La investigación y resolución del considerado mayor caso de corrupción en Euskadi, el 'caso De Miguel', se ha prolongado durante más de una década. En concreto, de 2009 a 2023. La primera sentencia de la Audiencia Provincial de Álava se dio a conocer el 17 de diciembre de 2019 y ahora ha llegado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que dota de firmeza a las condenas si bien los acusados tienen derecho a seguir pleiteando ante el Constitucional o incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si insisten en su tesis de la vulneración de derechos fundamentales. Así ha evolucionado este caso desde su origen.

2 de diciembre de 2009.

La empresaria y abogada Ainhoa Alberdi denuncia la trama de corrupción en la Fiscalía de Álava. Asegura que Alfredo de Miguel le solicitó una comisión de 100.000 euros por un contrato en el parque tecnológico de Miñano. También que habían presionado a su padre por el mismo motivo y que De MIguel iba acompañado de otro dirigente del PNV de Álava, Aitor Tellería. Aportó unas grabaciones en las que se escuchaba a su socio, Jon Iñaki Echaburu, que además de empresario estaba afiliado al PNV, hablar de las mordidas como algo “dentro de lo normal”.

15 de marzo de 2010.

El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, denuncia ante el juzgado a ocho personas, incluidos los dirigentes del PNV alavés Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano.

17 de marzo de 2010.

La Ertzaintza, por orden del juez Roberto Ramos, arresta a Alfredo de Miguel, a Aitor Tellería, a Koldo Ochandiano, a sus tres esposas, a Alfonso Arriola -gerente de Miñano- y también a Echaburu. Se registran varias viviendas y los detenidos prestan declaración en el juzgado para quedar en libertad con diversos cargos de corrupción. Florece ya que el trío y sus esposas tenían una empresa sin apenas actividad y con sede social en un 'txoko', Kataia Consulting.

18 de marzo de 2010.

Alfredo de Miguel dimite como diputado alavés de Urbanismo (Administración Local y Equilibrio Territorial). El diputado general, Xabier Agirre (PNV), reclama “tolerancia cero” contra la corrupción.

28 de abril de 2010.

‘El Mundo’ publica que Kataia Consulting se benefició de contratos irregulares del área de Juventud del Gobierno vasco, dirigida por Xabier Sánchez Robles.

14 de mayo de 2010.

El juez Roberto Ramos levanta el secreto sobre el sumario del ‘caso De Miguel’. A la nómina de imputados se han sumado ya Iñaki San Juan, Julián Sánchez Alegría o Gurutz Larrañaga, estos dos últimos altos cargos del Gobierno de Juan José Ibarretxe.

30 de mayo de 2010.

‘El Correo’ revela detalles de la recalificación urbanística que Alfredo de Miguel impulsó en la localidad alavesa de Zambrana. Se trataba de un macroproyecto y las empresas del político habían cobrado de los promotores catalanes elevadas sumas de dinero.

6 de junio de 2010.

El juez Roberto Ramos imputa a Xabier Sánchez Robles por los contratos irregulares de Juventud, que además de a Kataia Consulting han beneficiado a otras dos firmas asociadas, Errexal y Ortzi Muga.

20 de junio de 2010.

‘El Mundo’ desvela la apertura de una investigación paralela secreta vinculada al registro del domicilio de Aitor Tellería. Se analizaba si conformó, junto con dos ertzainas de la Unidad de Información y Análisis de la Policía vasca, una trama de espionaje.

17 de septiembre de 2010.

‘El Mundo’ publica que el juez Roberto Ramos investiga operaciones en los municipios de Lapuebla de Labarca y Zigoitia. Luego se conoció que la trama de Alfredo de Miguel había recaudado una comisión del 4% por contratos adjudicados en esos dos ayuntamientos del PNV.

26 de octubre de 2010.

Las Juntas Generales constituyen una comisión de investigación en torno a la operación de Zambrana. La presidirá Javier Ruiz de Arbulo (PP).

29 de octubre de 2010.

El Parlamento Vasco constituye una comisión de investigación en torno al ‘caso De Miguel’ conjunta con el ‘caso Tellería’ y con el ‘caso Zubiaurre’, que no guarda ninguna relación con estas dos causas. La presidirá Juanjo Agirrezabala. Es de EA, socio del PNV en Álava.

14 de enero de 2011.

Se levanta el secreto de sumario del ‘caso Tellería’.

22 de enero de 2011.

Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano pactan con el PNV entregar su carné de afiliados casi diez meses después de su detención por corrupción.

9 de abril de 2011.

‘El Mundo’ publica que el constructor Prudencio Hierro corrió a cargo de la reforma de una casa de Alfredo de Miguel en Gorliz (Bizkaia).

18 de abril de 2011.

Alfredo de Miguel comparece en la comisión de investigación del Parlamento Vasco. Lee un escrito y no admite preguntas de los partidos políticos. Concede una rueda de prensa sin preguntas y recibe el calor de varias decenas de militantes del PNV, que le jalean en la puerta. El portavoz del partido en la Cámara, Joseba Egibar, le recibe con un efusivo abrazo.

16 de julio de 2011.

‘El País’ y ‘El Mundo’ publican un informe de la Ertzaintza que concluye que Alfredo de Miguel dirigió una trama de cobro de comisiones.

17 de julio de 2011.

La causa suma tres nuevos imputados: la hermana de Alfredo de Miguel (Aintzane de Miguel, contable de las empresas del político), el constructor Hierro y el intermediario de Zambrana, Josu Arruti.

18 de octubre de 2011.

Segunda declaración judicial de Alfredo de Miguel, que se prolonga por espacio de ocho horas.

30 de octubre de 2011.

La hermana de Alfredo de Miguel solicita que se anulen pruebas clave del caso ya que antes de ser imputada compareció como testigo, con obligación de decir la verdad y sin posibilidad de comparecer con abogado.

28 de mayo de 2012.

El juez Roberto Ramos imputa a Josu Montés, de Ortzi Muga.

11 de marzo de 2013.

Arranca el juicio del ‘caso Tellería’. Alfredo de Miguel, testigo, sigue parte de la vista sentado en la bancada de los periodistas.

27 de marzo de 2013.

La Audiencia Provincial de Álava sobresee por falta de pruebas el ‘caso Tellería’. El PNV se felicita por la decisión y critica la campaña de acoso contra el partido.

22 de marzo de 2014.

El juez Roberto Ramos imputa al matrimonio de Estíbaliz Arruti y Gorka Errasti, vinculados a Sidepur y a Zambrana ya que son familia del muñidor de aquel plan, Arruti.

16 de mayo de 2014.

‘El Mundo’ publica que la operación de Zambrana estaba valorada en 65 millones de euros.

18 de junio de 2014.

Comparece como imputada en el juzgado la que fuera alcaldesa de Zambrana, María Justina Angulo, que reconoce que Alfredo de Miguel impulsó la operación urbanística.

10 de marzo de 2015.

El juez Roberto Ramos da por cerrada la investigación del ‘caso De Miguel’ y constata graves delitos tras la trama de empresas controlada por el político.

2 de junio de 2015.

El juez Roberto Ramos abandona el juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria tras haber completado el ‘caso De Miguel’.

11 de marzo de 2016.

El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, hace pública la petición de condenas para los 26 imputados en el ‘caso De Miguel’. La solicitud para Alfredo de Miguel es ejemplarizante: 54 años de cárcel por 21 delitos de corrupción.

8 de enero de 2018.

Arranca el juicio del 'caso De Miguel' con unas primeras sesiones dedicadas a la resolución de cuestiones previas de índole procedimental y jurídica. 

19 de febrero de 2018.

Se inicia la fase de comparecencias del juicio con la intervención de 38 agentes de la Ertzaintza que participaron en la investigación. Los abogados de los acusados les acusan de “manipular” pruebas y de no haber preservado la cadena de custodia de las evidencias.

5 de marzo de 2018.

Ainhoa Alberdi comparece en el juicio sin posibilidad de que se difunda su imagen en los medios de comunicación. Ratifica punto por punto su denuncia y da nuevos detalles sobre el precio que ha pagado por sacar a la luz este caso de corrupción. Se enfrenta a los abogados de los acusados, que tratan de desacreditarla. La asociación Adi! contra la corrupción convoca una pequeña concentración ciudadana para arroparla.

7 de marzo de 2018.

El padre de la denunciante y su socia confirman la denuncia de Ainhoa Alberdi ante la Audiencia Provincial de Álava.

8 de abril de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica la posible falsificación de sellos oficiales del Departamento de Cultura por parte de la defensa de Xabier Sánchez Robles para justificar las contrataciones aparentemente irregulares del área de Juventud del Gobierno vasco con las empresas Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga.

16 de abril de 2018.

La Fiscalía encarga un informe al Gobierno que constata que no hay constancia en los archivos del registro de la Administración de los documentos supuestamente sellados que se han presentado como pruebas en el juicio. El tribunal no acepta su incorporación al rollo penal a estas alturas del procedimiento.

25 de abril de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica que no sólo hay sospechas de que los sellos de los informes presentados como prueba son falsos, sino que los propios textos están plagiados en al menos tres casos.

8 de mayo de 2018.

Un testigo confirma que el constructor y contratista Prudencio Hierro costeó la reforma de la vivienda particular de la esposa de Alfredo de Miguel en Górliz. Mientras, la defensa del político insiste en que la Ertzaintza manipuló pruebas para demostrarlo.

16 de mayo de 2018.

La Fiscalía señala que la exalcaldesa de Zambrana, María Justina Angulo, tenía “interés económico directo” en la recalificación porque su familia era propietaria de algunas de las parcelas afectas.

22 de mayo de 2018.

Histórica huelga de jueces y fiscales en España. En Vitoria, el paro detiene el juicio del ‘caso De Miguel’.

30 de mayo de 2018.

Comparece en el juicio Nicolás Guerrero, empresario catalán, y denuncia que el proyecto de Zambrana estaba “manchado” y que se pagaron cantidades millonarias por servicios no prestados a las empresas de Josu Arruti y De Miguel.

10 de julio de 2018.

Comparece en el juicio Ignacio Ugartetxe, expresidente del Athletic y exconsejero delegado de Urazca. Quien fuera imputado en el ‘caso Bárcenas’ por supuestas ‘donaciones’ al PP a cambio de contratos, responde sobre una supuesta comisión de 800.000 euros que preveía recaudar la trama de De Miguel por la segunda fase del proyecto de Zambrana.

11 de julio de 2018.

Comparece Víctor Benedito, un experto económico contratado por la defensa de Alfredo de Miguel que asegura que la actividad de Kataia Consulting era absolutamente normal y que el político llevaba una vida sin lujos. “No tenía un Porsche”, manifiesta. Sin embargo, empleó el dinero pagado por los catalanes de Zambrana en comprarse un Saab.

14 de agosto de 2018.

EH Bildu denuncia la participación de un imputado en el ‘caso De Miguel’, Sergio Fernández Oleaga (Stoa), en el nuevo intento de ampliación del parque tecnológico de Miñano planteada en 2018.

14 de septiembre de 2018.

‘El Correo’ publica que la Fiscalía y los principales acusados negocian un acuerdo que supondría una confesión a cambio de una reducción de las condenas solicitadas por la acusación. 

17 de septiembre de 2018.

La Fiscalía y los abogados de los imputados coinciden en pactar una suspensión del juicio del ‘caso De Miguel’ para cerrar el acuerdo. Se fija como nueva fecha el 1 de octubre. Será el fiscal Manuel Pedreira el que lidere las conversaciones con los letrados.

1 de octubre de 2018.

La Fiscalía y las defensas vuelven a reclamar una suspensión del juicio. El tribunal acota los tiempos y fija como límite el 15 de octubre. Ese día tendrá que declarar sí o sí Alfredo de Miguel.

11 de octubre de 2018.

Tras haber avanzado en las negociaciones hasta el punto de estar dispuesto a declararse culpable, Alfredo de Miguel rompe a última hora las conversaciones con la Fiscalía. Con él, sus más cercanos también se echan para atrás. Otro grupo de imputados, ocho en total, sí se muestra dispuesto a confesar a cambio de una rebaja de condena.

15 de octubre de 2018.

El fiscal Josu Izaguirre confirma que habrá confesiones que probarán la corrupción. Entretanto, arrancan dos días declaración de Alfredo de Miguel, que retoma su estrategia de negarlo todo.

17 de octubre de 2018.

Continúan las declaraciones de los imputados. La mujer de De Miguel, Ainhoa Bilbao, imita a la infanta y asegura que ella ni conocía ni tenía ningún papel en la gestión de Kataia Consulting. Las esposas de Aitor Tellería y Koldo Ochandiano siguen la misma línea.

19 de octubre de 2018.

El constructor Prudencio Hierro y la hermana de Alfredo de Miguel, Aintzane, se suman al grupo de ocho y cierran acuerdos con la Fiscalía para mejorar su condena a cambio de confesar.

22 de octubre de 2018.

Hierro admite que se hizo cargo de la factura de las obras de la casa de De Miguel en Gorliz porque “siempre ayuda” haber hecho un favor a un cargo público. Aintzane de Miguel, en cambio, rompe a última hora el acuerdo, que le habría supuesto la absolución, y se niega a colaborar con la Fiscalía. 

23 de octubre de 2018.

El presidente del tribunal del ‘caso De Miguel’, Jaime Tapia, advierte a los acusados de que no responder a las preguntas de la Fiscalía es una estrategia de “riesgo”. Salvo Prudencio Hierro, todos se habían acogido a su derecho a no hacerlo.

24 de octubre de 2018.

Sin “nada que ocultar”, el exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, es el primero en responder a preguntas de la Fiscalía. Asegura no haber tenido ninguna responsabilidad en los contratos irregulares de Juventud.

31 de octubre de 2018.

En una larga declaración en la que también contestó a la Fiscalía, Xabier Sánchez Robles acusa al Gobierno del PSE-EE de ocultar los contratos irregulares a las empresas de De Miguel para incriminarle.

5 de noviembre de 2018.

Llegan las confesiones. Josu Arruti, amigo de De Miguel, no sucumbe a las presiones y explica las comisiones pagadas por Construcciones Riera en torno a la operación de Zambrana.

6 de noviembre de 2018.

Los gestores de Riera, especialmente Francesc Fernández Joval, confirman el pago de comisiones en Zambrana.

7 de noviembre de 2018.

Tras las incriminaciones, la primera maniobra de la defensa de Alfredo de Miguel es volver a atacar a la denunciante, Ainhoa Alberdi.

14 de noviembre de 2018.

La Fiscalía presenta su escrito de conclusiones definitivas. De Miguel se enfrenta a casi 30 años de cárcel y a una sanción económica de 1,2 millones de euros. Arruti, Fernández Joval y todos los que habían colaborado y confesado o quedarán absueltos o evitarán la entrada en prisión.

16 de noviembre de 2018.

La familia Arruti, tras confesar y sin esperar a que acabe el juicio, devuelve 130.000 euros más intereses por los delitos fiscales en torno a los movimientos relacionados con Zambrana.

25 de noviembre de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica que De Miguel utilizaba la sede del PNV para despachar asuntos de Kataia Consulting y que otros miembros del partido conocían de su existencia.

26 de noviembre de 2018.

El fiscal, Josu Izaguirre, inicia su alegato de conclusiones en el juicio denunciando la existencia de una trama con prácticas mafiosos más propias de Sicilia: “De Miguel era un padrino y en este país, sin uno de ellos, no tienes un contrato”.

28 de noviembre de 2018.

Los abogados del Gobierno vasco y de la Diputación de Bizkaia, instituciones del PNV, se suman a la Fiscalía y admiten la existencia de irregularidades en el ‘caso De Miguel’.

1 de diciembre de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica que Alfredo de Miguel conseguía contratos en la Dirección de Juventud de Xabier Sánchez Robles en 16 minutos y 38 segundos.

3 de diciembre de 2018.

Arrancan tres días de conclusiones del abogado de Txitxo, Gonzalo Susaeta. Compara la investigación con Cuarto Milenio, denuncia graves anomalías y niega que haya pruebas de corrupción. Ataca también a Josu Arruti y asegura que, en estos años, De Miguel y su familia han recibido amenazas. Acaba el discurso entre lágrimas.

5 de diciembre de 2018.

La defensa de Koldo Ochandiano insiste en reclamar la nulidad del cuaderno con notas de comisiones y dinero negro, una de las pruebas fundamentales del sumario.

10 de diciembre de 2018.

El abogado de Jon Iñaki Echaburu, Mikel Zuloaga, anuncia una querella contra el fiscal, Josu Izaguirre, por haber “humillado” a los acusados y haber sobrepasado los límites del Estado de Derecho.

18 de diciembre de 2018.

Javier Beramendi, letrado de Sánchez Robles, defiende la validez de las pruebas presentadas e insiste en que el Gobierno ha ocultado deliberadamente documentos que exonerarían a su cliente.

19 de diciembre de 2018.

Se acaba el juicio. El abogado de Tellería, Jesús Villegas, cuestiona por última vez a la denunciante, Ainhoa Alberdi. De Miguel, Tellería y Ochandiano, así como sus mujeres, cierran el proceso reiterando su inocencia pero, a la vez, pidiendo perdón. El 'caso De Miguel' queda visto para sentencia.

1 de marzo de 2019.

Alfredo de Miguel acude a la capilla ardiente de Xabier Arzalluz, histórico dirigente del PNV. Es su primera aparición pública tras el final del juicio.

17 de marzo de 2019.

Se publica 'El padrino: Anatomía del caso De Miguel', un libro sobre la investigación, en el noveno aniversario de que el caso se conociera públicamente.

19 de agosto de 2019.

elDiario.es/Euskadi publica que Koldo Ochandiano ha regresado a su puesto de contable del parque tecnológico de Miñano, el mismo que ocupaba cuando se originó este caso de corrupción.

2 de diciembre de 2019.

Se cumplen diez años de la denuncia de Ainhoa Alberdi que dio origen la investigación del caso. Ya se conoce que el 17 de diciembre se hará pública la esperada sentencia.

17 de diciembre de 2019.

El tribunal hace pública la sentencia. Alfredo de Miguel ha sido condenado a penas que suman más de 13 años de cárcel por cohecho, asociación ilícita, blanqueo, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental o prevaricación. A ello se suman más de 200.000 euros en multa e inhabilitación para empleos y cargos públicos. Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, asimismo, han sido condenados por delitos similares a altas penas que les supondrán un cumplimiento máximo de penas de alrededor de 6 años de cárcel.

20 de diciembre de 2019.

La Fiscalía solicita el ingreso en prisión de los condenados con penas más elevadas aunque la sentencia no sea firme y quepa recurso ante el Supremo. La sala desestima esa petición aunque sí impone medidas cautelares, como la imposibilidad de salir de España.

19 de febrero de 2020.

El director de la fundación Hazi, una sociedad pública del Gobierno Vasco, ocultó al Parlamento que Alfredo de Miguel, colocado allí, tenía un salario de 52.000 euros. Sí admitió que mientras estaba siendo investigado por corrupción había disfrutado de tres ascensos.

5 de marzo de 2020.

El Ayuntamiento de Vitoria da luz verde a dos contratos por valor de 150.000 euros a Stoa, la empresa de uno de los condenados, Fernández Oleaga.

15 de junio de 2020.

La Fiscalía del Supremo no acepta el criterio de los fiscales de Álava y pedirá la confirmación de la sentencia ante los recursos de los imputados pero no que se eleven las penas.

10 de marzo de 2021.

El PNV ficha para el Gobierno vasco al presidente del tribunal que condenó a De Miguel, el magistrado Jaime Tapia. Será asesor para la nueva competencia cedida por el Estado, Prisiones.

5 de junio de 2022.

elDiario.es/Euskadi informa de que el condenado Iñaki San Juan sigue manteniendo activa la empresa Errexal con otro nombre y que recibe contratos del Ayuntamiento en el que concejal, Leioa. Además, en algunos casos lo hace de manera indirecta, a través de terceros.

2 de enero de 2023.

elDiario.es/Euskadi publica que Alfredo de Miguel consta como “gerente” de una entidad pesquera llamada Itsas Garapen Elkartea y que depende de la sociedad pública en la que trabaja, Hazi. Como tal, ha participado a pesar de su condena por corrupción como representante en viajes oficiales, foros interautonómicos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e incluso en recogidas de premios. El Gobierno niega que De Miguel ejerza labores de responsabilidad o representación a pesar de las fotografías que acreditan sus intervenciones.

10 de enero de 2023.

