Los socios presionan a Sánchez por el espionaje al independentismo del que Moncloa se desvincula

Pere Aragonès, acompañado por los miembros de su gabinete, durante la comparecencia para responder al espionaje político.

Ni “rodar cabezas” tras una investigación interna, como exige Unidas Podemos, ni “asumir responsabilidades”, como reclama ERC. Moncloa trata de sacudirse la presión que el socio minoritario y los aliados parlamentarios de la coalición trasladan a Pedro Sánchez por el presunto espionaje a unas 65 personas vinculadas al soberanismo, entre ellas el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, los expresidentes Quim Torra o Carles Puigdemont y varios diputados, a través de un sistema informático israelí que solo se vende a gobiernos. El ala socialista del Ejecutivo se desvincula de esas actuaciones, aunque no las desmiente y las enmarca en la legalidad. 

El Gobierno rechaza dar explicaciones sobre el espionaje a líderes del procés alegando razones de seguridad nacional

El Gobierno rechaza dar explicaciones sobre el espionaje a líderes del procés alegando razones de seguridad nacional

“Esta información no es nueva y el Gobierno nada tiene que ver. El Gobierno no tiene nada que ocultar”, afirmó la portavoz, Isabel Rodríguez, que evitó salirse del guion y también dar explicaciones sobre el contexto en el que se pudo usar ese software que permite acceder a los dispositivos móviles e incluso usarlos como micrófono bajo el pretexto de que esos asuntos son una cuestión de seguridad nacional, lo que obliga a mantenerlos en secreto. Ni siquiera quiso desvelar si el CNI, dependiente de Defensa, tiene el sistema Pegasus, después de que el Ministerio del Interior haya negado que lo utilicen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, Policía Nacional y Guardia Civil. 

“Este es un país democrático y de derecho. No se espía, no se intervienen conversaciones, no se intervienen informaciones si no es al amparo de la ley”, reiteró la socialista, que envió un mensaje de “tranquilidad” que dirigió a la ciudadanía, pero que también tenía como destinatarios a los partidos independentistas, los afectados por lo que denominan el “espionaje masivo” más grave certificado en la UE y de los que depende en buena medida la legislatura de Sánchez. “Este Gobierno ha dado muestras de querer superar el conflicto político, de llevarlo precisamente a ese ámbito político para sacarlo del ámbito de la justicia. Han sido determinantes las acciones de este Gobierno, el compromiso de este Gobierno, para devolver tranquilidad a la convivencia y a la ciudadanía catalana”, expresó la portavoz. 

El Govern pide compromisos pero evita romper con Sánchez

En Moncloa sostienen que están en contacto permanente con el Govern y que en ese marco de relación han abordado el asunto. Esas mismas fuentes consideran que el Ejecutivo de Aragonès se había dado por satisfecho apenas unas horas antes de que el president compareciera escoltado por todo su equipo para denunciar el espionaje. Esas mismas fuentes aseguraban, además, que la situación no ponía en riesgo la mesa de diálogo, para la que aseguraban que se están produciendo “avances”. 

Nada más lejos de la realidad, a juzgar por las palabras del presidente de la Generalitat, que advirtió de que la situación tendría “importantes consecuencias inmediatas”. “Para negociar debería haber una confianza mínima y está dañada”, señaló el dirigente republicano, que quiere que sea el propio Sánchez el que le dé explicaciones “cara a cara”. “Un Estado democrático no espía a su ciudadanía, no espía a movimientos democráticos y pacíficos, no espía a la disidencia”, afirmó Aragonès, que avisó al Gobierno de que “tiene que ser transparente y asumir responsabilidades”.

