“Tenemos la obligación de ser competitivos, pero sin el apoyo de la administración pública es imposible”

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, hace así un balance positivo de estos tres años y asegura ha cumplido el 85% de sus compromisos al frente de una institución académica con cinco siglos de historia y que ahora tiene el reto de la revolución tecnológica. Castro afirma que no se comprometió a nada que no pudiera hacer: “Planteamos propuestas que son realizables”, dice convencido de que llegarán al 100%.

Ante la sugerencia de que impartiera a la clase política un curso avanzado, tal vez un curso universitario masivo online, ironiza: “Deben reflexionar, hacer un examen y, como hacemos muy bien en las universidades, mirar a las cosas que de verdad importan, crear clima de consenso y de proyectos comunes, que es mejor que las propuestas que generan discordia porque estas no están en la agenda de las personas”.

¿De qué se siente más satisfecho?

Si tuviera que elegir, tengo claro que sería el trabajo realizado en pro de la recuperación de los derechos perdidos de la comunidad universitaria, los derechos del profesorado y de la posibilidad de volver a convocar una oferta pública de empleo (OPE). Cuando iniciamos el mandato, había personas que llevaban años acreditados como titulares o catedráticos. En este momento ya no tenemos en lista de espera para concursar a ninguna persona que haya sido acreditada como catedrático. En titulares, hemos reducido la lista de espera al 50% y, con el proyecto de OPE que va a pasar por Consejo de Gobierno ahora en primavera, vamos a acabar con ella. En el personal de administración y servicios hemos sacado la oferta acumulada de años anteriores, gracias a un gran pacto con las centrales sindicales, de más de 450 plazas. Cuando acabe el proceso, habremos reducido la interinidad en el personal de administración y servicios por debajo del 8%.

¿Y para los estudiantes?

Lo más relevante que ha logrado la Universidad de Sevilla, en colaboración con el resto de universidades, es un reto en el que esta institución ha tenido el liderazgo a nivel andaluz y nacional. Se puso en duda, y fue una gran amenaza, el procedimiento de acceso a la universidad. La Ley Orgánica de Educación proponía la eliminación de las pruebas de acceso a la universidad y creaba un modelo nuevo en el que no eran los estudiantes sino las instituciones las que elegían. Nos parecía un atropello a los derechos de las personas. Son los ciudadanos, con sus méritos y en igualdad de condiciones, los que deben competir y solicitar una universidad y un título. Eso hoy está a salvo, pero ha costado un esfuerzo titánico.

Aquello terminó con todas las universidades andaluzas firmando un documento en el que nos comprometíamos a hacer la misma prueba y dando por buenos los resultados. Eso provocó un desenlace positivo, primero a nivel andaluz, porque se dio muestra de un sistema sólido, cohesionado y homogéneo, y segundo, provocó una reacción en cadena a nivel nacional. Y con esas pruebas de acceso mantenidas, la Universidad de Sevilla sigue siendo la que tiene mayor demanda de plazas y, con carácter general, tenemos las notas de corte más altas en los títulos que impartimos. Eso demuestra un deseo mayoritario por acceder a ella.

¿Cómo se está enfrentando La Hispalense a la revolución tecnológica?

Para afrontar esa revolución tecnológica, tenemos un potente plan propio de docencia donde convocamos actividades para el uso de plataformas digitales, las enseñanzas no presenciales o la formación en nuevas tecnologías del profesorado y de los estudiantes. En eso creo que estamos teniendo unos resultados razonablemente positivos. El único obstáculo es lo costoso que es. La segunda parte es el avance en la oferta de cursos online y tenemos en marcha el primer máster oficial en Informática. Es nuestra experiencia piloto y tenemos mucha ilusión porque nos está valiendo de prueba ante lo que se avecina.

Teniendo en cuenta que la oferta de campus virtuales va in crescendo, ¿es suficiente?

Un tercer elemento a tener en cuenta es que en el conjunto de universidades andaluzas hemos hecho una interesante reflexión. Todos los rectores estamos pidiendo que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) aúne un campus virtual del sistema universitario andaluz. Puede servir y dar soporte a todo el sistema, y también creemos en una oferta de títulos conjuntos que permita esa captación de la formación desde cualquier universidad conectada a esos títulos conjuntos de otras. Eso enriquecería el sistema y es una propuesta que atiende al principio de eficiencia.

En esta competencia creciente, ¿harían falta más titulaciones?

La oferta oficial de títulos en la Universidad Sevilla es amplia tanto en número como en diversidad. Por tanto, no preveo un incremento del catálogo porque tiene una cobertura razonable. Pero ahora los títulos son ofertas formativas en evolución constante y hay que hacer un seguimiento anual, porque a los seis años los grados deben renovar su acreditación. Es un análisis completo que permite ver el éxito, las debilidades y promover un plan de mejora. No solo es mejorar la estructura del título, sino adaptarlo a la demanda, la empleabilidad o el nivel de satisfacción de los estudiantes. Hay títulos que han ido experimentando cambios tan severos que ha habido de nuevo que verificarlos, cambiando la estructura de su optatividad, dirigirla a un rango de personas más transversal  e incluso cambiar su nombre. En cantidad no vamos ampliar, pero hay que estar en constante actualización porque los cambios sociales están sido muy rápidos.