El Tribunal Supremo hace pública la sentencia definitiva y ratifica en gran medida las condenas por corrupción. En el caso de De Miguel, la pena queda en más de doce años de prisión, nueve de cumplimiento efectivo. “Prevaliéndose de su capacidad de influencia política como miembros de la ejecutiva alavesa del Partido Nacionalista Vasco y de su compañerismo político con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la administración autonómica y municipal, se concertaron para favorecer que determinados organismos de la administración adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión”, se puede leer en la resolución, de casi 400 folios. Queda absuelto Julián Sánchez Alegría.

11 de enero de 2023.

Se suceden las reacciones ante la sentencia y la noticia copa -con algunas excepciones- las portadas de la prensa vasca. El PNV recupera la denominación 'caso Miñano' y elude referirse a De Miguel. Insiste en que los hechos eran fruto de comportamientos individuales y no de partido. El Gobierno vasco habla ahora de la “impecable” investigación de la Ertzaintza. Aitor Tellería y Koldo Ochandiano presentan problemas de salud, lo que podría condicionar su ingreso en prisión.

23 de enero de 2023.

En un foro organizado por 'Deia', el lehendakari, Iñigo Urkullu, afirma que la Fiscalía intentó investigar al PNV para vincularlo con la corrupción de De Miguel, cuando tal actuación no consta en el sumario de la causa. “Se pretendió por parte de la Fiscalía y se rechazó por parte de la Audiencia Provincial de Álava, exonerando al propio PNV. Tengo la satisfacción de que el nombre orgánico del PNV está impoluto”, fueron las palabras de Urkullu.

24 de enero de 2023.

elDiario.es/Euskadi adelanta que el “entorno” de De Miguel estudia la posibilidad de solicitar un indulto para el expolítico. Las fuentes consultadas indican que el movimiento no parte ni de la defensa ni de la familia y se quiere desvincular también de cualquier connotación política, pero busca librar al ex 'número dos' del PNV de nueve años de prisión efectiva.

27 de enero de 2023.

Seis excargos del PNV implicados en el 'caso De Miguel' abonan a partes iguales una cantidad próxima a los 145.000 euros en concepto de responsabilidad civil para el Gobierno vasco por el fraude en Juventud, lo que no agota el alcance de los hechos probados.

30 de enero de 2023.

La defensa de Iñaki San Juan ha presentado un incidente de aclaración ante el propio Tribunal Supremo para que se le aplique en el cálculo de sus penas la misma fórmula que su exsocio Josu Montés (que ahora ha cambiado su nombre a Josu Azkarraga). De ese modo, ninguno de los delitos individuales pasaría de los dos años y se podría solicitar la suspensión de la entrada en prisión. Este 'recurso' impide que la sentencia sea firme y que se ejecuten las penas.

5 de febrero de 2023.

Ainhoa Alberdi, denunciante del 'caso De Miguel', recibió una inspección fiscal tres días antes de que, en 2018, tuviera que ratificar su testimonio en el juicio que se celebraba en Vitoria.

7 de febrero de 2023.

elDiario.es/Euskadi publica la nómina de De Miguel en Itsas Garapen Elkartea (Hazi). Cobra 57.400 euros, una cantidad que ha ido subiendo mientras era investigado e incluso tras la primera condena. Además, ocupa un puesto de “coordinador” y tiene la máxima categoría entre los empleados de Hazi, la A. Los datos habían sido solicitados en el Parlamento Vasco por EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU.

2 de marzo de 2023.

Por la mañana, la sociedad de aguas del Ayuntamiento de Vitoria, Amvisa, acuerda mantener los contratos con la empresa Stoa a pesar de la sentencia que acredita que su gestor, Sergio Fernández Oleaga, haya abonado comisiones a la trama de De Miguel. Fernández Oleaga ha cambiado el nombre de la firma y ha cedido la representación a otra persona. Por la tarde, el Tribunal Supremo resuelve el incidente de aclaración y aplica a Iñaki San Juan un cálculo más ventajoso de las penas para que le pueda ser suspendida la entrada en la cárcel. Su empresa Errexal, en todo caso, sí quedará disuelta en cuanto el fallo se haga firme.

7 de marzo de 2023.

La candidata del PNV en Vitoria, Beatriz Artolazabal, entiende que la sentencia no lastrará su campaña y cree “amortizada” esta causa. En el Parlamento, el partido presenta a De Miguel como “víctima” por la tardanza de la Justicia en completar el periplo judicial del macrosumario.

8 de marzo de 2023.

El diputado de Hacienda de Bizkaia, José María Iruarrizaga, asegura en las Juntas Generales que los inspectores forales actuaron con “mucha objetividad” cuando iniciaron una investigación a Ainhoa Alberdi, la denunciante del caso. No se dan detalles porque no se pueden discutir públicamente los términos concretos de un expediente tributario al ser confidenciales, alega Bizkaia.

15 de marzo de 2023.

El Tribunal Supremo notifica a la Audiencia Provincial de Álava la sentencia definitiva del 'caso De Miguel' tras haber resuelto el punto sobre Iñaki San Juan. El trámite se ha alargado durante 13 días.

16 de marzo de 2023.

La Audiencia Provincial de Álava decreta la “firmeza” de las condenas del 'caso De Miguel'. Da diez días a De Miguel, Tellería, Ochandiano y Sánchez Robles para ingresar en prisión y el mismo plazo al resto de condenados, catorce en total, para pedir la suspensión. El Gobierno vasco da por “hecho” el despido de De Miguel de su puesto de Hazi, así como el de Ochandiano, que seguía en el parque tecnológico de Miñano.

17 de marzo de 2023.

Se cumplen trece años de la detención de Alfredo de Miguel. En el Parlamento, el lehendakari, Iñigo Urkullu, indica que el PNV en el Gobierno ha adoptado “decisiones contundentes y de manera inmediata” en relación a los condenados.

El recorrido judicial del 'caso De Miguel' no ha acabado con la sentencia del Tribunal Supremo, aunque el pronunciamiento del alto tribunal sí convierte en firme las condenas por corrupción y, por lo tanto, abre la puerta ya al ingreso en prisión de los inculpados, entre ellos los exdirigentes del PNV de Álava Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería o el exdirector de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles. Ahora bien, eso será decidido por la Audiencia Provincial de Álava y faltan “algunos días” para que se concrete, según fuentes del caso. Además, los acusados tienen la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional aunque no ya por los hechos, que se dan por probados, sino por la posible vulneración de derechos fundamentales. Aunque nadie se ha pronunciado aún, no sería un escenario descabellado ya que uno de los argumentos recurrentes de las defensas durante la instrucción, durante el juicio y ante el Supremo fue que la investigación se había propasado, incluso hasta el punto de acusar a la Ertzaintza de haber manipulado pruebas. Y, después del Constitucional, quedaría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo.

Cuando se conoció en diciembre de 2019 la sentencia de primera instancia, la de la Audiencia Provincial de Álava, la Fiscalía ya solicitó la ejecución “provisional” de las penas y se celebró una vista en la que el tribunal rechazó esa petición a expensas de que el Supremo dictara una segunda y definitiva resolución. Eso sí, desde entonces se han venido aplicando un conjunto de medidas cautelares como la prohibición de salir de España o la obligación de acudir periódicamente a 'fichar' al juzgado. Ahora, de modo automático, la sentencia pasa ya a una fase de ejecución cuyo procedimiento y calendario no están claros.

Pero, antes de llegar a esa fase, la sentencia del Supremo ha de ser notificada formalmente a todas las partes y el expediente ha de ser remitido al tribunal responsable, la Audiencia Provincial de Álava. A partir de ahí, este órgano deberá declarar la “firmeza” de los autos y abrir una nueva fase. Entre los condenados hay tres grupos. Por un lado están, básicamente, De Miguel, Ochandiano, Tellería y Sánchez Robles. Tienen las penas más altas y deberían ser ejecutadas con carácter inmediato. Por otro lado están los que tienen sanciones de menos de dos años de prisión. Este grupo de Ainhoa Bilbao, Iratxe Gaztelu-Urrutia, Jon Iñaki Echaburu o Sergio Fernández Oleaga, salvo que tengan antecedentes o incurran en alguna otra anomalía, no ingresaría en un centro penitenciario en ningún caso. Y luego hay casos excepcionales de penados con una suma que sí supera los dos años pero en la que todos los delitos individuales no alcanzan ese límite, donde se podría solicitar una suspensión extraordinaria, o el de Alfonso Arriola o la exalcaldesa de Zambrana, condenados exclusivamente a inhabilitación y no a cárcel.

Para enredar más el escenario, la presentación del recurso de amparo podría frenar todavía unos cuantos años la entrada en prisión. En principio, la ley reguladora del Constitucional afirma que “la interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados” pero, acto seguido, abre la puerta a que “cuando la ejecución del acto o sentencia impugnados produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad” bien el tribunal de oficio o bien a petición del recurrente “podrá disponer la suspensión, total o parcial” de una pena. Obviamente, también entran en juego factores de salud como los que han aflorado en el caso de los ERE de Andalucía con José Antonio Griñán. En principio, la reforma del delito de malversación no debería afectar a este caso, en el que también se han acreditado otros tipos penales como la prevaricación, la asociación ilícita, el cohecho o el tráfico de influencias.

La Audiencia Provincial de Álava celebró en 2019 una vista con los condenados para dirimir su futuro. No está claro que ahora tenga que repetirse ese formato, aunque sí es seguro que las defensas dispondrán de un espacio para formular alegaciones. En todo caso, el tribunal que juzgó el caso no guarda ya ninguna relación con su composición actual. El presidente, Jaime Tapia, es ahora alto cargo en el área de Prisiones del Gobierno vasco. Es precisamente quien gestionará la estancia en la cárcel de los condenados de no mediar un traslado a otra comunidad autónoma. Y Raúl Aztiria dejó también la jurisdicción penal. Solamente Elena Cabero permanece desde el juicio. Fue ella la ponente del fallo de primera instancia. Los otros magistrados en activo ahora son Jesús Poncela, Ana Jesús Zulueta y Francisco García Romo. En el caso de la Fiscalía, los dos titulares del caso, Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, continúan en ejercicio en Vitoria aunque el primero ya no es el fiscal-jefe provincial. La nueva responsable de la oficina, Carmen Cotelo, debería determinar quién gestiona estos flecos de un sumario que se inició precisamente cuando la empresaria y abogada Ainhoa Alberdi presentó una denuncia ante Izaguirre.

El 'caso De Miguel' es el mayor sumario de corrupción conocido hasta la fecha en Euskadi. Todavía hoy hay quienes lo rebajan a 'caso Miñano', como se le quiso llamar al principio, porque tuvo su origen en el parque tecnológico de Vitoria. Pero esa denominación omite que la trama extendió sus tentáculos a Zambrana, minúscula población al sur de Álava donde se pergeñó un pelotazo urbanístico valorado en 65 millones de euros, a la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, de donde salieron contratos 'a dedo', o a los municipios alaveses de Zigoitia o Lapuebla de Labarca y que quien da nombre al caso, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, ideó negocios desde la Costa del Sol andaluza hasta Argentina. Con De Miguel se sentaron en el banquillo otros dirigentes alaveses de la formación como Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, cargos públicos nacionalistas como Xabier Sánchez Robles, María Justina Angulo o Alfonso Arriola y empresarios con carné como Josu Arruti, Iñaki San Juan o Jon Iñaki Echaburu. La denuncia de la corrupción llegó en 2009, la investigación arrancó en 2010 y finalizó en 2015, se celebró un macrojuicio en 2018 y, a finales de 2019, una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava recogió 300 folios de “hechos probados” que constataba no solamente las graves irregularidades sino la importancia que en el desarrollo de los hechos tuvo la vinculación común de todos los procesados a una misma organización. El PNV, por el contrario, siempre ha defendido su “intachable” trayectoria cuando se le ha interpelado por este caso y ha insistido en que los acusados actuaban 'motu proprio'.

La denunciante del caso, Ainhoa Alberdi, de familia 'jeltzale', acompañó su alerta de que De Miguel quería cobrarle una comisión de 100.000 euros por ayudarle con un contrato con grabaciones. Una de ellas aborda esta cuestión con su entonces socio, el constructor Jon Iñaki Echaburu, contratista habitual de la Administración, amigo de De Miguel y quien aparentemente había pactado la mordida:

-¿[Es] Pa’l partido o así?

-Pues no lo sé, ellos lo van a establecer.

-¿No te dijeron nada, ni cantidad tampoco, ni porcentaje ni nada?

-No, no. Nosotros tampoco dijimos nada. Pero bueno, dentro de lo normal. Teniendo en cuenta el volumen de lo que era, vamos.

El 'caso De Miguel' ha vuelto a primera línea ahora al conocerse que De Miguel, a quien todos conocen como Txitxo, no solamente continúa trabajando para la Administración sino que ejerce de “gerente” de una entidad pesquera llamada Itsas Garapen Elkartea -así aparece en documentos oficiales, aunque el Gobierno vasco lo niega- y que en este tiempo ha recogido premios, ha concedido entrevistas por “buenas prácticas” y realizado viajes oficiales representando a Euskadi. El PNV repite que la sentencia sobre este caso no es “firme”, ya que el Tribunal Supremo tiene pendientes de resolver 14 recursos de los condenados en primera instancia. También que los derechos laborales de De Miguel como empleado público no pueden ser vulnerados. La oposición se ha echado encima y los socios del PNV en el Gobierno vasco, el PSE-EE, han sugerido que siga trabajando pero al menos no con proyección pública. La entidad de De Miguel, entre sus funciones, reparte ayudas públicas y en su web publicita un buzón contra el fraude.

¿Cómo ha gestionado el PNV este caso? En el momento de su detención en marzo de 2010, De Miguel era diputado foral en Álava con competencias en materia de Urbanismo. El presidente de aquel Ejecutivo provincial era Xabier Agirre, ya fallecido, y aquélla era una coalición con dos partidos ahora integrados en EH Bildu, EA y Aralar. Agirre salió al instante reclamando “tolerancia cero” contra la corrupción y destituyó al arrestado, no sin tensión. También dejó de ser vicepresidente de la Caja Vital, politizada como tantas otras entidades en España. Pero el PNV es bicéfalo y el partido en Álava lo controlaba Iñaki Gerenabarrena, no Agirre. El presidente, que ahora trabaja en el Gobierno en la misma sociedad pública que De Miguel, fue quien impuso a Agirre el nombre de Txitxo para su equipo y su reacción primera fue amenazar a la prensa que informaba del caso con querellas. Todo un sector en torno a Gerenabarrena y Txitxo siguió esa misma estrategia. Una veintena de cargos firmaron una carta denunciando una “cacería infame” contra la organización. Muchos fueron los mismos que lo agasajaron en las puertas del Parlamento cuando le tocó comparecer en la comisión de investigación que, sobre este caso, celebró la Cámara. Ya dentro, el referente del sector interno de De Miguel y Gerenabarrena, Joseba Egibar, presidente en Gipuzkoa y portavoz parlamentario, le dio un abrazo delante de fotógrafos y camarógrafos y permitió que un acusado por graves delitos ofreciera una rueda de prensa sin admitir preguntas en una institución pública. Entretanto, EA y Aralar dejaron solo al PNV y rompieron la coalición.

El presidente del PNV entonces era Iñigo Urkullu, ahora lehendakari. Él y su equipo, más próximos a Agirre, se las vieron y desearon para lograr que De Miguel y los otros imputados entregaran sus carnés de afiliados. Lo logró muchos meses después, a principios de 2011. A cambio, De Miguel, Tellería y Ochandiano le 'regalaron' este aviso: “Se equivoca la dirección del EBB del PNV si cree que la campaña política y mediática de acoso y derribo al Partido remitirá o desaparecerá por el hecho de un simple depósito de carnés. Los firmantes de esta carta queremos denunciar el juicio paralelo al que hemos sido sometidos y la actitud injusta de quienes han obviado el principio de presunción de inocencia y ya nos han condenado. Exigimos al EBB del PNV que defienda al Partido y a sus afiliados con mayor convencimiento y determinación de lo que ha defendido nuestra presunción de inocencia. Nosotros somos inocentes, el PNV también y, pese a quien pese, lo demostraremos”.

El sector de Agirre logró frenar la candidatura propuesta para las elecciones de 2011 en Vitoria por Gerenabarrena. Fue entonces cuando emergió la figura de Gorka Urtaran, que ahora abandonará el cargo, pero las instituciones pasaron a manos del PP. A nivel orgánico, Agirre decidió asumir la presidencia en Álava y los suyos se impusieron en la renovación de los cargos de Araba Buru Batzar... aunque tuvo que ser a la segunda. En el primer intento, con irregularidades, Agirre se vio con más de su nueva ejecutiva controlada por los afines a Gerenabarrena y De Miguel. En el sumario del caso constan auténticas campañas contra compañeros de partido orquestadas por el sector contrario. Un ejemplo: el actual presidente alavés y continuador de Agirre, José Antonio Suso, era vejado en algunos mensajes.

Urkullu se convirtió en lehendakari en 2012 y Andoni Ortuzar pasó a ser el líder del Euzkadi Buru Batzar. En estos años, ha asegurado que el fiscal del caso, Josu Izaguirre, ha actuado al “servicio” del PP. “Hay un deseo insano por demostrar que en Euskadi hay corrupción”, declaró. También manifestó en otra ocasión que el caso estaba inflado ya que no suponía más que 200.000 euros, en alusión a solamente una de las partes, la relativa a los contratos irregulares en Juventud. Eso sí, conocida la sentencia de la Audiencia de Álava, en 2019, Ortuzar “con sencillez y sinceridad” pidió disculpas aunque introdujo dos matices, que seguía operando la presunción de inocencia porque la condena no era firme y que los hechos constatados “nada tienen que ver con el PNV”. Urkullu, ya desde la Presidencia vasca, también se sumó a la petición de perdón. Egibar, finalmente, se avino a reconocer que “ha habido conductas delictivas” aunque hasta poco antes de conocerse el fallo recalcaba que nunca se lucraron los acusados, aunque en el juicio apareció cómo De Miguel usó las comisiones para comprar un coche, joyas o viajes, cómo las tarjetas de crédito eran usadas en bares de copas o cómo un constructor asumió el coste de la reforma de su segunda residencia, en Gorliz, en la costa vizcaína.

En estos años, De Miguel ha tenido varios ascensos en la sociedad pública del Gobierno vasco en la que trabaja, Hazi, de la que cuelga Itsas Garapen Elkartea. Su nómina se ha más que duplicado y ha asumido nuevas responsabilidades. Era conocida su cercanía el histórico líder del PNV, Xabier Arzalluz, pero poco antes de su fallecimiento sorprendió enviando a su entorno una fotografía de ambos comiendo. En el velatorio, Txitxo coincidió con el EBB. La denunciante ya manifestó que no ha recibido ni un sólo contrato público en este tiempo y que alguien del propio partido le instó a que ni siquiera se presentara a los concursos. El PNV no ha hecho nunca un pronunciamiento en torno a la figura de Alberdi.

Tampoco sobre la familia Arruti, muy vinculada al partido y también a la familia Arzalluz. Josu Arruti, amigo y socio de De Miguel en la trama, confesó durante el juicio la existencia de comisiones. Además de admitir los hechos, ya ha devuelto el dinero defraudado, al menos 130.000 euros. Se ha endeudado, ha abierto un pequeño negocio en Bilbao y se ha desvinculado de toda pelea en el Supremo. En realidad, De Miguel también iba a confesar, pero cambió de parecer a última hora. Iba a aceptar delitos que, juntos, sumaban cinco años y cuatro meses de cárcel. Su hermana Aintzane, a la que situó como contable de la trama, compartía abogado con Arruti y tenía ya un pacto para evitar la cárcel a ultimísima hora renunció a declarar en un giro nunca explicado.

Es reciente, de diciembre, un documento con conclusiones sobre el proceso de escucha activado por la formación de Ortuzar entre militantes, simpatizantes y externos. Una de las conclusiones de este trabajo llamado Entzunez Eraiki es que el PNV “no es un partido asociado a la corrupción” pero entiende que sí “debe contrarrestar cierta imagen de 'amiguismo' que ha podido calar tras tantos años de gestión pública”. Las novedades sobre De Miguel han hecho que la oposición haya rescatado este punto.

