Rajoy hace malabares para no pronunciar las palabras aborto, desahucio o educación

Nada. Ni una sola vez ha mencionado el presidente del Gobierno los temas sociales que han marcado el último año. Ni una sola vez ha dicho la palabra vivienda, desahucios, reforma educativa, aborto. La casi hora y media de discurso se le han evaporado entre impuestos, datos de crecimiento, Cataluña y la lucha contra una corrupción que, con los papeles de Bárcenas, ha marcado el pulso de la realidad en las portadas de los periódicos. Ni siquiera en la réplica al jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, que sí sacó estos temas, Rajoy accedió a referirse a ellos.

De lo que ha vivido en el Congreso y en la calle, silencio. Nada en las 44 páginas iniciales ni en los turnos de réplica sobre la polémica LOMCE, aprobada con los únicos votos del PP y que todos los partidos de la oposición se han comprometido a derogar en cuanto sea posible. Ni una frase de defensa para el ministro que la llevó adelante, José Ignacio Wert, y para una política educativa que ha sacado a la calle a miles de personas en todos los rincones de España.

Ni una palabra para los muertos en Ceuta. Apenas unas referencias genéricas sobre inmigración y unas cifras de saltos a las vallas de Ceuta y Melilla difíciles de encajar. Por supuesto, no hubo anuncios sobre más control de la acción de la Guardia Civil en las fronteras, ni de la eliminación de las concertinas, ni del protocolo que hasta los mismos agentes reclaman para saber cómo actuar.

Ni mención del drama de los desahucios y tampoco anuncios de mejoras legales que ayuden a garantizar el derecho a la vivienda en un país con 5,8 millones de parados.

Silencio también para la gran reforma que impulsa el Gobierno. La derogación de la actual ley del aborto, que elimina los plazos para volver a algunos enunciados de 1985. Aunque los ministros defienden el proyecto de Albert Ruiz-Gallardón con con el mantra de la promesa electoral, Rajoy no ha presumido en su discurso de su intención de proteger más a las mujeres y también a los no nacidos.

Aborto, el máximo tabú

Rajoy no entró al trapo. Como si fuese un tabú, el presidente evitó en sus sucesivas intervenciones pronunciar las palabras mujer o mujeres. Ni qué decir de igualdad. Y aborto, mucho menos. Y eso que Rubalcaba insistió varias veces. “Las mujeres no le necesitan como tutor”, le espetó el líder de la oposición. Mutis por el foro.

Rajoy ha evitado referirse al anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, que el consejo de ministros aprobó el 20 de diciembre, con meses de retraso respecto de los primeros anuncios del ministro de Justicia.

El gran proyecto de Alberto Ruiz-Gallardón -que se encuentra en fase de consultas- ha generado un rechazo generalizado. A pesar del inicial triunfalismo de los grupos antiabortistas al comprobar que el Gobierno pretende eliminar el supuesto de malformación fetal, el crédito se le ha acabado pronto al Gobierno con los autodenominados pro-vida, que critican la ley por blanda. Del otro lado, los partidos de la oposición, el sector médico que se ha plantado en bloque, las plataformas en defensa de los derechos de las mujeres y la ciudadanía en general, que según las encuestas no veía necesario modificar la normativa actual. Ni siquiera los votantes del PP. La manifestación en contra de la reforma del 31 de enero fue multitudinaria.

La complejidad de los trámites que se exigirían con la nueva ley, que incluyen la necesidad de que dos psiquiatras certifiquen el peligro que el embarazo supone para la mujer, una cita con los servicios sociales para que le brinden “la más completa información y asesoramiento”, según ha defendido en otras ocasiones el presidente del Gobierno, y los siete días de reflexión que debe pasar obligatoriamente la mujer dificultan, según los profesionales, el acceso a la interrupción de la gestación en los plazos legales.

Rajoy no ha sacado pecho tampoco con la idea de que por primera vez se despenaliza completamente a la mujer. “Cómo la van a penalizar si la decisión no es suya”, ironiza Isabel Serrano, de la Plataforma Decidir Nos Hace Libres. Sin embargo, los que ahora se sienten presionados por la legalidad son los médicos y psiquiatras, sobre los que recae la responsabilidad de autorizar el aborto y que podrían ser denunciados por ello.

La educación y la hemeroteca

En este Debate sobre el Estado de la Nación, Mariano Rajoy se ha apuntado a las últimas tendencias en periodismo televisivo: tirar de hemeroteca. Tanto en su discurso de la mañana como en las réplicas de la tarde, el presidente se dedicó a reproducir titulares de periódicos para mostrar el avance de España con su Gobierno. Pero el súmmum de este recurso lo protagonizó Rubalcaba, que para hablar de la reforma educativa citó dos artículos de Rajoy publicados en El Faro de Vigo en 1983 y 1984 en los que defendía que los “hijos de la buena estirpe” superan a los demás.

