El Constitucional hará guardia el fin de semana para evitar la creación de una nueva autoridad electoral en Catalunya
Así han pasado parte del verano y así pasarán este fin de semana: en guardia y con un teléfono a mano. El presidente del Tribunal Constitucional ha enviado una comunicación por escrito a todos los magistrados para que estén localizables y disponibles para poder acudir con urgencia durante el viernes, sábado y domingo.
La guardia localizada pretende perder el menor tiempo posible de reacción en caso de que la Generalitat improvise la creación de una nueva autoridad electoral, a la que encargarle el recuento y la comunicación de los resultados del referéndum.
Fuentes del TC, consultadas por eldiario.es, aseguran que la vía para frenar la sustitución de los síndicos que ya han dimitido pasa por la imposición de multas 'exprés' de hasta 30.000 euros a cada uno de los recién nombrados, antes incluso de tomarles declaración.
La posibilidad de multar primero y hacer después las preguntas está prevista en el artículo 92,5 de la ley que regula el funcionamiento del TC. Según ese artículo, “si concurrieran circunstancias de especial transcendencia constitucional, el Tribunal, de oficio o a instancia del Gobierno, adoptará las medidas necesarias para asegurar su debido cumplimiento sin oír a las partes”. Con posterioridad a la imposición de multas y tras interrogar a los afectados, “el Tribunal dictará resolución levantando, confirmando o modificando las medidas previamente adoptadas”.
La necesidad de crear una estructura electoral para garantizar el referéndum está prevista en la propia ley que rige la consulta (una norma ya suspendida por el TC). Es por ello que en el alto tribunal se muestran convencidos de que, a última hora, el Gobierno de Puigdemont nombrará a esos nuevos síndicos por la vía de urgencia. Las mismas fuentes aseguran que la Ley de referéndum aclara la necesidad de contar con alguien que proclame de manera oficial los resultados. El TC espera a cada uno de estos nuevos síndicos, si es que finalmente se nombran, con multas que podrían ser de hasta 30.000 euros por persona.
