígeno. Es precisamente lo que ha pasado en apenas una semana en la que el partido de Pedro Sánchez ha pasado de la tensión interna por la reforma del Código Penal –en concreto las rebajas en las penas por malversación y, en menor medida, los cambios en la sedición– al cierre de filas por el golpe que le ha dado el Tribunal Constitucional al Gobierno y al Parlamento al impedir la tramitación de las medidas con las que pretendían su renovación.  

La intromisión del Constitucional en el poder legislativo a instancias del PP ha calmado los ánimos en las filas socialistas, donde a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales habían saltado las alarmas por asumir los postulados de ERC respecto a la sedición y la malversación para beneficiar a decenas de cargos independentistas pendientes de juicio. Sánchez se esforzó por hacer una labor pedagógica al asegurar que los cambios perseguían apaciguar del todo la situación en Catalunya –una plaza fundamental para que el PSOE preserve el poder– y Ferraz se tuvo que arremangar para aplacar las críticas que venían de muchos fieles, como los líderes de Castilla y León o Madrid.

En Moncloa consideran que Alberto Núñez Feijóo ha errado con la estrategia de dar un golpe a Sánchez a través del Constitucional. “Es malo para ellos lo que han hecho. Seguro. Cuestionar la legitimidad parlamentaria es un error”, señalan fuentes gubernamentales que sostienen que el PP puede ganar esta batalla jurídica, pero que perderá esa guerra porque la mayoría parlamentaria acabará sacando adelante los cambios con la fórmula de una proposición de ley. Es el mensaje que repitió Sánchez en el Senado: “A pesar de que intenten que el Parlamento no hable, les garantizo que lo hará alto y claro”.

Además, en la cúpula socialista están convencidos de que ha sido una equivocación cambiar un marco en el que estaban incómodos: el de la malversación y la sedición. “Ruido iba a haber, pero con dos temas que sí nos hacían daño”, reconoce un diputado catalán. La reflexión es compartida en varias de las federaciones consultadas. 

Sánchez explotó al máximo el mensaje de que se estaba perpetrando un ataque contra la voluntad popular. Así, denunció desde Bruselas un intento de “burdo complot” cuando el PP pidió al Constitucional paralizar la tramitación de las enmiendas con las que PSOE y Unidas Podemos pretendían forzar la renovación del tribunal de garantías. “La derecha y la ultraderecha han tratado de amordazar al Parlamento”, expresó el presidente, que habló de un “atropello” antes de que el sector conservador de esa institución diera la razón a los de Feijóo. 

Ese es un registro que, según fuentes de la dirección socialista, moviliza a los suyos. Y, aunque el presidente ha bajado ligeramente el tono tras la decisión del Constitucional, en el PSOE se ha notado el apaciguamiento. “Aunque haya un clima de confusión general, no hay que olvidar que el origen de todo esto es que una minoría parlamentaria impone un bloqueo en las decisiones de la mayoría”, expresó en Twitter el presidente de Castilla-La Mancha, que suele ser, junto a su homólogo Javier Lambán, uno de los más críticos con la gestión de Sánchez. 

Ese es precisamente el mensaje que envían desde Moncloa. “Han dicho que harían lo que hiciera falta y, en efecto, han ido demasiado lejos, pero en sentido contrario, incumpliendo la Constitución, bloqueando la renovación de organismos constitucionales importantes. Le pido que no vayan más lejos, vayan al punto de partida, cumplan la Constitución”, le reclamó por enésima vez Sánchez al PP este miércoles. 

Pero en el Ejecutivo ya dan por hecho que Feijóo no se avendrá a renovar el Poder Judicial y que torpedeará todo lo posible los cambios en el Constitucional bajo la premisa de que tiene una mayoría conservadora que le beneficia. No obstante, el plan de Moncloa pasa por el momento por hacer cambios que impulsen la renovación del tribunal de garantías, pero no tocar las mayorías necesarias para elegir a los vocales del CGPJ.

La percepción general de los cargos socialistas consultados por elDiario.es es que el PP les ha hecho un favor cambiando el foco. “Nuestra gente está preocupada y se ha dado cuenta que no tienen límite”, reflexiona una ministra, que ve una “reagrupación” dentro del PSOE tras semanas de choque interno. “Esto sirve para cohesionar a los nuestros”, agrega un fontanero socialista que teme, no obstante, que el asunto “no llegue a los de fuera”, es decir, a quienes al final tienen que votar. 

La maniobra del PP, avalada por un Constitucional partido y en la que participaron dos magistrados con su mandato caducado a los que afectaría directamente la reforma legal, también ha servido para unificar a la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno. Moncloa quiere hacer una demostración de fuerza al presentar la nueva iniciativa legislativa con todos sus socios y ha recibido el apoyo explícito de todos ellos. 

El más elocuente fue el del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que invitó a Sánchez a tocar también al Poder Judicial: “Ustedes quieren presentar una ley que recupere las enmiendas tumbadas, háganlo; ahí estaremos. Que quieren dignificar el Tribunal Constitucional, háganlo; ahí estaremos. Quieren dignificar al Poder Judicial, háganlo; ahí estaremos. La diferencia entre ustedes y nosotras es que nosotras no les dejaremos tirados. Lo haremos por dignificar la democracia. Antes que independentistas somos demócratas”. 

También el portavoz del PNV, Aitor Esteban, criticó al Constitucional, al que dio por finiquitada su credibilidad por dejarse utilizar para hacer política, aunque aprovechó para atizar a los socialistas por haber apoyado los nombramientos de Enrique Arnaldo y Concepción Espejel en su acuerdo con el PP de hace unos meses. 

Abstención de Carmen Calvo en la ley trans

El PSOE también ha decidido pasar página del que ha sido uno de los grandes conflictos transversales que les ha atravesado en lo que va de legislatura: la ley trans. El asunto provocó denuncias cruzadas ante la Comisión de Ética y Garantías del partido, que acabaron archivadas.

Ante la escalada de la tensión, la cúpula socialista optó por cerrar cuanto antes el debate al registrar una serie de enmiendas pero perdieron en el Congreso la batalla al quedarse solos en la defensa de que los menores de 14 a 16 años necesitaran autorización judicial para cambiar de sexo.

A pesar de que la norma genera muchos recelos en la bancada socialista, que ha insistido en la necesidad de dar “seguridad jurídica” al texto del Ministerio de Igualdad, solo la exvicepresidenta Carmen Calvo rompió la disciplina de voto al abstenerse este jueves. Ella y algunos diputados, como la portavoz socialista de Igualdad, Laura Berja, optaron por no levantarse a aplaudir la aprobación.

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