El Gobierno negocia con la Iglesia cómo controlar los fondos que recibe de la Renta y la financiación pública de TRECE

¿Puede auditar el Gobierno las cuentas de la Iglesia? El Ejecutivo piensa que sí y, de hecho, ya trabaja con la institución en un “grupo de trabajo” para abordar cuestiones económicas y de fiscalidad, tal y como informó esta semana el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, José Antonio Montilla, en una respuesta al senador Carles Mulet. 

En concreto, el Gobierno quiere ajustar algunos aspectos importantes a partir del dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de la Iglesia. El informe –que fue recibido con alborozo entre los obispos, pues ‘afinaba’ sus conclusiones frente a un primer borrador mucho más contundente– explicaba al Gobierno qué tenía que hacer para revertir la actual situación de privilegio fiscal de la Iglesia española, partiendo de una premisa: hoy por hoy, el Estado no tiene conocimiento real de dónde va el dinero procedente del IRPF.

Y eso es, precisamente, lo que el equipo liderado por Carmen Calvo quiere modificar. Según han confirmado fuentes de Moncloa a elDiario.es, el objetivo de estas conversaciones es conseguir una mayor transparencia del destino de los fondos que la Iglesia católica recibe a través de la casilla de la Renta, así como clarificar su reparto. También, aclarar qué se puede hacer y qué no con los superávits de la Conferencia Episcopal, que en los últimos años se han destinado, en buena medida, a financiar una empresa privada, como el canal de televisión TRECE, lo que podría chocar con la normativa de la Unión Europea.

Tal y como apuntó el secretario Montilla, el Gobierno pretende que el contenido de la memoria justificativa de la CEE sea “acordado entre el Gobierno y la Iglesia para asegurar un seguimiento eficaz”, y que no se financien empresas privadas con dinero procedente de las arcas públicas, como podría ser el caso de la emisora episcopal.

Las palabras del responsable de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales han sorprendido en el seno de la Conferencia Episcopal, que entiende sus afirmaciones como una especie de ‘cortina de humo’ para desviar el debate sobre las inmatriculaciones y la inminente entrega del listado definitivo. Se trata de propiedades puestas a nombre de la Iglesia entre 1998 y 2015, gracias a la ‘ley Aznar’, y que se estima recoja un total de 34.000 bienes registrados con sólo la firma del obispo, que ejercía las veces de notario.

Los obispos, “muy tranquilos”

“Estos temas están en el guión, pero aún no hemos dialogado sobre ellos”, responde a preguntas de elDiario.es el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Confirma además los encuentros con el Gobierno y explica que han “empezado por las inmatriculaciones”.

El Gobierno ya tiene finalizado el informe definitivo sobre estas propiedades, que ya debía haber enviado, como era preceptivo, al Congreso de los Diputados. De hecho, fuentes conocedoras de la negociación aseguran que el Ejecutivo ha confirmado a los obispos durante esas reuniones que el listado se entregará en la Cámara Baja “en este mes” o, a lo sumo, en diciembre. 

“A partir de ahí, si hubiera algún conflicto respecto a alguno de los 34.000 inmuebles, hablaríamos”, subraya el portavoz de los obispos, quien añade que los representantes del Gobierno “reconocieron que se cumplió la legalidad y que, sí así no fuera, sería también responsabilidad de los Registros”.

El tema, más allá de la legalidad, parece ser una cuestión “reputacional”, de impacto en la opinión pública y, especialmente, de las repercusiones mediáticas. Como han apuntado fuentes de los dos organismos (Administración y Episcopado) a elDiario.es, los bienes inmatriculados que podrían estar en cuestión son muy pocos. La Iglesia, que aún no ha tenido acceso al registro, sí ha podido comprobar, en sus propios archivos, cómo las propiedades que puedan ser susceptibles de recurso ante los tribunales son “residuales”.

En opinión de los obispos, el grueso de las conversaciones no gira en torno al Tribunal de Cuentas ni a si la Iglesia debe o no justificar sus superávits o sus inversiones en TRECE (al menos, por el momento), sino al impacto “reputacional” de la polémica de las inmatriculaciones. Un tema en el que, como ya apuntaron tanto Argüello como el gerente del Episcopado (y máximo responsable de Cope y TRECE), Fernando Giménez Barriocanal, los obispos están “muy tranquilos”.

Los colectivos que luchan por el patrimonio público muestran su enfado ante esta situación. Hace unas semanas, el portavoz de la entidad patrimonialista Recuperando, Jorge García, subrayaba que “intuimos que estos dos años en los que el Gobierno no ha querido o podido devolver al Parlamento ese listado puede haber servido para que la jerarquía católica haya blanqueado o anulado inscripciones registrales que podrían ser bastante graves”.

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