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CRÓNICA

El rey alerta contra la crispación

El rey, la reina y la princesa Leonor en la apertura de las Cortes en noviembre de 2023.

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En la legislatura que acaba de comenzar, sólo hay una cosa que está garantizada. Van a volar los guantazos y es conveniente que la enfermería del Congreso tenga siempre preparado el maletín de primeros auxilios. Será peor que en la anterior y la oposición no dejará de persistir en su intento de negar al Gobierno la legitimidad para adoptar medidas. El Partido Popular ha llegado al extremo de afirmar que algunas de ellas son inmorales. Lo ha dicho su líder, que también calificó de “humillación al pueblo español” la proposición de ley de amnistía.

Es improbable que Felipe VI pueda apagar ese incendio y menos con un discurso de Nochebuena que se suele escribir con la intención de que no pueda ser criticado por nadie, o casi nadie, y que todo el mundo pueda citar en beneficio de sus intereses. Como un bufé en el que cada uno escoge el plato que le gusta. El de hace un año ya se había olvidado a las 24 horas. Ahora se le ha añadido más pimienta a ver si sus efectos duran más.

En la Nochebuena de 2022, el rey también se refirió a la importancia de la unidad –“la división hace más frágiles a las democracias”, dijo–, pero en esta ocasión las menciones han sido más numerosas y, en el contexto político actual, más relevantes.

Frente al mensaje catastrofista de Isabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo, que avisan de que vamos camino de una dictadura, Felipe VI hace un análisis optimista de la fortaleza de la sociedad española, de sus valores y de su futuro, y de la Constitución. Todo el mundo tiene derecho a expresar sus ideas con libertad, pero “la democracia también requiere unos consensos básicos y amplios sobre los principios que hemos compartido”.

Esa unión, a la que relaciona con la Constitución y con los pactos de la Transición, debe descansar sobre unos valores esenciales, “la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político”.

En su frase más rotunda sobre los peligros de la polarización extrema, de los que tenemos ejemplos todas las semanas, afirma que “evitar que nunca el germen de la discordia se instale entre nosotros es un deber moral”.

La frase no encaja muy bien en el interés de Feijóo por tachar al Gobierno y a sus leyes de inmorales. Es una definición a la que le ha cogido gusto y repite con mucha frecuencia después de su fracaso en las urnas. Si crees que un Gobierno es inmoral, cualquier colaboración, incluso institucional, se considera traición.

De las palabras del monarca se deduce que lo inmoral sería apostar por la crispación.

La crítica de la polarización siempre se queda corta cuando no se señala a sus responsables, cuando se obvia que forma parte de la estrategia de algunos partidos. Como la neutralidad política es un requisito esencial para la supervivencia de la monarquía en una sociedad democrática, el rey no está en condiciones de ir muy lejos al respecto, lo que inevitablemente resta fuerza a sus advertencias.

Con el fin de elogiar a la Constitución, Felipe VI detalla todos los derechos sociales existentes, que son los que forman el Estado de bienestar. Recibir una educación, protegerse de la enfermedad, acceder a una vivienda, contar con ayuda social o disponer de un retiro digno son algunos de los ejemplos que da. Hace una lista bastante prolija. Todos ellos “son los que la Constitución ampara, garantiza y protege”.

Son esos derechos que la izquierda reivindica y de los que recuerda que aparecen en la Constitución, mientras la derecha sostiene que están en artículos genéricos de la Carta Magna que no obligan tanto como los primeros.

El discurso acepta que hay carencias en la situación de los servicios públicos y en las dificultades económicas que preocupan a la sociedad, a los que añade “la inaceptable violencia contra la mujer o, en el caso de los jóvenes, el acceso a la vivienda”.

En el apartado más grandilocuente, habitual en estos discursos institucionales, Felipe VI dice que “fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles” o que fuera de ella “no hay una España en paz y libertad”. Por lo demás, todos los gobiernos están obligados a cumplirla. No se puede decir que sólo es posible la democracia en este país con esta Constitución. Su texto incluye también procedimientos para su reforma.

La Constitución, como todos los actos políticos, es hija de su tiempo. Podría haber sido diferente y España habría sido igualmente democrática.

Su discurso ha incluido una serie de recordatorios bastante obvios sobre el funcionamiento de las instituciones, pero que pueden ser interpretados en clave política. Afirma que cada institución, “comenzando por el rey”, debe ejercer las funciones que tiene atribuidas y “situarse en el lugar constitucional que le corresponde”. Sirve para recordar que el jefe de Estado está obligado por la Constitución a firmar las leyes aprobadas por el Parlamento. No puede ni siquiera considerar esos llamamientos que proceden de la extrema derecha para que se niegue a sancionar algunas leyes.

Cualquier especulación sobre lo que pueda hacer el rey en relación a la amnistía sólo contribuye a poner en peligro a la monarquía.

Hay una frase que podría ser interpretada como un aviso al Gobierno y sus problemas con los jueces: “Debemos respetar también a las demás instituciones en el ejercicio de sus propias competencias y contribuir mutuamente a su fortalecimiento y a su prestigio”. Es otra reclamación bastante natural en un sistema político, pero que quizá esté escrita con la intención de que el Gobierno la lea detenidamente y piense en una solución para mejorar su relación con los jueces, incluidos los de derechas que son mayoría.

La intención no tendrá la misma eficacia si se ha utilizado para intentar mejorar la reputación del actual CGPJ, cuya legitimidad está por los suelos cinco años después del fin de su mandato.

En el discurso, no se alcanza el mismo nivel de exigencia al no reclamar la renovación del CGPJ, que está causando daños evidentes en el Tribunal Supremo y otros tribunales por no poderse cubrir las bajas, e impidiendo que la justicia cumpla la labor que le asigna la Constitución. Hacer ese recordatorio sería como criticar directamente al PP y el rey no quiere llegar tan lejos.

“España es una sociedad fuerte” y seguirá adelante, dice Felipe VI. Sirve de aviso a los que creen que el país va camino de la autodestrucción.

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