El Gobierno afirma que en 15 días la excepción ibérica ha reducido en 250 millones los beneficios de las eléctricas

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Iñigo Aduriz


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Desde que a mediados de este mes se empezó a aplicar la llamada excepción ibérica que permite limitar el precio del gas en España y Portugal para no trasladarlo directamente a la factura de la luz, las grandes eléctricas han reducido sus beneficios extraordinarios en 250 millones de euros. La cifra la ha hecho pública este jueves la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que, durante una comparecencia ante el Pleno del Congreso ha considerado que ese mecanismo “ha sido eficaz para al menos reducir el precio mayorista”, aminorar esos beneficios de las grandes compañías, “proteger a los consumidores” y sirve como “ejemplo práctico para el resto de Europa” de cara a nuevas iniciativas. 

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Ribera ha explicado que la primera quincena de junio el precio mayorista en España se mantuvo en la línea de otros países europeos, pero ha destacado que “a partir del 15 de junio todo cambia” coincidiendo con la aplicación de la excepción ibérica. “Hemos pasado de tener precios similares a tener precios más bajos”, ha señalado, cuantificando esa bajada respecto a otros países en entre un 45% y un 55%. “Son resultados muy positivos”, ha zanjado.

Además, ha explicado que de cara al cuarto trimestre del año los expertos cuantifican que España pagará de media 149 euros el megawatio hora frente a los 343 de Alemania o los 723 de Francia. “Estas estimaciones de precios confirman la confianza de los analistas en el buen funcionamiento del mecanismo ibérico”, ha añadido.

Con todo, la vicepresidenta sí ha alertado de un “contexto extraordinario, complejo y preocupante en el corto plazo”, por el riesgo de que Rusia corte el suministro de gas a los países de la Unión Europea “de un día para otro”. En ese contexto, ha puesto en valor que España cuente “con un Gobierno que prime la solidaridad”. El país, ha dicho “no puede descuidar su respuesta doméstica” ante la amenaza rusa, por lo que ha planteado la necesidad de poner en marcha medidas que reduzcan la dependencia energética “que pueden ser determinantes ante el próximo otoño”. 

Unidas Podemos reclama más medidas

Ribera ha propuesto “impulsar medidas de rediversificación de proveedores”, de impulso a las renovables y “primar el ahorro” energético ante la “estrategia agresiva por parte de Rusia, calificada por muchos como chantaje energético”. Para ella es, no obstante, “fundamental” una “respuesta unida” a nivel europeo. “Lo que están en juego principios y valores de la UE”, ha dicho, antes de remarcar que “la crisis ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de un modelo energético basado en combustibles fósiles”.

Además de poner en valor todas las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno que, según Ribera, permitirán contener la inflación en 3,5 puntos en los próximos meses, la vicepresidenta ha reclamado al conjunto de los grupos parlamentarios “sentido de Estado para proteger a consumidores vulnerables, clases medias y sectores productivos” apoyando la convalidación del decreto aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros. 

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha utilizado su turno de intervención en el Pleno para exigir al Ejecutivo que se imponga inmediatamente el impuesto a los beneficios de las energéticas para bajar el precio de la luz así como desbloquear la tramitación de la Ley de minoración del CO2 que recorta los ingresos de las eléctricas.

Echenique ha pedido así no esperar a 2023 para aplicar ese impuesto extraordinario. “Mientras la gente trabajadora y los pequeños negocios no pueden llegar a fin de mes, el oligopolio eléctrico y petrolero se está forrando. Hay que subirles los impuestos, hay que hacer que paguen y hay que hacerlo ya”, ha dicho. Además, el portavoz parlamentario ha recordado el acuerdo de Gobierno de coalición donde, en el apartado 3.2. se aboga por llevar a cabo “los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con los beneficios caídos del cielo”. “En el acuerdo de gobierno, no pone ”reducir“ o ”mitigar“ los beneficios caídos del cielo. Pone ”acabar“ con ello, ha dicho. ”Y es evidente que eso no se ha conseguido“, ha asegurado.

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha reclamado, por su parte, un “control de precios en los sectores” que influyen en la inflación, como es el de la energía. Se trata, según él, de la única vía para frenar el constante incremento de los precios. Durante el Pleno, Errejón ha denunciado que “la inflación es un problema político porque no afecta igual a todo el mundo”. Para algunos es miedo e incertidumbre, pero para algunos sin embargo es todo lo contrario“, ha dicho, porque ”es una disputa por la distribución de los beneficios y los costes“.

Las grandes empresas, ha añadido, “presionan para que entre todos les paguemos” en un “pulso al Estado” de “una minoría privilegiada” que “hacen un chantaje, claman contra los impuestos y son los primeros en recibir ayudas públicas”. El líder de Más País ha alertado del riesgo de que las ayudas se conviertan, por tanto, “en una inmensa paguita” a las grandes empresas, y ha considerado que ese pulso lo debe ganar el Estado “para repartir las cargas”.

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