Sánchez se enfrenta a la presión de las autonomías y de sus socios de Gobierno por el alcance del estado de alarma

“Esto no puede ser el ejército de Pancho Villa. Tenemos una responsabilidad ante los ciudadanos y el espectáculo no puede ser más desolador. Esta crisis nos puede llevar a todos por delante y aún hay quien cree que el coronavirus entiende de estatutos de Autonomía”. El entrecomillado es de un presidente autonómico, perplejo por el reguero de decisiones unilaterales que han tomado presidentes y alcaldes para frenar la expansión de la enfermedad, y no todas ellas en coordinación con el Gobierno de España.

La difusión a primera hora de la tarde del borrador de decreto de alarma puso a algunas Comunidades en pie de guerra este sábado. A unas por la ausencia de información –más allá de lo publicado por los medios de comunicación– y la falta de determinación del Gobierno y a otras, por entender que La Moncloa pretendía ir demasiado lejos en las atribuciones competenciales ya que ven en su contenido una especie de 155 de la Constitución encubierto.

Ni Catalunya ni Euskadi entienden que el decreto que estará en vigor al menos durante los próximos 15 días vaya a ser de facto un elemento recentralizador que invada competencias en materias de salud, seguridad y transporte, ya que todas ellas quedarían bajo un mando único del Gobierno.

La protesta de sendas autonomías ha dilatado la reunión del Consejo de Ministros, ya que el Ejecutivo vasco mostró de inmediato su enérgico malestar, al igual que la Generalitat de Catalunya. Urkullu y Torra mantuvieron una conversación telefónica y coincidieron en hacer frente común contra lo que entendieron que puede suponer una invasión competencial sin precedentes.

El borrador del decreto contempla que todas las policías, incluidas las autonómicas, queden bajo el mando del Ministerio del Interior en caso de ser necesario, así como los sistemas sanitarios autonómicos, que pasarían a centralizarse desde el departamento que dirige Salvador Illa.

Con matices respecto a Catalunya y Euskadi, pero ni Castilla-La Mancha, ni la Comunidad Valenciana, ni Madrid ven con buenos ojos tampoco que el Estado deje a las autonomías sin margen de maniobra cuando, en realidad, “han sido los gobiernos autonómicos quienes han ido adoptando decisiones ante la expansión del virus” y ante la “inacción del Gobierno”, sostienen algunas fuentes de estas autonomías.

Entre una posición y otra, emerge la de Extremadura, más partidaria de desterrar la “más baja política” que puntúa en estos momentos e ir sin contemplaciones a un “decreto de máximos” para parar de una vez la expansión del contagio y evitar en la medida de lo posible los estragos sanitarios, sociales, laborales y económicos que provocará sin duda esta crisis. “Esto no va de votos, sino de vida”, escribió el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, en respuesta a la posición de Torra y Urkullu.

Ni unos ni otros han vivido jamás una situación de la dimensión de la que ya tenemos encima, pero todos coinciden en que si Catalunya y Euskadi no asisten, como ya se baraja, a la videconferencia de la cumbre de presidentes, convocada por Sánchez para la mañana del domingo, el caos y la incertidumbre será mayor y las consecuencias económicas, sociales y políticas “lamentables”.

“Quien piense en clave partidista o en fronteras imaginarias es que no sabe lo que tenemos entre manos ni la responsabilidade que los ciudadanos nos pedirán a todos nosotros cuando esto pase”, asegura un presidente regional mucho más templado que otro que considera innecesario que el decreto descienda a demasiado detalles, ya que “la unidad de acción y la jerarquía” ya la tiene de facto el Gobierno y no es necesaria explicitarla en un texto ni siquiera en situación de emergencia sanitaria.

Son varios los que apuntan también a la Comunidad de Madrid como parte del problema de descoordinación entre administraciones, después de que la popular Díaz Ayuso impusiese el cierre de colegios, universidades y establecimientos solo para anticiparse al decreto del Gobierno. Desde la Puerta del Sol esgrimen, no obstante, que de no haberlo hecho la propagación del virus hubiera sido mayor a la ya registrada y que el Gobierno no ha estado “en ningún momento a la altura de las circunstancias”.

A las discrepancias entre Gobiernos autonómicos, Sánchez suma también el debate en el seno del Gobierno a cuenta de las medidas económicas con las que paliar los efectos de la crisis en el ámbito laboral y en la economía de particulares y empresas. Según fuentes gubernamentales, la vicepresidenta Nadia Calviño ha sido la que más pegas ha puesto a la declaración del estado de alarma precisamente por las consecuencias económicas que tendrá para el país.

Las diferencias en el seno del Gobierno son fundamentalmente entre socios a cuenta del plan de choque anunciado ya, pero no concretado, por Pedro Sánchez. El vicepresidente segundi, Pablo Iglesias, en aislamiento domiciliario después de que su pareja y titular de Igualdad Irene Montero diera positivo en el test del coronavirus, decidió acudir a la reunión del Consejo de Ministros precisamente para defender el alcance de las medias. eldiario.es ya adelantó anoche que una de las disputas tenía que ver con la propuesta de Podemos de aprobar una oferta de empleo público urgente para la contratación de 30.000 personas, a modo de ejército social, para cubrir las necesidades básicas de la población más vulnerable al coronavirus y con algunas de las medidas que el Ministerio de Trabajo ha puesto sobre la mesa para evitar los despidos masivos ya anunciados por algunas empresas.