“No cuela y creo que tienen que dar explicaciones en el Congreso”, dijo sobre los argumentos del Ejecutivo el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, uno de los que figuran en el listado de personas cuyo terminal fue infectado. “El Estado español está intentando escurrir el bulto, pero es obvio que está detrás del ataque masivo. Si el Gobierno español no estuviera detrás de esta investigación hubiera sido el primero en ponerse a la cabeza de la investigación”, agregó en el programa En Jake (ETB). El PNV ha calificado el asunto de “extrema gravedad” y ha emplazado al Gobierno a dar explicaciones. En esa línea se ha manifestado el coordinador del grupo parlamentario, Iñigo Iturrate. En declaraciones a Euskadi Irratia, ha asegurado que si se confirman las informaciones, estamos “ante una situación muy grave”: “Hay que conocer cómo ha sucedido, quién ha sido el responsables, y depurar y aclarar todas las responsabilidades”.

Moncloa: “No se va a romper nada”

Tras las duras críticas de Aragonès, Moncloa asegura que “no se va a romper nada en lo institucional”. “Vamos a seguir trabajando para restablecer la confianza”, señalan las fuentes consultadas a la pregunta de si temen perder el apoyo de los trece votos de ERC en el Congreso o los cinco de EH Bildu, formación con la que mantiene unas relaciones normalizadas en lo que va de legislatura. Ambos grupos pretenden registrar una solicitud de comisión de investigación en el Parlamento que pondrá al Gobierno en un brete ante el posible apoyo de Unidas Podemos y el rechazo del PSOE, que por ahora deriva a una futura comparecencia de Margarita Robles, cuyo departamento enmarca la solicitud en la rendición de cuentas sobre la 'brújula estratégica' que se abordó en la última reunión de ministros de Defensa de la UE.

El caso del ciberespionaje sobre el independentismo era un asunto conocido y que había ocupado titulares antes, pero nunca hasta ahora se habían dado tantos detalles ni cuantificado el alcance de los afectados. La información ofrecida este lunes por Citizen Lab, que hablaba de más de una sesentena de líderes de máximo nivel, entre otros políticos con altas responsabilidades en activo, cayó como un jarro de agua fría en el Govern, que sin embargo ha esperado más de 24 horas para reaccionar. El texto pactado por el president Aragonès y el vicepresident Puigneró, es decir, por ERC y Junts, es tan contundente como medido, pues si bien exige que haya compromisos para esclarecer los hechos, también evita una ruptura total con el Gobierno.

La posición expuesta con la máxima solemnidad evita hablar de “romper” o “congelar” relaciones, y se queda en la constatación de que “no puede haber una normalización de las relaciones” mientras no se recupere la confianza. En la rueda de prensa el propio Aragonès explicó que no habrá ninguna paralización ni en los trabajos técnicos ni en lo que tiene que ver con cuestiones sectoriales. Para ejemplificar lo que sí quedaba parado, el president se refirió a dos cuestiones: la mesa de diálogo, que no se reúne desde septiembre pasado, y la bilateral, que fue una cita poco fructífera en su última edición. También descarta Aragonès que asista a una nueva reunión de presidentes autonómicos, aunque ya había avisado en la última que asistía de forma excepcional.

Diferente es la cuestión del apoyo parlamentario. Mientras que Aragonès ha rechazado explícitamente responder sobre la actitud de los partidos, por responder como president del Govern, por la mañana el máximo jefe de ERC, Oriol Junqueras, había dado pistas de que la reacción del partido no sería inmediata. “Apoyamos las iniciativas que benefician a los ciudadanos catalanes, no a ningún partido ni Gobierno en concreto”, ha asegurado el líder republicano en la rueda de prensa conjunta ofrecida en Bruselas.

Pese a esto, el miércoles por la mañana en una entrevista en Rac1, Aragonès endureció el tono y sí habló de un posible endurecimiento de las relaciones con el Gobierno también el ámbito parlamentario. “Si no existe una asunción de responsabilidad será muy difícil mantener la estabilidad parlamentaria del Gobierno”, ha afirmado el president. Una amenaza que hasta el momento Aragonès siempre había evitado pronunciar desde su llegada a la presidencia de la Generalitat.

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