La Comunidad de Madrid ha perdonado 71 millones a Quirón y Ribera Salud tras asumir y tratar a sus pacientes

Madrid tiene un sistema sanitario singular. En él, conviven hospitales de gestión pública con cinco de gestión privada (cuatro en manos de Quirón y uno, de Ribera Salud). Además, compiten entre ellos por pacientes, desde que Esperanza Aguirre aprobó una ley que permitía la libre elección, de manera que cada paciente puede decidir en qué centro se trata, le toque o no por zona. Estos pacientes son los más rentables para las empresas, que ponen en marcha estrategias para captarlos. Precisamente, el Ministerio de Sanidad acaba de anunciar este martes una ley para poner coto a la privatización sanitaria, que ha aumentado exponencialmente en Madrid, sobre todo desde que gobierna Isabel Díaz Ayuso.

La singularidad de Madrid tiene una consecuencia farragosa desde el punto de vista económico y financiero en los llamados 'balances intercentros'. Es el saldo final de los pacientes de libre elección que dejaron su hospital para irse a otro y los que llegaron. Los hospitales de gestión pública y los de gestión privada tienen que contabilizar en un sistema informático los pacientes que asumen de fuera de su área y el coste de sus tratamientos para facturárselo al hospital de origen. Por ejemplo, si una mujer a quien corresponde dar a luz en La Paz (público), prefiere ir a la Fundación Jiménez Díaz (concertado de Quirón), el sistema público tendrá que pagar a Quirón por ese parto. Lo mismo sucede a la inversa. De manera mensual y anual se meten al sistema todos estos casos y se contabilizan los costes.

El balance va sumando y restando casos y arroja un saldo final a favor de la pública o a favor de las empresas concesionarias (que es lo que pasa siempre, ya que son quienes absorben mayoritariamente pacientes de la pública). Desde 2018 hasta 2023, la Comunidad de Madrid desembolsó 1.268 millones extra por ese balance final, dinero que ha ido a las dos empresas que manejan los cinco hospitales públicos de gestión privada de la Comunidad, cuatro de ellos de Quirón (Rey Juan Carlos de Móstoles, Villalba, Jiménez Díaz e Infanta Elena de Valdemoro) más el de Torrejón, de Ribera Salud. Este dinero es un desembolso extra por los pacientes de libre elección que atienden, que se suma al canon fijo que cobran anualmente por cada habitante de su área.

Pero el éxito en el cobro de estos pacientes de fuera no es el mismo en las dos direcciones. Un documento interno del Gobierno de Ayuso al que ha tenido acceso elDiario.es pone cifras al “impacto económico” que ha tenido para la sanidad pública madrileña no haber cobrado a Quirón y Ribera Salud cientos de tratamientos. Entre 2017 y 2023 se dejó de apuntar en el sistema de balance un total de 71.653.032 euros en costes por tratamientos de pacientes que llegaron a hospitales públicos desde alguno de los cinco hospitales concertados. El motivo: “No encontrar documentación de la actividad clínica”, dice el informe interno. Es decir, el sistema no encuentra los datos suficientes del paciente o su tratamiento para poder facturar según las normas. Este “impacto económico” fueron más de 11 millones de euros solo en 2023, los últimos datos disponibles en este documento elaborado dentro de la Consejería de Sanidad.

Preguntada por esta pérdida, fuentes de la Consejería la consideran no ajustada –pese a que está constatada por su propio servicio de control económico–, pero no dan una cifra alternativa: “No tiene en cuenta que la información que justifica la actividad realizada se puede obtener por distintos procedimientos”.

¿Cómo es posible que el sistema público no encuentre documentación de pacientes? La respuesta está en el Manual de Facturación Intercentros, que es la norma que comparten el Servicio Madrileño de Salud y las empresas para anotarse servicios y luego poder calcular un saldo final por pacientes de libre elección.

