Cazalla (Sevilla) multará con hasta 1.500 euros si las fiestas de cumpleaños pasan de las doce de la noche
Cumpleaños feliz...pero en silencio. El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra (Sevilla) ha aprobado en Pleno una “Ordenanza sobre Convivencia” que contempla, entre otras cosas, que las fiestas de cumpleaños no podrán superar la medianoche, con multas, en este caso, entre los 500 y los 1.500 euros.
Se refiere, eso sí, a fiestas que se celebren en domicilios particulares, no, por ejemplo, en una discoteca insonorizada, en una norma que se puede consultar en la web municipal, creada “para recoger y regular todos aquellos conflictos que son frecuentes en el día a día y que no tenían una regulación jurídica específica en nuestro Ayuntamiento”.
Concretamente, las fiestas de cumpleaños están recogidas en el punto 13 de estas ordenanzas, en el epígrafe “Ruidos y olores”, que señala textualmente en su punto 7 que “las celebraciones particulares (cumpleaños, fiestas, etc) no podrán alterar el descanso de los vecinos. Esto prevalece ante todo. Por lo que se permitirá hasta las 00:00 horas”.
El incumplimiento de esta norma está recogido en el documento como sanción grave, ya que supone “perturbar la convivencia ciudadana de forma que incida grave, inmediata y directamente en la tranquilidad y en el ejercicio de derechos legítimos de otras personas, en el normal desarrollo de actividades de toda clase conforme a la normativa aplicable y en la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de conductas no tipificadas en la legislación sobre protección de la seguridad ciudadana”.
Así, el Ayuntamiento concreta que las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 500 euros; las graves con multa de 500,01 hasta 1.500 euros y las muy graves de 1.500,01 hasta 3.000 euros.
Identificar “por si acaso”
La misma ordenanza faculta a los miembros de la Policía Local a identificar a ciudadanos en prevención de problemas, ya que “en los lugares habilitados para la botellona, la Policía Local, podrá identificar a las personal concentradas en ese espacio, a modo de controlar, que el lugar se queda limpio y sin residuos una vez que acabe el evento”.
El Ayuntamiento entiende que “es obligación de todos los vecinos actuar cívicamente en el uso de los bienes e instalaciones puestos a disposición del público y de los demás elementos que configuran y dan estilo a una ciudad”, y señala que “el objetivo primordial es el respeto y la mejora de la Convivencia Ciudadana y el fomento del Civismo y el respeto entre las personal, y en su caso, establecer las medidas precisas para corregir las situaciones que las perturben y aplicar las sanciones que procedan”.
Por eso, intenta pelear contra “actuaciones anticiudadanas que se manifiestan en forma de daños en el mobiliario urbano, en fuentes, parques y jardines, en las fachadas de edificios públicos y privados, en las señales de tráfico, en las instalaciones municipales y en otros bienes, suponiendo unos gastos de reparación o reposición cada vez más importantes. Gastos y recursos municipales que se detraen de otras finalidades y que se sufragan por todos los ciudadanos”.
“Constituye decisión de este Ayuntamiento procurar que disminuyan y sean eliminados los actos vandálicos que se producen en este Municipio y a tal fin es necesario disponer de un texto normativo que, a la vez que defina las conductas antisociales que degradan el pueblo y deterioran la calidad de vida, tipifique las infracciones y sanciones correspondientes”, señala además la misma ordenanza.
Explica, por último, que “esta Ordenanza, manifestación de la potestad normativa de la Administración Municipal, no pretende ser la solución a la compleja problemática que constituyen tales comportamientos sino una respuesta a la preocupación ciudadana ante este fenómeno así como un instrumento de disuasión para los individuos o grupos infractores y un llamamiento a la responsabilidad y al ejercicio del civismo incluso para aquellos a quienes está atribuida su representación, ello, por supuesto, sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones Públicas y de la exigible colaboración con la Administración de Justicia”.
