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Unidas Podemos y los socios de izquierdas exigen al Gobierno intervenir el mercado para frenar el “chantaje” de las eléctricas

Iñigo Aduriz

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Con la inflación disparada por encima del 10% principalmente por los precios de la energía –y, en concreto, por los carburantes–, el socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, y los principales aliados de izquierdas del Ejecutivo presionan al equipo de Pedro Sánchez para que intervenga el mercado energético y establezca un control de precios. Esa es, según estas fuerzas políticas, la única vía para frenar la tendencia inflacionista y también para poner fin al constante incremento de los beneficios de las grandes empresas energéticas que, con sus dinámicas de precios, los partidos a la izquierda del PSOE consideran que “chantajean” al Estado y a los ciudadanos.

La inflación repunta en junio hasta el 10,2%, su máximo desde 1985

Saber más

De poco sirvió que, este jueves, durante su comparecencia en el Pleno del Congreso, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicara que desde la puesta en marcha de la llamada 'excepción ibérica' –que permite limitar el precio del gas en España y Portugal para no trasladarlo directamente a la factura de la luz–, hace tan solo 15 días, esas grandes empresas energéticas han visto mermados esos beneficios extraordinarios –a los que la izquierda llama “caídos del cielo”– en 250 millones de euros. Tampoco es suficiente para los aliados del Gobierno que la vicepresidenta remarcara que con las medidas incluidas en el decreto anticrisis el Ejecutivo espera reducir la inflación en 3,5 puntos en los próximos meses.

Sin una intervención directa del Estado en los precios de la energía, apuntan las fuerzas a la izquierda del PSOE, las grandes empresas podrán seguir aplicando tretas para ganar dinero a costa de una mayor carga en los precios que pagan los ciudadanos. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, lo explicó con las siguientes palabras: “Dado que las grandes eléctricas no son hermanitas de la caridad sino más bien bandoleros, jamás van a perder dinero si pueden ofrecer el precio que les dé la gana”. 

El dirigente del grupo confederal pidió “que se eliminen todo tipo de permanencias o sanciones en los contratos del mercado libre”, precisamente para que la ciudadanía pueda “pasarse al mercado regulado”, que es en el que se aplica el tope del precio del gas. Pero Echenique quiso, además, recordar que en el acuerdo de gobierno suscrito por su grupo y el PSOE no pone “reducir” o “mitigar” los “beneficios caídos del cielo” de las grandes eléctricas, sino que “pone acabar con los beneficios caídos del cielo”. “Por eso, y habiendo comprobado ya que el sistema marginalista no es sagrado y se puede tocar, nosotros pensamos que el Gobierno debería trabajar seriamente para poner un tope efectivo más bajo que permita reducir aún más los beneficios caídos del cielo del oligopolio eléctrico”, añadió.

Echenique: “Hay que hacer que las eléctricas paguen”

Unidas Podemos también exige “desbloquear la tramitación del proyecto de ley de la minoración de los beneficios extra que están teniendo las eléctricas debido al alto precio del CO2”. “No entendemos por qué usted ha decidido posponerlo a septiembre”, le dijo Echenique a Teresa Ribera. “El único efecto que tendría la aprobación de esta norma es que las grandes eléctricas tengan menos beneficios y los consumidores paguen menos en su factura. Hemos conseguido contener la subida de la factura, pero sigue estando muy alta. Desbloqueemos este proyecto de ley para que pueda ser aprobado en julio. No es una solución estructural a la estafa de los beneficios caídos del cielo, pero ayuda”, remachó.

Por último, Echenique reclamó aplicar “un impuesto extraordinario a los beneficios de las grandes eléctricas y las grandes petroleras” al que se ha comprometido el Gobierno, si bien lo ha pospuesto para el año 2023. “Hay que hacerlo ya”, aseguró este jueves el portavoz de Unidas Podemos, porque “mientras la gente trabajadora y los pequeños negocios no pueden llegar a fin de mes, el oligopolio eléctrico y petrolero se está forrando”. “Hay que subirles los impuestos, hay que hacer que paguen y hay que hacerlo ya”, insistió.

Uno de los aliados parlamentarios del Gobierno, Más País, denunció en el Parlamento el “pulso” puesto en marcha por los “sectores privilegiados” del país para ganar dinero a costa de la inflación. “El pulso lo tiene que ganar el Estado para repartir las cargas. Y para ello hay una herramienta, que se llama control de precios”, sostuvo el líder del partido, Íñigo Errejón. Él denunció que “la inflación es un problema político porque no afecta igual a todo el mundo”. “Para algunos es miedo e incertidumbre, pero para algunos sin embargo es todo lo contrario”, agregó, porque “es una disputa por la distribución de los beneficios y los costes”.

