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"La nueva ley del aborto nos deja a los médicos en una inseguridad absoluta"

"Es una ley tramposa que nos obliga a volver a mentir", resume Pilar Martínez Ten, experta en Diagnóstico Prenatal y miembro de la plataforma Nosotras Decidimos

Asegura que la nueva regulación deja en una completa inseguridad jurídica a los profesionales sanitarios

Pilar Martínez Ten es especialista en Obstetricia y Ginecología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado durante años en el Hospital Clínico San Carlos y colabora con la plataforma Nosotras Decidimos. Habla con recelo de la nueva Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada. Por las consecuencias que, asegura, pueden tener para las mujeres y también para los profesionales. "Ya el nombre es bastante revelador. Quiere decir que las mujeres no pintamos nada". Considera que la norma es "tramposa en su formulación" y que, además de "no contentar a nadie", será la causa del "aumento de abortos clandestinos e inseguros".

¿En qué situación deja esta nueva ley a los médicos?

Recibimos este proyecto con preocupación. Porque nos deja en una completa inseguridad jurídica, a merced de denuncias, juicios e incluso penas. Volvemos a la hipocresía. Nos obligan a mentir. A firmar cosas que no son verdad. Porque nosotros vemos lo que vemos en los análisis y las ecografías, pero también nos sentimos en la obligación de ayudar a las madres. Y dónde está el límite entre una cosa y la otra.

Ahora no son ellas las que deciden. Yo puedo ver que un feto tiene espina bífida, pero ¿cómo se puede determinar hasta dónde o hasta cuándo esa patología afecta a la salud psíquica de la madre? Me temo que, ante esta inseguridad, muchos médicos se negarán a hacer este tipo de informes.

Volvemos al supuesto que el mismo PP denunciaba como un "coladero"

Volvemos a la hipocresía. Para quienes trabajamos en diagnóstico prenatal, la ley anterior favorecía la confidencialidad, la igualdad de las mujeres y la gratuidad sanitaria. Habrá que ver ahora cómo queda la letra pequeña pero, al parecer, todo se reducirá a conseguir dos firmas.

¿Qué mujer no está mal sociológicamente al enterarse de que su hijo tiene graves deficiencias o cuando se queda embarazada y no quiere tener a ese hijo por las razones que sean? Y, sobre todo, ¿quién lo va a certificar?

El ministro ha dicho que se defiende el derecho de los 'no nacidos' con algún tipo de discapacidad. 

El Gobierno ha tergiversado un argumento para justificar un cambio con el que busca conformar a un sector. El origen de este discurso engañoso es una convención de personas con discapacidad de las Naciones Unidas en la que en ningún momento habla del no nacido. Es un argumento tramposo para hacer valer más al no nacido que a la mujer.

La doctora Pilar Martínez Ten.

La doctora Pilar Martínez Ten.

¿Considera que esta nueva ley afecta a los abortos que se realizan por malformaciones del feto?

En España, en un 4% de los embarazos el feto tiene algún tipo de malformación. De éstos, el 2% son enfermedades mayores. No sólo el síndrome de Down. También muchas afecciones cardiacas, cerebrales o esqueléticas que producen graves deficiencias.

Los abortos que se realizan por el supuesto fetal son pocos, unos 3.000 al año. En realidad, son embarazos deseados y es una decisión, si cabe, aún más dolorosa. Ahora esas mujeres se pueden ver abocadas a salir fuera de España para practicarse un aborto o a tener un hijo con graves discapacidades en una situación económica en la que no pueden contar con la ayuda de las administraciones. 

Siempre podría alegar riesgo para su salud psíquica...

Y conseguir las famosas dos firmas. Una mujer con una cierta formación, con un cierto nivel educativo y económico, lo tendrá fácil. En cambio, aquellas que estén más desamparadas en lo económico o cultural se van a encontrar con el problema. Esta ley lo que hace es generar una tremenda desigualdad entre las mujeres. E inseguridad.  

Gallardón ha asegurado en la presentación que los nuevos procedimientos contribuyen a la seguridad de las mujeres.

Lo que hace la ley es complicar el acceso a la interrupción del embarazo. Y si, como decía antes, se trata de una mujer con posibilidades económicas, esto se resuelve saliendo de España. En Francia, un aborto con 20 semanas de embarazo por causas de enfermedad del feto cuesta unos 5.000 euros. Pero ¿quién puede acceder a esta opción?

Alguien que tenga la información, que pueda comunicarse y mandar los emails pertinentes para tramitar la intervención, y que tenga el dinero para el viaje y, claro, los 5.000 euros. ¿Y a las demás qué les queda? Abortos clandestinos, inseguros. Que van a significar casos de hemorragias, de esterilidad... Y, probablemente, algunas muertes. 

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