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Polémica hidroeléctrica rechaza el vínculo con la masacre carcelaria en Brasil

Un hombre sostiene un cartel en el puente que cruza el río Xingu, con la hidroeléctrica de Belo Monte al fondo, este jueves en Altamira (Brasil).

EFE

Altamira (Brasil) —

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El consorcio Norte Energía, responsable de la construcción y operación de la polémica hidroeléctrica de Belo Monte, en la Amazonía brasileña, pidió este jueves que no la culpen de la masacre carcelaria que dejó más de 50 muertos esta semana en la cercana ciudad de Altamira.

“La empresa rechaza con vehemencia cualquier intención de atribuir la responsabilidad a Belo Monte, la mayor hidroeléctrica totalmente brasileña, por problemas de orden coyuntural”, señaló el consorcio en un comunicado al referirse a la matanza en Altamira.

La compañía respondió además a ONG y movimientos vecinales de Altamira, que han denunciado los últimos años un aumento de la violencia en la región a partir de la construcción de la presa de Belo Monte.

La presa, que empezó a ser construida en 2011 sobre el río amazónico de Xingú y a operar parcialmente en 2016, se encuentra a unos 60 kilómetros de Altamira, en cuya cárcel se registró el lunes una de las peores matanzas en la historia del sistema penitenciario brasileño.

La tragedia se produjo el lunes a raíz de una pelea entre dos facciones criminales rivales, en el interior del Centro de Recuperación Regional de Altamira, dejando un total de 58 presos muertos, de los que 16 fueron decapitados.

Al día siguiente, cuatro presos que participaron en el sangriento ataque fueron asesinados por asfixia en un furgón penitenciario con otros 26 reclusos durante su transferencia a otro penal de la región.

Altamira, en el estado de Pará, en el norte de Brasil, llegó a ser la ciudad más violenta del país, según un informe de violencia de 2017, con datos oficiales de 2015.

La empresa, asimismo, indicó que cualquier tipo de vinculación con la violencia busca “afectar su imagen y los beneficios generados” para “Altamira, para la región y para el país”.

La empresa afirmó además que “está a disposición” de las autoridades para “prestar informaciones a la sociedad brasileña sobre los beneficios generados” a partir de la construcción de Belo Monte.

Citó los trabajos realizados por el “control de la malaria, la evolución de la calidad de vida de las familias que salieron de palafitos para residir en casas construidas en barrios con pavimentación asfalta, saneamiento básico, escuelas, unidades de saluda y áreas de ocio”.

La construcción de Belo Monte estuvo marcada por fuertes protestas de ambientalistas, pescadores e indígenas y, más tarde, fue abierta una investigación por la Policía en el marco de una trama corrupta que supuestamente pagó sobornos a políticos a cambio del aval para la concesión de la misma.

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