El PNV también ha fichado en los últimos años al juez que presidió el tribunal del 'caso De Miguel', Jaime Tapia. Desde 2021 es asesor para la puesta en marcha del nuevo modelo vasco de Prisiones una vez transferida esta competencia. Ocupa un puesto precisamente en el único departamento del Gobierno vasco controlado por el PNV de Álava de Suso. Suyas y de los magistrados Elena Cabero o Raúl Aztiria son frases como que el “único lazo verificado” entre todos los implicados en el 'caso De Miguel' era su pertenencia a un partido, al PNV. “Desgraciadamente en los últimos años se observa un vínculo entre la política y los empresarios, fundamentalmente los que se dedicaban al mundo de la construcción y urbanístico, y este caso no es una excepción”, afirmó el tribunal.

Este miércoles se han cumplido tres meses desde que el Tribunal Supremo lleva oficialmente deliberando sobre los recursos contra la sentencia en primera instancia de la Audiencia Provincial de Álava sobre el 'caso De Miguel', que es el mayor sumario de corrupción que ha habido en Euskadi y que se saldó con importantes penas de hasta trece años de cárcel para el principal acusado, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel. La sala de lo penal del alto tribunal, sumida en otras labores en este tiempo como el caso de los ERE de Andalucía o las revisiones de penas a agresores sexuales en el marco de los cambios por la ley del 'sólo sí es sí', guarda un mutismo absoluto sobre este expediente y va echando por tierra todos los plazos previstos. La única certeza es que hasta el 9 de enero se ha abierto un período inhábil por las festividades navideñas, así que será solamente a partir de entonces cuando el Supremo retome su labor ordinaria. “Hasta 2023”, sintetiza una fuente consultada. “No hay ninguna noticia. Novedades cero”, confirma otro letrado.

Ello hará que la sentencia firme -aunque cabría la posibilidad de elevar recursos al Constitucional o incluso a Estrasburgo- llegue 14 años después de que se iniciara la investigación y 18 después de que De Miguel y sus compañeros dirigentes del Araba Buru Batzar Koldo Ochandiano y Aitor Tellería crearan la empresa pantalla Kataia Consulting, el epicentro de una trama de cobro de comisiones, blanqueo de capitales y manipulación de contratos públicos. En concreto, la empresaria Ainhoa Alberdi acudió en diciembre de 2009 a la Fiscalía para alertar de que De Miguel la estaba presionando para cobrarle una mordida de 100.000 euros tras haberle facilitado a su empresa un contrato en el parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria. En marzo de 2010 De Miguel, Ochandiano, Tellería, sus esposas, el socio de Alberdi -el constructor Jon Iñaki Echaburu- y el gerente de Miñano, el también peneuvista Alfonso Arriola, fueron arrestados por la Ertzaintza siguiendo instrucciones del juez Roberto Ramos. Fue entonces cuando De Miguel dejó la política. Cinco años después, en marzo de 2015, finalizó la fase de instrucción, que elevó por encima de la veintena los imputados después de que se destaparan otros negocios. Pero el macrojuicio no arrancó hasta enero de 2018. Acabó en diciembre de ese año y la primera sentencia condenatoria fue emitida en diciembre de 2019. Ahora se han cumplido tres años.

Ya aquel fallo rebajó las primeras penas por “dilaciones indebidas”. En concreto, se apuntaba a que en la “fase intermedia” entre el final de la investigación y el arranque del juicio, la magistrada María Eneida Arbaizar mantuvo dos años el expediente en 'stand by'. De hecho, incluso hubo que repetir un auto en el que simplemente se recogían las peticiones de pena contra los imputados por estar plagado de errores, 21 en total, como publicó este periódico en 2016. No es ni mucho menos el único gran caso relacionado con la corrupción que, en Euskadi, se ha visto condicionado por los retrasos de la Justicia. En el 'caso Margüello', en el que se investigaban externalizaciones irregulares de servicios sanitarios en la etapa del consejero Gabriel Inclán y que tenían como principal implicado al doctor José Carlos Margüello, las penas quedaron en mínimos. También en el 'caso Balenciaga', en el que se acreditaron las irregularidades económicas en la puesta en marcha del museo de Getaria dedicado al genio de la moda, ocurrió algo similar. En Gipuzkoa, en el caso de fraude fiscal en el que está imputado el exsenador y exdirector de Hacienda por el PNV Víctor Bravo son ya dos años sin noticias del recurso en segunda instancia, la Audiencia Provincial. En su caso, los hechos se remontan a 2007.

En el 'caso De Miguel', el Supremo tiene en sus manos una docena de recursos de quienes fueron condenados en primera instancia por un tribunal compuesto por los magistrados Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria. La sala que analiza este voluminoso expediente la componen Pablo Llarena como ponente y Manuel Marchena, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Juan Ramón Berdugo. Ante la negativa de la Fiscalía del alto tribunal a atender el criterio de los fiscales alaveses que llevaron el juicio, Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, no hubo recursos para elevar las penas y, por lo tanto, la segunda sentencia solamente podrá decidir entre mantener tal cual el criterio de la Audiencia Provincial o rebajar total o parcialmente las condenas. Aunque caben recursos por vulneración de derechos fundamentales en instancias superiores, este fallo del Supremo sí será ya firme y, por lo tanto, ejecutivo. Ahora no será optativo que quienes reciban penas de cárcel entren a prisión. En primera instancia, hace ya tres años, se acordaron unas medidas cautelares como la prohibición de salir de España o la obligación de firmar en un juzgado periódicamente pero se estimó que era prudente esperar a los recursos antes de ordenar la entrada en la cárcel.

El Tribunal Supremo delibera desde este miércoles sobre la docena de recursos interpuestos contra la contundente sentencia emitida en 2019 por la Audiencia Provincial de Álava en el 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi y que toma su nombre del apellido del principal procesado, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel. Recibió una pena de más trece años de cárcel -nueve de cumplimiento efectivo- por haber orquestado una trama en torno a la sociedad pantalla Kataia Consulting para cobrar comisiones, teledirigir contratos públicos o blanquear capitales. El expolítico, a quien todos apodaban Txitxo, continúa en su puesto en la sociedad pública del Gobierno vasco Hazi en el que le colocaron en 2000 y mantuvo con una excedencia. Durante el proceso judicial ha tenido al menos tres ascensos, percibe un salario de 52.000 euros y varias fuentes consultadas se sorprenden que cuando se dirigen a la Administración para que les financie proyectos su interlocutor sea el máximo implicado en una trama de corrupción.

Si el tribunal de primera instancia lo compusieron tres jueces -Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria-, la sala que ahora revisará la sentencia la componen cinco magistrados. Son Pablo Llarena como ponente y Manuel Marchena, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Juan Ramón Berdugo. Se han presentado una docena de recursos de casación por parte de las personas que resultaron condenadas del total de 26 imputados que se sentaron en el banquillo durante el juicio celebrado allá por 2018 excepto los que aceptaron las penas previo pacto con la Fiscalía. Precisamente este grupo, comandado por el que fuera socio y amigo de De Miguel Josu Arruti, dio detalles de cómo se pactaban y cobraban comisiones. Incluso devolvieron el dinero que les correspondía. La Fiscalía del Supremo no atendió la petición de los fiscales de Álava, Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, que pretendían elevar algunas condenas que consideraban insuficientes y se ha limitado a defender que se mantenga en su totalidad el fallo de la Audiencia Provincial. El fiscal es Javier Zaragoza. Así, este trámite se saldará o bien con la misma sentencia pero ya firme y definitiva -lo que implicaría el ingreso en prisión de los afectados- o bien con una rebaja total o parcial, nunca con más penas.

Solamente una parte pidió que una vista precediera a la deliberación, pero ni la Fiscalía ni el grueso de las defensas lo estimaron oportuno. De este modo, la deliberación sobre el 'caso De Miguel' será a puerta cerrada. Ninguna fuente sabe precisar tampoco el plazo para que se emita el fallo, ya que es un sumario muy voluminoso y que requiere ir votando cada una de sus ramas y cada uno de los delitos. En el reciente caso de los ERE, un sumario en Andalucía que ha tenido un desarrollo casi paralelo a este expediente, el Supremo dio a conocer primero el sentido del veredicto y más tarde la sentencia. Es una posibilidad que ocurra algo similar ahora, aunque tampoco es preceptivo. Algunos letrados de las defensas aseguran que incluso hasta Navidad podría demorarse la publicación de la sentencia firme. Si hubiere votos particulares el calendario se alargaría.

La base de la estrategia de De Miguel ha sido la de cuestionar de raíz la investigación. Se ha llegado a acusar a la Ertzaintza de manipular pruebas. Si en primera instancia todo apuntaba a que se defendían argumentos con vistas en el Supremo y dando por perdida la primera vuelta -particularmente desde que se conoció que el político iba a declararse culpable pero que cambió de opinión a última hora-, ahora la insistencia en la vulneración de derechos fundamentales abre a que la batalla jurídica, aunque se pierda también en el Supremo, siga en el Constitucional o incluso en Estrasburgo.

Un caso originado en 2009

El 'caso De Miguel' se originó en diciembre 2009 cuando la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi presenta una denuncia en la Fiscalía de Álava después de que Txitxo le presionara para que le abonase una comisión de 100.000 euros. Aparentemente, su socio y constructor Jon Iñaki Echaburu, militante del PNV y contratista habitual de la Administración, pactó con De Miguel una mordida por un contrato en el parque tecnológico de Miñano en el que el político había intercedido aunque no tuviera allí ningún cargo con la aquiescencia de los cargos públicos. Aportó grabaciones y, en una de ellas, se escucha a Echaburu considerar las comisiones como algo “dentro de lo normal”. Se pueden escuchar aquí.

La investigación llevó pronto a Kataia Consulting, la empresa central de la trama. Sin actividad pero con movimientos económicos elevados, estaba controlada por De Miguel y otros dos dirigentes del PNV alavés, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Pero estaba a nombre de las esposas del trío. El primer ingreso de esa mercantil fue el pago de una comisión por un pelotazo urbanístico en Zambrana en el que también se implicó De Miguel. Situó como intermediario a Arruti y captaron a una promotora catalana, Construcciones Riera, para un plan estimado en 65 millones que luego se frustró. “Resulta ser que no te extrañas de que te pidan estas cosas. Mire, hemos abierto empresas en Rumanía, Bulgaria, Ecuador, Panamá, ... El primer día te esperan para lo que quieren cobrar. Esto era para dinamizar el proyecto, para poder mejorar o sacar los obstáculos que pueda haber en un proyecto de tanta importancia. Me dijo Arruti: 'Para la fluidez en las relaciones con la Administración sería conveniente tener alguien que ya conozco y tiene influencia'. Al final vas esperando a que se delate. 'Más o menos unos 160.000 euros para mí y 160.000 para otro señor'. Al final, cuando haces una inversión de tanto dinero 160.000 es mucho dinero pero quizás es poco si se puede estropear todo. ¿Me la juego o no me la juego? Es una mancha en mi vida el que yo haya pagado una comisión. Esto es muy grave. Pero, en fin, lo pensamos y dijimos 'Nos tiramos a la piscina. Vamos a pagar comisión y pagamos la comisión'”, declaró el empresario Francesc Fernández Joval. Y su socio Plàcid Casas añadió: “El País Vasco es una zona que no conocemos, una sociedad un poco más cerrada. Francesc me vino a decir que era imprescindible alguien que ayudara”. Recibido el primer pago de Zambrana, desde Kataia Consulting salió dinero para un Saab, para joyas y para viajes, así como para consumiciones en pubs o para una estancia en el balneario de La Perla en Donostia.

La empresa hermana de Kataia Consulting era Errexal. En este caso, se creó para captar contratos del área de Juventud del Gobierno vasco, liderada por Xabier Sánchez Robles. El primero era de 90.000 euros. Al frente de Errexal se situó a Iñaki San Juan, exedil en Leioa por el PNV. Había otra tercera sociedad que captaba contratos de Juventud, Ortzi Muga, con Josu Montés de administrador. Txitxo, Ochandiano y su esposa, Echaburu, Montés, San Juan, Arruti y Sánchez Robles eran todos de una misma generación que se conoció en EGI cuando la cantera del PNV estaba necesitada de savia nueva tras la traumática escisión de EA en 1986. Una de las condenas más elevadas en primera instancia la recibió Sánchez Robles (siete años de cárcel, al nivel de Tellería y Ochandiano). Le pesó haber presentado en el juicio como supuestas pruebas exculpatorias informes y documentos con sellos del Gobierno vasco para probar la legalidad de las adjudicaciones a las empresas de sus amigos y que éstas habían realizado los trabajos encargados. Esos papeles no constaban en los archivos de la Administración y, como publicó este periódico, los sellos tenían tipografía diferente a los auténticos y en un caso tenían como fecha un 29 de febrero de un año no bisiesto, un día que no existe.

Otro constructor y contratista, Prudencio Hierro, admitió también que pagó la reforma de la segunda residencia de De Miguel, en Gorliz, en la costa de Bizkaia. Explicó que siempre era buena hacer “favores”. El pacto para rebajar su pena implicó camuflarlo no como comisión o soborno sino como préstamo para que el político se ahorrara el IVA, aunque todos los indicios apuntan en el otro sentido.

La importancia del partido

Cuando estalló el caso y fue desposeído de sus cargos -era diputado foral en Álava-, tuvo una larga baja laboral investigada por la Seguridad Social. Después, De Miguel optó por Hazi de entre las dos excedencias en sociedades públicas que tenía. Se mudó de Vitoria a Gorliz. Ahora es allí donde reside y sigue trabajando para el Gobierno vasco. Su jefe en Hazi, tras la primera condena, ocultó en el Parlamento Vasco el verdadero salario de Txitxo. Era Asier Arrese, que llegó a comparecer como supuesto testigo imparcial durante el juicio para defender el buen nombre de De Miguel. Ahora este periódico está pendiente de que la entidad detalle la posición allí de De Miguel, si bien varias fuentes han explicado que es la persona responsable de decidir si el Ejecutivo financia determinados proyectos. El convenio de esta sociedad pública permitía haberlo despojado de sus funciones incluso con la primera condena por ser los delitos de tipo económico. Hay otros textos similares que explicitan que la pena ha de ser “firme” pero no es el caso.

En los últimos años, acudió al funeral de Xabier Arzalluz, histórico líder del PNV y del que se siente hijo político. Tiene muy estrecha amistad con el hijo de aquél, Asier Arzalluz, también de la misma generación de EGI y que llegó a estar investigado en este sumario por haber contratado también con la trama durante su etapa al frente de una entidad promotora del txakoli en Leioa, Mendibile Jauregia. Acudió igualmente al velatorio del exalcalde de Lapuebla de Labarca, Daniel Espada. Hace solamente unos días pudo saludar a sus excompañeros de partido en la fiesta de la vendimia de Lanciego, el pueblo de sus amores.

Quien también continúa en la Administración es Ochandiano. En su caso, sigue en las mismas funciones que ejercía cuando sucedieron los hechos, contable en el parque tecnológico de Miñano. Mientras la denunciante del caso lamentó en el juicio que no había podido volver a contratar con la Administración por haber alzado la voz -“se han vengado de mí hasta hoy”- San Juan y otro condenado, el arquitecto Sergio Fernández Oleaga, han cambiado el nombre a sus empresas Errexal y Stoa y siguen recibiendo adjudicaciones. En el caso de San Juan (cinco años de cárcel) lo hace en Leioa, su antiguo municipio, e incluso valiéndose de empresas de terceros. Alberdi se quejó también de que la única parte de la sentencia en que no se vieron acreditados los hechos fueron las “coacciones” que dijo haber sufrido hasta el punto de que De Miguel y Tellería llegaron a pedir el dinero al padre de la empresaria, al que conocían del partido.

Políticamente, aunque costó meses, el PNV consiguió que De Miguel, Tellería y Ochandiano entregaran su carné. El presidente era el ahora lehendakari, Iñigo Urkullu, y los imputados eran del sector más próximo a Joseba Egibar, líder en Gipuzkoa y portavoz parlamentario aún hoy. Este caso forzó una modificación de los estatutos para automatizar este procedimiento en casos graves. Sin embargo, Egibar no tuvo reparos en abrazar delante de las cámaras a Txitxo cuando acudió a comparecer en la comisión de investigación que sobre este caso inició el Parlamento Vasco o en defender que no se había enriquecido en ningún caso. Tras la primera sentencia, Urkullu pidió disculpas, como también Andoni Ortuzar, actual presidente del PNV.

Sin embargo, recalcan que el partido no estaba implicado en los hechos. La financiación del partido nunca se ha investigado -“pues no lo sé, ellos lo van a establecer”, se escucha a Echaburu en las grabaciones cuando Alberdi le pregunta si la comisión es para el PNV- pero la Audiencia Provincial sí remarcó la importancia de la militancia compartida y la influencia política e institucional para explicar los hechos. En Zambrana, la alcaldesa María Justina Angulo dejó hacer a Txitxo y Arruti “siguiendo indicaciones del ABB”, el Araba Buru Batzar, la Ejecutiva alavesa del PNV. “Accedió [...] por recomendación de una persona de influencia en su mismo partido político, siguiendo indicaciones del ABB, no olvidando que el puesto de alcaldesa tiene su origen inicial en una designación política de ese partido, llevada a cabo en el momento de confección de las listas municipales y existiendo un motivo claro de intentar seguir la indicación dada para evitar ser eliminada de las futuras listas electorales (supuesto de prevalimiento en casos de tráfico de influencias)”, destacó el tribunal, que empleó argumentos similares en otras derivadas del caso. Consultado por este periódico, el PNV ha declinado hacer comentarios sobre este caso.

En la Euskadi política antes de la llegada del coronavirus se hablaba de corrupción y de irregularidades. En la que sería la primera y última sesión de control al Gobierno de 2020 antes de las elecciones, a principios de febrero, el lehendakari, Iñigo Urkullu, respondió a preguntas de toda la oposición por centenares de contrataciones desde diferentes ventanillas de la Administración autonómica con las empresas de un cargo del PNV, Aitor Elorza, el grupo Montai. También se conoció la sentencia a siete años de cárcel por fraude fiscal contra el exsenador y exdirector de la Hacienda de Gipuzkoa por ese partido, Víctor Bravo. Pero el gran hito había llegado unas semanas atrás, la contundente sentencia que, el 17 de diciembre de 2019, un tribunal de la Audiencia Provincial de Álava conformado por los magistrados Elena Cabero, Jaime Tapia y Raúl Aztiria dictó contra la trama de cobro de comisiones y manipulación de contratos que se había articulado en torno a quien fuera 'número dos' del PNV alavés, Alfredo de Miguel. Doce meses después, un Tribunal Supremo carcomido por sus propias polémicas y que acumula retrasos derivados del parón provocado por la COVID-19 en toda la Administración durante el primer estado de alarma, mantiene a la espera la resolución de los recursos presentados durante el verano. Y ninguno de los actores del caso es capaz de poner una fecha para zanjar definitivamente un caso cuyo germen data de otro mes de diciembre, pero del de 2009.

Un abogado de los condenados, con larga experiencia ante el alto tribunal y que busca ahora una rebaja de la pena, asegura que hay causas de hace año y medio aún no resueltas. Y son procesos mucho más sencillos que un 'caso De Miguel' con un fallo de 1.200 folios y un sumario que, impreso y amontonado, llegaría hasta el techo de una oficina normal. El plazo ordinario para una casación podría ser de un año, pero la complejidad del asunto y la pandemia hacen imposible cualquier pronóstico. Un ejemplo reciente es la sentencia del 'caso Margüello' -irregularidades en la gestión de contratos sanitarios-, que se conoció en septiembre de 2018 y que ha sido resuelta por el Supremo dos años después. En cuando al 'caso Gaztelueta' -abusos sexuales-, la respuesta a los recursos ha llegado en septiembre de 2020 cuando en primera instancia se resolvió en noviembre de 2018.

La resolución, en todo caso, será si se mantienen las condenas o si se ajustan a la baja, ya que la Fiscalía del Supremo no accedió al intento de sus colegas de Álava -llevaron el caso los fiscales Josu Izaguirre y Manuel Pedreira- por elevar las penas en algunos supuestos. La sentencia del 'caso De Miguel', una investigación que no pocas veces se habían infravalorado y criticado, vino a poner negro sobre blanco que De Miguel y otros dos dirigentes del Araba Buru Batzar, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, crearon una empresa pantalla llamada Kataia Consulting y que la pusieron a nombre de sus esposas para cobrar comisiones ilegales y blanquear las mordidas. Con los fondos se llegaron a abonar viajes, joyas y hasta un Saab para De Miguel, a quien todo el mundo conoce como Txitxo y que era un influyente dirigente del PNV a pesar de su corta edad cuando esta causa truncó su carrera política.

