Suspenden al director de la Seguridad Social de Brasil, investigado por corrupción

São Paulo, 23 abr (EFE).- El director de la Seguridad Social de Brasil, Alessandro Stefanutto, fue apartado del cargo por decisión judicial en el marco de una gran operación policial lanzada este miércoles para desmontar un esquema de corrupción que supuestamente defraudó mil millones de dólares a pensionistas.

La investigación, encabezada por la Policía Federal y la Contraloría General de la Unión, detectó desvíos de al menos 6.300 millones de reales (unos 1.110 millones de dólares) de la cuenta de jubilados y pensionistas, realizados entre 2019 y 2024.

Tres de los investigados fueron arrestados y los otros tres se encuentran en paradero desconocido, todos ellos, directivos de empresas que tenían convenios con la Seguridad Social e intermediaron en los desvíos, según informó la Policía Federal.

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, afirmó en una rueda de prensa que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, está enterado de la operación y mostró “gran preocupación e interés” por el caso.

Los seis directivos de la Seguridad Social investigados fueron apartados de sus cargos de forma cautelar por seis meses, entre ellos Stefanutto, quien trabajaba desde hace dos décadas en el organismo y asumió su presidencia en 2023.

El ministro de Seguridad Social, Carlos Lupi, recalcó que todavía no se han depurado las responsabilidades individuales de cada uno de los investigados en la trama.

Las autoridades recibieron al menos 130.000 denuncias de pensionistas que tuvieron fondos sustraídos de forma irregular de sus pensiones.

Los fondos se descontaban de las nóminas de los pensionistas y eran desviados a través de once empresas u organismos que tenían convenios con la Seguridad Social para ofrecer ventajas o descuentos en servicios prestados a los jubilados.

Según un informe de la Contraloría, los desvíos comenzaron en 2016, pero aumentaron de forma considerable a partir de 2022.

La operación, de grandes proporciones, movilizó a 700 policías y ochenta fiscales de la Contraloría, que tenían como objetivo cumplir 211 órdenes de registro y seis órdenes de prisión temporal en catorce regiones del país.

La orden judicial determinó la confiscación de cerca de 1.000 millones de reales (unos 176 millones de dólares) de los investigados.

Entre los bienes incautados, figura un automóvil deportivo Porsche, una moto BMW, relojes de lujo y fajos de dinero en efectivo.