Los uigures señalan a Huawei en la Audiencia Nacional por el uso de su reconocimiento facial en el “genocidio étnico”

En septiembre de 2022 la ONU concluyó, tras realizar una investigación independiente, que China pudo cometer crímenes de lesa humanidad contra la minoría uigur al desarrollar políticas que provocaron detenciones arbitrarias masivas. En ese marco, asociaciones internacionales como el Congreso Mundial Uigur (World Uyghur Congress, WUC) y Don't Fund Russian Army (DFRA) presentaron a finales de 2025 una querella ante la Audiencia Nacional en la que acusaban a las filiales españolas de las compañías chinas Huawei, Hikvision y Dahua de un delito de colaboración con una organización terrorista en relación con un delito de lesa humanidad. ¿La razón? Haber contribuido presuntamente a “la canalización comercial y financiera de esos sistemas tecnológicos empleados en la represión”.

Pero ese primer intento ha sido recientemente rechazado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que informó en contra de la admisión de esa querella al entender que ese tribunal especial no era competente porque si bien la jurisdicción universal permite a España investigar delitos internacionales graves, la reforma de 2014 limita la persecución de ese tipo de delitos.

El Ministerio Público explicaba que la querella no daba pruebas de la participación de esas filiales en el delito denunciado y que, además, la legislación no contempla que los delitos de lesa humanidad puedan ser cometidos por personas jurídicas —empresas—. A esto sumaba que también debía decaer porque era necesario el requisito de doble incriminación, que los hechos denunciados sean delito tanto en el país de origen (China) como en el que se presenta la querella, dado que ese país no considera el delito de lesa humanidad como figura punible en su ordenamiento interno.

Pero ahora la representación legal de las dos asociaciones valora, según fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es, una ampliación de la querella que pueda combatir la tesis del fiscal. Recuerdan que lo que denuncian es que esas compañías participaron en el “desarrollo, suministro y despliegue de sistemas tecnológicos de vigilancia masiva y reconocimiento biométrico” en el marco de un sistema de represión y que, precisamente, lo que solicitan es que se investigue en España el grado de intervención de esas sociedades en la comercialización, financiación o soporte técnico de esos sistemas.

Así, lamentan que desde la Fiscalía se anticipe una “inexistencia” de participación de las filiales españolas sin practicar diligencia alguna y obviando la existencia de indicios suficientemente racionales de criminalidad. Y añade que la propia argumentación del fiscal del caso reconoce que el derecho internacional admite formas de participación accesoria en la comisión de crímenes internacionales, siendo una la de la colaboración mediante el suministro de medios para la comisión del delito.

La querella

En la querella, a la que tuvo acceso elDiario.es y que fue elaborada por la representación legal de estas asociaciones que ejerce el despacho penalista Soriano i Piqueras, se sostiene que desde 2014 el Partido Comunista de China practicó “una política sistemática de exterminio en la denominada región autónoma de Xinjiang”, de la que es natural el pueblo uigur: una etnia de religión mayoritaria islámica y cuya lengua forma parte del grupo de lenguas túrquicas y se escribe en alfabeto árabe.

Relata que las operaciones para llevar a cabo este genocidio se desarrollaron entre 2016 y 2021 y supusieron “numerosos actos de asesinato, detención ilegal, esterilización forzada o aborto, todos ellos incardinables en las conductas propias de los delitos de lesa humanidad”. Y que tuvieron lugar sobre una región que constituye aproximadamente una sexta parte de la superficie del país y que antes de ser anexionada en el siglo XVIII mantenía una vinculación histórica y cultural mucho más cercana al mundo turco-iraní que a la propia China.

Según explican los querellantes, fue a finales de los ochenta cuando las manifestaciones multitudinarias en Xinjiang provocaron el temor del Gobierno chino a perder el control sobre la región y esto conllevó el endurecimiento del régimen sobre esa zona con medidas como ejecuciones arbitrarias de disidentes, destrucción de mezquitas, adoctrinamiento forzado, inmigración masiva de la etnia mayoritaria 'han', entre otras.

Además, siempre según la querella, el Ejecutivo chino “utilizó el contexto internacional de lucha contra el terrorismo tras el 11-S para justificar la intensificación de la represión contra el pueblo uigur”. Alegaron, así, supuestos vínculos de sectores de la oposición uigur con redes islamistas de Asia Central, y se calificó a las revueltas uigures como actos terroristas. Y, bajo el pretexto de una supuesta radicalización de determinados movimientos nacionalistas, Pekín instauró desde 2014 una política destinada a ejercer un control sin precedentes sobre el pueblo uigur.

“Dicho programa se encuentra enmascarado bajo expresiones oficiales tales como estabilidad social, lucha contra el terrorismo islamista, reeducación o reducción de la pobreza, si bien los objetivos efectivos de tales medidas son de muy distinta naturaleza”, lamentan las dos asociaciones, que añaden en su escrito que se buscó limitar el crecimiento demográfico uigur con medidas para controlar la natalidad y llevando a cabo esterilizaciones forzadas de mujeres. “En 2018, el 80% de los dispositivos intrauterinos (DIU) colocados en China se concentraron en Xinjiang. Entre 2015 y 2018, la tasa de crecimiento poblacional descendió un 84% en las dos principales prefecturas uigures”, recuerdan.

Nuevas tecnologías

Por otro lado, esa querella explica que la utilización de nuevas tecnologías permitió a China “ampliar de forma exponencial el alcance de esta represión, creando una base de datos denominada 'Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas', que reúne ingentes cantidades de información sobre cada individuo”. Y apunta que la misma “se halla vinculada a una de las redes de videovigilancia más densas del planeta, instalada en las principales ciudades de Xinjiang”.

En este sentido, los querellantes indican que las compañías Hikvision y Dahua dominan el mercado mundial de la videovigilancia, mientras que la empresa Huawei “ocupa una posición de liderazgo en el mercado mundial de las telecomunicaciones”. Las tres, recuerdan, “obtienen una parte sustancial de su facturación de su colaboración con el régimen chino”.

En el caso de Huawei, la querella destaca, además que “coopera directamente con la policía de Xinjiang en proyectos de seguridad pública, participando en el desarrollo del sistema regional de vigilancia policial”. Y suman a esto que las tres “habrían desarrollado programas de reconocimiento étnico, destinados a las autoridades”. “Estos sistemas permitirían alertar a la policía local en caso de detectar la presencia de individuos identificados como uigures o tibetanos, entre otros”, concluye.

Consultados por esta querella, desde Huawei de momento rehúsan hacer comentarios al respecto a la espera de recibir algún tipo de notificación.