Las penas principales fueron las siguientes: De Miguel recibió 13 años de cárcel, Tellería 6 años, Koldo Ochandiano 7 años y el exdirector de Juventud, Xabier Sánchez Robles, que además presentó pruebas falsas en el juicio, recibió otros 7 años. La Fiscalía solicitó el ingreso en prisión de los principales penados, pero el tribunal optó por dejarlos en libertad con algunas medidas cautelares. De Miguel y Ochandiano han seguido trabajando en puestos de la Administración. En el caso de Txitxo ha tenido tres subidas de sueldo y un ascenso en la sociedad pública Hazi. Su entonces jefe, Asier Arrese, ocultó en el Parlamento que De Miguel tiene un sueldo de 52.000 euros anuales. Otro condenado, el empresario Sergio Fernández Oleaga, que considera al político su “padrino” porque le daba contratos, ha seguido recibiendo adjudicaciones después de la sentencia con su empresa STOA, aunque en enero de 2020 fundó una nueva sociedad llamada EGITU. Una de las empresas clave de la trama, Errexal, ha mudado de piel y se llama Perexila. Su administrador, el exedil del PNV Iñaki San Juan ha seguido obteniendo adjudicaciones. Ha trabajado también para Montai.

Pese a haberlo intentado todo sin éxito en el juicio y durante la instrucción que lideró el magistrado Roberto Ramos, el abogado del político, Gonzalo Susaeta, mantiene ante el Supremo su teoría de la conspiración y la inocencia de su cliente. A ojos de la opinión pública, más que la sentencia, la percepción de culpabilidad llegó cuando estuvo a punto de declararse culpable a cambio de un acuerdo con la Fiscalía para rebajar su condena e incluso la de su esposa. Su hermana, contable de las empresas de la red, también se sentó en el banquillo. Otro de los acusados, Josu Arruti, sí llegó hasta el final con la confesión a pesar de las presiones y destapó la existencia de comisiones ilegales en la recalificación urbanística que ideó Txitxo en el pequeño pueblo alavés de Zambrana. En las autonómicas de julio, el PNV ganó con holgura en la localidad.

Aunque el PNV se ha apartado de la trama y ha señalado que los de los condenados eran comportamientos individuales y que no guardaban relación con la vida institucional u orgánica, el fallo hacía hincapié en la importancia que les daba su posición e influencia en el partido a la hora de cometer los delitos. Las siglas PNV aparecen mencionadas 14 veces en la larga resolución judicial. El Araba Buru Batzar o ABB, la Ejecutiva alavesa, en 64 ocasiones. Y las juventudes del PNV (EGI) en que se conocieron los principales integrantes de la trama otras 10. La “influencia” política aparece citada 323 veces. “Desgraciadamente, en los últimos años se observa, en la Jurisprudencia analizada para dictar la presente resolución, un vínculo entre la política y los empresarios particulares, fundamentalmente los que se dedicaban al mundo de la construcción y urbanístico, y éste caso no es una excepción”, reflexionaba el tribunal hace un año.

El titular del Juzgado de lo Social número 1 de Vitoria, el magistrado Raúl Aztiria, ha dictado una resolución en la que insta al Departamento de Seguridad a entregar a la plantilla de la Ertzaintza equipos de protección suficientes “en el menor tiempo posible” y “siempre que sea posible” por las circunstancias del mercado. La decisión coincide con la nueva actualización de positivos por coronavirus en la Policía autonómica: son 144 frente a 270 funcionarios que han dado negativo en las pruebas.

La reclamación de más equipos de protección para evitar contagios la elevó Euspel a los tribunales. El magistrado, al entender que Euskadi está “especialmente asediada por el dichoso coronavirus”, solicitó como medida cautelar la pasada semana una entrega inmediata de mascarillas y otros protectores a los ertzainas, pero Seguridad presentó un recurso y Aztiria ha modulado la resolución definitiva.

El juez reconoce que Seguridad no ha sido “desidiosa” o “indolente” ante las reclamaciones y que ha presentado un plan de prevención y entregado suministros en la medida de sus posibilidades dentro de un mercado muy limitado. El propio auto cita los problemas de la “voraz especulación” con ejemplos como el de las compras a Turquía.

No obstante, el magistrado exige que se “extremen” esas medidas en la Ertzaintza en función de la disponibilidad de abastecimientos y también las labores “minuciosas” de desinfección de instalaciones y vehículos policiales. Aunque sea irreal plantear que el problema se resuelva en 24 horas, debe exigirse un plazo más o menos “razonable o factible”, apunta Aztiria citando un reciente fallo del Tribunal Supremo. Euspel, por su parte, se ha felicitado y ha pedido a los agentes que rellenen un formulario con sus necesidades para dejar “constancia” del grado de cumplimiento de la resolución.

Se da la circunstancia de que Aztiria completa la resolución judicial deseando el “ocaso” de la pandemia de Covid-19 y felicitando a los “héroes” que trabajan en los servicios básicos. “Mi más sincero e infinito aplauso a todos los colectivos de trabajadores en general y, en particular, a la Policía autonómica vasca (por ser parte de estos autos), que en estos días garantizan de manera más o menos directa nuestra salud”, escribe Aztiria, que recientemente pasó a una sala de lo social tras ser juez de la Audiencia Provincial, donde formó parte de la terna del mayor caso de corrupción de Euskadi, el 'caso De Miguel', que acabó con elevadas penas de cárcel contra exdirigentes del PNV de Álava.

Tres magistrados de la sección penal de la Audiencia Provincial de Álava tienen “las llaves de la cárcel” en el 'caso De Miguel', como les recordaron ellos mismos a los 26 acusados del mayor caso de corrupción vasco al término de la última sesión del juicio, celebrada el 19 de diciembre de 2018. Son Elena Cabero, la ponente de la sentencia y que ha estado meses liberada para redactar una resolución compleja y larga, Jaime Tapia, presidente del tribunal y conocido juez de Vitoria, y Raúl Aztiria, que regresará momentáneamente a su cometido anterior porque desde que terminó el juicio ha cambiado de destino y ahora se dedica a la jurisdicción social y no a la penal.

Elena Cabero Montero (Vitoria, 1970) ha sido la redactora de la sentencia. En el juicio, muchos acusados y abogados defensores buscaban sus reacciones para medir el efecto de sus estrategias. Durante las vistas se la vio tomando muchas notas y tuvo muy pocas intervenciones, ya que el peso de la dirección del proceso recayó en su colega Jaime Tapia, el presidente del tribunal. En la plaza se valora la seriedad y el rigor jurídico de Cabero, que es miembro de la asociación judicial Francisco de Vitoria.

Precisamente es en la 'web' de esta organización donde más información hay sobre la biografía de la magistrada. Hija de un médico militar y la menor de varios hermanos, ingresó en la carrera judicial en 1997. Ella misma se considera la “oveja de negra” de la familia por dedicarse al derecho -estudió en Deusto y se especializó en lo jurídico-económico- y no a la medicina. Su primer destino fue Torrelavega (Cantabria) y en 2001 ya se instaló en Vitoria, donde padeció la amenaza terrorista de ETA y tuvo que vivir escoltada una década. Desde 2014 pertenece a la sala de lo penal de la Audiencia Provincial de Álava. Es también una lectora empedernida y toca el piano, según cuenta ella misma a través de su asociación. Su última intervención pública fue en junio de este año en el programa de Carlos Alsina en Onda Cero para hablar de la tipificación de las agresiones sexuales y el caso de la manada de Pamplona.

Jaime Tapia Parreño (Bilbao, 1962) es un veterano entre los jueces alaveses. Ha ejercido siempre en Vitoria salvo un pequeño periplo en Cornellá del Llobregat y otro en Durango. Con conocimientos de euskera en un poder judicial muy poco euskaldunizado y asociado a la progresista Jueces para la Democracia, llegó a ser portavoz, como también decano en Vitoria. Después de especializarse en menores, desde 2002 es miembro de la Audiencia Provincial. En 2016 aspiró a una plaza en el Tribunal Supremo sin éxito. Durante el juicio del 'caso De Miguel' dirigió con locuacidad las sesiones y procuró hacer pedagogía ante un proceso tan complejo y mediático, según confesó él mismo. 

El momento más tenso fue cuando, en una entrevista en Radio Vitoria en pleno juicio, indicó que es práctica habitual de los fiscales “inflar” la petición inicial de condenas para luego poder negociar con los imputados una condena. Los fiscales vascos censuraron formalmente las palabras del magistrado, que llegaron cuando Josu Izaguirre y Manuel Pedreira negociaban con algunos acusados su incriminación. Durante el juicio, también advirtió a los acusados del riesgo de la estrategia casi unánime de no contestar a las preguntas incómodas para limitarse a escenificar un diálogo ajustado a un guion con sus letrados. “¡No les estamos haciendo ninguna pregunta y se les podrían hacer muchas!”, exclamó. 

El tercer miembro del tribunal, Raúl Aztiria, no intervino en ningún momento durante las vistas. Llegó a Vitoria en 2017 desde Madrid, es 'runner' y, según contó 'El Correo', aficionado del Atlético de Madrid. Fue ponente de una sentencia tras una querella del colegio del Opus Dei Gaztelueta contra este periódico por un caso de abusos sexuales a un menor y defendió la libertad de prensa. “Es un hecho ya notorio para la sociedad española en general que en los últimos años han salido a la luz, gracias al trabajo de los propios medios de comunicación social y a la actividad profesional de jueces y fiscales, muchos e importantes casos relacionados con el abuso de menores en centros docentes”, redactó. En este tiempo desde que el juicio quedó visto para sentencia ha abandonado la Audiencia Provincial de Álava para incorporarse a un nuevo destino como juez de lo social, aunque estará presente en la lectura del fallo del 'caso De Miguel'.

La publicación de la sentencia se ha ido retrasando. Inicialmente se barajó que llegaría antes del verano de 2019, pero la presidenta de la Audiencia Provincial, Mercedes Guerrero, ya confirmó en mayo que se posponía para septiembre. Después de las vacaciones, sin embargo, se volvió a dilatar el plazo y quedó fijado para después de las elecciones generales repetidas de noviembre. Ese mismo día, el 10 de noviembre, el tribunal puso la fecha, el 17 de diciembre. A la par, se supo que un proceso de naturaleza similar, los ERE de Andalucía, también se resolvería y el fallo ya se ha comunicado mucho antes. Habrán pasado 363 días desde que acabó el juicio hasta que se resuelva esta primera parte de la batalla jurídica, ya que se da por seguro que se encandenarán los recursos.

Entretanto, se han producido algunos hechos llamativos. La Fiscalía, en su memoria, denunció que en Álava se archivaban sistemáticamente algunas causas de corrupción. Parte del tribunal del 'caso De Miguel' ha dado carpetazo en este año de espera a Hiriko y Epsilon, que se tragaron más de 50 millones de dinero público. Otro asunto -el de conducción temeraria del presidente de Mercedes-Benz, Emilio Titos- también reunió al juez instructor de este sumario, Roberto Ramos, al fiscal Pedreira y al abogado de Alfredo de Miguel, Gonzalo Susaeta, y el tribunal vio razonable la condena. 

Se acaba septiembre, el mes inicialmente fijado para la sentencia del denominado 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi y que durante todo 2018 sentó en el banquillo a 26 personas, tres de ellos exdirigentes del PNV de Álava acusados de cobrar comisiones ilegales, Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. Uno de sus socios, Josu Arruti, llegó a confesar la existencia de mordidas en la operación urbanística de Zambrana, al sur de Álava. Y se acaba septiembre sin noticias. La resolución de este caso se retrasará todavía unas semanas, quizás hasta noviembre, aunque el tribunal compuesto por los magistrados Elena Cabero (la redactora del fallo), Jaime Tapia y Raúl Aztiria aún no tiene fijada la fecha definitiva.

Lea aquí toda la información del 'caso De Miguel'

Fuentes judiciales insisten en la complejidad de la preparación de esta resolución -que ocupará varios centenares de páginas- y en que todavía se requieren “ajustes” hasta tenerla rematada. El caso se subdividió en 12 tramas que, por sí solas, tienen una gran variedad de aristas. El sumario del caso podría ocupar la altura de una sala y el juicio se prolongó durante todo un año con horas y horas de trabajo cuyas grabaciones han de ser revisadas. Además, los refuerzos llegados a la Audiencia Provincial de Álava han acabado ya -la magistrada Ana Jesús Zulueta, por ejemplo, ha regresado a su juzgado y es la nueva encargada del caso de las oposiciones de Osakidetza-. Igualmente, la repetición de las elecciones generales obligará a uno de los miembros del tribunal, a Tapia, a participar en la Junta Electoral.

Varias voces dan por seguro que el fallo no se conocerá hasta después de esas elecciones, previstas para el 10 de noviembre, aunque las fuentes consultadas remarcan que no hay un día predefinido y que el calendario político no tiene por qué condicionar en ningún modo el judicial. De ser así, habrán pasado exactamente 10 años desde que la empresaria Ainhoa Alberdi acudiera a la Fiscalía de Álava a denunciar que De Miguel la había presionado -incluso reuniéndose con su padre- para cobrarle una comisión de 100.000 euros después de que su empresa, Urbanorma Consulting, recibiese un contrato en el parque tecnológico de Miñano, una sociedad pública a cuyo frente estaba otro peneuvista, Alfonso Arriola. Y casi un año entero desde que el caso quedó visto para sentencia.

Tampoco está claro cómo se dará a conocer la sentencia. No hay precedentes en Euskadi de un caso de semejante naturaleza. La voluntad del tribunal es que los acusados la conozcan de primera mano, sin que antes se haya publicado en medios de comunicación. Una de las opciones sobre la mesa es hacerla pública en una audiencia con los imputados presentes, aunque el formato tampoco está decidido.

Sin pistas sobre el sentido del fallo

De lo no hay ninguna pista es del sentido de la sentencia. El principal acusado, De Miguel, conocido por todos como Txitxo y que fue 'número dos' del PNV de Álava y diputado de Urbanismo, se expone a una pena de cárcel de 29 años y 9 meses, que serían 12 de cumplimiento efectivo (el triple de la pena más alta por cada uno de los delitos individuales) por más de una docena de delitos de corrupción, incluido el cohecho, la prevaricación, las coacciones o la malversación de caudales. Asimismo, deberá afrontar multas por valor de 1.185.306 euros.

Respecto a la posición original del ministerio público antes del juicio, a la luz de las pruebas practicadas en casi un año de sesiones, la petición respecto a De Miguel bajó de 54 años de cárcel a algo más de la mitad. El descenso no es tan significativo en cuanto a cumplimiento efectivo, ya que se pasa de 15 a 12 años. En el caso de Tellería y Ochandiano, la condena solicitada es de 13 años y 7 meses de cárcel, 9 efectivos, con una responsabilidad económica de 606.342 euros.

La empresa pantalla para el cobro de las presuntas comisiones era Kataia Consulting, a nombre de las tres esposas de los políticos. Para Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu-Urrutia la acusación reclama 5 años de cárcel (de cumplimiento íntegro) y unos 350.000 euros. Están acusadas de asociación ilícita y blanqueo de capitales por haberse lucrado con los fondos irregulares que obtuvo la mercantil. La hermana de De Miguel, Aintzane, era la contable y rechazó a última hora un acuerdo de absolución para no incriminar a sus familiares. Se expone ahora a dos penas de 21 meses de prisión y a una pequeña multa de 5.400 euros, pero sin antecedentes podrá eludir la entrada en la cárcel. Se pueden consultar aquí los detalles de las penas solicitadas para todos los acusados.

En este compás de espera, la Fiscalía hizo constar en la memoria del año 2018 que al menos en Álava hay “una marcada tendencia de los órganos jurisdiccionales” a “archivar” los casos de delitos económicos o contra la administración pública que son investigados o, si llegan a juicio, a “absolver” a los imputados. El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, añade que “causa especial preocupación” la “tendencia” a que varios de esos archivos tengan la forma de “sobreseimiento provisional”. Después de que una investigación haya encontrado indicios de delito, la Audiencia Provincial cierra los expedientes “por supuestos dudas contrariando el criterio del correspondiente juzgado de instrucción” con una fórmula que no permite un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La Audiencia Provincial de Álava ha archivado definitivamente el proceso penal abierto por el colegio del Opus Dei Gaztelueta, con sede en Leioa (Bizkaia), contra eldiarionorte.es por la publicación, en 2017, de dos informaciones que revelaban la existencia de actas notariales firmadas por alumnos y profesores del centro promovidas por Gaztelueta y que fueron incorporadas a la defensa del exmaestro José María Martínez Sanz, entonces investigado y ahora condenado a 11 años de cárcel por abusar sexualmente de un antiguo estudiante. En 2018, durante el juicio, los propios responsables del centro confirmaron ante el tribunal que, en efecto, habían promovido las actas notariales y que, incluso, habían pagado su coste.

Ya en diciembre la querella criminal por injurias y calumnias de Gaztelueta contra este periódico, que incluía una pretensión de resarcimiento económico, fue desestimada inicialmente por la titular del juzgado de instrucción número 2 de Vitoria, Yolanda Varona. La representación legal del centro presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Álava, que ahora ha ratificado el sobreseimiento de las actuaciones en un auto firme y contra el que no cabe recurso. La resolución ha sido emitida por los magistrados Jesús Poncela, Ana Jesús Zulueta y Raúl Aztiria, siendo éste último el ponente.

Los magistrados entienden que “la información proporcionada tenía sin duda un interés general” y destacan que “es un hecho ya notorio para la sociedad española en general que en los últimos años han salido a la luz, gracias al trabajo de los propios medios de comunicación social y a la actividad profesional de jueces y fiscales, muchos e importantes casos relacionados con el abuso de menores en centros docentes”. “Por tanto, por muy incómodas e hirientes que puedan resultar para la parte querellante las expresiones usadas por el querellado en su artículo periodístico refiriéndose a la imputación de la conducta descrita ni se hizo con temerario desprecio a la verdad ni a sabiendas de su falsedad”, se puede leer en el auto, fechado a 4 de abril de 2019.

A pesar de que Gaztelueta se querelló contra este periódico por publicar que el colegio impulsó estas actas notariales para defender al profesor denunciado por abusos sexuales, durante el juicio cuatro profesores y tres antiguos alumnos del colegio Gaztelueta de Leioa, masculino y vinculado al Opus Dei, manifestaron que el centro redactó para ellos un escrito en el que se negaban los hechos. Estas “actas de manifestaciones” fueron firmadas por ellos y otros exdocentes y alumnos ante notario y se incorporaron como una de las pruebas fundamentales de la defensa del acusado. Ninguno de los testigos recordaba haber hecho frente a los gastos del fedatario, según ha quedado acreditado en el juicio a preguntas de la letrada de la familia del denunciante, Leticia de la Hoz. Corrieron a cargo de Gaztelueta.

Según la documentación judicial incluida en el sumario del 'caso Gaztelueta', la defensa de Martínez Sanz recabó un total de 25 actas de estas características, todas ellas firmadas a finales de 2015. Semanas antes, la Justicia eclesiástica no sólo cerró el caso sin ver pruebas sino pidiendo que se restableciera el “buen nombre” de una persona que, por aquel entonces, estaba siendo formalmente investigado por la Justicia ordinaria, precisamente el proceso que ha desembocado en una larga condena, pendiente ahora de la revisión en el Supremo.

La mayoría de actas se rubricaron en una notaría de Getxo. Las hay también suscritas en otras ciudades pero, a pesar de ello, tienen un contenido calcado. Los profesores defendían con rotundidad a su antiguo compañero: “El comportamiento de José María Martínez Sanz siempre fue de respeto absoluto a los alumnos y nunca observé ninguna conducta que propiciara a que compañeros de su clase le acosaran”. Los alumnos, por su parte, aseguraban no haber observado “ningún elemento anómalo en las preceptuaciones” del acusado con su compañero, que asegura en su denuncia que era en esas tutorías, que tenían lugar en su despacho, donde le practicó tocamientos le mostró fotografías de mujeres semidesnudas con fines sexuales.

El colegio Gaztelueta, antes del juicio, había insistido en que había “colaborado” de manera activa en el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, las declaraciones del actual director, Imanol Goyarrola, y del exresponsable del centro, Iñaki Cires, pusieron en evidencia algunas lagunas en la investigación interna realizada luego de que, en 2011, la familia del alumno denunciante se dirigiera a ellos para comunicarle sus sospechas de abusos sexuales -además de acoso escolar-. Pese a todo, Goyarrola concluyó que era “imposible” que se hubiesen producido estos hechos en el despacho del acusado y que no ha aparecido “ninguna prueba” que corrobore las acusaciones de la víctima, que ahora cuenta 22 años.