En ese manual, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Consejería de Sanidad de Ayuso ordena con qué programas y sistemas de información se debe recopilar la información para que el apunte sea válido. Ese mismo documento advierte de que en los centros hospitalarios públicos hay “subsistemas de información” propios y “códigos (…) pendientes de normalización”, lo que “ha impedido la captura automática de determinadas líneas de actividad”. Es decir, no todos los hospitales públicos hacen la gestión de datos de manera estándar y centralizada, lo que explicaría que haya tratamientos que no se puedan facturar a Quirón y Ribera Salud porque no hay datos precisos a los que obliga ese manual. Según los datos que maneja la Consejería de Sanidad, por ahí se han perdido esos 71 millones de euros en tratamientos de pacientes que se cambiaron de la concertada a la pública.

Cuando se hacen los 'balances intercentros', de manera mensual y anual, los grupos privados están muy atentos a los importes que les quiere endosar la sanidad pública. Si hay errores (graves o simplemente formales) o faltan datos no dan la conformidad. “En la privada, a los departamentos financieros no se les escapa una factura, porque su supervivencia depende de eso e invierten en personal y en programas informáticos”, cuenta un directivo. “Los gestores diseñaron un mal sistema y no tienen interés en que esto mejore. En el caso de Madrid, ni siquiera es el hospital el que recibe el dinero por tratar a un paciente de Quirón o Ribera, sino los servicios centrales del Sermas (el Servicio Madrileño de Salud), de manera que los incentivos son menores”, coincide José Manuel Freire, profesor emérito de la Escuela Nacional de Sanidad y exconsejero de Sanidad del País Vasco. 

En las reuniones habituales entre el Servicio Madrileño de Salud y las concesionarias –unas comisiones periódicas en las que se resuelven conflictos cuyo contenido dejó de colgarse online en 2021– también se observa cómo pelean las privadas con Sanidad por las facturas. En la de julio de 2019 se puede leer: “Las concesionarias indican que, aunque la actividad se haya realizado, si se comprueba con la información disponible que no se cumplen los criterios de facturación no será facturable”, anota el secretario de la reunión de ese año. Es decir, si Sanidad no se ajusta a los criterios de facturación, no le pagarán.

Una auditoría de 2018 del Hospital de Villalba (gestionado por Quirón) colgada en la web evidencia también cómo funciona el control económico del sistema de libre elección y cómo se obstaculiza el cobro de la pública. Por una parte, la Comunidad de Madrid revisa los gastos por tratamientos que le presentan los grupos privados, pero no todos, sino con un muestreo. En la dirección inversa, la empresa privada revisa si los tratamientos que le ha presentado la Comunidad por pacientes asignados a Villalba, pero que se fueron a la pública encaja totalmente, incluyendo si están los datos precisos o falta alguno. En el caso de Villalba, lo facturado por la sanidad pública a este hospital no tiene una conformidad total de Quirón. El motivo: “La falta de informes que cumplan los criterios del Manual de facturación intercentros, ya que es condición indispensable la existencia del correspondiente registro en la historia clínica del paciente tal y como se detalla en dicho manual”. Es decir, si faltan datos o no están obtenidos como ese manual indica, se desecha la factura y la sanidad pública no cobra por el tratamiento que ha hecho.

La Comunidad de Madrid insiste en que el Sermas hace auditorías “no observando ineficiencia” y recuerda que el 'balance intercentros' se ajusta al 100% a favor de los hospitales de gestión directa y al 90% a favor de los de gestión indirecta y según la orden de precios vigente. No han contestado específicamente sobre cuánto dinero se ha dejado sin cobrar por fallas en el sistema de obtención de datos que evidencia su equipo en este documento al que ha tenido acceso elDiario.es o los problemas de cobro que quedan también reflejados en las actas.

El hospital de Torrejón (de Ribera Salud) y el grupo hospitalario Quirón no han contestado a las preguntas de elDiario.es.

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