La empleabilidad es uno de los retos de cualquier universidad. Usted ha sido crítico con las prácticas universitarias.

El sistema universitario en su conjunto ha sido crítico. Hemos sido críticos en las formas, porque suponía un cambio drástico y no se comunicó ni se negoció con las empresas, las  universidades y los estudiantes, y sin hacer valoración del coste. Estamos abiertos a todo lo que signifique para los estudiantes mejoras y cotizaciones a la Seguridad Social. Ofrecemos 11.000 prácticas externas, pero de algún sitio tiene que salir el dinero. Esta medida descuadraba el equilibrio presupuestario. Si me incorporan un gasto adicional de dos millones de euros, de algún sitio tendrán que salir esos recursos. De lo contrario, no es viable y si la consecuencia es reducir el número, lo que ocasionamos a esos estudiantes es un perjuicio. En la última reunión con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades parece claro que el reglamento para la puesta en marcha no se va a hacer el próximo año y espero que con tiempo y prudencia se aborde este asunto pero con unas formas distintas.

Aunque se posponga su aplicación, ¿qué propondría para solucionar esta cuestión?

Si los gobernantes lo que proponen es una medida que a la Universidad de Sevilla le va a costar dos millones de euros, díganme dónde me van a ingresar esa cantidad. Otra opción sería cobrárselas a los estudiantes, pero estoy todavía más en contra de esa solución.

Un problema común que denuncian los rectores es la financiación de las universidades.

La financiación de la universidad viene de fondos públicos y eso exige la concienciación de nuestros gobernantes para que crean verdaderamente que es una inversión a medio plazo para la sociedad. Cuando hablan y lo hacen con una melodía común, aunque cada uno desde su posición ideológica, de cambiar el sistema económico y productivo de la nación a través del conocimiento, se entiende que quieren apostar por un sistema universitario extraordinariamente competitivo que forme de manera solvente a sus ciudadanos y estos tengan el talento y la capacidad de transformar la sociedad. Para eso hace falta invertir de manera decidida.

¿Y la capacidad de financiarse por otras vías?

Las universidades compiten en las convocatorias públicas a nivel andaluz, nacional y europeo por la captación de fondos. La Universidad de Sevilla ha incrementado los fondos en estos tres ámbitos; por ponerle un ejemplo competitivo, en los del programa Horizonte 2020 está logrando la tercera parte de todos los recursos que se captan en Andalucía. Eso implica que tenemos una capacidad de solicitar y proponer proyectos con la suficiente envergadura y calidad para que apuesten desde Europa. Si representamos el 25% del sistema universitario andaluz, captamos el 33% de fondos europeos. Tenemos la obligación de ser competitivos, pero sin el apoyo de la administración pública es absolutamente imposible conseguir ese reto social de la transformación del sistema productivo a través del conocimiento.

Un conocimiento que a veces se marcha a otras universidades extranjeras porque aquí no cuenta con recursos.

La movilidad de los investigadores es positiva, eso no ha de perderse. Otra cosa es que las personas formadas luego no tengan posibilidad de volver a la universidad que les formó. El sistema que para mí es ideal es que uno no podría quedarse en la universidad si previamente no ha estado fuera. Lo importante es que el talento que se ha formado y ha aumentado su experiencia en otro país tenga cobijo en el sistema aniversario español para que esa calidad revierta en la creación de conocimiento. Apoyo firmemente las políticas de movilidad, pero para eso también hace falta financiación pública.

¿Qué le pide al nuevo Gobierno andaluz?

El nuevo consejero Rogelio Velasco, nos trasladó en una reciente reunión que quiere hacer una reflexión profunda sobre el  sistema de educación superior público y le marcamos lo que para nosotros es importante y urgente. Lo primero fue que la Consejería aceptara los acuerdos que alcanzamos en la mesa general de universidades el pasado año y que implica una dotación presupuestaria para seguir con la recuperación de derechos. Tuvimos la satisfacción de ver que las aceptaba y que iba a pedir el dinero a la Consejería de Hacienda.

Lo segundo que le hemos pedido con carácter inmediato es que se autoricen las plazas para la OPE del ejercicio 2019 porque el inicio del próximo curso está a la vuelta de la esquina.

Y lo tercero es que no se paralicen las convocatorias del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI). Es fundamental que no se detenga porque llevó años parado, lo que tuvo unas consecuencias nefastas para el sistema universitario y el  desarrollo de la investigación. El anterior Gobierno, finalmente, logró su puesta en marcha en 2018, pero es clave que no se pare el sistema de generación y transferencia del conocimiento al sistema productivo.

A tan solo un 15% de lograr sus objetivos, ¿se presentará a la reelección?

Lo que me quedan son ganas de culminar el trabajo que estamos llevando a cabo, presentar el resultado final y esperar el veredicto, porque somos servidores públicos. A partir de ahí, tomaremos la decisión que corresponda.