Se acabó. 3.304 días después de que la joven abogada urbanista y empresaria Ainhoa Alberdi acudió a la oficina del fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, para denunciar que el 'número dos' del PNV de Álava y diputado de Urbanismo, Alfredo de Miguel, le había exigido “pasar por caja” por un contrato que unos años atrás había recibido 'a dedo' su empresa en el parque tecnológico de Miñano, el conocido como 'caso De Miguel' ha quedado visto para sentencia esta semana. Ha sido casi un año de juicio desde que el 8 de enero la Audiencia Provincial de Álava iniciara el que ha sido el mayor proceso judicial conocido tanto en Vitoria como en el conjunto de Euskadi.

Toda la cobertura del 'caso De Miguel': https://www.eldiario.es/temas/caso_de_miguel/

Ha sido un año intenso. Se han celebrado casi 70 sesiones -la más larga, un día de mayo, acabó casi a las 22.00 horas- y el juicio ha sobrevivido a una histórica huelga de jueces y fiscales en toda España y a un gran apagón en Vitoria. 26 acusados y un centenar de testigos han tratado de dar luz a un sumario de más de 25.000 páginas y abundante material informático. Miembros de las acusaciones, de las defensas y del propio grupo de acusados han sufrido por igual tras este 2018 los rigores de la salud.

Para simplificar el trabajo, el juicio se subdividió en 12 bloques, tantos como negocios sospechosos se engloban en una investigación en la que aparecieron incluso más indicios de corrupción que nunca su pudieron comprobar, como negocios de De Miguel en la Costa del Sol a través de la sociedad Diru Kapital, su intento de montar un negocio de importación/exportación en Argentina o una peculiar (por el tono de enfado) grabación entre el político y un compañero de partido sobre “dinero”. Ha sido una queja frecuente de los abogados de los acusados -algunos de ellos con largas trayectorias y mucha experiencia, aunque también ha habido uno de oficio- lo injusto de que no se hicieran piezas separadas para agilizar la tramitación de asuntos tan dispares como contratos 'a dedo' salidos desde la Dirección de Juventud del Gobierno vasco o la recalificación urbanística en Zambrana.

Un Saab, joyas y viajes

El fiscal Izaguirre, en cambio, ha defendido desde el principio la existencia de una “trama” y que en todos y cada uno de los bloques se repetía un patrón, la mano del influyente De Miguel, a quien todos conocen como Txitxo y que en 2010, cuando fue detenido por corrupción, apuntaba con menos de 40 años a convertirse en referente absoluto del PNV alavés. Es más, cuando de esta investigación surgieron otros asuntos paralelos sí se abrieron piezas separadas. En 2013, por ejemplo, se juzgó al también dirigente nacionalista Aitor Tellería, al que se acusó de haber colaborado con ertzainas de los servicios de información para espiar a rivales políticos y otras personalidades. La sentencia dio verosimilitud a las acusaciones pero decidió absolver a Tellería y a los dos policías implicados por falta de pruebas.

El juicio no se salió del guion hasta las vacaciones del verano. Salvo los matices de la defensa del exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, el resto de acusados actuaron de la mano y sin fisuras con dos grandes argumentos, defensa cerrada de la inocencia de sus clientes y total ausencia de pruebas y, además, durísimas críticas a la Fiscalía, al juez que investigó el caso, Roberto Ramos, y a los agentes de la Ertzaintza que le auxiliaron. El plan seguía adelante todavía a finales de julio, cuando los letrados se reunieron en un 'txoko' de Vitoria antes del parón estival.

Significativamente, el último testigo que había comparecido en julio era un experto economista contratado por De Miguel, Víctor Benedito, quien remarcó que De Miguel no se había enriquecido en los años investigados, 2005-2010, especialmente en el período a partir de 2007, cuando Txitxo fue nombrado en la Diputación. Kataia Consulting ha sido la empresa principal de este caso. Se trata de una mercantil creada por De Miguel, Tellería y un tercer dirigente 'jeltzale', Koldo Ochandiano (que guardaba un cuaderno con notas manuscritas sobre comisiones y dinero negro), pero que estaba a nombre de las esposas de los tres. Alberdi había señalado esa empresa sin apenas actividad como el lugar donde tenía que pagar los 100.000 euros que le pedía Txitxo, a cuyo círculo de confianza pertenecía como otros acusados. Ni ella ha negado que, de no ser la denunciante, podría haber sido otra de las imputadas. Según Benedito, era una “micropyme” la mar de normal. No mencionó que tras haber recibido sus primeros ingresos -aparentemente ya ilícitos- constan salidas de dinero para la compra de un Saab, para viajes a Extremadura o Benidorm, para balnearios, pubs y sidrerías e, incluso, hasta 6.000 euros en joyas.

De Miguel realizaba gestiones de Kataia Consulting desde la sede del PNV de Álava mientras lideraba la compra de un nuevo edificio para el partido en el centro de Vitoria. También controlaba otras sociedades como Eskalmelo, Marratik, Diru Kapital o Ezkibel y, a través de su hermana, llevaba la contabilidad de firmas como Ortzi Muga o Errexal. “Tampoco eran tantas actividades”, se excusó el propio Txitxo en el juicio cuando quedó de manifiesto su intensísima agenda.

Con De Miguel ha acabado en el banquillo un grupo de amigos que se conoció en EGI, las juventudes del PNV, como reveló Josu Montés en su declaración. El partido siempre ha tratado de desvincularse del 'caso De Miguel' y nunca se ha investigado su financiación, pero Izaguirre siempre ha remarcado que la trama se valió de su posición política para lucrarse.

De Miguel negoció de espaldas a Arruti...

La declaración de De Miguel estaba programada para el 17 de septiembre. Había sido casi una década de negar todas las acusaciones hasta la saciedad. Sin embargo, pocos días antes se iniciaron contactos entre su abogado, Gonzalo Susaeta, y el ministerio fiscal. Aunque de cara al exterior en el juicio estaba saliendo todo a pedir de boca, de puertas para adentro alguien tomó la decisión de que sería conveniente explorar la posibilidad de buscar una rebaja de condena. Las conversaciones fructificaron y el político estuvo dispuesto a admitir varios delitos, incluido que la denuncia de Alberdi era cierta y que en la recalificación de Zambrana, donde más dinero se movió, cobró comisiones ilegales. Ante la complejidad de los movimientos en torno a esta operación, se pactó la conveniencia de fijar en 161.000 euros la cuantía de los ingresos ilícitos. A cambio, la Fiscalía no acusaría a su mujer, Ainhoa Bilbao. Su condena quedaría en unos 48 meses de cárcel.

Pero a última hora el acuerdo se torció. De Miguel nunca quiso admitir las coacciones para cobrar comisiones, un delito que implica la existencia de cierta violencia. Las conversaciones se rompieron y tocaba retomar la estrategia de negarlo todo a pesar de haber puesto todas las cartas sobre la mesa. El acuerdo, lógicamente, suponía la incriminación de otros acusados. Susaeta comunicó una tarde a la letrada de Josu Arruti, Arantxa Isasmendi, los términos y cifras del pacto en torno a Zambrana, una negociación en la que De Miguel no hizo partícipe a Arruti.

En Zambrana la mecánica fue la siguiente. La alcaldesa del PNV, María Justina Angulo, planteó un polígono industrial y llamó al partido para pedir ayuda. El interlocutor fue De Miguel, quien situó a su amigo Arruti como intermediario para captar inversores. Tras un intento fallido, Arruti cerró un acuerdo con los catalanes Construcciones Riera, dirigidos por Francesc Fernández Joval. Su abogado, Ferran Marsol, también estaba dispuesto a pactar que abonaron comisiones. En su caso, la rebaja de la petición de penas iba a ser total por un problema de prescripciones. No tenía nada que perder.

Es éste el escenario con el que se encontró Arruti, que además ha tenido tres familiares sentados en el banquillo de los acusados. Y empezó a negociar. Con el asistente de Izaguirre como interlocutor, el fiscal Manuel Pedreira, uno de los grandes protagonistas del juicio, las partes adquirieron confianza y cerraron un acuerdo que sobrevivió al 'no' de De Miguel. Por vez primera, el político ya no dirigía la estrategia del conjunto de los acusados. Preparada con mimo durante horas, la confesión de Arruti estaba lista. Sus mensajes iban a sorprender al tribunal, pero no a De Miguel, porque iba a dar las cifras exactas que el político había estado dispuesto a asumir.

...pero se sintió traicionado con su confesión

Hubo presiones. Intermediarios contactaron con Arruti y con su letrada para intentar frenar la incriminación. También ha habido insultos después de la declaración. Entre medias, la hermana de De Miguel rompió también a última hora un acuerdo que le hubiera supuesto la absolución. La contable de Kataia Consulting comparte abogados con la familia Arruti y no con Txitxo y las negociaciones se mantuvieron hasta el último minuto. De hecho, por el orden en que se previeron las comparecencias, ella iba a ser la primera en reconocer determinadas irregularidades. Todo un golpe de efecto de la Fiscalía. Pero nunca llegó esa declaración. Y todo a pesar de que Susaeta nunca ha sido contundente en la exculpación de Aintzane de Miguel, al menos no con la misma intensidad con la que ha tratado de separar a Ainhoa Bilbao de los hechos.

Arruti, al final, sí confesó. Fue a principios de noviembre. Y fue claro. Dijo que en Zambrana había comisiones, que se canalizaron con supuestos trabajos de asesoramiento de Kataia Consulting y que la empresa se creó 'ad hoc' cuando las mordidas ya estaban pactadas. Los responsables de Riera confirmaron los hechos y admitieron que pagaron por la influencia política de Txitxo. Muy serio, el político nunca más se volvió a juntar con ellos en los pasillos de los juzgados.

Arruti se convirtió desde ese momento en una suerte de nuevo Alberdi. De repente, Arruti debía dinero a De Miguel. De repente, en los corrillos del pasillo se identificaba a Arruti con todos los males. En sus conclusiones, el abogado Susaeta manifestó lo siguiente: “Las declaraciones heteroinculpatorias son sospechosas y han de ser valoradas por el tribunal con la debida cautela por la obviedad de que los coacusados no están sometidos a decir verdad. Les está permitido mentir. La sospecha se puede acrecentar cuando la declaración no tiene lugar en una etapa inicial. En nuestro caso esto se ha producido 8 años después de incoarse el proceso”.

Sin embargo, tanto De Miguel como Tellería y Ochandiano quisieron usar su derecho a la última palabra en el juicio para pedir disculpas mientras insistían en su inocencia, una contradicción que no pasó inadvertida para muchos de los presentes. ¿Perdón a quién? ¿Por qué?

Los imputados 27, 28, 29 y 30

En realidad, Alberdi nunca ha quedado olvidada. Ha sido la imputada número 27. Se ha juzgado su currículum, su trabajo, sus problemas psiquiátricos, su situación económica y, sobre todo, su credibilidad. Su condición de mujer joven también ha estado latente. El imputado número 28 ha sido el juez del 'caso De Miguel', Roberto Ramos. Los 29 y 30 han sido los agentes de la Ertzaintza 15008 y 15431, de la unidad de delitos económicos y al frente de las principales investigaciones bajo el control de Ramos. Sin que ningún portavoz de la Policía haya salido en su defensa, las críticas han sido constantes. En 2011, De Miguel llegó a decir que pensó que los policías querían atentar contra su vida. “Que se diga que o nosotros o el señor juez hayamos manipulado esto... ¡Yo por ahí no paso! ¡Me están acusando!”, se revolvió un día uno de los policías.

Se da la circunstancia de que sí hubo una incidencia con la Ertzaintza en el origen de la investigación. Ertzainas de los servicios de información próximos a los acusados y al PNV accedieron de manera irregular al atestado policial inicial cuando la causa estaba aún bajo secreto de sumario. Según el fiscal Izaguirre, el éxito de la investigación se debió en gran medida a que los ertzainas 15008 y 15431 trabajaron directamente para Ramos y no para sus responsables orgánicos. Aseguró que cuando estos casos se acercan a los “aledaños” del poder político quedan en agua de borrajas.

La defensa de Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud acusado de haber facilitado contratos 'a dedo' a empresas de la órbita de su amigo de De Miguel añadió otra acusación: el Gobierno de Patxi López ocultó documentación de manera deliberada para incriminarle. Sin embargo, el actual Ejecutivo, del PNV, se ha declarado “vinculado” por esa posición y ha mantenido la acusación contra Sánchez Robles. Uno de los asuntos más debatidos ha sido que la defensa del exresponsable de Juventud presentó los documentos aparentemente ocultados con sellos gubernamentales. Tanto la Fiscalía como los letrados del Gobierno han considerado o bien falsas o bien “fabricadas” esas pruebas.

Sin embargo, el blanco de la mayoría de críticas ha sido Izaguirre. Del juicio sale con el anuncio de una querella contra su persona por “humillar” a los acusados. En su alegato final, comparó esta trama con la mafia de Sicilia. “Si no tienes padrino en este país parece que no tienes un contrato. Y que no se te ocurra denunciarlo, que no recibes otro. ¿Estamos en un país donde hay que ser mafioso para contratar con la Administración? ¿Solamente con padrino se puede contratar con la Administración?”, lanzó.

En manos de Elena Cabero

Finalizado el juicio, tras los cambios fruto de las negociaciones y de hechos que no se han conseguido demostrar -el 'pelotazo' urbanístico de Frúniz, por ejemplo- se han rebajado sustancialmente las peticiones de condena para todos los acusados. Ni Arruti ni el resto de arrepentidos pisarán la cárcel. Es más, la familia Arruti ha devuelto ya 130.000 euros más intereses por sus delitos fiscales. Lo hicieron antes de que acabara el juicio. De Miguel se expone a casi 30 años de cárcel (12 de cumplimiento efectivo) y a 1,2 millones en responsabilidades económicas; Tellería y Ochandiano, por su parte, a más de 13. Sin embargo, el delito individual más alto que aprecia el ministerio público recae en Sánchez Robles.

Nadie es capaz de pronosticar cuándo llegará la sentencia, aunque requerirá meses de trabajo no sólo por lo complejo del caso sino por la inmensa batería de cuestiones procesales que hay que dirimir. El tribunal lo han compuesto los magistrados Raúl Aztiria, Elena Cabero y Jaime Tapia. Éste último ha dirigido las sesiones y ha tenido un papel activo en las comparecencias, si bien la redactora del fallo será Cabero, una jurista muy considerada en Vitoria por su seriedad. Apenas ha formulado un par de preguntas en un año, aunque ha seguido con atención todas y cada una de las sesiones. En sus manos está la verdad judicial. No pocos letrados y acusados han estado muy atentos a sus reacciones en los momentos clave para poder interpretar el sentido de la esperada sentencia.

El ex 'número dos' del PNV de Álava Alfredo de Miguel, conocido por todos como Txitxo, pidió 100.000 euros de comisión a la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi en una reunión que mantuvo con ella en su despacho oficial de la Diputación, según la denuncia que dio origen al 'caso De Miguel'. En la denuncia salió un nombre: Kataia Consulting. La empresa principal de la trama está a nombre de las mujeres de tres dirigentes nacionalistas alaveses, la del propio De Miguel y las de Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. Durante todo 2018, en la Audiencia Provincial de Álava, se ha celebrado el juicio por esta trama de corrupción en torno a De Miguel. Éste es un resumen por boca de sus protagonistas:

Ainhoa Alberdi, denunciante del 'caso De Miguel'

“Básicamente se me dice que tengo que pasar por caja. ¿Que si es una expresión literal? Puede haber cosas de las que no me acuerde, pero eso es literal. Entiendo claramente que me están pidiendo dinero. [...] Me llama soberanamente la atención. Me sorprende esa alegría. De ahí mi temor de que si esto era tan fácil de hacer yo no sería la única a la que se lo habían hecho [...]. Me metí en esto por convencimiento de Justicia y quizás debería haber reflexionado más las consecuencias [...]. Me dan un consejo: que durante muchos años mejor no hagamos el trabajo de presentación de concursos”.

Jesús Villegas, abogado de Aitor Tellería

“Si la denuncia no tiene origen en la venganza, se le parece bastante. Hay mucha imaginación y mucha especulación [...]. El ministerio fiscal presenta a Alberdi como una víctima y el nivel que ha puesto está muy bajito. La señora Alberdi es en este caso una testigo profesional. Profesional del derecho, que sabe lo que quiere decir, cómo y cuándo [...]. Su actuación es una actuación teatral y, visto el resultado, realmente ha sido muy eficaz”.

Julián Sánchez Alegría, presidente de los parques tecnológicos de Euskadi

“Le dije que no se preocupase, que me iba a ocupar personalmente [de que cobrara íntegramente su contrato], y que si era verdad [la comisión] fuera a la Justicia a poner una denuncia”.

Alfonso Arriola, gerente del parque tecnológico de Miñano

“Me llama por teléfono Julián y me comenta que tiene un tema que le parece preocupante, muy delicado, y que prefería en privado. Dos o tres días más tarde sube al parque y fuimos a dar un paseo por fuera. Las instalaciones son muy agradables para pasear. Me comenta de sopetón que Alberdi ha ido a hablar con él y que le ha comentado que Alfredo de Miguel le está pidiendo una comisión. Yo me quedo de piedra, anonadado. 'Julián, me pilla absolutamente de sorpresa. No quepo en mi asombro'. Tiene que ser un malentendido entre los dos. No se me ocurre pensar que un diputado foral va a pedir dinero”.

Miren Lourdes Bilbao, técnica de Miñano

“Para mí Txitxo no es nadie. Le conocí en este pasillo el primer día de esta vista”.

Mikel Zuloaga, abogado de Jon Iñaki Echaburu

“Es posible que cuando alguien reclama el dinero se venga arriba y pretenda reclamar una comisión de tema absolutamente privado. [Es posible] Que le hayan intentado cobrar una comisión por eso y que esa comisión por la intermediación en un contrato privado esté 'dentro de lo normal'”.

Josu Arruti, principal arrepentido

“El señor Alfredo de Miguel me dice, ¿qué te parecería que al margen de tus honorarios con Riera les pidieras una comisión para ti y para mí? Igual me vence a mí también la avaricia. Comentamos cuál podía ser la cantidad adecuada y no ser redonda ayuda en ese sentido. Me van a disculpar, pero no creo que haya una tabla de comisiones ilegales”.

Francesc Fernández Joval, gerente de Construcciones Riera

“Josu Arruti planteó este tema. Esto al final... resulta ser que no te extrañas de que te pidan estas cosas. Mire, hemos abierto empresas en Rumanía, Bulgaria, Ecuador, Panamá, … El primer día te esperan para lo que quieren cobrar [...]. Esto era para dinamizar el proyecto, para poder mejorar o sacar los obstáculos que pueda haber en un proyecto de tanta importancia. Me dijo: 'Para la fluidez en las relaciones con la Administración sería conveniente tener alguien que ya conozco y tiene influencia'. Al final vas esperando a que se delate. 'Más o menos unos 160.000 euros para mí y 160.000 para otro señor'. Yo aún no sabía el nombre. Lo supe después. Lo pensé… Al final, cuando haces una inversión de tanto dinero 160.000 es mucho dinero pero quizás es poco si te puede estropear todo. ¿Me la juego o no me la juego? Es una mancha en mi vida el que yo haya pagado una comisión. Esto es muy grave, el estar sentado aquí hay que superarlo mentalmente. En fin, lo pensamos y dijimos ¡nos tiramos a la piscina! Vamos a pagar comisión y pagamos comisión”.

Nicolás Guerrero, sucesor de Fernández Joval en Construcciones Riera

“Hay una serie de engaños sucesivos. A las personas que habíamos depositado la confianza [en Construcciones Riera y Fernández Joval] nos han robado. Nos han robado directamente [...]. Cuando tuvimos conocimiento de esta investigación tuvimos la conciencia de que este proyecto estaba manchado, estaba sucio”.