Pero ni siquiera para responder a esto ha hablado de educación. Ni ha sacado pecho con la ley que su partido ha aprobado en el Congreso, en solitario, con el objetivo solucionar el problema del abandono escolar temprano. La polémica Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa del ministro José Ignacio Wert ha protagonizado el debate público el último año. Reválidas, segregación por sexos, itinerarios que obligan a los niños a elegir cada vez antes la orientación de sus estudios, Religión como asignatura evaluable, eliminación de Educación para la Ciudadanía... Razones que, sumadas a los recortes, sacaron el 24 de octubre a miles de personas a la calle para pedir que el Gobierno retirara la reforma. La LOMCE ha logrado unir (en su contra) a padres y madres, alumnos y profesores, cuyos intereses y reivindicaciones no suelen coincidir.

Rajoy en todo momento ha defendido la gestión del ministro Wert y los pilares de la reforma, que se justifica con los malos resultados de los estudiantes españoles en el informe PISA. Pero en su discurso no se ha referido en ningún momento a uno de sus proyectos más importantes, materializado precisamente este pasado año. A la LOMCE le queda mucho camino por andar, y no sin obstáculos: la implantación, que se ha relajado por la presión de los barones del PP, comienza este curso, y los nuevos currículos obligan a cambiar libros en plena crisis económica y tras haber casi eliminado por completo las ayudas para adquirirlos.

Capítulo aparte han merecido este año las becas, con los cambios en los requisitos que han dejado sin ayudas a miles de estudiantes y un nuevo sistema culpable de que la mayor parte de los estudiantes universitarios no tengan a esta altura del año aún el dinero y algunos ni siquiera sepan si les llegará. El escándalo de los Erasmus, que le valió al Gobierno un tirón de orejas de Bruselas y la necesidad de una partida extra para atender a los alumos que ya estaban en sus destinos. Y aunque el ministro se ha encargado de defender que el presupuesto para becas es el más alto de la historia, el presidente del Gobierno tampoco ha mencionado este 'hito' entre los logros de su gestión.

¿Seguridad ciudadana o libertad?

Rajoy sí ha mencionado, aunque de forma muy lateral, el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana. “No está para recortar libertades”, ha defendido Rajoy en respuesta a la acusación de que proyecto de ley que impulsa el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para “mejorar el derecho a manifestarse” supone en realidad un recorte de las libertades individuales.

El anteproyecto se encuentra en fase de consultas en distintos organismos. Y el primer varapalo puede llegarle pecisamente del Consejo General del Poder Judicial, que ve ciertos artículos como de “dudosa constitucionalidad”. El informe que dentro de un mes votará el pleno del Consejo, plantea que el texto elaborado por el Ministerio del Interior, que dirige Jorge Fernández Díaz, establece criterios “excesivamente amplios” para justificar la intervención policial, según adelanta el diario El País. Para el ministerio, sencillamente este informe es “muy preliminar”.

De aprobarse el texto que ha salido del Consejo de Ministros las movilizaciones que arrancaron con el 15M, las concentraciones frente al Congreso o los escraches pasarán a estar tipificados como infracciones, con multas que en un primer momento podían llegar hasta los 600.000 euros. La norma que impulsa el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tuvo que suvizarse ante el escándalo generado por los desproporcionados castigos económicos. El texto propone gravar con entre 1.000 y 3.000 euros a quienes cometan “ofensas o ultrajes” a España, las comunidades autónomas, entidades locales y sus instituciones, símbolos o himnos. También propone la creación de un registro de infractores, que puede perjudicar gravemente a quienes necesitan regularizar su situación en España.

La vivienda ausente

La Plataforma Afectados por la Hipoteca, la PAH, ha cumplido el pasado fin de semana cinco años. Pero el problema de la vivienda no ha merecido ni siquiera una mención en el discurso de Mariano Rajoy. Ni una vez ha utilizado esa palabra. Tampoco parece ser ya una bandera de los partidos de la oposición. La mejoría de la economía a la que el presidente del Gobierno dedicó la mayor parte de su discurso no se ve reflejada en la situación de quienes no tienen un techo garantizado. Según los datos del Banco de España, en los primeros seis meses de 2013 se realizaron 19.567 entregas judiciales de una vivienda hipotecada. En todo 2012 se habían entregado 23.774. Ese año también había sido récord, con un aumento del 15,9% respecto de 2011. Además, según las cifras del Consejo General del Poder Judicial, en 2013 ya hubo más desahucios por el impago del alquiler que de la hipoteca. En el segundo trimestre (último dato disponible) el 58,23% de los desalojos se debieron a problemas con la renta y el 36,23 % con la letra. Pero las estadísticas son dispares, engañosas. El Gobierno prometió que este año se darían a conocer los primeros datos elaborados por el INE. Aunque Rajoy sí ha adelantado las previsiones de crecimiento del PIB, no ha mencionado las cifras relacionadas con los desahucios, las daciones en pago que supuestamente había que promover o los avances en el control de las cláusulas abusivas.