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España regresa al primer puesto en infracciones ambientales de la Unión Europea

Vertido en el río Tajo en Talavera de la Reina.

Raúl Rejón

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El 7 de febrero pasado se produjo una casualidad: España vio cómo era llevada por la Comisión Europea no una, sino dos veces ante el Tribunal Europeo de Justicia por sendos casos contra el medio ambiente. A criterio de Bruselas, el país lleva años vulnerando la normativa de residuos y no ha completado sus planes contra las inundaciones.

Estos dos casos unidos al resto de infracciones ambientales que siguen abiertas hacen que España haya recuperado el primer puesto en la Unión Europea con 22 expedientes verdes activos –uno más que al cerrar 2023–, según la base de datos de la UE. En el ránking liderado por España siguen Polonia con 20 casos, Italia con 18 y Grecia con 17 infracciones.

España dejó la cabeza de la lista en 2021 después de siete años seguidos como top 1 de las infracciones ambientales en Europa. Aquel año cerró el curso con 24 casos vivos, menos que en la actualidad, e incluso mantuvo una tendencia a la baja antes de este repunte.



Sin embargo, la misma tendencia se ha generalizado –y con más fuerza– entre los Estados Miembro y por eso el nivel español ha pasado otra vez a convertirse en el más alto: si en 2021 había 368 casos abiertos en toda la UE, ahora son 288. De hecho, en ese mismo periodo, Francia ha pasado de 18 infracciones a 13; Grecia de 22 a 17, Italia se mantiene en 18, Portugal ha bajado de 18 a 12 y Eslovaquia ha rebajado su paquete de infracciones de 20 a 15.

¿En qué incumple España? Tiene problemas recurrentes en, básicamente, tres cosas: la gestión del agua, la protección de la naturaleza y el manejo de los residuos.

El agua

Ha sido señalado como “uno de los grandes retos de España a en cuanto a la aplicación de la política y el Derecho de la UE en materia de medio ambiente”. En particular “el tratamiento de aguas residuales urbanas”. Dicho y hecho, el 21 de diciembre de 2023, Bruselas denunció a España frente a los magistrados europeos precisamente por este particular: 29 aglomeraciones urbanas todavía debían “garantizar” que tenían colectores para luego hacer un tratamiento y en otras 225 los niveles de depuración eran insuficientes.

Unos meses más tarde llegó la remisión al Tribunal del retraso en la redacción de los planes hidrológicos y de sequía de Fuerteventura, La Palma y Lanzarote. Aunque no engrosa el listado actual, también en este 2024 han llegado las consecuencias de un expediente europeo contra España por la gestión del agua. España fue condenada debido a la contaminación por los vertidos agrícolas y ganaderos. La falta de medidas obligatorias o reforzadas en comunidades líderes en regadío y ganado (Aragón, la Región de Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha o Castilla y León) ha terminado en un nivel excesivo de nitratos en las masas de agua.

Cómo tratar los residuos

Es una gran asignatura pendiente para España, que arrastra expedientes desde hace muchos años. Lo último ha sido la denuncia ante la justicia comunitaria por 195 vertederos ilegales que no han sido cerrados ni restaurados como manda la ley. Este incumplimiento “pone en riesgo el medio ambiente y la salud humana”, concluyó la CE tras años de avisos oficiales para remediar la situación.

No se ha quedado ahí la cosa. En este curso se ha abierto un nuevo procedimiento en el que se insta a España a mejorar el tratamiento de los residuos urbanos en el país ya que “los datos más recientes muestran que el 12,7% de los residuos urbanos recogidos en España no recibieron el tratamiento requerido antes de su eliminación en vertederos”. Se trata de la primera fase del expediente sancionador.

La cuestión de los residuos ha terminado por hacerse una bola indigesta. Aquí se recicla algo más del 40% de los desechos municipales cuando la normativa exige que sea al menos el 50% según los datos del Ministerio de Transición Ecológica. La escasa recogida de residuos separados, que solo alcanza el 20% de los 22 millones de toneladas de basura municipal, lastra el reciclaje y lo deja por debajo del mínimo marcado por la normativa. En 2020, 12 millones de toneladas fueron al vertedero o se quemaron.



Protección de la Naturaleza

“La Comisión recibe un gran número de denuncias en materia de conservación de la naturaleza”, describe la última revisión de la Comisión Europea sobre cómo aplica España la normativa medioambiental (2022). Principalmente sobre “degradación de lugares y mala evaluación” [de impactos]. De hecho, el 73% de los hábitats de interés en España están en algún nivel de mal estado, según el análisis del Gobierno.

Ahora mismo, España tiene abiertos procesos de infracción porque “el número, el tamaño y la ubicación de los Lugares de Interés Comunitario propuestos por España y las especies y hábitats protegidos en ellos no son suficientes”. La gran biodiversidad del país (dentro del hotspot Mediterráneo) obliga a más: las carencias detectadas entonces se centraban en la red marina. La declaración de diversas zonas protegidas en los montes submarinos pueden desactivar este proceso sancionador.

También se reclaman a España “medidas necesarias para evitar un mayor deterioro” del delta del Llobregat (que estuvo amenazado por el proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat) y llevar a cabo las “acciones necesarias para reducir las capturas accesorias de las artes de pesca”. Cetáceos como los delfines y las marsopas o aves como las pardelas terminan enredados y muertos en sedales y anzuelos de las flotas pesqueras comerciales. La presión por parte de Europa ha hecho que el Ejecutivo haya diseñado un Plan Nacional para la reducción de capturas accidentales en la actividad pesquera.

Aunque no se contabiliza entre las infracciones, Bruselas sí ha incluido como otra de las carencias en la implementación de la política ambiental de España “la mejora de la fiscalidad así como reducir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente”. En contraste, los impuestos verdes españoles han llegado a su nivel más bajo en la última década.

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