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Torra pide medidas cautelares al TS y se niega a acatar la orden de la JEC

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante la reunión semanal del ejecutivo catalán.

EFE

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El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha presentado este miércoles una petición de medidas cautelares ante el Tribunal Supremo en contra de la Junta Electoral Central (JEC) por la orden de inhabilitación que el Govern “no acatará”, ha afirmado la portavoz del ejecutivo catalán, Meritxell Budó.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán, Budó ha avanzado que Torra ha presentado este mismo miércoles una petición de medidas cautelares ante el Supremo para que deje en suspenso la orden de la JEC, que exigió que fuera suspendido como diputado del Parlament, requisito indispensable para ser elegido president.

A la espera del desenlace de esta nueva vía judicial abierta, Budó ha dejado claro que el Govern “no acatará” la decisión de la JEC: “El Govern no aceptará que Torra sea inhabilitado como president ni como diputado por la JEC”, ha subrayado.

Budó ha expresado el “compromiso firme” del Govern en el cumplimiento de la resolución que el pasado día 4 de enero aprobó el Parlament, un texto que rechaza esta orden de la JEC y ratifica a Torra como presidente de la Generalitat.

La consellera de Presidencia ha considerado que la JEC “no tiene competencias para decidir sobre la pérdida de condición de un diputado” de la Cámara autonómica.

Preguntada por si el Govern acataría en cambio una resolución de inhabilitación del Tribunal Supremo, Budó ha respondido que en estos momentos están “en la pantalla de la JEC y concentrados en esto”.

Ha recordado que, además de las medidas cautelares solicitadas este miércoles al TS, el presidente catalán tiene pendiente recurrir ante la misma instancia judicial la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Este tribunal le condenó por desobediencia, en sentencia aún no firme, por no descolgar del balcón del Palau de la Generalitat la pancarta a favor de los “presos políticos y exiliados” dentro del plazo ordenado por la Junta Electoral.

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