El conflicto entre la Rey Juan Carlos y el centro privado que imparte su grado de Artes se atasca en los tribunales

El conflicto entre la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y el centro artístico que imparte titulaciones oficiales con el sello del campus madrileño se enquista en los tribunales. La Justicia ha desestimado la resolución del Rectorado, liderado por Javier Ramos, emitida en septiembre de 2020 y por la que requirió a la Fundación de Danza ‘Alicia Alonso’ que se abstuviera de realizar cualquier actividad relativa al grado universitario sobre Artes Visuales y Danza que se da en las instalaciones de la Universidad desde 2002.

La Justicia rechaza ahora la decisión del rector porque considera que se ha incurrido en la nulidad del procedimiento. Se ha “prescindido total y absolutamente” de los “trámites legalmente establecidos”, según la sentencia, a la que ha accedido elDiario.es, y que ha sido recurrida por la URJC.

El embrollo administrativo estalló en el curso 2018/19, cuando la Universidad quiso retomar la gestión de estos estudios. En los meses posteriores, la URJC llegó a emitir una resolución para que la fundación –que gestiona el Instituto Superior de Danza Alicia Alonso (ISDAA)– desalojase los locales de la Universidad e impidió a los profesores del centro artístico el acceso a las aulas. Aquella primera resolución, que también fue desestimada, es el origen de un proceso que se ha enquistado a lo largo de los años con decisiones judiciales que han ido dando la razón alternativamente a las dos partes. Esta última batalla la ha ganado el ISDAA.

La relación “se torció en 2019”

“A lo largo de la historia hemos tenido una relación muy cordial [con el Rectorado]. Se torció en 2019 y no sabemos por qué”, reconocen fuentes del ISDAA. El centro educativo lleva dos décadas vinculado a la URJC mediante la firma de un convenio, que fue ratificado en junio por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 32 de Madrid. 

Su origen está vinculado al empeño de un consejero del PP (Gustavo Villapalos) a principios de los 90 por impulsar con dinero público el centro privado de danza Alicia Alonso. Esta institución educativa se materializó al otorgarle, tras otros pasos intermedios, la gestión en la URJC del grado de Artes Visuales y Danza a cambio de un pago anual. Actualmente, la URJC desembolsa por este concepto 960.000 euros al año. 

La dirección del instituto ha intentado encauzar la situación, recurriendo incluso a “mediadores y gente de prestigio en la Universidad para conseguir una entrevista con el gerente general”, detallan las fuentes consultadas. Intentos que no han surtido efecto porque actualmente “no hay diálogo” entre las direcciones de Rectorado y el centro artístico.

El rector renunció a que ese centro continuase en terreno de la URJC impartiendo y emitiendo títulos oficiales, tal y como publicó elDiario.es en enero de 2020. En ese momento, fuentes oficiales de la Rectorado aseguraron a esta redacción que no querían “seguir poniendo el dinero, sin controlarlo, en un instituto que es el único que opera dentro de sus instalaciones, con un título que es de la propia Universidad”. Pero un juez impuso medidas cautelares y le impidió recuperar la gestión de los estudios.

La URJC se ampara en una sentencia previa

Desde la URJC justifican su actuación. Fuentes oficiales del centro aseguran que consideran que “todos los convenios que regían la relación entre la Fundación y la URJC perdieron vigencia”. Y se amparan en otra sentencia, emitida el 3 de diciembre de 2021 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que en esta ocasión falló a su favor.

Los magistrados del TSJM se pronunciaron hace un año sobre esas medidas cautelares impuestas por un juzgado de primera instancia para paralizar aquel primer intento del Rectorado de recuperar la gestión de los estudios. En esa resolución, de 2019, la dirección de la URJC requería que fuese la Universidad la que asumiese de forma exclusiva la docencia de las titulaciones oficiales que impartía el instituto. La decisión judicial concluyó entonces –aunque ya a toro pasado, por lo que no tuvo efecto– que “la prolongación” del convenio firmado por las dos instituciones educativas se excedía “del objeto del recurso contencioso administrativo” presentado en ese momento por la fundación.

