El secesionismo regresa al centro del debate político y se cruza en la estrategia electoral de Sánchez

Puede, como dice Pedro Sánchez, que la unidad del independentismo esté quebrada. Puede incluso que el procés esté enterrado. Y puede que hasta Catalunya esté pacificada. Pero de lo que no hay duda es de que el secesionismo ha vuelto al epicentro del debate público. Porque los tiempos judiciales no son los mismos que los de la política. Porque las consecuencias de la derogación del delito de sedición y la revisión del de malversación no son inmediatas. Porque el independentismo tiene su propia hoja de ruta. Porque el legislador propone y los tribunales, disponen. Y, sobre todo, porque estamos a las puertas de una larga campaña electoral con la que cada cual intenta arrimar el ascua a la sardina que más le convenga. Los jueces, también. 

Por todo ello, la agenda catalana se ha cruzado en la estrategia con la que Pedro Sánchez pretendía iniciar el nuevo curso político y estirar hasta las elecciones municipales y autonómicas de mayo el marco de la recuperación económica, el empleo y las medidas de protección social. Nada que preocupe en el ámbito de la coalición, donde cada día están más convencidos de que en Catalunya han hecho lo que debían hacer y que el debate sobre la revisión de los delitos de sedición y malversación se diluirá con el tiempo, como ocurrió con la concesión de los indultos.

Hasta entonces, la reforma penal aprobada por el Gobierno para beneficiar a los líderes del procés condenados tras el 1-O ya ha tenido una primera consecuencia en los tribunales con la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de retirar el delito de sedición de la euroorden contra Carles Puigdemont, sustituirlo por el de desobediencia y mantener el de malversación, al defender que actuó con ánimo de lucro. En contra de lo esperado por el entorno del expresident de la Generalitat, el último movimiento del instructor ha puesto en riesgo su retiro en Bélgica, alejado la posibilidad de que regrese de forma voluntaria a España y disipado la idea de una rebaja de las penas que le libre de la prisión provisional. Y es que el auto le atribuye un tipo de malversación agravada que implica severas penas de cárcel e incrementa las posibilidades de que sea entregado por las autoridades de cualquier país europeo.

Asistimos con todo ello a una nueva exaltación del secesionismo que, lejos de diluir la agenda catalana, la sitúa de nuevo en el centro del tablero político. Justo el efecto contrario al pretendido por Sánchez al precipitar la reforma penal y finiquitarla antes de Navidad con intención de alejarla en el tiempo de la precampaña. Con todo, en La Moncloa defienden: uno, que con reforma o sin reforma del Código Penal, “Catalunya siempre estuvo en todas las agendas electorales”; dos, que “al independentismo ya no le queda más gasolina que la del victimismo”; tres, que “hoy es más factible que nunca que Puigdemont responda ante la Justicia española” y cuatro, que aunque el PP trate de instrumentalizar en el resto de España este asunto, los socialistas siguen creyendo que su apuesta por la desinflamación y desjudicialización les dará rédito en una comunidad que les es imprescindible para lograr un buen resultado tanto en municipales como en generales y en la que han conseguido mejorar notablemente la convivencia.

Un fontanero monclovita lo resume del siguiente modo: “Aunque la culpa de lo que ocurrió en 2017 fuera del independentismo, PP y Vox son igual a procés y el PSOE es la solución al mismo”. En el entorno del presidente blanden una reciente encuesta del ICPS (Instituto de Ciencias Políticas y Sociales) para enfatizar que hoy el procés ha dejado de ser un problema entre los catalanes y que, incluso entre más de un 40% de los partidarios de la independencia, se reconoce que acabará sepultado. 

Pese a la enorme polvareda política y mediática levantada primero con los indultos y luego con la reforma del Código Penal, el presidente siempre defendió que había que esperar a que amainara el temporal para ver los efectos balsámicos de una decisión que, por otra parte, no creía que estuviera entre las preocupaciones ciudadanas. Sánchez prefería aguantar el chaparrón durante un par de semanas antes de acabar el año y, después, inaugurar 2023 con un marco estrictamente económico sobre el crecimiento del PIB, el control de los precios, la revalorización de las pensiones o la evolución del empleo. Y así poner en valor los efectos de las medidas de protección social desplegadas por el Ejecutivo y dejar en evidencia a los profetas de un apocalipsis económico con el que Feijóo esperaba llegar en volandas a La Moncloa.

