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La Iglesia española ha recibido más de dos mil millones de euros del Estado para restaurar sus catedrales

El Plan de Catedrales ha destinado, en 20 años, más de 500 millones de euros públicos a la conservación de los templos católicos

A diferencia de Francia, donde los templos son propiedad del Estado, la Iglesia española cobra entradas y decide sobre su uso, pero son las Administraciones las que se ocupan de la restauración, seguridad e iluminación

Los obispos afirman que son ellos los que invierten en conservación, un total de 356 millones en los últimos cinco años. Todo ese dinero viene de la Declaración de la Renta

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Se reanudan este domingo las visitas a las obras de restauración del claustro de la catedral de Pamplona

Vista de las obras en el claustro de la catedral de Pamplona

¿Qué hubiera pasado si, en lugar de Notre–Dame, hubieran ardido la mezquita de Córdoba, la catedral de León o la de Santiago de Compostela? ¿Quién tiene la responsabilidad de la conservación, restauración y mantenimiento de los templos católicos, que también son patrimonio cultural, histórico y artístico de nuestro país?

En el caso de Francia, paradigma del Estado laico, desde 1905, todos los templos son propiedad del Estado, que cede su uso a la Iglesia católica. Y es el Estado quien se hace responsable de la conservación y restauración de su patrimonio, así como de los seguros (Notre–Dame no estaba asegurada) y el personal.

En España, sin embargo, la situación es bien distinta. Aunque oficialmente somos un Estado aconfesional, la influencia y privilegios de la Iglesia católica son innumerables, comenzando por el hecho de que las catedrales y templos son propiedad de la Iglesia, aunque se trate de patrimonio cultural e histórico.

La Iglesia decide y cobra, el Estado paga

El Gobierno aportará 17 millones para restaurar la catedral de Santiago

El Gobierno destinó 17 millones a Santiago EFE

Esto implica que es la Iglesia la que se encarga de cobrar entradas y decidir el uso que se da a dichos templos. De ahí la importancia de que no se sepa cuántos inmuebles han sido registrados a nombre de la Iglesia gracias a la famosa 'Ley Aznar'. En lugares como la mezquita de Córdoba o la catedral de León, por poner dos ejemplos de patrimonio de la humanidad, es el obispo del lugar quien puede decidir quién entra y quién no, qué exposición o concierto puede darse, o si la construcción tiene o no seguro.

El auténtico problema viene al comprobar cómo, aunque la Iglesia es la única que decide sobre los muros de sus templos, quien financia buena parte de su mantenimiento, seguridad y personal son las administraciones públicas. Además, tanto el Estado como las distintas administraciones regionales, provinciales o municipales también financian la conservación de estos templos, con infinidad de convenios que sería imposible relatar en un artículo.

Más de 500 millones de euros del erario público para las catedrales

Uno de los ejemplos más claros está en el Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos, suscrito en 1997 y que sirve para financiar la conservación, iluminación y restauración de las 95 catedrales españolas, en virtud de una cierta "compensación" a la Iglesia católica tras la desamortización de Mendizábal de 1822 y la "persecución religiosa" durante la II República.

Desde entonces, vía Presupuestos Generales del Estado, se han financiado con al menos 500 millones de euros las restauraciones de centenares de templos en todas las provincias españolas. Primero, a través del desaparecido 1% Cultural del Ministerio de Fomento y, desde 2004, a través del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Esta financiación para que la Iglesia mejore sus bienes, muchos de los cuales están abiertos al público y cobran entradas que se quedan los religiosos, es solo la parte estatal. A esa cantidad hay que sumar subvenciones municipales o autonómicas para reformas de todo tipo.

Según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, entre 1990 y 2015 se mejoró en todas las provincias el patrimonio de la Iglesia, especialmente los calificados Bienes de Interés Cultural, cuya gestión corresponde a los Obispados (que son quienes cobran por las visitas). En la práctica se trata de una situación similar, en el pago, a la de los profesores de Religión: es la Iglesia quien decide qué y cómo restaurar, y la Administración quien paga. Eso sí: las entradas para visitar catedrales, museos y otros templos de interés cultural o turístico las cobra la institución eclesiástica. 

