La Carlos III de Madrid afronta una demanda por ahorrarse 1,6 millones al año a base de utilizar becarios

El supuesto mal uso de los becarios persigue a la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Tras la denuncia de la Inspección de Trabajo al centro por emplear a alumnado con becas como si fueran trabajadores, la organización juvenil de UGT, Ruge, va a presentar este jueves una reclamación colectiva ante la universidad para pedir que les pague los salarios, las pagas extraordinarias y las liquidaciones que no percibieron como becarios pero les corresponderían como empleados. La organización calcula que la institución se ha ahorrado 1,6 millones de euros anuales por utilizar estudiantes en vez de trabajadores.

Además, y probablemente antes de tener que lidiar con esta reclamación, la universidad deberá afrontar un juicio por la misma cuestión el próximo 31 de marzo tras sendas demandas de impugnación de despido colectivo por parte de los sindicatos CCOO y CNT. Ambos piden al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que certifique la relación laboral que expuso la Inspección de Trabajo, declare nulos los despidos y abone los salarios no percibidos.

La UC3M fue denunciada por la Inspección de Trabajo el pasado mes de diciembre por el uso fraudulento de 570 becarios como empleados estructurales. El organismo estatal pide a la universidad casi 1,5 millones de euros por la diferencia entre la cotización a la Seguridad Social de los becarios que el centro abonó y las que debería haber pagado si hubieran sido trabajadores.

La universidad reaccionó a la demanda de Trabajo protegiéndose las espaldas: despidió a los becarios de manera automática –ha cortado el programa de becas extracurriculares– y contrató al bufete Sagardoy Abogados por 700.000 euros (el mismo que defiende a Deliveroo de sus 'riders') a pesar de tener un servicio jurídico propio. Fuentes del centro explican que “se ha optado por no convocar nuevas prácticas extracurriculares dentro de la Universidad hasta que no haya una decisión definitiva de los tribunales sobre cuál es el régimen jurídico”.

Las prácticas que pone en cuestión la Inspección de Trabajo son las llamadas extracurriculares, prácticas formativas no relacionadas con los estudios (no confundir con las necesarias para aprobar un grado). Son habituales en las universidades españolas –se calcula que hay unas 7.000 personas con este tipo de becas– y se llevan a cabo en diferentes departamentos, como los servicios de atención a estudiantes o profesores, las bibliotecas universitarias o para atender los stands en congresos y ferias y se remuneran a unos 5-7 euros la hora (suelen ser jornadas de 20 horas a razón de entre 300 y 400 euros netos mensuales).

De juicio en juicio

Eduardo Magaldi, de Ruge, explica que “un gran número de estudiantes” se han adherido a la demanda colectiva que presentará este jueves y que espera que se acaben sumando la mayoría de los afectados. “Calculamos que la universidad debe unos 8.000 euros al año por cada puesto de trabajo que ocupaba un estudiante. En muchos casos era la misma persona, pero a veces son dos becarios que se han repartido el puesto durante un año”, explica, por lo que cada persona becada tendría derecho a una cantidad concreta según su caso. En cualquier caso, explica Magaldi, son unos 200 puestos de trabajo al mes de media a razón de 8.000 euros, por lo que la universidad debería 1,6 millones anuales a sus becarios.

Además de esta demanda colectiva, que antes de acabar en un juzgado debe seguir el cauce administrativo por la universidad, fuentes de la UC3M informan de que han recibido 10 demandas individuales de despidos de estudiantes. Todos ellos, junto a los de Ruge, probablemente queden a expensas de lo que suceda en el primer juicio en marzo. Cuando el juzgado dictamine si existía esa relación laboral, el resto de demandas caerán en un sentido o en otro.

Según explican desde Ruge, la universidad no se habría estado ahorrando solo dinero durante estos años. “Al determinarse la relación laboral entre las personas becarias y las UC3M [siempre pendiente de que un juez dé la razón a Trabajo], estas se han visto privadas de todo derecho básico de cualquier persona trabajadora, como percibir los salarios correspondientes al convenio colectivo de aplicación”, pero también las vacaciones, bajas, etc.

Campaña de inspección

El de la UC3M no es el primer caso en el que Trabajo exige cuentas a una universidad por el uso de sus becarios, ni probablemente será el último. La Inspección está en pleno proceso judicial con la Autónoma de Madrid desde el pasado verano por una causa similar. En aquella ocasión, una jueza de primera instancia dio la razón a la universidad: los becarios no ejercían de trabajadores. El caso está pendiente de los recursos de la propia inspección y de los becarios.

En aquel caso, si sirve de referencia a la espera de los recursos, la sentencia consideró que las becas “encajan con el precepto regulador de las prácticas externas sin que se pueda derivar de ello que existe una relación laboral”. También aceptaba el argumento de la UAM durante el juicio de que sí existe formación para los becarios, aunque los trabajos no tuvieran relación con sus estudios, en forma del “desarrollo de otras competencias transversales”, como pueden ser el trabajo equipo, la toma de decisiones o el uso de las tecnologías de la información

El organismo público también ha realizado visitas a otros campus, por ejemplo en Catalunya a la Pompeu Fabra o la Politècnica de Catalunya, aunque en este caso no se han traducido en actas.