Unidos Podemos y PSOE lanzan una ofensiva contra el Gobierno por el Yak-42
Unidos Podemos y PSOE han encontrado un flanco débil del Gobierno de Mariano Rajoy en el informe del Consejo de Estado que señala las responsabilidades políticas en el accidente del Yak-42 en 2003 y en el que murieron 62 militares españoles cuando regresaban de Afganistán.
La estrategia inicial de Rajoy de pasar de puntillas por un dictamen que traía al presente la última etapa del Gobierno de José María Aznar ha fracasado. Y la oposición aprieta para que las explicaciones que se tengan que dar en el Congreso impliquen al propio Rajoy y al todavía embajador español en Reino Unido, Federico Trillo.
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, pidió comparecer en el Congreso al día siguiente del informe que apuntaba a las responsabilidades de Trillo, que ocupaba su cartera en el momento del accidente. Cospedal ha intentado circunscribir su presencia en la Cámara baja para hablar del Yak-42 a la comisión de Defensa.
La comparecencia de Cospedal será el lunes 16 de enero, el mismo día que Bárcenas declara en el juicio de la Gürtel.
Pero el PSOE y el grupo confederal Unidos Podemos-En Comú-En Marea han elevado el tiro y quieren que la también secretaria general del PP tenga que ofrecer explicaciones en un pleno extraordinario.
La tormenta mediática desatada y la asunción del contenido del informe por parte de Cospedal en una reunión con las víctimas llevaron a Unidos Podemos a pedir que sea el presidente del Gobierno el que ofrezca explicaciones en el hemiciclo. Rajoy era vicepresidente del Ejecutivo que dirigía Aznar cuando el Yak-42 se estrelló en las montañas de Turquía.
La petición del grupo que lidera Pablo Iglesias ha recibido el apoyo del PSOE, ERC y Compromís. Ambas decisiones dependerán de la Diputación Permanente del Congreso, que se reunirá la próxima semana, probablemente el jueves según fuentes parlamentarias.
Este órgano replica el Pleno a pequeña escala en época de vacaciones parlamentarias, por lo que será Ciudadanos quien decante la balanza hacia un lado u otro tanto en el caso de Rajoy como de Cospedal. Su presidente, Albert Rivera, se dio este miércoles por satisfecho con la presencia de Cospedal en comisión y ha apostado por no “duplicar” las comparecencias.
“He leído que la ministra de Defensa asume plenamente el contenido del informe y entiendo que el Gobierno va a asumir la responsabilidad patrimonial. Ojalá sea así. Si el Gobierno lo hace, estaremos a favor porque es lo que le pedimos que hiciera”, aseguraba ante los medios en el Congreso.
Rivera apuntaba no obstante a que su grupo no se opondría a las demás peticiones: “Si algún grupo quiere que se duplique [la comparecencia del Gobierno], no nos vamos a oponer, pero lo importante es dar soluciones y la responsabilidad patrimonial del Estado”.
La ofensiva de la oposición también llega a Federico Trillo. El embajador en Londres, pendiente de ser relevado por el Ejecutivo, se enfrenta a la posibilidad de ser llamado a la Comisión de Defensa del Congreso.
Si la Diputación Permanente aprueba un pleno Extraordinario con un orden del día concreto, el Reglamento del Congreso dice que será obligación de la presidenta del Congreso convocarlo tal cual. El texto no dice que el presidente tenga la obligación de acudir. Precisamente durante la pasada legislatura, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se declaró en rebeldía y rechazó someterse al control del Congreso.
Las petición además es nominal, por lo que podría acudir o no, pero en ningún caso enviar a otro miembro del Gobierno en su lugar.
Unidos Podemos-En Comú-En Marea han registrado este miércoles una petición de comparecencia. Ahora será la propia comisión la que decidirá si tramita o no el llamamiento. En todo caso, al no ser una comisión de investigación sino legislativa el Congreso no tiene potestad para obligar a Trillo a acudir.
