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El tutor de Cifuentes pagó 8.800 euros a su hija por una supuesta colaboración con el instituto que él dirigía

El director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos abonó esa cantidad con fondos del propio instituto, según informa La Sexta

Enrique Álvarez Conde realizó cinco pagos el año pasado a una cuenta abierta en una oficina de la Universidad

Su hija no es experta en derecho y se ha formado en otra especialidad muy distinta, ingeniería de materiales.

El catedrático Enrique Álvarez Conde, en los pasillos de la URJC. Foto: Olmo Calvo.

El catedrático Enrique Álvarez Conde, en los pasillos de la URJC. Foto: Olmo Calvo.

El director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, en el que se impartió el máster de Cristina Cifuentes, pagó 8.800 euros a su hija con fondos del propio instituto por una supuesta colaboración, según informa La Sexta. Enrique Álvarez Conde realizó cinco pagos a su hija a pesar de que esta profesional no es experta en derecho y se ha formado en otra especialidad muy distinta, ingeniería de materiales.

El 11 de enero de 2017, transfirió a su hija 2.125 euros a una cuenta abierta en una oficina de la Universidad Rey Juan Carlos. Tres meses después, abonó el mismo importe. En junio, fueron 425 euros; en menos de un mes después subieron hasta los 2.000 euros. El último pago se realizó en octubre: 2.125 euros. En total, 8.800 euros abonados en concepto de colaboración con el IDP.

eldiario.es ha publicado este miércoles que Álvarez Conde montó su empresa privada de educación al margen de la ley. Este catedrático de Derecho Constitucional es funcionario a tiempo completo en la universidad pública Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). Además, hasta el pasado viernes, era el director del Instituto de Derecho Público adscrito a la URJC, del que ha sido suspendido de empleo tras detectarse "graves irregularidades".

Pero, además, Álvarez Conde es empresario y aparece como administrador único de la SL Instituto de Formación y Estudios Jurídicos, una actividad incompatible con su labor pública. Como empleado del Estado tendría que haber solicitado un permiso especial para poder desarrollar esta actividad en la privada, ya que con carácter general los funcionarios a tiempo completo no pueden dedicarse a otras actividades, según especifica la Ley 53/1984 de Incompatibilidades. Más aún si pertenecen a consejos u "órganos rectores" de empresas dedicadas a lo mismo que la pública para la que trabajan (art. 12.1.b), justamente el caso de Álvarez Conde.

En la Universidad Rey Juan Carlos no hay ninguna constancia de que el tutor de Cifuentes solicitara ese permiso, y fuentes del centro confirman que ni se pidió ni se concedió. Conde, preguntado por eldiario.es, no contestó sobre su actividad en la esfera empresarial. 

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