El Sindicato de Inquilinas critica la ley de vivienda andaluza: “Está hecha para especular e ignora el problema real”

Hace dos semanas, el Gobierno de Juan Manuel Moreno aprobó por la vía de urgencia el anteproyecto de su ley estrella de vivienda en Andalucía. Como contrapunto al “intervencionismo” de la norma estatal, la propuesta del Gobierno andaluz pone el foco en incrementar la oferta de vivienda, dando “facilidades” para construir en el territorio al “simplificar los trámites” y acortar los plazos. Así lo defendió el presidente de la Junta durante el acto de presentación del anteproyecto, en el que se le dio voz a los promotores, pero no a los sindicatos.

Precisamente, el Sindicato de Inquilinas de Sevilla ha querido compartir su propio análisis de la nueva ley de vivienda andaluza, que ya ha iniciado su tramitación parlamentaria. A ojos de esta organización, el proyecto legislativo del Gobierno de Moreno “parte de un diagnóstico equivocado, está cargado de ideología populista y hecho para los promotores y propietarios de clase media, ignorando a quienes tienen una necesidad real de intervención pública para acceder a la vivienda”.

Ese es el resumen que hace Iban Díaz, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Sevilla, quien se ha encargado de analizar la norma autonómica en un encuentro con los medios de comunicación celebrado en la sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Junto a este profesor de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla, se encontraba su colega de departamento Jaime Jover, quien también se ha mostrado “en contra del espíritu general de la ley”. La crítica compartida radica en el propósito de la Junta: “Construir más favorece el negocio inmobiliario, pero no soluciona el problema real de la vivienda en Andalucía”, afirma Jover.

Basada en un “análisis equivocado”

La propuesta de aumentar la oferta para resolver el conflicto de la vivienda se basa en que Andalucía sufre un déficit de 200.000 viviendas, lo que implica que “casi 500.000 andaluces” no pueden acceder a un hogar, como esgrimió Ignacio Peinado, presidente de Fadeco (la organización que representa a las empresas de promoción inmobiliaria de Andalucía), durante el acto de presentación de la ley de vivienda andaluza.

Sin embargo, los geógrafos del Sindicato de Inquilinas aseguran que el Gobierno andaluz se equivoca al confiar en que la construcción masiva abaratará los precios porque “la clásica ley de oferta y demanda no funciona en el mercado de la vivienda, donde la vivienda no solo tiene uso residencial, sino que también se utiliza como fondo de inversión”.

Frente al planteamiento de la Junta, el colectivo que defiende los derechos del inquilinato pone sobre la mesa otras cifras que no se mencionan en el texto: el Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula en más de 640.000 las viviendas vacías en la comunidad autónoma, a lo que se une que una de cada cuatro casas del parque inmobiliario andaluz no tiene uso como el hogar principal de una familia.

De ahí que desde el Sindicato de Inquilinas concluyan que “por construir más no se van a controlar los precios, si no garantizamos que van a tener un uso residencial”. Al hilo, critican que la nueva legislación trate de “abordar el problema sin mencionar que hay una infrautilización del parque de viviendas muy grande”. Y se concedan “facilidades a los ayuntamientos para poder saltarse la legislación urbanística y construir en suelos dotacionales sin necesidad de recalificación, todo legitimado en que hay que construir más, sin asegurar la función social de la vivienda ni su uso residencial”, como apuntan los geógrafos.

Pensando en los propietarios y no en los inquilinos

Otra de las deficiencias que detectan quienes defienden a los inquilinos es que el anteproyecto de ley “minimiza el impacto de las viviendas de uso turístico en el mercado de la vivienda”. Para Díaz, lo más grave es que la Junta “se contradice” porque hace unos meses reconocía justo lo contrario en el decreto de medidas urgentes: que la proliferación de pisos turísticos está alterando el mercado y dificultando el acceso a una vivienda residencial.

En la misma línea, Jaime Jover critica que en la exposición de motivos de la ley se califique de fracaso el control de precios en zonas tensionadas, contemplado en la ley estatal de vivienda, sin estar “fundamentado en ningún dato empírico”. “En Cataluña se ha llevado a cabo y no hay datos todavía para afirmarlo, pero a nivel internacional, el control de precios en zonas tensionadas de Viena o Nueva York sí ha demostrado ser eficaz”, argumenta el geógrafo e investigador de la Hispalense.

A ello se suma el énfasis en la ocupación ilegal: “La ley lo menciona como un problema gravísimo, pero la estadística que tenemos dice que no es así, en Sevilla apenas se registraron 90 juicios orales por ocupación”, apunta Jover, quien lamenta que se sobredimensione este fenómeno y “se ignore a los pobres y a las personas vulnerables que realmente sufren la crisis de la vivienda”.

Por todo ello, denuncian que en la norma andaluza “los inquilinos están totalmente desprotegidos”, mientras que los colectivos más vulnerables “solo aparecen dentro del régimen sancionador”, por lo que “se castiga la pobreza y se penaliza a las personas que tienen que verse hacinadas, en vez de trabajar con ellas para establecer medidas que contribuyan a mejorar las condiciones de habitabilidad de los inquilinos”.

Promover cambios desde una visión real del problema

En definitiva, el Sindicato de Inquilinas considera que se trata de “una ley hecha para especular, para calentar el mercado de la vivienda” y dirigida a “promotores, intermediarios y propietarios”, en la que “los inquilinos no aparecen y no se establecen medidas reales para trabajar en favor de los hogares que tienen problema de vivienda real”. Las carencias que han identificado en la ley responden a “la falta de visión de la realidad” y a no tener en cuenta “los problemas reales de la vivienda”, en palabras de Jover.

Con todo, los expertos que han analizado la norma reconocen que contiene algunos aspectos positivos, como la garantía de que la vivienda construida con fondos públicos no se venda. “Hay elementos aprovechables”, apunta Ibán Díaz, antes de añadir que “habrá que ver cómo se aplica”, ya que la redacción del texto resulta en algunos puntos “muy ambigua”.

Mientras los promotores celebran que la Junta apueste por “incentivar” el mercado en lugar de intervenirlo, el Sindicato de Inquilinas trabaja en trasladar sus propuestas de mejora para contribuir a introducir cambios en la legislación durante su debate parlamentario. Entre las reivindicaciones del colectivo de inquilinos, destacan que las viviendas construidas en suelo residencial se destinen exclusivamente a uso residencial, el refuerzo del parque de vivienda público, la penalización de la vivienda vacía, la prohibición de viviendas de uso turístico y el establecimiento de mecanismos de control de precios. Así, apuntan desde el sindicato, “se podrá dar respuesta a los problemas de un mercado de la vivienda totalmente disfuncional porque solo se escucha a promotores y propietarios”.