Los rectores niegan que pidieran al Gobierno el cambio de los contratos de los investigadores

La Conferencia de Rectores de Universidades Españoles (CRUE) asegura que no pidió al Ministerio de Empleo que los códigos de los contratos predoctorales se cambiaran. Los rectores niegan que esta modificación, hecha por la Seguridad Social sin avisar y con efecto retroactivo, fuera pedida por ellos, como sostiene el Ministerio.

En una nota enviada este martes, la CRUE deja claro que los cambios responden a una orden procedente del Ministerio. “Se ha efectuado en las prórrogas y nuevas altas según las directrices de la Seguridad Social”, afirma el comunicado, en el que concretan que aunque no solicitaron esta modificación sí hicieron una consulta a Empleo “con el fin de plantear una solución por las disfunciones que se estaban produciendo en los contratos predoctorales al adaptarlos a los establecido en la Ley de la Ciencia”.

La consulta, según la CRUE, se hizo en mayo de 2014. Los primeros contratos de este tipo se firmaron el curso 2013-2014, de manera que ya llevaban en funcionamiento unos meses cuando surgió la duda, según la versión de los rectores, que choca con la aportada por el Ministerio de Empleo. La cartera dirigida por Fátima Báñez asegura que la Seguridad Social dio el paso “a petición” de las universidades.

Esta ley, aprobada en 2011 pero cuya entrada en vigor se aplazó a 2012, crea los contratos predoctorales aunque sin darles un código específico en la Seguridad Social, lo que estaba provocando problemas y dudas en recursos humanos de las universidades. Así lo confirma la CRUE, que asegura que elevó la consulta a Empleo después de que varias universidades “plantearan consultas similares obteniendo respuestas contradictorias”.

Los rectores desmienten en la nota que los cambios supongan “pérdida de derechos o prestaciones a los contratados en la prestación por desempleo”, pese a que expertos laboralistas afirman que los investigadores pierden con esta modificación la indemnización al final del contrato y no pueden acceder a la tarjeta sanitaria europea.

Sobre esta tarjeta, el motivo por el que los investigadores conocieron el cambio, los rectores dicen que es un asunto “por resolver”. “Ésta fue puede sufrir cambios en el procedimiento de solicitud, pero no en la prestación en sí misma”, aseguran en la nota.

Aclara también la CRUE que los investigadores podrán ser contratados en prácticas en el futuro, aunque ahora tengan un contrato de este tipo, que está asociado a una titulación y por tanto no puede repetirse, según la legislación vigente. Todo ello es posible, afirman, dado el “carácter especial de estos contratos”.

La Conferencia de Rectores considera, en vías a solucionar el conflicto, “que quizás la solución pasaría por la creación de una nueva figura para dar cumplimiento a la Ley de la Ciencia y recoger la especificidad de este tipo de contratos”.

La norma da unas directrices sobre cómo deben ser (de duración determinada y en prácticas), pero su aprobación no fue acompañada de la creación de un código específico en la Seguridad Social, de manera que se asoció inicialmente uno existente (el 401) y ahora se ha cambiado por otro (el 420).