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Los cazadores quieren que sus trofeos favoritos sean considerados “bomberos” contra los incendios forestales

El arruí supone una seria amenaza para la flora endémica.

Raúl Rejón

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En medio de la peor temporada estival de incendios forestales en décadas, los cazadores han aprovechado para pedir que “las especies cinegéticas”, es decir, las variedades que conforman sus trofeos, sean consideradas “bomberos del ecosistema”. Se refieren a venados y otras especies introducidas para poblar los cotos de caza como el muflón, el gamo e incluso alguna invasora como el arruí.

La cuestión es que el lobby cinegético Fundación Artemisán ha creado un decálogo propio sobre fuegos en los montes. El documento expone que “puede aclarar algunos aspectos que la sociedad desconoce acerca del desarrollo de los incendios forestales en España” y, entre sus soluciones, reclama “reconocer” esas variedades como “auténticas desbrozadoras que trabajan en la prevención de incendios”.

Es una acción parecida a la que, a finales de 2021, el mismo sector cinegético utilizó para, al calor de las reivindicaciones de la España vaciada, colar su pretensión de que se levantaran todas las regulaciones ambientales que consideraban que entorpecen su actividad. Esa campaña cristalizó en sendas manifestaciones que no satisficieron a los propios cazadores.

Artemisán equipara la ganadería y las especies cinegéticas: “Es evidente su papel en la reducción de carga de combustible en el bosque”, dice de ambas categorías. Y cita la cabra montés y el arruí, a los que llama “actores en la prevención de incendios”. Luego añade otras “más especializadas con los pastos” como “el muflón”.

Se da la circunstancia de que el arruí, o muflón del Atlas o carnero de Berbería, está incluido en el Catálogo Español de especies exóticas invasoras. Introducida en 1970 como trofeo de caza, experimentó “una rápida expansión”, analiza su ficha oficial. Entre los daños que provocó su catalogación está, precisamente, que come hierbas tapizantes y altera el alimento de otras especies. Es una amenaza reconocida científicamente para variedades de plantas catalogadas en peligro.

Aunque algunos estudios equiparan los daños del arruí a los de otra especie exótica, pero no calificada como invasora, como el muflón, el lobby cazador pide en esa batería de medidas contra el fuego una especie de barra libre: “Eliminar del catálogo nacional de especies exóticas invasoras” y “fomentar su desarrollo en el levante español y en otros territorios”.

Respecto al muflón, este carnero salvaje también se introdujo en 1954 en España para cazarlo. “Es una especie de caza mayor muy apreciada, por lo que se está extendiendo por fincas particulares y cotos sociales o reservas de caza”, describe su ficha. Han supuesto un peligro de competencia con otros ungulados y su expansión “puede ocasionar graves daños ecológicos”. Diezmaron las plantas endémicas en el Teide –en Canarias está declarada invasora– y fueron grave competencia para las montesas de la sierra de Cazorla.

El documento reclama de esta manera lo que denomina “trabajo natural de las especies de caza mayor” a la hora de prevenir fuegos. Es decir, que, según este criterio, los rebaños de venados, muflones o arruís, al alimentarse en los cotos, evitan la propagación de las llamas.

Contrasta este punto de vista con la reiterada reivindicación del sector cinegético para que su actividad sirva de método de control y reducción de los daños a la vegetación y ciertas explotaciones agrícolas que producen las superpoblación de, precisamente, venados y jabalíes en diversas partes de España.

Relajar la normativa de protección ambiental

Entre los problemas en la gestión de los incendios forestales que el lobby de cazadores dice haber detectado está la normativa de protección ambiental. Consideran que hay que “reducir” los tiempos de “estudio y resolución” de las evaluaciones ambientales “facilitando a los propietarios de montes privados el desarrollo de acciones de prevención y gestión forestal, autorizando sus desarrollos mediante declaraciones responsables de cumplimiento normativo”.

Y abundan en que las leyes de protección de ecosistemas son una traba. “Es la propia legislación ambiental, a través de los planes de gestión de los espacios naturales protegidos –Parques Nacionales, Parques Naturales, Reservas, Red Natura 2000...–, la que impide ejercer labores de prevención por un exceso de proteccionismo y burocracia, la cual impide muchas veces no solo agilizar estas labores, sino ejecutarlas”.

Corrientes sin concretar

Este “decálogo” afirma que “determinadas corrientes de pensamiento han promovido la idea de que la protección absoluta, y la ausencia de uso y aprovechamiento de los recursos naturales, son la mejor manera de garantizar su conservación”.

No concreta la Fundación Artemisán cuáles son esas corrientes de pensamiento, pero sí asegura que esa “idea ha ido calando y arraigando no solo en nuestra sociedad, sino también dentro de las administraciones competentes”.

Culminan su análisis con, entre otras iniciativas, fomentar la figura del ingeniero forestal y de montes “como verdaderos conocedores del territorio”. Facilitar el aprovechamiento de la biomasa como energía renovable, “incentivar las quemas prescritas”, crear un Plan Forestal Nacional y “un Plan Hidrológico Nacional que consiga paliar las deficiencias en materia de agua que hay en España”. Piden incentivar la ganadería extensiva y abrochan su análisis con esta reflexión: “Hacer rentable el monte es la mejor manera de garantizar su gestión”.

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