La URJC oculta las subvenciones gestionadas por la funcionaria que modificó las notas de Cifuentes
Después de que estallase el caso Cifuentes, la Rey Juan Carlos no facilitó información sobre el puesto que ocupaba Amalia Calonge, la funcionaria que modificó las notas de la expresidenta madrileña e imputada en el caso máster. Según confirmaron portavoces estudiantiles, el curso pasado el rector la nombró jefa de servicio de promoción de asociaciones culturales. Así lo ratificó posteriormente la afectada el pasado 25 de abril, al comparecer en la investigación que llevó a cabo la universidad.
La URJC se negó a facilitar a esta redacción información sobre los cargos ocupados previamente por esta funcionaria, las subvenciones convocadas por su departamento y el nombre de alumnos a los que becaron en el Vicerrectorado de Estudiantes [departamento al que está adscrito el servicio de promoción de asociaciones]. El Consejo de Transparencia obligó el pasado 29 de junio a este campus madrileño a que facilitara estos datos, tras un recurso de eldiario.es. El 7 de agosto emitió un nuevo requerimiento para que facilitara esta información, sin haber recibido ninguna respuesta por el momento.
Durante los meses en los que varios colectivos se concentraron por el caso del máster de Cifuentes (CEI, Res Pública y Cariátides), el resto de organizaciones con las que contactó eldiario.es prefirieron dar su opinión sobre el funcionamiento de la URJC de forma anónima por “miedo a represalias”.
Entre esas consecuencias, destacaron la posibilidad de quedarse sin aulas para organizar charlas, que les pongan obstáculos en su rutina asociativa o no les concedan subvenciones. Calonge fue designada por el rector Javier Ramos para coordinar desde la Universidad a estas organizaciones. Esta mujer fue la funcionaria que modificó las calificaciones de Cristina Cifuentes pasando de 'no presentado' a notable.
Esta redacción solicitó al departamento de comunicación y al portal de transparencia de la URJC información sobre el cargo que ocupaba Amalia Calonge, las subvenciones concedidas a las asociaciones estudiantiles en los últimos tres años y a qué alumnos le han otorgado las becas de colaboración dependientes del Vicerrectorado de Estudiantes [departamento al que está adscrito el servicio de promoción de asociaciones].
“Interfería con la investigación judicial”
El pasado 11 de mayo el portal de transparencia de la Universidad Rey Juan Carlos declinó facilitar esta información asegurando que cualquier dato sobre esta funcionaria podía “interferir con la investigación al encontrarse sub iudice” debido a la instrucción judicial. Para ello, se amparó en el artículo 14 de la Ley de Transparencia que limita este derecho en casos de que “información suponga un perjuicio” para la investigación de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
eldiario.es recurrió esta decisión ante el Consejo de Buen Gobierno y Transparencia, el organismo estatal independiente que vela por el acceso abierto a la información pública y la rendición de cuentas de las institucione. Este organismo estimó la reclamación e instó el pasado 29 de junio a la URJC a que facilitase toda la información solicitada.
Sobre las subvenciones y ayudas públicas concedidas, desde el Consejo advirtieron a la URJC que el acceso a ese desglose “se encontraría comprendido entre las obligaciones de publicidad activa contempladas en la LTAIBG [ley de transparencia]”. Asimismo recordaron que “el acceso a la información solicitada efectivamente constituye un instrumento para fiscalizar la actuación de los poderes públicos”.
Obligaciones de publicidad activa
Desde este organismo estatal tampoco compartieron la negativa a facilitar el nombre de estudiantes becados por el Vicerrectorado de Estudiantes ni a aportar información sobre los nombramientos en el Servicio de Promoción de Asociaciones. La URJC se negó a dar el nombre de los alumnos seleccionados para colaborar con Calonge asegurando que “afecta a datos de carácter personal que no pueden ser facilitados sin el consentimiento expreso de los afectados”. Sin embargo, el Consejo no alcanza “a comprender la necesidad de protección de la identidad de los beneficiarios” al entender que estos datos “ya debieran haber sido objeto de publicidad”.
También consideraron que el mismo argumento amparaba la difusión de los puestos ocupados por la funcionaria que modificó las notas de Cristina Cifuentes ya que “la información relativa al nombramiento y provisión de puestos de trabajo está sujeta a publicidad”. Además aprovecharon para dar un varapalo a la respuesta de la URJC asegurando que no comparten “que su divulgación pudiera tener una incidencia negativa en el procedimiento judicial en curso”.
Dos requerimientos
Con esta resolución instaron a la universidad a facilitar todos estos datos en 15 días. Tras casi dos meses, la URJC no ha remitido esta información. El pasado 7 de agosto, a petición de esta redacción, el Consejo envió un requerimiento para que cumpla con la resolución que emitieron.
Desde el departamento de Calonge se anunció una convocatoria de ayudas a las asociaciones para el año 2018. Estas ayudas supusieron 22.000 euros para las arcas de la URJC, cada colectivo podía aspirar a un máximo de 2.000 euros. El servicio gestionado por esta funcionaria era el encargado de realizar la primera criba y decidía qué solicitudes admite a trámite. La decisión final se tomó en una Comisión formada por el vicerrector de extensión universitaria, los decanos de las facultades y la jefa de servicio de promoción de asociaciones.
Entre los becarios que trabajaron con Calonge, una de las seleccionadas también era una de las representantes de alumnos en el Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos.
eldiario.es se ha puesto en contacto con la URJC, sin haber recibido respuesta por el momento. Por su parte, Calonge ha rechazado hacer declaraciones.
