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La defensa de la hermana de De Miguel insiste en la nulidad del ordenador y cuentas de Kataia Consulting

"Uno elige a los amigos pero no a los hermanos", expone el letrado Ibon Gaínza, que asegura que la contable no debe tener un "plus" de castigo por su apellido

El tribunal fija el 15 de octubre como fecha límite para que Fiscalía y acusados del 'caso De Miguel' cierren un acuerdo

Aintzane de Miguel, en primer término, con el resto de acusados NURIA GONZÁLEZ

Una de las dos hermanas de Alfredo de Miguel, Aintzane, está procesada en el juicio de corrupción que se sigue desde enero en la Audiencia Provincial de Álava por ser la contable de Kataia Consulting y del resto de empresas que dirigía su hermano, ex 'número dos' del PNV de Álava. Concretamente, la Fiscalía le acusa de crear facturas falsas para camuflar el pago de comisiones en dos ocasiones, lo que supondría una doble pena de 21 meses de cárcel, aunque según indicó el martes el ministerio público podría haber cometido más delitos. Aintzane de Miguel no comparte letrados con su hermano, sino con la familia Arruti, quienes han confesado la existencia de comisiones ilegales en Zambrana tras pactar con los fiscales Josu Izaguirre y Manuel Pedreira. Ella misma negoció y llegó a un acuerdo, pero a última hora rechazó la oferta -que hubiese supuesto la absolución- por no incriminar a su hermano

En este escenario, su abogado Ibon Gaínza se ha desdoblado en la exposición de sus conclusiones finales en el juicio del 'caso De Miguel' -ha sido el primero de los letrados de los 26 acusados en hacerlo- y ha mostrado su "conformidad" con las condenas que han sido pactadas para la hermana de Josu Arruti, Estíbaliz, y para su marido, Gorka Errasti, para acto seguido ejercer de dura oposición a la Fiscalía en el caso de Aintzane de Miguel. Su principal baza es lograr la nulidad de las pruebas que ella aportó "voluntariamente" -según consta en el sumario- al día siguiente de la detención de su hermano, en marzo de 2010.

Es una vieja pelea jurídica que Gaínza viene manteniendo desde que asumió el caso y que tendrá que ser resuelta en la sentencia. El punto de fricción es que en aquel arranque del caso Aintzane de Miguel fue llamada a declarar como testigo y no como imputada. Jurídicamente, los primeros tienen obligación de decir la verdad y, como ha descrito Gaínza en "román paladino", los segundos tiene opción de "huir como un conejo", "mentir como bellacos" y "destruir pruebas". Son "derechos constitucionales", ha enfatizado. En esa comparecencia, la contable aportó en papel las cuentas de Kataia Consulting, la empresa central del caso, y además la Policía acudió a su domicilio a recoger un ordenador con los datos. Según Gaínza, no lo hizo 'motu proprio', sino forzada por la situación: "Se requisa 'manu militari'".

Entiende, además, que esos datos aportados como testigo se volvieron en su contra cuando, en 2011, fue llamada ya como imputada. No obstante, ¿qué alcance podría tener la anulación como prueba de esas evidencias? ¿Podrían motivar una cascada de absoluciones? Los correos electrónicos de ese ordenador han aparecido también en otros discos duros decomisados en el arranque de la investigación, registros que estuvieron supervisados por el juez instructor Roberto Ramos y sobre los que, en principio, no pesan peticiones en este sentido. En cuanto a la contabilidad, Koldo Ochandiano, calificado por la Fiscalía como "el cerebro económico de la trama", tenía abundante documentación sobre las cuentas de Kataia Consulting tanto en 'email' como en Excel y notas manuscritas.

Gaínza, en todo caso, ha querido insistir en que, si finalmente no queda absuelta por un defecto de forma, Aintzane de Miguel tendría que serlo porque se limitaba a "mecanizar" las órdenes que le daba su hermana. Crípticamente, ha indicado también que ser hermana del principal protagonista de la historia no le confiere un "plus" y que "uno elige a los amigos pero no a los hermanos". Y ha añadido que los delitos por los que la Fiscalía pide 21 meses no pasarían de 6 de pena. Sea como fuere, aun con la condena máxima y sin antecedentes, es improbable que pueda entrar en prisión de manera efectiva.

Abogados de oficio y agradecimientos a la Fiscalía

Además de Ibon Gaínza, han tomado la palabra para exponer sus conclusiones los letrados de los imputados que alcanzaron acuerdos con la Fiscalía. Para tres se pide la absolución (Estíbaliz Arruti, Joaquim Sabater y Ramòn Tomás i Riba), en tres casos más se entiende que los delitos han prescrito, incluido el pago de comisiones (Francesc Fernández Jova, Plàcid Casas y Gorka Errasti) y en el resto de casos las condenas han quedado "afeitadas", en palabras de un letrado, para evitar el ingreso efectivo en prisión, como ocurrirá con Josu Arruti. En ese escenario, ha quedado acreditada la relación de cordialidad y confianza de estos abogados con la Fiscalía hasta el punto de que, a pesar de las gruesas acusaciones recibidas por el ministerio público desde 2010, algunos de ellos han agradecido su minuciosidad, dedicación y trabajo. "Han sido exquisitamente profesionales", ha dicho el catalán Ferran Marsol de Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, quienes también tuvieron palabras de cariño para las defensas. Se da la circunstancia de que otro letrado, Ángel Pablo Susaeta, ha explicado en su informe que él es abogado de oficio y que asumió este macrocaso a última hora. "Esto era estratosférico", ha bromeado. Las cosas cambiarán a partir del lunes, ya que tomará la palabra el letrado de Alfredo de Miguel, Gonzalo Susaeta, y el resto de defensas que mantienen el cuerpo a cuerpo contra el ministerio fiscal.

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