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37.000 menores esperan la ley para la erradicación de la violencia contra la infancia prometida por el Gobierno

Save the Children inicia una campaña para exigir al Ejecutivo la ley a la que se comprometieron todos los partidos en el Congreso el pasado mes de septiembre 

El objetivo es combatir el abanico de violencias que sufren los niños y niñas en España: abusos sexuales, violencia de género, maltrato o acoso. Solo en 2016 se registraron 37.495 denuncias, pero esta es la punta del iceberg

Sin embargo, el Gobierno no lo ha incluido en su previsión de normas para 2018: "Lamentamos que la violencia contra la infancia no sea una prioridad" 

Unos niños ajenos a la información.

Unos niños en una foto de recurso. Pexel

"Al final no le dije nada a nadie. Aprendí a olvidarlo como si no hubiera pasado nada. Lo borraba. Me hacía el dormido y como si no hubiera pasado nada". Joan tenía diez años cuando David, su tutor legal dedicado profesionalmente a la acogida de menores tutelados por la Administración, le puso una película porno y le invitó a que se masturbara. Esa misma noche empezaron los abusos y las fotos, que no acabaron hasta que cumplió los 19. David fue padre de acogida de otros tantos niños, pero todos guardaron silencio durante años, según recoge el informe de la ONG Save The Children Ojos que no quieren ver.

Los abusos sexuales a la infancia son uno de los tipos de violencia que sufren los menores en España, donde según el último año del que se tienen datos, 2016, se interpusieron 37.495 denuncias por delitos violentos contra menores de edad. Solo ese año 15 perdieron la vida por estas causas y la cifra se eleva a los 100 desde el año 2012. Este escenario ha llevado a Save the Children a iniciar la campaña #LosÚltimos100 para exigir la aprobación de una ley para la erradicación de la violencia contra la infancia, tal y como se comprometió el Gobierno a hacer el pasado septiembre.

Entonces el Congreso aprobó una proposición no de ley para instar al Ejecutivo a iniciar el procedimiento en el plazo de un año. Y lo hizo con el apoyo de todos los grupos, incluido el Partido Popular. Como recuerda Save the Children, la aprobación de la norma formaba parte del acuerdo de investidura alcanzado entre los populares y Ciudadanos. Sin embargo, la iniciativa no forma parte del Plan Anual Normativo para este 2018, el documento del Gobierno que recoge su previsión de normas para el nuevo año.

La ONG lamenta que "la violencia contra la infancia no sea una prioridad para el Ejecutivo" y apunta a crear "un movimiento ciudadano para concienciar a los responsables políticos de la necesidad de la ley y cómo ésta tiene que contemplar todas las medidas necesarias para que estos sean los últimos 100 niños que mueren por causas violentas". Entre ellas, la violencia de género, el acoso escolar, los abusos sexuales o el maltrato en el ámbito familiar.

La organización hace hincapié en que el número de denuncias representan la punta del iceberg de la violencia contra la infancia y "las muertes representan solo el impacto más visible". De hecho, la mayoría de casos no se denuncian y nunca salen a la luz, entre otros motivos porque los niños o niñas no saben a quién acudir, temen no ser creídos, tienen miedo a las represalias o a veces ni siquiera saben ponerle palabras a lo que están viviendo. De ahí, la necesidad de poner en marcha los mecanismos judiciales y sociales para que este problema deje de estar silenciado.

Las caras de la violencia 

El silencio es una de las principales características del abuso sexual infantil, del que cada año hay más denuncias –3.500 en 2015 y 4.000 en 2016–, pero para el que la respuesta de las administraciones sigue estando lejos de garantizar la prevención y protección de los menores. Eso a pesar de que la mayor parte de agresiones de este tipo se dan por personas conocidas por el niño o la niña: familiares o del entorno, como el colegio o el deporte.

Save the Children ha contabilizado que solo el 15% de los casos se denuncian y que el 70% nunca llegan a juicio oral. "La errónea percepción de que los abusos no son algo habitual sino una excepcionalidad hace que la detección sea complicada", explica la ONG, que alerta de la escasa formación de los profesionales, la lentitud de los procedimientos o la falta de recursos especializados.

La violencia de género es otra de las manifestaciones que pretende combatir la ley exigida por la organización. En 2017 ocho niños murieron por violencia de género y 24 quedaron huérfanos por el asesinato de sus madres a manos de sus parejas o exparejas, pero el sistema sigue plagado de agujeros negros que dejan desprotegidos a estos niños y niñas y expuestas a su agresor a pesar de que desde 2015 la ley los reconoce como víctimas directas de la violencia que sufren sus madres. 

Lo reconocido en la ley no se corresponde en muchos casos con la realidad, que a veces obliga a estos menores a convivir o mantener visitas con sus padres a pesar de rechazarles o a sus madres a pedirles una autorización pese a estar condenados para poder ser tratados psicológicamente. "Aún no se tiene suficientemente en cuenta el peligro que supone para un menor convivir con un padre maltratador".

Dentro del ámbito familiar no solo se da la violencia de género o los abusos sexuales, también otro tipo de violencia que ejercen otros miembros de la familia. Según el RUMI, el Registro Unificado de Maltrato Infantil que depende del Ministerio de Sanidad, 13.818 niños y niñas sufren malos tratos por parte de algún familiar. Por último, Save the Children alerta sobre el acoso escolar, que califica de "violencia entre iguales" y que en algunos casos "llega incluso a provocar el suicidio".

La ley propuesta por Save the Children para atajar este abanico de violencias pide como requisitos mínimos la formación especializada de los profesionales, la prohibición de que aquellos condenados por algún delito relacionado trabajen con menores, campañas de sensibilización, medidas concretas de protección para colectivos vulnerables (niñas, LGTBI, menores extranjeros no acompañados...), suspender las visitas a padres agresores, que la prescripción de los delitos de abusos sexuales empiece a contar a los 30 años y no a los 18 y que en los centros se pongan en marcha protocolos para combatir el acoso. 

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