Nada de eso ha ocurrido, de momento. Y no porque los datos económicos hayan empeorado, que no es el caso, sino porque la derecha ha aprovechado el auto de Llarena para agitar otra vez el espantajo de la ruptura de España y “la sumisión” de Sánchez a un independentismo que ahora pide la absolución de todos los procesados. El ruido extremo de la derecha que, según palabras de los socialistas “parece sentir nostalgia de la Catalunya de 2017”, ha servido para que los de Feijóo recuperen el discurso más encendido de Casado mientras que el PSOE ha aprovechado la polémica sobre el aborto en Castilla y León para resucitar el miedo a Vox. 

El PP y la alfombra roja para Puigdemont

La previsión del Gobierno era que, una vez derogada la sedición, Llarena imputase automáticamente a Puigdemont el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, castigados con cinco años de prisión y hasta ocho de inhabilitación para equiparar su situación con los que ya fueron indultados,  pero el juez del Supremo ha elegido, sin escuchar a las partes, mantener la malversación en la versión agravada, lo que el encarcelamiento del ex presidente estaría asegurado. Y aún así, para los populares todo ello significa “poner una alfombra roja” al ex líder de Junts per Catalunya para que vuelva a España, un marco idéntico al que pretende imponer Vox sobre un presidente del Gobierno gracias al cual “los golpistas podrán pasearse por España sin castigo”.

La derecha y la ultraderecha olvidan que Puigdemont no ha podido, entre otros motivos, ser juzgado en España porque el delito de sedición que se le imputó no tenía igual en la Justicia belga, que rechazó por ello varias peticiones de extradición dictadas por Llarena. Y los socialistas tratan en todo caso de desmontar los argumentos de la oposición con el recordatorio de que el independentismo celebró dos consultas ilegales y declaró la independencia de Catalunya con un Gobierno del PP, que fue también al que también se le fugó Puigdemont.

Hoy nadie descarta que el expresident pueda ser finalmente extraditado por la justicia belga y que Sánchez sea capaz de convertir su puesta a disposición de la Justicia española en una sobrevenida interpretación sobre el cumplimiento de la palabra dada. Fue durante un debate electoral del 10-N en 2019 en el que recriminó a Pablo Casado que fuera con un Gobierno del PP con el que el expresident se marchó del país y espetara con solemnidad: “A usted se le fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas”. Si esto pasara, tendríamos el enésimo giro inesperado del guión. Un ministro socialista está seguro de que “el tiempo no sólo nos dará la razón, sino que la revisión de los escritos de acusación que se deriven ahora, tras la entrada en vigor de la reforma, llegarán de forma inmediata”. La previsión es que no sea más allá de finales de febrero o principios de marzo y que el asunto no llegará vivo a la campaña electoral de las municipales y autonómicas. “Se trata de un tema que la gente irá viendo cada vez más lejos”, añade el mismo interlocutor, para quien unas elecciones no se ganan, como pretende el PP, con la crítica a una reforma del Código Penal.

Nostalgia de un tiempo peor

Sin entrar en la valoración del auto de Llarena, que llega a escribir que la derogación de la sedición plantea un contexto “cercano a la despenalización”, la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, tampoco quiso responder a si el escrito del juez se queda o no lejos de las pretensiones de ERC, que es en definitiva por quien el Gobierno decidió afrontar la reforma del Código Penal y quien espera que decenas de cargos de su formación, pendientes de juicio, no terminen en prisión, después de la nueva tipificación penal. La lista incluye a los ya juzgados, los que huyeron de la justicia y una larga lista de antiguos cargos políticos de segunda fila y técnicos que están a la espera del juicio o aún son investigados. La mejora no es lineal y cada caso puede terminar siendo un mundo, y más después de la interpretación que esta semana ha hecho Llarena de la reforma de la malversación y del delito de desórdenes públicos.

Si la reforma finalmente no sirviera para el propósito que buscaba ERC, para los republicanos y también para los de Puigdemont no habría otro eje de campaña que el del referéndum, la independencia y la supuesta represión del Estado, lo que dinamitaría por completo el relato de la pacificación de Catalunya lograda por las políticas de Sánchez. Hasta mayo, todo es posible.