Un año después de aquel primer intento que no fructificó, ya en septiembre de 2020, la URJC repitió procedimiento administrativo. Mediante un burofax informó a la fundación que pasaba a impartir en exclusiva el grado de Artes Visuales y Danza a partir del curso 2020/21. Fuentes oficiales de la URJC explican que al considerar que ya no estaba vigente el convenio que amparaba la relación entre las instituciones educativas “debía ser la Universidad la que impartiera con sus propios medios los títulos” oficiales. El ISDAA recurrió el procedimiento de esta decisión y el juzgado de lo contencioso-administrativo número 32 de Madrid ha fallado ahora a su favor.

El magistrado considera que la actuación del Rectorado no ha sido ajustada a Derecho. La sentencia determina que la dirección de la Universidad “carece de competencia material para disponer la desadscripción” del ISDAA y la URJC. Asimismo, recuerda que los estatutos de la URJC determinan que es la Comunidad de Madrid –“bien por propia iniciativa, con acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad y previo informe favorable del Consejo Social, bien por iniciativa de ésta”– la administración encargada de realizar la desadscripción de un centro privado y una universidad pública. 

“En el supuesto analizado no se ha cumplimentado ninguno de estos dos trámites [propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad y el informe previo favorable del Consejo Social], tratándose, por el contrario, de una decisión adoptada unilateralmente y a título individual por el Rectorado”, detalla el magistrado. 

El magistrado recuerda que la URJC aludía al centro como adscrito

La sentencia es un varapalo judicial para la forma de proceder de la dirección de la URJC en este asunto. En ella, se expone que el Rectorado del campus público ha “prescindido total y absolutamente” de los “trámites legalmente establecidos”. Sin embargo, la URJC sostiene que “el acto administrativo anulado es acorde con el ordenamiento jurídico”.

En su defensa, la URJC considera que “la mera suscripción de un convenio no supone la adscripción legal de un centro privado” a un campus público. Es una argumentación que desmonta el magistrado. Para ello, destaca que en los presupuestos anuales el Rectorado no ha dudado “en calificar dicho Instituto Superior de Danza como un ‘instituto adscrito’ a la Universidad, no pudiendo ahora la propia Universidad demandada desconocer tales manifestaciones”. 

En esa misma línea, el magistrado tampoco ampara la petición de desalojo de los locales propiedad de la URJC. En los fundamentos jurídicos destaca que la URJC ratificó un convenio en 2001 en el que se establecía que “la sede del Instituto Superior de Danza Alicia Alonso de la Universidad Rey Juan Carlos radicará en la Comunidad de Madrid y será procurada por la Consejería de Educación”. 

Ante esta situación, la Justicia también tiene en cuenta que “en ejecución de lo acordado” – “sin cambio de titularidad pero reconociendo su derecho de uso y disfrute compatible con el de la misma Universidad”– la memoria de verificación describe “las instalaciones del campus de Fuenlabrada como medio material para la impartición del grado de Artes Visuales”.

960.000 euros anuales para cubrir la docencia

Otro conflicto abierto es el pago anual de 960.000 euros de las arcas públicas al centro de danza por la docencia vinculada a la URJC. La sentencia explica que “esa cantidad no implica gasto alguno para la Universidad, pues se paga con cargo a los precios de matrícula que abonan los estudiantes”. Sin embargo, tal y como apuntan fuentes vinculadas al ISDAA, en los últimos años el pago de esa cantidad se ha retrasado y solo se ha realizado mediante sentencia judicial.

Así está sucediendo este curso, en el que el abono de esa cantidad “se está discutiendo en el marco de la ejecución provisional” de la sentencia emitida por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 32, apuntan fuentes de la URJC. Desde el instituto explican que esta situación ha impactado en el día a día de su plantilla. “Ha habido años” en los que los profesores “han estado” sin cobrar “dos meses” y otros “cuatro meses”, inciden fuentes del ISDAA. Y resumen: “Es un sinsentido lo que está ocurriendo desde 2019”.