La coordinadora contra la trata en la UE cree que debería criminalizarse a los clientes

La coordinadora de la Unión Europea (UE) contra la trata, Myria Vassiliadou, abogó hoy por que sea delito recogido en el código penal de todos los países europeos pagar por servicios de prostitución cuando es a sabiendas de que la persona que los presta es víctima de explotación.

“La mitad de los países miembros no criminalizan a quienes participan como clientes en la explotación a sabiendas de que esas mujeres y niñas son víctimas. El año pasado las mafias obtuvieron billones de euros de beneficio y ni un solo cliente o cómplice de esa trata fue castigado”, denuncio Vassiliadou en una audiencia sobre la trata en la Eurocámara.

La coordinadora de la UE contra el trafico de personas explicó a los eurodiputados que desde 2014 ha habido “hasta un 600 % de incremento” de mujeres y niños llegados a Italia a través de Libia y procedentes de Nigeria para ser víctimas de la trata.

En la misma línea, el director de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), Eugenio Ambrosi, señaló que “la mejor manera de terminar con un crimen organizado que es un negocio tan grande es hacer que deje de ser rentable”.

Desde la ONG de mujeres nigerianas víctimas de trata IROKO, su representante, Esohe Aghatise, denunció que muchas mujeres asumen cuando pagan a las mafias para que las lleven a Europa que podrán sufrir al menos algún episodio de explotación sexual y que a pesar de ello o del riesgo de no llegar a Europa vivas prefieren seguir adelante.

“Te dicen que si mueren en el mar será algo rápido. Si se quedan en el país del que huyen tendrán una muerte lenta por la hambruna”, dijo.

Asimismo, denunció que muchas mujeres y niños desaparecen en su viaje a Europa antes de ser registrados en los centros de detención en países como Italia “porque los están esperando las mafias al otro lado para iniciar el negocio con ellos”.

La audiencia “Tráfico de mujeres y niños en el contexto de la inmigración. La nueva esclavitud de nuestro tiempo” fue organizada por las comisiones europarlamentarias de Libertades Civiles y Mujeres.