Josu Izaguirre, fiscal

“Se nos ha intentado reflejar a De Miguel como un concejal de pueblo, pero tenía gran influencia política y social. Hace cosas que sólo hay que hacer en callejones oscuros. De Miguel se dedicaba a ser padrino. Si no tienes padrino en este país parece que no tienes un contrato. Y que no se te ocurra denunciarlo, que no recibes otro. ¿Estamos en un país donde hay que ser mafioso para contratar con la Administración? ¿Solamente con padrino se puede contratar con la Administración? [...]. El señor De Miguel consigue que le hagan gratis unas obras en su domicilio y algunos hablan de que no ha habido lucro. Igual lo ha destinado a refugio de personas desamparadas…”.

Alfredo de Miguel, principal acusados

“El baño se hizo nuevo y la cocina también. El alicatado... habíamos pedido una raya vertical para limpiar mejor etc. etc. Pero a la mujer no le parecía bien y quería volverlo a hacer, que era una liada. Nos hacían una propuesta de descuento si lo dejábamos como estaba. Mi mujer estaba más por la labor de cambiarlo, pero así somos los hombres... [...]. Yo llevo más los temas económicos y ella lleva más los temas de la casa. Cuando no hay problemas con las cuentas, no preguntaba. [...] ¿Comisiones? Ni a Ainhoa [Alberdi] ni a nadie. Ninguna comisión. Ni para este [contrato] ni para ningún otro. Ni extorsiones ni cosas raras [...]. Tan sencillo como esto, guste o no guste [...]. Se me ha investigado de arriba abajo y queda constancia de que no ha habido enriquecimiento ilícito [...]. Ha habido cosas que hecho mal y me arrepiento sinceramente. Si pudiera volver atrás no las haría bajo ningún concepto, pero jamás creo que he cometido un delito y menos aquellos por los que se nos ha acusado”. 

Prudencio Hierro, constructor amigo de De Miguel

“Siempre ayuda hacer un favor a un diputado foral”.

Sergio Fernández Oleaga, empresario amigo de De Miguel

“¿Padrino? Yo lo digo en el sentido de que, si alguien le pregunta a Alfredo y tiene que recomendar, de nosotros va a hablar bien seguro. Tiene un buen concepto y va a hablar bien de ti”.

Ainhoa Bilbao, esposa de De Miguel

“Mi marido se ocupaba de las cuentas y yo de temas domésticos, el colegio, las extraescolares, el supermercado, ...”.

Joseba Garmendia, inspector de Hacienda

“Hay dudas razonables de la actividad empresarial. No tienen estructura económica, no presentan declaraciones fiscales, no atienden a los requerimientos, no consta que hayan tenido gastos, no consta que tengan personal ni subcontratado, no disponen de bienes muebles e inmuebles… Los servicios que supuestamente han prestado bien no se aportan o no consta que se hayan llevado a cabo. La conclusión lógica es que estas empresas han podido ser utilizadas por otras personas para canalizar fondos de origen diverso. Podemos entender que han sido utilizadas como empresas pantallas”.

Manuel Pedreira, fiscal

“Reconozcamos errores. A nada que analicemos las conclusiones quedan patentes ausencias. Se echan de menos la reclamación o la imputación de participación a título lucrativo de Pilar Lasa [la suegra de Alfredo de Miguel] dentro de la asociación ilícita como beneficiaria de parte de los caudales de Kataia Consulting pero no era el momento en las conclusiones de traer nuevos partícipes, no podíamos solicitar nuevas responsabilidades”.

Víctor Benedito, experto económico contratado por De Miguel

“El señor De Miguel no tiene un incremento patrimonial. Era un ciudadano con un utilitario normal y corriente. Saab no es una marca mala, pero no es Porsche [...]. ¿Kataia Consulting? No existe nada, ni ingresos ni gastos opacos. ¿El perfil de una empresa instrumentada o pantalla? No es el caso. No se utiliza para unos fines delictivos. Lo primero ha sido cumplimentar siempre todas las obligaciones [contables y fiscales]”.

Iratxe Gaztelu-Urrutia, esposa de Koldo Ochandiano

“[Sobre 30.000 euros en efectivo que pagó a De Miguel] ¿Por qué no se hizo transferencia? Entiendo que no me lo dijera entonces... pero era por los papeles de Mikel 'Antza'. Me explicaron que había que sacar esa cantidad. El señor De Miguel estaba señalado en determinados papeles de ETA y le habían recomendado [ese tipo de movimientos]. Mi marido tenía trato con la chica de Ipar Kutxa y habló para que tuviera preparado un montante para que yo lo recogiera. Recogí los 30.000 en los alrededores de mi domicilio y se los di a De Miguel”.

Koldo Ochandiano, exdirigente del PNV alavés

“El 4% no coincide con nada… ¡Que traigan una calculadora! [...].  Retribuíamos a las mujeres con unas cantidades mensuales [en Kataia Consulting] ¿Cobraban las tres? Sí, lo verían en la cuenta”.

Aitor Tellería, exidirigente del PNV alavés

“¿Comisiones? No, nunca. Tenemos una contabilidad clara [en Kataia Consulting]. Ni está en mi mano ni aun habiendo estado en mi mano lo hubiese hecho [...]. He cometido aciertos y errores. El único que he cometido fuerte es el que me ha traído aquí [...]. Quiero pedir disculpas”.

Araceli Bajo, esposa de Tellería

“Podía poner la mano en el fuego por mi marido. Si yo me hubiera enterado, primero de todo no sería mi marido. No se lo hubiera permitido. Después de 30 años le conozco perfectamente y Aitor no es una persona de coaccionar. Ese tipo de cosas no van con él. [...] Cuando firmamos lo de Kataia Consulting creo que nos equivocamos. Si consideran que hemos traspasado la línea, pedimos perdón”.

Carlos Chacón, abogado de Ochandiano

“La Ertzaintza hace ingeniería creativa [...]. Lo que el fiscal llama 'el cuerpo del delito', el cuaderno [de Ochandiano con notas de comisiones y dinero negro] está manipulado, enriquecido, escondido y aparecido a los siete meses”.

Gonzalo Susaeta, abogado de Alfredo de Miguel

“Las declaraciones heteroinculpatorias [de Arruti y Fernández Joval] son sospechosas y han de ser valoradas por el tribunal con la debida cautela por la obviedad de que los coacusados no están sometidos a decir verdad. Les está permitido mentir. La sospecha se puede acrecentar cuando la declaración no tiene lugar en una etapa inicial. En nuestro caso esto se ha producido 8 años después de incoarse el proceso [...] ¿Y cómo sabemos que [las pruebas del juicio] son las mismas que estaban en el domicilio de De Miguel?”.

Eneko Goenaga, compañero de de Gonzalo Susaeta

“Habría desaparecido en el ordenador la contabilidad de 2008 y 2009 de Kataia Consulting”.

Francisco Javier Villarrubia, abogado de Sergio Fernández Oleaga

“La investigación... Decir que es de Pepe gotera y Otilio es poco. Este procedimiento está lleno de coincidencias nefastas, joder. No hay nada. Es como cuando yo de niño toreaba sin toro en casa”.

Agentes de la Ertzaintza 15008 y 15431:

“Que se diga que o nosotros o el señor juez [Roberto Ramos, que investigó el caso] hayamos manipulado esto... ¡Yo por ahí no paso! ¡Me están acusando!”

Javier Otaola, abogado del Gobierno vasco

“Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga eran aparentemente competidores cuando en realidad eran un pequeño cártel en el ámbito de su actuación [...]. Las fotocopias de Xabier Sánchez Robles [pruebas aparentemente falsificadas] son más una prueba de cargo que de descargo. Oscurece un poco la buena fe del acusado”.

Josu Izaguirre, fiscal

“Se sabe lo que se aporta. Son fotocopias y no originales. Justo lo necesario para evitar acabar sentado de nuevo en el banquillo”.

Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno vasco

“Estos documentos… [Antes del juicio] Hay que proponer los testigos y me dirijo a algunos funcionarios del Gobierno. Concretamente uno de esos funcionarios... No lo voy a revelar porque la petición es no venir a declarar, pero sí me facilitó esta información. El funcionario me traslada que tanto familiarmente como personalmente no quiere venir pero que me facilita una información de utilidad. Yo me dirijo donde mis abogados y les digo que me han facilitado esta información. Yo la aporto, la traigo y ustedes valorarán la validez que pueda tener”.

Javier Beramendi, abogado de Sánchez Robles

“El argumento estrella [del fiscal en este bloque del 'caso De Miguel'] es la falsedad de las carátulas y que prueba de la falsedad es que para eludir responsabilidades se presentaban fotocopias. ¡Sin pudor! Son afirmaciones llenas de insinuaciones insidiosas. Son inaceptables. Y luego está el miembro del coro, el letrado del Gobierno vasco, que se sumó a aplaudirlas, jalearlas y mostrar más pasión que el ministerio fiscal”.

Oro Ochoa de Eribe, funcionaria de Juventud

“No era el estilo de Xabier dar explicaciones [...]. Si me hubieran dejado hacerlo a mí, no se lo habría dado siempre a los mismos”.

Jaime Tapia, presidente del tribunal

“¡No les estamos haciendo ninguna pregunta y se les podrían hacer muchas! La persona que no tiene nada que ocultar en principio puede contestar a una persona y a otra. Cuando vienen aquí y sólo contestan a las personas que les asisten... Estoy haciendo pedagogía para que los acusados lo sepan [...]. Vamos a ver... aquí hay un guion. Con todo el respeto, pero se trata de convencer al tribunal [y no a sus defensas]”.

Ibon Gaínza, abogado de Aintzane de Miguel, hermana de Alfredo

“En román paladino: los derechos de todo acusado son huir como un conejo, mentir como un bellaco y destruir pruebas [...]. Uno elige a los amigos pero no a los hermanos”. 

Gurutz Larrañaga, exviceconsejero de Cultura y superior de Sánchez Robles

“Contestaré a todos. Lo hago, primero, porque no tengo nada que ocultar y, segundo, por mi deber de cargo público. Lo considero un deber. [...] Las firmas que aparecen en toda la documentación son firmas que dan inicio [a los contratos con Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga]. No firmo el pago, sólo la autorización. Mi firma ya no aparece en todo el proceso de ejecución. La responsabilidad de seguimiento, de ejecución de los contratos, era de las distintas direcciones”.

Miguel Alonso Belza, abogado de Larrañaga

“¿A sabiendas? No hay nada [de Larrañaga]. Ninguna llamada, ningún 'email', ninguna nota, ninguna reunión, … No hay ningún viaje ni estancia en ningún sitio. ¡No hay ningún viaje! [Juventud] No era la Dirección que más contratos tenía y en las otras no ha habido ningún problema”.

Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno vasco

“Ningun tipo de relación lúdica con el matrimonio [De Miguel-Bilbao]. Ni he ido a comer ni a cenar ni a nada [...]. ¿El viaje a Argentina? Coincidimos en el aeropuerto de Bilbao y en Madrid.  Y también a la vuelta. Pero [mi mujer y yo] no tuvimos en la ruta ningún contacto ni con Alfredo de Miguel ni con su mujer”.

Josu Montés, fundador de Ortzi Muga

“[Los principales acusados] Éramos de la misma generación. Somos una generación muy activa los que entramos en EGI [las juventudes del PNV] poco después de la escisión [de la que surge EA, en 1986]. Fue un impulso tremendo para los jóvenes. Coincidíamos en cientos de actos”.

Iñaki San Juan, administrador de Errexal y Ortzi Muga

“Para mi alegría, en este 2018 hemos empezado a trabajar otra vez en Juventud”

Ainhoa Mentxaka, abogada de Iñaki San Juan

“En esos tres años [de Sánchez Robles] San Juan facturó el 1,68% del total y un 6,75% de los contratos de servicios exteriores. Si esto era una trama para conseguir contratos... No voy a decir que las cantidades sean pequeñas, pero en relación con el presupuesto total eran cantidades nimias. Son cantidades absolutamente nimias”.

Ramón Tomàs i Riba, exparlamentario de CiU y empresario catalán

“Los servicios secretos, y así me ha pasado, informan en algunos países de la inconveniencia de tener relaciones conmigo a los presidentes de las empresas [por la acusación en el juicio, ahora retirada]”.

María Justina Angulo, exalcaldesa de Zambrana con el PNV

“Soy la primera que en el caso de Zambrana quisiera saber quiénes han sido las personas que se han beneficiado. Y si se han beneficiado que lo paguen. Tengo una mochila cargada que no me la he cargado yo. Yo jamás hubiera firmado el decreto de haber sabido que no cumplía la legalidad vigente. Anímicamente estoy a nivel de suelo”.

Vicente Armentia, exconcejal de Urbanismo de Zambrana

“¿Yo concejal de Urbanismo? Creo recordar que sí, pero no tuve que hacer grandes cosas o ninguna”.

María Jesús Alonso, secretaria de Zambrana

“Dos cheques aparecieron en mi mesa. Salí y pregunté. '¿Y esto?' La alcaldesa me dijo que tampoco sabía”.

Jaime Tapia, presidente del tribunal

“Ustedes siguen siendo inocentes. Nosotros tenemos que decidir ahora. Es una labor muy importante. El que tiene la llave de la cárcel es el tribunal”.

El 'caso De Miguel' lo inició el 2 de diciembre de 2009 la denuncia de la abogada urbanista y empresaria Ainhoa Alberdi, que acusó a dos exdirigentes del PNV alavés, Alfredo de Miguel y Aitor Tellería, de presionarla para que pagara una comisión de 100.000 euros por un contrato en el parque tecnológico de Miñano que se abonaría a través de la sociedad Kataia Consulting, a nombre de las esposas de ambos y de la de un tercer miembro del Araba Buru Batzar, Koldo Ochandiano. Desde el origen, el cuestionamiento de la figura de Alberdi ha sido una constante, hasta el punto de acusarla en algunos momentos de actuar como una mujer despechada o de tener problemas psicológicos. Y el juicio, ya visto para sentencia, ha acabado de la misma forma, tildándola abiertamente de ser una “testigo profesional” que se ha inventado una historia de corrupción irreal.

El abogado de Aitor Tellería y de su mujer, Araceli Bajo, ha sido el último de todos los defensores en intervenir ante la Audiencia Provincial de Álava. Jesús Villegas ha señalado que si la actuación de Alberdi “no tiene origen en la venganza, se le parece bastante”. “Hay mucha imaginación y mucha especulación [...]. El ministerio fiscal presenta a Alberdi como una víctima y el nivel que ha puesto está muy bajito. La señora Alberdi es en este caso una testigo profesional. Profesional del derecho, que sabe lo que quiere decir, cómo y cuándo [...]. Su actuación es una actuación teatral y, visto el resultado, realmente ha sido muy eficaz”, ha señalado el abogado citando que en las grabaciones aportadas por la propia Alberdi para soportar su denuncia se le escucha decirle a su socia, Beatriz Vicinay, que se están “riendo” de quienes luego serían los acusados.

Precisamente las grabaciones han sido uno de los caballos de batalla del juicio. Las 24 pistas de audio de una Olympus recogen frases que indican que las comisiones son algo “dentro de lo normal” o al propio Tellería diciendo “De un sitio u otro, pues tenemos que sacar lo que nos corresponda. Es así, porque si no lo tenemos jodido”. Estas últimas palabras son de una reunión que tuvieron De Miguel y Tellería con Alberdi y Vicinay en las oficinas de éstas en Bilbao. Según la empresaria y según su socia, allí se les volvió a pedir la mordida de 100.000 euros. La defensa de Tellería lo niega y asegura que lo que se negociaba era una deuda mercantil ordinaria entre el antiguo socio de ella, Jon Iñaki Echaburu, y Kataia Consulting, de alrededor de 30.000 euros. Se da la circunstancia de que Tellería declaró que no reconocía su voz en las grabaciones. Es decir, por un lado niega haber participado en esa reunión y por otro indica que en ella no se trató de comisiones.

La denunciante explicó también cómo De Miguel y Tellería se reunieron con su padre, Juan Antonio Alberdi, militante del PNV, para reclamarle las cantidades. Según Villegas, “la declaración de Alberdi no coincide ni con la de su padre”. A su juicio, en el proceso ha quedado claro que Alberdi padre contradijo a su hija, si bien él declaró que cuando le plantearon la cifra -“20 millones de pesetas”, más cercanos a los 100.000 que a los 30.000- él casi se desmaya.

Sobre todo el proceso ha sobrevolado el papel de Kataia Consulting, empresa pantalla para camuflar comisiones según la Fiscalía. En palabras de la defensa de Tellería, el negocio compartido con De Miguel y Ochandiano -los tres han coincidido en exculpar a sus mujeres, que eran las administradoras nominales- era una manera de hacer frente a una situación de paro.

Kataia Consulting se creó en junio de 2005 y, según la vida laboral de Tellería aportada por el propio Villegas al juicio, en aquella época el dirigente peneuvista estaba dado de alta en la empresa Oihanberri, creada por el Gobierno vasco y las diputaciones en 1989. Estuvo cobrando el paro entre octubre de 2005 y septiembre de 2006. Según Tellería, en aquellos meses estuvo trabajando para Kataia Consulting “con las botas de goma puestas” haciendo trabajos relacionados con la recalificación para un polígono industrial en Zambrana. La confesión de Josu Arruti, en cambio, puso de manifiesto que los 161.000 euros abonados por esa supuesta asistencia técnica escondían en realidad una comisión ilegal abonada por los promotores de Construcciones Riera. Tellería nunca estuvo dado de alta en Kataia Consulting pero sí, por ejemplo, la suegra de Alfredo de Miguel, que percibió más de 30.000 euros sin que conste que hiciera trabajos.

Siguiendo con la vida laboral aportada por la defensa de Tellería, se da la circunstancia de que en días consecutivos de abril de 2007 fue dado de alta tanto por una sociedad instrumental del PNV que dirigía De Miguel, Landaburu Etxea, como por la filial en Zambrana de Riera, Riera Urbanizer. Durante tres meses compatibilizó ambos sueldos hasta que en julio saltó a una sociedad pública llamada CEIA, un semillero de empresas en el parque tecnológico de Miñano.

De CEIA, según ha explicado Villegas, salió en marzo de 2010, tras su detención en esta investigación de corrupción. “Fue un despido improcedente por motivos políticos porque quien toma la decisión son políticos”, ha indicado Villegas señalando al PSE-EE, entonces en el Gobierno vasco. Se da la circunstancia de que una de las líneas de defensa fundamentales tanto de los cargos de Miñano implicados como del propio De Miguel, quien hasta 2007 era gerente de otra sociedad pública, Aiara Haraneko Industrialdea, era precisamente alegar con rotundidad que esas entidades eran mercantiles “corrientes y molientes”, empresas privadas al fin y al cabo. No es un matiz menor, ya que los delitos de prevaricación o cohecho sólo se aplican a cargos públicos.

No era una infanta, era una “analfabeta”

Villegas se ha referido también al papel de Araceli Bajo, esposa de Tellería y cosocia de Kataia Consulting junto a las parejas de De Miguel y Ochandiano, Ainhoa Bilbao e Iratxe Gaztelu-Urrutia. Ha repetido en varias ocasiones que es injusto que esté acusada por “siete segundos”, el tiempo que dedicó a firmar la creación de la sociedad y otros trámites. Del resto se encargaban los hombres y, si constasen firmas de ellas, podrían haber sido falsificadas, ha deslizado Villegas.

Las tres mujeres imitaron en sus declaraciones a la infanta Cristina, que en el 'caso Urdangarín' insistió en que no conocía los negocios del vitoriano. Villegas ha calificado “con todos los respetos” a Bajo de “analfabeta” -al tiempo que ha señalado que lleva 30 años trabajando en una empresa- y ha añadido que a su lado “la infanta era una catedrática y sabía más de lo que decía”. “Su desconocimiento era absoluto y nunca tuvo el mal gusto de decirle a su marido que le hablase de Kataia Consulting después de la jornada de trabajo”, ha zanjado.

Respecto a la acusación de blanqueo de capitales, para Villegas es un absurdo porque habría que probar primero el origen ilícito de los fondos de Kataia Consulting, extremo del que “no hay ninguna prueba”. En el caso de De Miguel, por ejemplo, consta un “préstamo” de la empresa para comprar un Saab valorado en 33.000 euros. Tellería y bajo adquirieron en esas fechas una Fiat Dobló. Según el abogado, la furgoneta se empleó para los trabajos de Zambrana, aunque se trata de un modelo “panorámico y familiar”, según la investigación de la Ertzaintza, y no de la gama de vehículos industriales de la marca italiana. Un perito contratado por De Miguel, Víctor Benedito, dio otra explicación al 'leasing' de este vehículo: que era para transportar libros de cuentas.

