“Si el Estado tuviera perspectiva de género, si fuera entonces más democrático, no habría tolerancia social a la violencia hacia las mujeres y por lo tanto al feminicidio” Marcela Lagarde
Los datos sobre violencia machista siguen siendo escalofriantes. En pleno siglo XXI y con cantidad de campañas de concienciación y repulsa por gran parte de la sociedad, parece más que insuficiente nuestra labor para terminar con esta barbarie. Siempre pienso en educación, educación y más educación y colegas míos docentes lo intentan cada día, pero aún nos queda mucho camino por recorrer. Aún con todo, ha llegado el momento.
Ha llegado el momento de dar un paso más. En las antípodas de la violencia contra las mujeres se encuentra la violencia machista en las personas con diversidad funcional. Ciertamente, creo que como sociedad y como mujeres y hombres feministas debemos hacer una reflexión al respecto ya que las políticas de género no suelen incluir una perspectiva de discapacidad.
A lo largo de la historia, a las personas con discapacidad nos han aniquilado de una manera u otra, ya sea tirándonos a la hoguera, esterilizándonos, exhibiéndonos como seres siniestros, porque al fin y al cabo no éramos más que personas “endemoniadas”. Después pasamos a ser “idiotas” o “taraditos” y bueno, algo es algo, ya al menos nos permitían la vida. Humor negro aparte, la violencia ya sea física o psicológica sigue vigente en nuestros días y especialmente si estamos hablando de mujeres. Nos hartamos de repetir los casos de violencia machista una y otra vez y ya parecen sólo números, como los refugiados que se ahogan cada día en el mar. ¿No estamos siendo cómplices por omisión? Ha llegado el momento de hablar de lo que duele y se olvida.
Volviendo al tema que nos ocupa, según el estudios de Human Rights Watch realizados en Europa, América del Norte y Australia, más de la mitad de las mujeres con discapacidad habrían sufrido abusos físicos, en comparación con la tercera parte de las mujeres sin discapacidad.
Ya a estas alturas estamos hablando de una obviedad que ser mujer y discapacitada conlleva un altísimo riesgo de sufrir malos tratos, abusos y ser víctima de violencia por parte de otros, especialmente hombres. Las mujeres con discapacidad suelen depender económica de los otros, debido a varios motivos, pero especialmente a las políticas de empleo que son precarias a todos los niveles. En otras circunstancias más gravosas, las mujeres se encuentran atadas de pies y manos y temen denunciar el abuso y perder vínculos afectivos y recibir cuidados que en gran parte les niegan las Instituciones. A todo ello se suma el menosprecio de su propia imagen -como ocurre con el resto de mujeres-, debido a la cosificación de los cuerpos y la perfección según unos cánones de belleza que nos dejan fuera.
En el Informe sobre “Violencia y Mujer con Discapacidad” de la Unión Europea se señalan como rasgos sociales, indicadores de violencia, que rodean a la mujer con algún tipo de discapacidad las mayores cotas de desempleo, salarios inferiores, menor acceso a los servicios de salud, mayores carencias educativas, escaso o nulo acceso a programas y servicios dirigidos a mujeres y un mayor riesgo de sufrir abuso sexual y físico.
Al mismo tiempo, de diversos informes se extraen que las mujeres que sufren agresiones más graves y continuas son las que padecen una multideficiencia, problemas de desarrollo mental, de comunicación y aquellas que adquirieron su discapacidad en el momento del nacimiento.
En cuanto al tema profesional, ya somos todos conscientes de la situación a la que nos someten, pero en el caso de las mujeres con discapacidad los datos son escandalosos. De las personas que trabajan, la mayoría lo hace en oficios mal remunerados y en situaciones de explotación. En la UE, En el caso de las mujeres, el 55% están empleadas y el porcentaje es del 25% en mujeres con discapacidad.
En el ámbito de la pareja y la sexualidad, como no se suele responder en gran medida a patrones establecidos, difícilmente se les reconoce su propia sexualidad, aunque esto puede ocurrir en otros colectivos no considerados normativos. En el caso de querer tener descendencia, mientras que en las mujeres sin discapacidad se les presiona para tener hijos y cumplir su rol de madre en la sociedad patriarcal, en el caso de las mujeres con son animadas a no tenerlos y esto se traduce en una práctica habitual como la de la esterilización, hecha en la mayoría de los casos sin el consentimiento de la mujer y la negación de la adopción de un hijo argumentando “imposibilidad de la madre”. El pasado 25 de mayo, El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Fundación Cermi Mujeres exigió que se erradicaran “definitivamente” las esterilizaciones forzosas a la población femenina con discapacidad.
De todo ello extraigo varias conclusiones.
La primera: las mujeres con discapacidad tienden a ser sobreprotegidas -para evitar estos daños- u olvidadas. Pocas veces hay término medio.
Segunda: Necesitamos una perspectiva de género feminista que no olvide a un colectivo que no posee las herramientas adecuadas para su empoderamiento, a pesar de haber colectivos como Cermi que trabajan en pro de obtener la igualdad.
Tercera: Las Instituciones, presionadas por el poder popular, deben cumplir el objetivo de velar por las personas con menos recursos económicos, pero también sanitarios y emocionales sin caer en la caridad, sino en la horizontalidad. Dejemos de conceder a empresas puestos de empleo protegido para que éstas desgraven, en lugar de para fomentar la vida independiente de las personas con diversidad funcional.
Cuarta: Denunciemos casos de abusos de mujeres que se encuentran en estas situaciones y que no tienen la posibilidad de hacerlo por ellas mismas. Consigamos su empoderamiento para ser mujeres libres.
Quinta: Ha llegado el momento de frenar los abusos a las mujeres con o sin discapacidad.