Por comunidades, Andalucía recibió, hasta 2015, más de 7,5 millones de euros dentro del Plan de Catedrales. El templo más favorecido fue la mezquita de Córdoba, que sólo en restaurara portadas, crucero, coro y capillas recibió 3,4 millones de euros. Otros 7 millones de euros fueron a las iglesias de Aragón; 1,2 en Asturias; 4 millones entre Baleares y Canarias; otros 4 en Castilla-La Mancha; 8,5 en Castilla y León; 5,5 en Cataluña; 2 millones en Extremadura; 1,5 en La Rioja; 3,5 en Murcia y otros tantos en la Comunidad Valenciana.

A ello hay que sumar las restauraciones en abadías, conventos y monasterios y actuaciones especiales, como la llevada a cabo en la catedral de Santiago de Compostela, cuya fachada ve en estos días la luz, y para la que el Gobierno de Rajoy destinó en 2015 un total de 17 millones de euros. Y los convenios a nivel de Ayuntamientos, Diputaciones y CC.AA., para restauraciones y cesión o permuta de terrenos para la Iglesia católica, cuya suma se antoja incalculable.

No es cosa del pasado. En los presupuestos en vigor (2017), se destinaron 946.000 euros al Plan de Catedrales, por otros 785.000 bajo el epígrafe "Arquitectura Religiosa". El Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos se llevó sólo el año pasado 3 millones de euros para restauración de cenobios y lugares de vida religiosa.

La rehabilitación también proviene de la Renta

Sin embargo, para la Iglesia católica, la situación es bien diferente. En su Memoria de Actividades apunta que es la Iglesia la que, solo en 2016, promovió 373 proyectos de construcción, conservación y rehabilitación de templos por valor de 71,3 millones de euros. Es más, añade, en los últimos 5 años, la cantidad asciende a más de 356 millones de euros.

Olvida la Iglesia un detalle: que ese dinero proviene de la casilla de la Renta, que a su vez se detrae de los Presupuestos Generales del Estado. Teniendo en cuenta que el sistema se implantó en 1987, la cantidad que la Iglesia católica ha podido recibir para la restauración de su patrimonio superaría los dos mil millones de euros.

Nada de ello importa: para la Conferencia Episcopal, la Iglesia es la única que se ocupa de la conservación de la catedrales. Así lo ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, el director del Secretariado de la Comisión de Patrimonio Cultural de la CEE, Pablo Delclaux de Muller.

CEE: "Las ayudas del Estado llegan gota a gota"

Para De Muller, todas las catedrales de nuestro país cuentan con planes de prevención, aunque ha precisado que su conservación depende en gran parte de la entrada que se cobra a los visitantes, pues las aportaciones del Estado llegan "gota a gota". "¿Que tenemos ayudas del Estado? Por ley sí las tenemos, pero en la realidad llegan gota a gota. Normalmente, las catedrales se mantienen a base de musealizarse, de cobrar entrada; también de la X de la Iglesia pero es una pequeña parte, es muy poco, no es suficiente. Abrir una catedral son miles de euros al día, y es un drama pero, o es cobrando entrada o no hay forma de abrirla", subrayó.

"Tenemos catedrales que llevan 700 años en pie y siguen en pie, eso sí, necesitamos financiación privada, pública y sobre todo de los visitantes, que tienen que comprender que hay que pagar una entrada, aunque no nos guste", sostiene el responsable de Patrimonio de la Iglesia, quien insiste en que es mejor que la propiedad de los templos sea de la Iglesia, y no del Estado, dado que “facilita la protección del patrimonio, que cada pequeño propietario esté pendiente de sus inmuebles".

Delclaux, además, asegura que el "principal enemigo" del patrimonio histórico "no son las termitas, la humedad ni el sol sino el mismo hombre". "Si analizamos el siglo XX en Europa fue devastador entre guerras y persecuciones religiosas. En España, en el año 34 y en el 36 con la persecución religiosa, cantidad de edificios se quemaron y no hay vuelta atrás", sostiene el experto a Ep.

Del mismo modo, y aunque la Iglesia católica reivindica la propiedad de todos los templos españoles, recuerda cómo el artículo 46 de la Constitución Española establece que "los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad". Sin embargo, para la CEE, lo que llega del Plan de Catedrales es "muy poquito dinero". Algo que, como se ha comprobado, no es cierto.

Toda la información en www.religiondigital.org

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