El juicio del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción conocido en el País Vasco y que se inició allá por el 8 de enero, ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Álava a las 13.02 horas del 19 de diciembre de 2018, algo más de nueve años después de que una empresaria y abogada urbanista, Ainhoa Alberdi, denunciara ante la Fiscalía que el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, la había presionado para que le abonara una comisión de 100.000 euros. Han sido casi 70 sesiones, más de 100 comparecencias y muchas jornadas que, en algunos casos, se han extendido hasta altas horas de la noche.

A punto estuvo el político al que todos conocen como Txitxo de confesar a cambio de ver rebajada la petición de condenas, pero optó por seguir negándolo todo hasta el final, incluso aunque su amigo Josu Arruti le incriminara y confirmara la existencia de mordidas. Ahora se expone a una pena máxima de casi 30 años de cárcel (12 de cumplimiento efectivo) y 1,2 millones de sanción económica y, en su derecho a la última palabra antes de dar por finiquitado el macroproceso, De Miguel ha obviado a Alberdi y a Arruti y ha insistido en esa línea: “Se me ha investigado de arriba abajo y queda constancia de que no ha habido enriquecimiento ilícito”. Sin embargo, hay pruebas de dinero destinado a viajes, joyas y hasta para un coche, de la marca Saab.

Sin embargo, en un mensaje preparado y coordinado con los otros dos exdirigentes del PNV alavés encausados, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, y con sus tres esposas -socias nominales de la empresa central de la trama, Kataia Consulting-, ha pedido también “perdón”. “Sin duda alguna ha habido cosas que he hecho mal y me arrepiento”, ha manifestado extendiendo las disculpas especialmente a su hijo y a su hija, a los que ha citado por sus nombres. Ha cerrado su intervención con un “Eguberri on!” para todos los presentes.

Tellería se marcha del juicio “plenamente convencido” de su inocencia. Pero ha añadido otro mensaje enigmático: “He cometido aciertos y errores. El único que he cometido fuerte es el que me ha traído aquí [...]. Quiero pedir disculpas”. También Ochandiano ha realizado una intervención similar: “Desde el convencimiento de mi inocencia, si por motivo de mi actitud alguna persona se ha podido sentir molestada, de corazón mi más sinceras disculpas”. ¿A quién pedían perdón? ¿Por qué?

Las tres mujeres no han sido mucho más extensas, aunque la de Tellería, Araceli Bajo, sí ha ido un poco más allá. “Cuando firmamos lo de Kataia Consulting creo que nos equivocamos. Si consideran que hemos traspasado la línea, pedimos perdón”, ha manifestado. “Puede que en algún momento nuestra forma de ser o algún acto nuestro haya podido hacer que alguien se sintiera perjudicado [...]. Quiero pedir perdón si ha ocurrido”, ha apostillado Iratxe Gaztelu-Urrutia, pareja de Ochandiano.

Otros acusados como Alfonso Arriola o Iñaki San Juan han optado por no hacer uso del derecho a hacer algún comentario final antes de acabar el juicio. Uno de los grandes protagonistas, Josu Arruti, que en noviembre confesó la existencia de comisiones en torno a la operación urbanística de Zambrana, sí ha hablado pero muy brevemente para destacar el trabajo “brillante” de su abogada, Arantxa Isasmendi, pieza fundamental junto al asistente de Josu Izaguirre, el fiscal Manuel Pedreira, en las negociaciones que desembocaron en las confesiones. La familia Arruti, incluso antes de acabado el juicio, ya devolvió unos 130.000 euros más intereses como muestra de arrepentimiento y asunción de responsabilidades.

El catalán Ramón Tomàs, a quien la Fiscalía finalmente ha retirado los cargos en torno a negocios relacionados con Zambrana, ha pedido expresamente al tribunal que la sentencia sea “aclaratoria” porque, según ha explicado, ha perdido contratos internacionales debido a su imputación. “Los servicios secretos, y así me ha pasado, informan en algunos países de la inconveniencia de tener relaciones conmigo a los presidentes de las empresas”, ha revelado.

La “pesadilla” de Gurutz Larrañaga

La intervención más extensa ha sido la del que fuera viceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, acusado de prevaricación por haber autorizado las contrataciones 'a dedo' que su subordinado, el director de Juventud, Xabier Sánchez Robles, realizó con empresas de la órbita de De Miguel, Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, y que en gran medida hasta sumar 146.000 euros no consta que se realizaran. Larrañaga, arropado este miércoles en el juicio por su familia, ha hablado en castellano con pasajes en euskara y en latín y ha descrito la “pesadilla” de verse “asociado al problema de la corrupción” -una palabra paradójicamente muy poco empleada en el juicio- por irregularidades con unas personas y empresas que no conocía. Desde el principio del juicio, su defensa marcó claramente distancias con la de Sánchez Robles.

“En 22 años no he recibido advertencia alguna de ilegalidad. He trabajado con honradez y transparencia [...]. Desde el principio he colaborado con la investigación. Hemos respondido a todos sin reserva y no es ningún mérito, es una obligación y deber de todo servidor público”, ha explicado. Ha criticado, igualmente, las “mofas” y “comentarios” del fiscal Izaguirre en sus conclusiones. “No es de recibo que dijera que era 'el abuelillo' o 'el vago'”, se ha quejado. Ya jubilado, ha ironizado que ser “aitite” es una “suerte”, “un empeño muy noble y satisfactorio”.

Tras estas breves comparecencias, el presidente del tribunal, Jaime Tapia, ha dado por cerrada la sesión para siempre: “Ustedes siguen siendo inocentes. Nosotros tenemos que decidir ahora. Es una labor muy importante. El que tiene la llave de la cárcel es el tribunal”, ha dicho Tapia en nombre también de los magistrados Elena Cabero y Raúl Aztiria. “Les deseo lo mejor en la vida”, les ha dicho a los 26 acusados antes de declarar el 'caso De Miguel' visto para sentencia.

La abogada de la que fuera alcaldesa de Zambrana por el PNV, María Justina Angulo, ha insistido en su informe de conclusiones en esta fase final del 'caso De Miguel' -está previsto que este miércoles quede visto para sentencia después de unas 70 sesiones iniciadas en enero- en que, cuando aprobó un decreto en 2004 para promover un polígono industrial en aquella pequeña localidad de Álava, desconocía los “intereses privados” tanto del ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, como de quien éste eligió como intermediario, Josu Arruti. Según la Fiscalía, que acusa a Angulo de prevaricación, la regidora facilitó la pista de aterrizaje para que De Miguel y Arruti, como se ha conocido en el juicio, cobraran comisiones ilegales de los promotores del proyecto, los catalanes de Construcciones Riera. No obstante, tras la rebaja general de peticiones de penas, el ministerio público ya no pide cárcel para ella.

La defensora María José Tapia ha indicado que Angulo “llamó a la centralita” del PNV de Álava y que “la centralita” -no ha indicado quién- le derivó a De Miguel para le ayudara en “cómo hacer un polígono”. La regidora “sólo conocía de vista” a quien todos llaman Txitxo y contactar con él no fue premeditado. “De Miguel lo único que hace es decirle que conoce a una persona que podía ayudarles, el señor Josu Arruti”, ha indicado Tapia, que ha apostillado que el Ayuntamiento “no contrato sin más” a la empresa de Arruti (Sidepur) ya que fue el pleno municipal, con toda la información y sin oposición, quien dio el visto bueno.

La prevaricación, ha incidido la letrada, exige la constatación de que la irregularidad se produjo “a sabiendas” y, según ha indicado, Angulo se sometió a todos los “controles de legalidad” del municipio, es decir, a los informes de la secretaria municipal. Es “otro debate”, ha concedido Tapia, si ese control era efectivo o, en sus palabras, “pueril”. Ha explicado que la alcaldesa no tenía formación jurídica suficiente -“ha sido ama de casa desde 1992”- para tener un criterio diferenciado y que se dejó guiar por el “principio de confianza” hacia su funcionaria.

Ha rechazado también que fuera Arruti el que dictara los términos del decreto de contratación -“sólo unos puntos”- y que en aquella época tuviera conocimiento que De Miguel y el propio Arruti pensaban lucrarse con la operación. “Ha resultado obvio que el señor Arruti tenía un interés más allá. Pero, en todo caso, nunca informó a Angulo ni a la Corporación de sus acuerdos y relaciones con Riera [...]. Actuó de mala fe y lo ha reconocido”, ha indicado la defensora recordando que Arruti confesó que fue él quien medió para que Riera pagara una mordida doble de 161.000 euros, una para Sidepur y la otra para una empresa controlada por De Miguel y los también dirigentes alaveses del PNV Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, Kataia Consulting, creada precisamente para camuflar este pago, según la declaración del arrepentido.

La Fiscalía señala también que Angulo continuó colaborando con ambos cuando, ya en 2005, anuló las relaciones que mantenía Zambrana con un primer promotor, Capirresgo, que tenía firmado un contrato con Sidepur muy inferior al que Arruti tenía apalabrado con Riera (300.000 euros frente a un máximo de 3 millones). Para la defensa de la alcaldesa, ni siquiera hay una “resolución administrativa” que pueda ser considerada ilegal y alega que se trata de una excusa para retrasar hasta finales de 2005 la comisión del delito y salvar la prescripción, ya que aunque el 'caso De Miguel' se inició en 2010 la imputación formal de Angulo no llegó hasta 2014.

Para Angulo, la prueba del nueve de que no formaba parte del plan de Arruti y De Miguel es que siendo ella alcaldesa nunca se llegó a autorizar la recalificación de suelo necesaria para la instalación del polígono. Angulo cedió la Alcaldía en 2007 y el nuevo regidor investido fue el independiente Aitor Abecia. También ese año De Miguel pasó a ser diputado de Urbanismo de Álava y siguió impulsando un proyecto por el que había cobrado dos años antes. Según explicaron tanto Arruti como los gestores de Riera, “había más comisiones” pactadas para la segunda fase del plan de Zambrana, la de urbanización.

El abogado defensor de uno de los principales acusados del 'caso De Miguel', Xabier Sánchez Robles, que se enfrenta a ocho años y un día de cárcel por la presunta adjudicación irregular de contratos que recibieron 'a dedo' empresas de la órbita del ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, ha realizado un duro alegato de conclusiones en esta fase final del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Álava. Javier Beramendi, veterano penalista y presente en muchos de los casos más importantes de Euskadi, ha insistido en que el Gobierno vasco, primero del PSE-EE y ahora en manos del propio PNV, ha ocultado información de manera deliberada para incriminar al que fuera director de Juventud entre 2003 y 2009.

Beramendi no ha escatimado en adjetivos contra el letrado del Ejecutivo, Javier Otaola, al que acusado de ser “corista” del fiscal, Josu Izaguirre, y su tesis de que buena parte de los contratos -hasta sumar 146.000 euros- ni siquiera se llegaron a ejecutar. Antes, había asegurado que cuando se originó el caso, en 2010, los entonces responsables de Juventud, del PSE-EE, certificaron que no existía documentación acreditativa de esos trabajos sin buscarla adecuadamente. Según el abogado de Sánchez Robles, Otaola teledirigió los interrogatorios a los dos testigos que hicieron esas certificaciones para que sostuvieran la acusación.

“Se nos dice que [Sánchez Robles] propició que se abonaran prestaciones sin efectuarse el objeto del contrato. No es verdad. El 'no consta' de 2010 del Gobierno vasco, lo digo con todo cariño, no se lo cree ni el fiscal. ¿'No consta' es sinónimo de 'no se ha hecho' o de 'no se ha buscado'? ¿O de 'miré por encima'? Estoy convencido en que ustedes coincidirán conmigo: el 'no consta' se diluye como un azucarillo en un vasco de agua”, ha dicho al tribunal Beramendi, que ha indicado que los trabajos a esas empresas, Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, se encontrarían almacenados en un archivo distinto al de Juventud. Se da la circunstancia de que el exresponsable de Juventud sólo se negó a contestar a las preguntas de Otaola durante su declaración, que duró varias horas y en la que atendió también a la Fiscalía.

Defensa cerrada de las pruebas consideradas falsas

Adjunto a su escrito de defensa, Sánchez Robles aportó antes del juicio las carátulas de esos trabajos de los que existen sospechas. Además, venían con un sello aparentemente oficial del Departamento de Cultura, del que colgaba Juventud. Sería la prueba exculpatoria definitiva y como tales las ha empleado el letrado del exdirector de Juventud, que las ha mencionado en reiteradas ocasiones. Sin embargo, como publicó este periódico, pesan sospechas de que esos documentos son o bien falsos o bien incluso “fabricados”, extremo que tanto la Fiscalía como el Gobierno vasco ratificaron en sus informes de conclusiones.

De hecho, los otros acusados por estas contrataciones, como el viceconsejero Gurutz Larrañaga, superior de Sánchez Robles y firmante de las adjudicaciones, o los administradores de Errexal y Ortzi Muga, Iñaki San Juan y Josu Montés, han pasado de puntillas durante todo el juicio del elemento fundamental que les exoneraría a todos ellos de la cárcel. En el caso de De Miguel, su letrado, Gonzalo Susaeta, los mencionó en su escrito de defensa previo al juicio pero no ya en su alegato final de conclusiones.

Esos documentos no tenían número de entrada en el registro de la Administración y presentan diferencias tipográficas con otros sellos oficiales obrantes en el sumario. También hay un documentado fechado en un día inexistente, el 29 de febrero de 2007. Beramendi, por el contrario, ha defendido su veracidad plena. El problema de la fecha es un “error” y de las diferencias en los “rabillos” de las letras o números no se puede hacer 'casus belli'. El abogado ha indicado que ha hallado hasta “cinco tipos de sellos distintos del Departamento de Cultura” entre la documentación del caso.

Durante el juicio, la Fiscalía encargó un informe al Gobierno vasco sobre los registros de Juventud en aquella época y no consta que los documentos de Sánchez Robles se entregaran. El tribunal, en todo caso, consideró extemporánea esta aportación. Beramendi lo ha explicado indicando que cuando se entregan a la Administración varios documentos sólo se marca uno y que, en estos casos, serían las facturas las que quedarían registradas.

Izaguirre destacó que el material entregado eran “fotocopias” y que no era un detalle menor, ya que si hubiesen sido originales se podría estar hablando de otro delito. “El argumento estrella [del fiscal en este bloque del 'caso De Miguel'] es la falsedad de las carátulas y que prueba de la falsedad es que para eludir responsabilidades se presentaban fotocopias. ¡Sin pudor! Son afirmaciones llenas de insinuaciones insidiosas. Son inaceptables. Y luego está el miembro del coro, el letrado del Gobierno vasco, que se sumó a aplaudirlas, jalearlas y mostrar más pasión que el ministerio fiscal”, ha manifestado Beramendi.

Sánchez Robles, en algunos casos, también aportó documentos con los informes completos. Sobre algunos de ellos pesan sospechas de que se trate de material plagiado. Beramendi ha recordado que durante la investigación solicitó a la sociedad informática del Gobierno vasco (Ejie) la copia de seguridad del ordenador de Sánchez Robles, que probaría la existencia de esos informes. Ejie no disponía de ese material pero Beramendi entiende que también es “increíble” esa respuesta. “¿Creemos de verdad que Ejie no hace copias? ¿Para qué esta?”, se ha quejado.

El precedente de Margüello

Se da la circunstancia de que, hace solamente unos meses, Beramendi y Otaola compartieron otro juicio, el del 'caso Margüello', cuyo génesis coincidió en el tiempo con el 'caso De Miguel'. El letrado, de nuevo, defendía a un alto cargo, en aquella ocasión de Sanidad, José Ramón Elorriaga, acusado de beneficiar con contratos irregulares a empresas de su amigo, el doctor José Carlos Margüello. En sus conclusiones, Beramendi también atacó al Gobierno vasco ya que, a su entender, el PSE-EE utilizó el 'caso Margüello' como venganza política contra el PNV. Otaola, en aquella ocasión, retiró la acusación del Gobierno al entender que no estaba acreditado el quebranto económico de los contratos a las mercantiles investigadas. La sentencia confirmó la prevaricación del cliente de Beramendi y, además, criticó duramente su gestión.

Entonces como ahora, Beramendi ha destacado que no es tal la acusación de amistad y trato de favor de Sánchez Robles con el resto de acusados. Ha insistido, a pesar de los correos electrónicos del sumario, que De Miguel, conocido por todos como Txitxo, él y sus respectivas esposas, Ainhoa Bilbao y Josune Gorospe, no hicieron juntos un viaje a Argentina (“Xabier me dijo que prepararía las fotos para pasároslas. No sé si lo ha hecho ya, le preguntaré luego. Y el vídeo, como diría Txitxo, es 'lo puto peor'. No sé si se podrá hacer algo con eso. Le diré a Xabier que lo intente, más que nada para por eso de vernos en movimiento”). También ha indicado que no hay evidencias de comidas o cenas del exdirector de Juventud con De Miguel o con San Juan o Montés, de nuevo a pesar de los 'emails'.

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Finalmente, Beramendi ha puesto en solfa la declaración de la funcionaria jefe de Juventud, Oro Ochoa de Eribe, muy crítica con la gestión de Sánchez Robles y al que llegó a acusar de presionarla desde que estalló el caso. “Casi me salta al cuello”, ha ironizado el defensor del exdirector de Juventud, que ha reiterado que eran los técnicos los que proponían las empresas y no los políticos. “A los técnicos les compete comprobar que los trabajos se han realizado y deben hacer un informe para verificar que todo está correcto. La parte técnica es la que le da el visto bueno al trabajo. Oro se puso a la defensiva, con una exhibición de amnesia. ¿Qué razones tenía la señora Ochoa de Eribe para actuar así?”, se ha preguntado.

La mejor defensa es, en ocasiones, un buen ataque y así lo ha interpretado Iñaki San Juan, exedil del PNV en Leioa acusado dentro del 'caso De Miguel' de haberse beneficiado de una veintena de contratos 'a dedo' de la Dirección de Juventud del Gobierno vasco cuando estaba en manos del peneuvista Xabier Sánchez Robles y que, según la Fiscalía y el propio Ejecutivo, en un porcentaje importante hasta sumar 146.000 euros se habrían cobrado incluso sin que conste que fuesen ejecutados. Su letrada, Ainhoa Mentxaka, ha denunciado que el sucesor de Sánchez Robles, de nombre Ignacio Rodríguez (PSE-EE) y que fue quien colaboró con la investigación para determinar qué contratos escondían anomalías, cometió irregularidades aún mayores. 

Según los datos aportados en el juicio del 'caso De Miguel' por la propia Mentxaka, Rodríguez pidió una excedencia en la entidad Suspergintza para acceder al Gobierno. Durante su etapa al frente de Juventud (2009-2012), “Suspergintza facturó más de 600.000 euros al Departamento de Cultura [el que depende el área de Juventud] y 6 millones del Gobierno vasco en su conjunto”, ha explicado la abogada.

“La empresa Suspergintza recibió subvenciones en convocatoria pública antes, durante y después de mi etapa en el Gobierno. Esto no tiene nada que ver con los contratos de Sánchez Robles, que eran directos. No son casos equiparables. Tratan de desviar la atención”, asegura Rodríguez en declaraciones a este periódico preguntado por las afirmaciones de la defensa de San Juan.

Mentxaka, en la línea de los expuesto en su declaración por Sánchez Robles, entiende que la totalidad de los trabajos contratados por Juventud a las empresas implicadas en este caso y que guardaban relación con De Miguel, Errexal, Ortzi Muga y Kataia Consulting, están perfectamente ejecutados y entiende que el Gobierno no aportó toda la información al juez instructor, Roberto Ramos, cuando se investigaron esos expedientes. Según la defensa de San Juan, administrador de Errexal y de Ortzi Muga, el equipo de Rodríguez emitió un informe “en cuatro días” en el que se fundamenta toda la acusación. Ha indicado que, de cara al juicio, el tribunal de la Audiencia Provincial de Álava solicitó más documentación y “aparecieron dos expedientes”. “Si se llegan a pedir todos...”, ha dejado caer.

Durante el juicio, en aplicación del principio 'in dubio pro reo', se ha acotado a 146.000 euros el dinero defraudado, según el criterio compartido por la Fiscalía y el por el letrado del Gobierno, Javier Otaola. En sus conclusiones, Otaola agradeció expresamente el trabajo de Rodríguez y de su equipo para esclarecer los hechos y aseguró que el actual Ejecutivo liderado por el PNV está “vinculado” por los informes elaborados por los socialistas en la etapa anterior. Sánchez Robles, por su parte, sólo se negó a contestar a las preguntas de Otaola en su declaración precisamente porque entendía que deliberadamente se habían ocultado los trabajos de Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga.

