El Gobierno planifica destinar 204 millones de euros para las víctimas de trata y explotación sexual hasta 2026

El Ministerio de Igualdad ha llevado este martes al Consejo de Ministros el que ha llamado Plan Camino de lucha contra la trata y explotación sexual de mujeres y niñas. Se trata de una hoja de ruta que recapitula todas las políticas públicas destinadas a este fin hasta 2026. En total, son 28 medidas, algunas ya presupuestadas, que alcanzan una inversión de 203 millones de euros, según recoge el plan aprobado por el conjunto de los ministros. El Gobierno prevé acometer el 20% este año y el 25% en 2023. 

En la práctica, se trata de un compendio de medidas, algunas ya acordadas y presentes en legislaciones aprobadas y otras pendientes, centradas fundamentalmente en “dar alternativas económicas, laborales y sociales a las víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución”, explica el departamento dirigido por Irene Montero, al que le corresponde un 53% del presupuesto. Las medidas que desarrollará el Ministerio de Trabajo aglutinan el 41,1%, un 0,5% el Ministerio de Transporte, un 1,9% el de Interior y el 3,5% restante el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El plan está dividido en cinco líneas de actuación: recogida de datos, desincentivación de la demanda de prostitución, detección de las víctimas, atención integral y salidas sociolaborales para las mujeres y niñas e impulsar su regularización. De fondo, el Gobierno está trabajando en una ley contra la trata que aún no ha visto la luz y que ha supuesto una nueva disputa entre los socios, en concreto entre el Ministerio de Igualdad y de Justicia, que tres meses después de que el primero tuviera el borrador listo anunció que ponía en marcha los trabajos para la elaboración de la norma.

Recogida de datos

El primero de los objetivos del plan se propone la recogida de datos e investigación de una realidad, la de la trata con fines de explotación sexual y la prostitución, sobre la que hay una laguna de cifras oficiales en nuestro país. Así, se pondrá en marcha una Macroencuesta que llevará a cabo entrevistas por todo el territorio nacional y pretende dar una imagen lo más fiable posible. Junto a ello, se prevé la elaboración de un sistema de recogida de datos periódico.

La prioridad de la estrategia es intentar garantizar “alternativas económicas y sociales” a las víctimas y se pretende hacer, en parte, con el plan de inserción sociolaboral de mujeres y niñas víctimas de trata y en contextos de prostitución, con el que Igualdad pretende llegar a 30.000 mujeres hasta 2026. El Gobierno ya habilitó el pasado julio 12 millones de euros con el objetivo de poner en marcha el plan, que se basa en la concesión de subvenciones a entidades.

Desincentivar la demanda

También para intentar cumplir con este objetivo, el Gobierno se compromete a crear un programa específico para estas mujeres en el acceso a la vivienda pública. “Con este plan tratamos de ayuda a estas mujeres que son vidas truncadas, a las que queremos darles respuesta especialmente desde la atención de las políticas públicas”, ha apuntado la ministra portavoz Isabel Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La creación de los llamados centros de crisis para víctimas de violencia sexual, contemplados en la ley del 'solo sí es sí', es otra de las medidas incorporadas.

Trabajar “intensamente” por desincentivar la demanda de prostitución es otro de los objetivos del plan, que el Gobierno pretende concretar a través del impulso de campañas de sensibilización dirigidas a hombres jóvenes y adultos “con especial énfasis” en zonas turísticas, de ocio, eventos deportivos masivos y en autovías o carreteras en las que se concentra un mayor número de prostíbulos. Además, se incluye como medida el “fomento” de la educación sexual y en igualdad en todas las etapas educativas.

El plan cita también como objetivo la regularización de las víctimas de trata y explotación sexual “como vía fundamental para iniciar y consolidar el proceso de salida y emancipación de la situación” y se propone la medida “a medio y largo plazo”, pero queda en el aire. La medida asociada es genérica y poco concreta, ya que consiste en “explorar la aplicación de las vías de normalización administrativas que ofrece el Reglamento de Extranjería tras su reciente modificación, promover su aplicación a víctimas de trata y explotación sexual”.