Las grandes empresas, añadió Errejón, “hacen un chantaje, claman contra los impuestos y son los primeros en recibir ayudas públicas”. El líder de Más País alertó, por tanto, del riesgo de que esas ayudas, como la de los 20 céntimos por litro de combustible o la bajada del IVA de la luz, contempladas ambas en el decreto anticrisis del Gobierno, se conviertan “en una inmensa paguita” a las grandes empresas, dado que estas siguen subiendo los precios para compensar lo que dejan de ingresar por esas medidas del Ejecutivo.

ERC reclama una reforma del mercado

Igualmente duro fue el diputado de ERC Joan Capdevila. “Es hora de no poner más parches y poner las bases de un modelo energético que nos permita llegar al 30 de cada mes”, sostuvo. La apuesta del grupo republicano es “combinar” fiscalidad, “pero también reforma del mercado” interviniéndolo para reducir los precios.

“Su intento de conciliar a ricos y pobres no ha surtido efecto. Pese a los esfuerzos, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres”, le espetó, por su parte, el diputado de EH Bildu Oskar Matute a la vicepresidenta tercera. Matute recordó que “cada vez” que se ha bajado el IVA de la luz “el oligopolio ha subido los precios” y denunció que “la excepción Ibérica para topar el precio del gas es como tapar el sol con un dedo”. A su juicio, “hay que intervenir el mercado”. Al Gobierno le pidió seguir “la estela de Italia”, gravando fiscalmente “desde ya” los beneficios de las eléctricas “pese a los intentos de boicoteo de Iberdrola, Endesa y EDP”. “O gobiernan para la gente y se libran del chantaje de las eléctricas o acabarán sucumbiendo a ellas”, concluyó.

Con la inflación disparada por encima del 10% principalmente por los precios de la energía –y, en concreto, por los carburantes–, el socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, y los principales aliados de izquierdas del Ejecutivo presionan al equipo de Pedro Sánchez para que intervenga el mercado energético y establezca un control de precios. Esa es, según estas fuerzas políticas, la única vía para frenar la tendencia inflacionista y también para poner fin al constante incremento de los beneficios de las grandes empresas energéticas que, con sus dinámicas de precios, los partidos a la izquierda del PSOE consideran que “chantajean” al Estado y a los ciudadanos.

La inflación repunta en junio hasta el 10,2%, su máximo desde 1985

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De poco sirvió que, este jueves, durante su comparecencia en el Pleno del Congreso, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicara que desde la puesta en marcha de la llamada 'excepción ibérica' –que permite limitar el precio del gas en España y Portugal para no trasladarlo directamente a la factura de la luz–, hace tan solo 15 días, esas grandes empresas energéticas han visto mermados esos beneficios extraordinarios –a los que la izquierda llama “caídos del cielo”– en 250 millones de euros. Tampoco es suficiente para los aliados del Gobierno que la vicepresidenta remarcara que con las medidas incluidas en el decreto anticrisis el Ejecutivo espera reducir la inflación en 3,5 puntos en los próximos meses.

Sin una intervención directa del Estado en los precios de la energía, apuntan las fuerzas a la izquierda del PSOE, las grandes empresas podrán seguir aplicando tretas para ganar dinero a costa de una mayor carga en los precios que pagan los ciudadanos. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, lo explicó con las siguientes palabras: “Dado que las grandes eléctricas no son hermanitas de la caridad sino más bien bandoleros, jamás van a perder dinero si pueden ofrecer el precio que les dé la gana”. 

El dirigente del grupo confederal pidió “que se eliminen todo tipo de permanencias o sanciones en los contratos del mercado libre”, precisamente para que la ciudadanía pueda “pasarse al mercado regulado”, que es en el que se aplica el tope del precio del gas. Pero Echenique quiso, además, recordar que en el acuerdo de gobierno suscrito por su grupo y el PSOE no pone “reducir” o “mitigar” los “beneficios caídos del cielo” de las grandes eléctricas, sino que “pone acabar con los beneficios caídos del cielo”. “Por eso, y habiendo comprobado ya que el sistema marginalista no es sagrado y se puede tocar, nosotros pensamos que el Gobierno debería trabajar seriamente para poner un tope efectivo más bajo que permita reducir aún más los beneficios caídos del cielo del oligopolio eléctrico”, añadió.

