El TSJ de Madrid rechaza el recurso del PSOE contra la privatización de los hospitales
La privatización de seis hospitales en Madrid sigue, de momento, su curso. Los jueces han levantado la suspensión cautelar que decretaron el 10 de julio. El Tribunal Superior de Justicia ni siquiera ha entrado en el fondo de la cuestión y, simplemente, ha negado la legitimidad del recurso. Sin recurso, exponen, “debe alzarse la medida acordada mediante auto”. La decisión es recurrible. Es cierto que hace la salvedad de “sin perjuicio de cualquier otra medida cautelar que pueda adoptarse respecto a la misma resolución administrativa”.
El portavoz de Sanidad del PSOE de Madrid, José Manuel Freire, ha advertido de que “todavía puede resolverse en contra del proceso”.
El aspecto que se impugnaba era la modificación de la garantía económica que se exigía a las empresas que se queden con alguno de los centos. Se rebajó de un aval igual al 3% del contrato de 10 años a otro mucho menor que sólo pedía el porcentaje de una anualidad. Ese cambio se hizo con el concurso ya en marcha. La sospecha era que se introdujo esa claúsula más favorable para las contratistas con la intención de evitar que algún lote quedara desierto.
Lo que han decretado, básicamente, los magistrados es que las personas que firman el escrito de recurso contra la privatización “no tienen, de ningún modo, interés legítimo” en todo el asunto de la cesión a empresas de la gestión médica de los hospitales subastados. Es lo que salió a contestar el consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández Lasquetty, cuando se conoció la suspensión de hace 14 días. El tribunal entiende que los que sí tienen ese “interés legítimo” son los que acuden al concurso para obtener la adjudicación de alguno de los hospitales. Los recurrentes son seis diputados que actuaban, según su escrito, “en nombre propio (...) y usuarios de los seis hospitales a los que se refiere el acto administrativo impugnado”. Los jueces no les reconocen el derecho a salir en “una defensa de la legalidad que no les corresponde”.
El proceso privatizador no ha solventado todos los escollos legales ya que sigue abierta la querella penal interpuesta por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) en un juzgado madrileño. Dos ex consejeros de Sanidad y dos altos cargos de la Consejería están citados a declarar en calidad de imputados.
Lasquetty cree que la Justicia 'tumbará' todos los recursos
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, está convencido de que los tribunales van a rechazar todos los recursos presentados contra la externalización y considera que la estrategia de “acoso” judicial del PSM contra esta medida ha “fracasado” porque se basa en “argumentos falsos” y en meros “intereses políticos”, algo por lo que la dirección del partido debería pedir “perdón” a los madrileños e incluso a sus propios afiliados.
Según Lasquetty, que ha comparecido tras conocer la decisión del TSJ, “ni las mentiras, ni las huelgas, ni las amenazas, ni el acoso judicial” que ha emprendido el secretario general del PSM, Tomás Gómez, han logrado impedir que el Gobierno regional cumpla con su “obligación” de aplicar medidas necesarias para garantizar una sanidad “pública, universal, gratuita y de máxima calidad”, aplicando una gestión “diferente” en el caso de esos hospitales.
