El Supremo confirma una condena de 23 años y medio de cárcel para un hombre que abusó de su cuñada durante tres décadas

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 23 años y medio de prisión a un hombre en Cangas del Narcea, en Asturias, que durante 35 años abusó física y sexualmente de su cuñada, a la que dejó embarazada cuando ella era menor de edad.

La Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha rechazado el recursos de casación interpuesto por el agresor y ha confirmado así la sentencia que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por delitos continuados de agresión sexual, maltrato habitual, lesiones psíquicas y amenazas.

Según recoge la sentencia del TSJA, el condenado, tras casarse con su mujer en 1980, se mudó con ella a la casa de sus suegros, donde también vivía su cuñada, que en ese momento tenía nueve años y que, según los jueces, se convirtió “en objeto de su obsesión”.

El agresor ejerció desde ese momento un “control férreo sobre la niña” que provocó a la víctima “miedo y tensión permanente”, así como una “sumisión absoluta” a sus deseos“. La sentencia recoge que la víctima acataba las decisiones del condenado ”creyendo que así podía aplacar su agresividad y evitar que causara daños a los miembros de la familia“.

En una ocasión, el hombre le dio una patada en la cara y la amenazó de muerte “si se matriculaba en el instituto”, recoge el texto. “Según los hechos probados, eran constantes las humillaciones, desprecios, insultos, empujones, zarandeos y golpes que el acusado propinaba a la menor”, añade.

Poco después, cuando su cuñada tenía 12 años, “comenzó a realizarle tocamientos” y, cuando cumplió 14, “comenzó a tener relaciones sexuales completas, a las que la víctima no accedía”. De nuevo, los jueces argumentan que la víctima terminó accediendo a estos actos “ante el temor que le inspiraba” el agresor.

La menor se quedó embarazada del agresor cuando ella tenía 17 años, aunque tuvo que ocultar primero el embarazo y luego el nombre del padre del niño “por miedo a su reacción”. “Con un simple gesto ella acudía donde él le ordenaba, agachando la cabeza y se dejaba hacer, presionada y atemorizada por las consecuencias de una negativa”, relatan los hechos probados.

Finalmente, en 2018, más de tres décadas después de que comenzaran los abusos, la víctima denunció al agresor apoyada por su hijo, quien tomó las riendas, dice el tribunal, “después de que el acusado debido a una 'toma errática' de su medicación sufriera un aumento de episodios violentos”, con amenazas de que iba a “liquidar” a la víctima y a todos sus familiares.

La víctima sufre, como consecuencia de estos abusos, estrés postraumático de tipo crónico con graves síntomas de estado ansioso-depresivo que requiere tratamiento psiquiátrico y psicológico.

Tras analizar el caso, el Supremo coincide con la sentencia recurrida en que “existió prueba de cargo” para justificar “en el aspecto fáctico la condena sobre la forma en que ocurrieron los hechos”. Para el Alto Tribunal, el TSJA dio credibilidad al testimonio de la víctima, quien “emitió una declaración sincera y contundente”.

La víctima aportó un relato de los hechos “de una total credibilidad” y mostró “coherencia y homogeneidad” respecto de las declaraciones que prestó a lo largo de la instrucción, continúa la sentencia del Supremo.

La Sala de lo Penal ha desestimado por tanto el recurso de casación presentado por el condenado y confirma, además de la pena de prisión, el pago de 72.000 euros a la víctima (32.000 por las lesiones psíquicas y 40.000 por daño moral) por dichos delitos, con agravantes de discriminación por razón de género y de parentesco.