Echenique: “Hay que hacer que las eléctricas paguen”

Unidas Podemos también exige “desbloquear la tramitación del proyecto de ley de la minoración de los beneficios extra que están teniendo las eléctricas debido al alto precio del CO2”. “No entendemos por qué usted ha decidido posponerlo a septiembre”, le dijo Echenique a Teresa Ribera. “El único efecto que tendría la aprobación de esta norma es que las grandes eléctricas tengan menos beneficios y los consumidores paguen menos en su factura. Hemos conseguido contener la subida de la factura, pero sigue estando muy alta. Desbloqueemos este proyecto de ley para que pueda ser aprobado en julio. No es una solución estructural a la estafa de los beneficios caídos del cielo, pero ayuda”, remachó.

Por último, Echenique reclamó aplicar “un impuesto extraordinario a los beneficios de las grandes eléctricas y las grandes petroleras” al que se ha comprometido el Gobierno, si bien lo ha pospuesto para el año 2023. “Hay que hacerlo ya”, aseguró este jueves el portavoz de Unidas Podemos, porque “mientras la gente trabajadora y los pequeños negocios no pueden llegar a fin de mes, el oligopolio eléctrico y petrolero se está forrando”. “Hay que subirles los impuestos, hay que hacer que paguen y hay que hacerlo ya”, insistió.

Uno de los aliados parlamentarios del Gobierno, Más País, denunció en el Parlamento el “pulso” puesto en marcha por los “sectores privilegiados” del país para ganar dinero a costa de la inflación. “El pulso lo tiene que ganar el Estado para repartir las cargas. Y para ello hay una herramienta, que se llama control de precios”, sostuvo el líder del partido, Íñigo Errejón. Él denunció que “la inflación es un problema político porque no afecta igual a todo el mundo”. “Para algunos es miedo e incertidumbre, pero para algunos sin embargo es todo lo contrario”, agregó, porque “es una disputa por la distribución de los beneficios y los costes”.

Las grandes empresas, añadió Errejón, “hacen un chantaje, claman contra los impuestos y son los primeros en recibir ayudas públicas”. El líder de Más País alertó, por tanto, del riesgo de que esas ayudas, como la de los 20 céntimos por litro de combustible o la bajada del IVA de la luz, contempladas ambas en el decreto anticrisis del Gobierno, se conviertan “en una inmensa paguita” a las grandes empresas, dado que estas siguen subiendo los precios para compensar lo que dejan de ingresar por esas medidas del Ejecutivo.

ERC reclama una reforma del mercado

Igualmente duro fue el diputado de ERC Joan Capdevila. “Es hora de no poner más parches y poner las bases de un modelo energético que nos permita llegar al 30 de cada mes”, sostuvo. La apuesta del grupo republicano es “combinar” fiscalidad, “pero también reforma del mercado” interviniéndolo para reducir los precios.

“Su intento de conciliar a ricos y pobres no ha surtido efecto. Pese a los esfuerzos, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres”, le espetó, por su parte, el diputado de EH Bildu Oskar Matute a la vicepresidenta tercera. Matute recordó que “cada vez” que se ha bajado el IVA de la luz “el oligopolio ha subido los precios” y denunció que “la excepción Ibérica para topar el precio del gas es como tapar el sol con un dedo”. A su juicio, “hay que intervenir el mercado”. Al Gobierno le pidió seguir “la estela de Italia”, gravando fiscalmente “desde ya” los beneficios de las eléctricas “pese a los intentos de boicoteo de Iberdrola, Endesa y EDP”. “O gobiernan para la gente y se libran del chantaje de las eléctricas o acabarán sucumbiendo a ellas”, concluyó.

Con la inflación disparada por encima del 10% principalmente por los precios de la energía –y, en concreto, por los carburantes–, el socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, y los principales aliados de izquierdas del Ejecutivo presionan al equipo de Pedro Sánchez para que intervenga el mercado energético y establezca un control de precios. Esa es, según estas fuerzas políticas, la única vía para frenar la tendencia inflacionista y también para poner fin al constante incremento de los beneficios de las grandes empresas energéticas que, con sus dinámicas de precios, los partidos a la izquierda del PSOE consideran que “chantajean” al Estado y a los ciudadanos.

La inflación repunta en junio hasta el 10,2%, su máximo desde 1985

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De poco sirvió que, este jueves, durante su comparecencia en el Pleno del Congreso, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicara que desde la puesta en marcha de la llamada 'excepción ibérica' –que permite limitar el precio del gas en España y Portugal para no trasladarlo directamente a la factura de la luz–, hace tan solo 15 días, esas grandes empresas energéticas han visto mermados esos beneficios extraordinarios –a los que la izquierda llama “caídos del cielo”– en 250 millones de euros. Tampoco es suficiente para los aliados del Gobierno que la vicepresidenta remarcara que con las medidas incluidas en el decreto anticrisis el Ejecutivo espera reducir la inflación en 3,5 puntos en los próximos meses.