Sin “clamorosidad”: San Juan facturó el 6,75%

Mentxaka ha aprovechado también sus conclusiones para exponer numéricamente que no hubo “clamorosidad” en la facturación total de las empresas de San Juan (sin incluir Kataia Consulting) en relación al presupuesto total de Juventud y en relación también a la partida de servicios de consultoría externa. Según sus cifras, “en esos tres años [facturó] el 1,68% del total y un 6,75% de los contratos de servicios exteriores”.

Y ha añadido: “Si esto era una trama para conseguir contratos... No voy a decir que las cantidades sean pequeñas, pero en relación con el presupuesto total eran cantidades nimias. Son cantidades absolutamente nimias”. De hecho, ha querido dejar constancia de que en Juventud “no siempre” se le daba el contrato a San Juan porque “con la misma amabilidad que te adjudicaban, no te adjudicaban”.

Además, ha incidido que se ha querido ocultar en el sumario el dato de que en 2009, ya sin Sánchez Robles en el Gobierno, la facturación total de Errexal creció. Eso sí, en la Administración autonómica el casillero de contratos se quedó en cero. Sólo ahora, en 2018, la empresa -rebautizada como Perexila- ha vuelto a contratar con Juventud, según explicó en el juicio el propio San Juan.

Late en el trasfondo del juicio la amistad que unía a De Miguel, San Juan y Sánchez Robles. Hay pruebas de que el político apenas necesitaba 16 minutos y 38 segundos para lograr una adjudicación de Juventud. Si Sánchez Robles minimizó su relación con De Miguel, con quien llegó a viajar a Argentina, San Juan ha hecho lo propio con el exdirector de Juventud. Según Mentxaka, el contacto era con los funcionarios mientras que “el trato con el señor Sánchez Robles fue inexistente al principio y luego cordial”, pero sin cercanía.

Para justificarlo, ha leído una batería de correos electrónicos en los que De Miguel y San Juan preparaban encuentros o comidas. “Cuatro intentos en un año y en ninguna de las invitaciones está Sánchez Robles”, ha remarcado la letrada. No ha citado, en cambio, otro mensaje que envía San Juan a un grupo de amigos, incluidos De Miguel y Sánchez Robles pero también otros imputados en la causa como Josu Arruti o Josu Montés, en el que organizan un almuerzo en un 'txoko' de Bilbao.

Hace casi dos semanas que el abogado de Alfredo de Miguel, Gonzalo Susaeta, cerró emocionado su alegato de conclusiones en el juicio del 'caso De Miguel', que se inició en enero en la Audiencia Provincial de Álava y que apura sus última sesiones esta semana. Fueron tres días en los que desgranó sus reflexiones y argumentaciones y en los que no tuvo límite de tiempo. Pero algo, aparentemente, se le quedó en el tintero. Este lunes era el turno para la exposición de la defensa de Josu Montés, pero como su letrado, Eneko Goenaga, comparte bufete con el de De Miguel (ambos son de Cuatrecasas), ha aprovechado para hacer una suerte de 'ampliación' de las quejas ya realizadas por Susaeta a lo largo de tres días contra el juez instructor, Roberto Ramos, y contra los agentes de la Ertzaintza adscritos a él y que apenas afectan a su cliente.

El elemento nuevo es que, según ha expuesto Goenaga, cuando la Ertzaintza incorporó a la causa el ordenador de la hermana de De Miguel, de nombre Aintzane y que era contable de las principales sociedades mercantiles investigadas, se hizo tras guardarlo en una bolsa de evidencias sin firma ni sello, cerrada con cinta adhesiva. ¿Qué consecuencias tuvo aquello? Según Goenaga, “habría desaparecido en el ordenador la contabilidad de 2008 y 2009” de Kataia Consulting, principal empresa del caso que fue creada en 2005 para camuflar el pago de comisiones, en un primer término de la operación de Zambrana, según al confesión de Josu Arruti.

Se da la circunstancia de que la Fiscalía puso de manifiesto que en el sumario sólo constaban los datos de esta mercantil entre 2005 y 2007 en contraposición a un informe económico encargado por la defensa de De Miguel a un perito externo, Víctor Benedito, que analizó también las cuentas del resto de ejercicios. El fiscal, Josu Izaguirre, acusó a Benedito de haber trabajado con datos facilitados por la parte interesada y no con los datos objetivos del sumario y la tesis de Goenaga es la respuesta de la defensa del que fuera 'número dos' del PNV de Álava a estas afirmaciones.

No ha mencionado Goenaga que consta en acta que Aintzane de Miguel entregó “voluntariamente” tanto ese portátil como documentación en papel sobre Kataia Consulting. Su abogado, Ibon Gaínza, ya ha presentado un incidente de nulidad porque cuando lo hizo, en 2010, ella era testigo y tenía la obligación de colaborar. Luego, en 2011, resultó imputada en la causa y, según Gaínza, tiene todo el derecho, como la Constitución prevé para cualquier acusado, a “huir como un conejo”, “mentir como un bellaco” y “destruir pruebas”.

“¿Cuál ha sido el tratamiento de esta evidencia tan importante?”, se ha preguntado Goenaga en voz alta, que ha hecho suyas las reflexiones de su colega Susaeta y ha dicho también que todas las pruebas informáticas aprehendidas a los principales acusados, como los ordenadores de De Miguel, “estuvieron descontroladas durante siete meses, ajenas al procedimiento y al secretario judicial”. “Resulta increíble que un procedimiento de esta entidad haya tenido una irregularidad de tal magnitud”, ha zanjado Goenaga en relación al trabajo del juez Ramos y de los policías a su cargo.

“Montés no se ha quedado un solo euro”

Josu Montés, militante del PNV y amigo de De Miguel, está en la causa como fundador de la mercantil Ortzi Muga, que nunca tuvo empleados y que fue beneficiaria como Kataia Consulting y Errexal de contratos 'a dedo' salidos de la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, cuyo titular era Xabier Sánchez Robles. La investigación ha situado Ortzi Muga en la órbita de De Miguel. De hecho, su hermana era la contable. Goenaga se ha apoyado precisamente en las declaraciones en el juicio de los ertzainas expertos en delitos económicos que justo antes había criticado para recalcar que Montés no tenía ya relación con la empresa cuando, en 2007, empezaron las contrataciones con Juventud, que en buena medida ni siquiera se ejecutaron a pesar de haberse cobrado en su totalidad hasta sumar unos 45.000 euros sólo en este caso.

También ha repetido que los informes policiales dejan claro que Montés no obtuvo ningún beneficio personal. “Montés no se ha quedado con ni un solo euro de dinero público porque ni un solo euro de Ortzi Muga ha llegado a Montés”, ha enfatizado su defensor. 

Ortzi Muga fue creada en abril de 2006 y su primer ingreso fueron 6.000 euros de Construcciones Loizate, la empresa de Jon Iñaki Echaburu, quien está acusado de abonar comisiones ilegales al entorno de De Miguel. El concepto de ese pago fueron unas “traducciones” y en la investigación se valoró que fuera en realidad una mordida más, aunque finalmente Goenaga ha remarcado que no es objeto de acusación en el juicio. En el otoño de ese año Montés cedió la administración a Iñaki San Juan, socio minoritario, responsable de Errexal y también amigo de De Miguel.

Se da la circunstancia de que consta en el sumario un 'email' que guardaba De Miguel en el cual Montés le reclamaba unas cantidades por esos meses al frente de la mercantil. Para la Fiscalía, es la prueba del control real que ejercía quien todos llamaban Txitxo sobre esta empresa, como también sobre Errexal. Según Montés, era simplemente un intento de que un “amigo común” de San Juan y él intentase mediar porque San Juan, al quedarse con la empresa, no le abonó ninguna compensación.

Sin embargo, la realidad de los hechos es que San Juan no sólo no tenía un conflicto con Montés en aquella época, sino que le contrató para Errexal, donde lideró un proyecto subcontratado por la Fundación Naturgintza, la denominada 'Ruta del vino y del pescado'. Meses después, Asier Arrese, de Naturgintza, fichó a Montés para la fundación. Se dan dos coincidencias: por un lado, De Miguel -siendo diputado de Álava- contrató a Ortzi Muga 'a dedo' para “Asesoramiento para la puesta en valor de la ruta del vino y del pescado” (11.000 euros en dos facturas) y que en la actualidad Arrese es el jefe de Txitxo en la sociedad pública Hazi.

“Más allá de la amistad con De Miguel y San Juan y el conocimiento de otras personas [imputadas en la causa] no hay indicios, pruebas, 'emails' de los que se derive que Montés se haya asociado con alguien para cometer un delito. Todavía con el Código Penal vigente ni tener amistad ni una ideología política común puede ser considerado delictivo”, ha ironizado Goenaga sobre las acusaciones de asociación ilícita que pesan sobre Montés y otros acusados, que según la Fiscalía conformaron una trama para el cobro de comisiones ilegales y la obtención de financiación irregular.

Apenas un par de sillas vacías en el banquillo de los acusados del juicio del 'caso De Miguel' separaban este miércoles al exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, del exdirector de Juventud, Xabier Sánchez Robles, ambos del PNV. Pero desde que en enero arrancó este macroproceso de corrupción, una de cuyas derivadas son contratos 'a dedo' salidos desde Juventud -pero firmados por Larrañaga- a empresas de la órbita del que fuera 'número dos' del PNV alavés, Alfredo de Miguel, a la pareja le ha separado un abismo. Y esa distancia se mantiene ahora al final del juicio. En su informe de conclusiones, el letrado del exviceconsejero, Miguel Alonso Belza, ha deslizado algunos detalles que evidencian, aun sin haberlo dicho directamente, que quien tenía la cercanía con las mercantiles Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga y quien proponía las contrataciones ahora bajo sospecha era exclusivamente Sánchez Robles.

“¿A sabiendas? No hay nada. Ninguna llamada, ningún 'email', ninguna nota, ninguna reunión, … No hay ningún viaje ni estancia en ningún sitio. ¡No hay ningún viaje!”, ha recalcado Alonso, que ha añadido que Larrañaga tenía a su cargo otros directores y no ha ocurrido lo mismo: “No era la Dirección que más contratos tenía y en las otras no ha habido ningún problema”. Sánchez Robles, muy serio, no ha dejado de tomar notas durante toda la intervención del defensor de quien fuera su superior, con quien ha mantenido una interlocución muy fría, casi inexistente, durante todo el procedimiento.

Como publicó este periódico, Sánchez Robles tenía una relación de amistad tanto con De Miguel como con los administradores de Errexal y Ortzi Muga, Iñaki San Juan, exedil en Leioa, y Josu Montes, también militante del PNV. Constan pruebas en el sumario de comidas e incluso de un viaje a Argentina de De Miguel y su esposa, Ainhoa Bilbao, y de Sánchez Robles y la suya, Miren Josune Gorospe, ahora parlamentaria vasca. También hay 'emails' que muestran como De Miguel, en apenas 16 minutos y 38 segundos, conseguía fondos de Juventud. El que fuera director de Juventud, sin embargo, negó esa cercanía y el trato de favor a las firmas relacionadas con De Miguel, que en total obtuvieron 23 contratos de los cuales se sospecha, además, que varios de ellos ni siquiera se llegaron a ejecutar hasta sumar 146.000 euros tras haber dado por buenos algunos otros que eran dudosos tras el juicio.

Si así ha ocurrido este recálculo ha sido fundamentalmente por una caja de pruebas aportada por la defensa de San Juan. Y es que Sánchez Robles aportó unos documentos sellados que justificarían aparentemente todas las contrataciones pero tanto la Fiscalía como el Gobierno vasco sostiene que esas pruebas o bien son falsas o bien incluso “fabricadas”.

La Fiscalía ha reducido sustancialmente la petición de condena para el firmante de los contratos como superior de Sánchez Robles, el viceconsejero Larrañaga. Según su abogado, de verse expuesto a una pena de cárcel “casi como si fuera un asesinato” se enfrenta ahora a un delito de prevaricación, no penada con prisión y sí con inhabilitación, de la que espera librarse igualmente. El Gobierno vasco, por su parte, hace responsable único al director de Juventud. El abogado Alonso ha agradecido que al Ejecutivo no le haya “temblado el pulso” de excluir a Larrañaga de sus conclusiones mientras señala con igual firmeza a Sánchez Robles por malversación.

El letrado, en su breve alocución ante una Audiencia Provincial de Álava casi vacía -apenas siete defensores y casi ni periodistas-, ha indicado también que ha pretendido seguir durante todo el macroproceso una línea “diferenciada” a la del resto de acusados y ha asegurado que no cuestiona las “garantías” del sumario después de durísimas intervenciones de otros acusados contra el juez instructor, Roberto Ramos, los agentes de la Ertzaintza que le auxiliaron y el fiscal-jefe, Josu Izaguirre. Alonso, en todo caso, sí ha criticado los “excesos verbales” de Izaguirre y algunas alusiones personales a su cliente.

El delito de prevaricación exige dolo, que la resolución sea irregular a sabiendas. “No es la mera ilegalidad, sino la arbitrariedad lo que se sanciona”, ha enfatizado Alonso, que ha citado una única sentencia como referencia, la del 'caso Margüello', en la que fue exonerado el viceconsejero de Salud, Rafael Cerdán, porque era su subordinado, el delegado en Bizkaia, José Ramón Elorriaga, el responsable directo de los contratos irregulares con empresas de quien era su amigo, el doctor José Carlos Margüello. Se da la circunstancia de que Elorriaga y Sánchez Robles comparten abogado, Javier Beramendi, quien expondrá sus conclusiones en el 'caso De Miguel' la próxima semana aunque este miércoles no ha estado presente en el juicio.

La defensa de Larrañaga, como las de otros imputados, ha descrito también una “durísima situación personal” derivada de su imputación en esta macrocausa allá por 2010, pocos meses después de que estallara el caso. Alonso se ha preguntado si “va a tener la misma repercusión [en los medios de comunicación] la retirada de prácticamente toda la acusación [y una hipotética absolución]” en relación con “haber aparecido en los medios constantemente entrando en esta casa de la justicia”. “Seguramente no y eso queda. Esto no es Nurva York y aquí todos nos conocemos”, ha añadido el letrado.

Los presupuestos vascos de 2006 incorporan en su apartado de “entes, sociedades y fundaciones públicas” las cuentas del parque tecnológico de Miñano, que es “una empresa pública adscrita al Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de la comunidad autónoma de Euskadi”. Fue en aquel año cuando se contrató de manera directa, sin concurso, a la empresa Urbanorma Consulting, tras la “recomendación” de quien no tenía ningún cargo en Miñano, Alfredo de Miguel, entonces 'número dos' del PNV de Álava y que está acusado de corrupción por, entre otras operaciones, haber intentado presuntamente cobrarse una comisión de 100.000 euros por esas gestiones.

Según la Fiscalía, aquella adjudicación gestionada por Alfonso Arriola como gerente y por Julián Sánchez Alegría como presidente, ambos del PNV, constituyó una ilegalidad flagrante. Para los abogados de ambos, en cambio, el parque tecnológico, a pesar de que su capital sea 100% público, no puede tener la consideración de entidad pública y, por lo tanto, no le serían aplicables en 2006 las normativas de contratación, basadas en los principios de publicidad y transparencia.

Así lo expuso el letrado de Arriola el lunes en el juicio del 'caso De Miguel', que se halla inmerso en su última fase, la de conclusiones. Y así lo ha repetido este martes el defensor de Sánchez Alegría, Adolfo Saiz Coca, que ha definido a Miñano como “una sociedad mercantil corriente y moliente” que está “excluida” de las directrices generales de la contratación pública. Ha admitido Saiz Coca que esta interpretación puede chocar en 2018, pero ha añadido que en 2006 la legislación era “más laxa”. Ha llegado a decir que la Administración ha utilizado este tipo de entes instrumentales como “huida del derecho administrativo”, para no “encorsetarse” con las exigencias propias de la normativa de contratos públicos.

Siguiendo esta teoría, las defensas también sostienen que los cargos directivos de estas empresas tampoco son autoridad pública o funcionario a los efectos del Código Penal. El propio De Miguel, antes de ser diputado de Urbanismo de Álava en 2007, era gerente de una Industrialdea -dependiente de Industria, como los parques tecnológicas- y se agarra a que era un “laboral” para intentar evitar condenas por delitos sólo aplicables a cargos públicos, como el cohecho o la prevaricación.

“No ha habido nada irregular en el contrato de Urbanorma Consulting”, ha querido zanjar Saiz Coca, que ha indicado que en las sociedades dependientes de Industria eran habituales estas adjudicaciones en la época y que el propio Tribunal de Cuentas admitía que se pudiera “mitigar” el derecho administrativo en ellas. “El acervo probatorio avala no sólo que no existía dolo, sino que se aplicaba correctamente la legislación”, ha apostillado el abogado de Sánchez Alegría.

El expresidente del parque tecnológico -lo fue de toda la red vasca- también está acusado de coacciones. Según el relato de la Fiscalía, la administradora de Urbanorma Consulting y denunciante del 'caso De Miguel', Ainhoa Alberdi, se reunió con él en primera instancia tras ser extorsionada por De Miguel. Y Sánchez Alegría, siempre según la acusación, alertó al político: “Actúa como actúan las mafias: proteger a los suyos y dejar a los pies de los caballos a los ciudadanos”. Saiz Coca ha repetido que es “falso” y que su cliente, que admitió que Alberdi le trasladó la situación que vivía y que incluso le dio la cifra de 100.000 euros, “ni le amenazó ni le pidió dinero, todo lo contrario, trató de aportar tranquilidad” para que pudiera cobrar todos los honorarios pendientes de pago por el trabajo en el parque tecnológico.

“Hay que considerar que el señor Sánchez Alegría ha estado ocho años sufriendo la pena de banquillo, que le ha acarreado notables perjuicios, como la pérdida de su puesto de trabajo como consejero delegado de una importante empresa. No sólo la señora Alberdi salió perjudicada”, ha señalado el abogado, que en ningún momento ha criticado al presunto responsable de los hechos, De Miguel. Sí ha lamentado que la Fiscalía mantenga contra él otra acusación en el 'caso Epsilon', el fallido proyecto para crear una escudería vasca de Fórmula 1 con sede en Miñano y que se tragó sumas millonarias de dinero público.

No se “manipuló” el expediente de Stoa

En el juicio también se analiza un segundo contrato en Miñano, continuidad del de Urbanorma Consulting, y que recayó en la empresa Stoa, de la órbita de De Miguel. La Fiscalía, apoyada en un informe de la Ertzaintza, entiende que aquella contratación tenía que ir “sí o sí” a la compañía de Sergio Fernández Oleaga y que ello motivó una serie de anomalías como la admisión de una oferta de 343.000 euros aunque el desglose real del presupuesto de Stoa rondara los 500.000 o que se “manipularan” los puntos de una empresa que anunció un recurso, Lugarfive. Para ello, la acusación se apoya en un cruce de correos por el cual esta empresa ve reducidos de 20 a 10 los puntos en el apartado de solvencia. A cambio, alude a que Fernández Oleaga abonó una comisión de unos 3.000 euros a quien consideraba su “padrino”.

Por estos hechos, además de Arriola y Sánchez Alegría, está procesada Miren Bilbao, directora técnica del parque tecnológico. Su abogado, Jesús Urraza, ha reivindicado su inocencia y honorabilidad y ha asegurado que es absurdo pensar que hubo manipulación porque incluso con los 20 puntos Lugarfive nunca superaría a Stoa en puntos. Las defensas de Bilbao y Arriola coinciden en que aquellos 'emails' eran una simulación, “borradores”, y que nunca actuaron sobre el expediente original, que desde un principio recogía que la empresa recurrente tuvo 10 puntos. La falsedad documental tiene que darse sobre originales que sean destinados al “tráfico jurídico” y, según Urraza, la Fiscalía no ha probado que sea el caso.

Además, “Bilbao es una señora que no tiene ningún motivo para participar en ninguna irregularidad”. Ha destacado Urraza, cabeza de un equipo jurídico más amplio, que la acusado no conocía a De Miguel hasta el juicio. Ha justificado también que su defendida no contestase a las preguntas del fiscal Josu Izaguirre en el juicio porque, a su modo de ver, su “estilo” es inapropiado y “pregunta 25 veces hasta conseguir que se diga lo que se quiere”.