Un juzgado de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz ha decidido archivar la querella que Podemos interpuso contra los gestores de Ribera Salud y el Hospital de Torrejón de Ardoz a raíz de las conversaciones desveladas por El País en las que sus directivos ordenaban priorizar intervenciones médicas más rentables económicamente. Una decisión que choca con el criterio de la Fiscalía, que tal y como adelantó El Plural considera que sí hay prevaricación y ha remitido más denuncias interpuestas por el PSOE, el abogado Javier Flores y una asociación.
Las grabaciones fueron desveladas por El País el pasado mes de diciembre. Pablo Gallart, CEO del grupo Ribera que gestiona este hospital público dependiente de la Comunidad de Madrid, explicaba a dos decenas de directivos y mandos del centro que el objetivo era “alcanzar un EBITDA de cuatro o cinco millones”, apuntando a priorizar determinadas intervenciones para mejorar los beneficios económicos de la empresa.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atribuyó el asunto a “rencillas entre directivos” y buscó minimizar un escándalo que apunta directamente al modelo madrileño de gestión mixta público-privada en grandes hospitales como Torrejón de Ardoz, que tiene una población asignada de más de 150.000 personas. La dirección de este hospital, tal y como reveló elDiario.es en abril de 2025, ha llegado a presionar a su personal para operar a pacientes de otros hospitales de la red pública y obtener mayores beneficios.
Diversos partidos, asociaciones y particulares presentaron denuncias por estas grabaciones ante la Fiscalía y los juzgados. La primera en tramitarse fue interpuesta por Podemos, que puso encima de la mesa delitos de prevaricación, lesiones, homicidio, denegación de prestaciones públicas, malversación, coacciones y trato degradante. La magistrada Marta Gala, según ha podido comprobar elDiario.es, inadmitió de plano esta querella el pasado lunes 12 de enero.
La jueza califica la querella de “totum revolutum” y asegura que no justifica “mínimamente” qué indicios hay de la existencia de esos delitos. Entre otros, la prevaricación que sí ve la Fiscalía: “Tampoco se concreta la resolución arbitraria que supuestamente habría dictado el querellado a sabiendas de su injusticia”.
“Nos encontramos con una querella que se basa únicamente en un audio, una declaración de intenciones y petición a las personas asistentes a la reunión sobre el modo de gestionar el Hospital de Torrejón”, concluye la jueza. Una declaración de Gallart que “podrá valorarse éticamente de la forma que cada uno estime oportuna, pero que no constituye en sí misma, a juicio de esta instructora, infracción penal alguna”.
La Fiscalía sí ve prevaricación
La decisión de esta magistrada se ha cruzado con varios decretos de la Fiscalía de Alcalá de Henares de investigar y tramitar otras denuncias similares al entender que sí hay delito: “Estimando que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación, se acuerda la incoación de diligencias”, explicó la fiscal Mónica Arias, fiscal jefe de Alcalá antes de remitir todas las denuncias al mismo juzgado.
En varios decretos recientes, aunque dictados unos días antes del archivo del juzgado, la Fiscalía ha anunciado que remitirá las otras que ha analizado en las últimas semanas: del PSOE, del abogado Javier Flores y de la asociación del Defensor del Paciente. En sus escritos de gestión de todas estas denuncias la Fiscalía ya deja claro que considera que detrás de esas grabaciones y esas afirmaciones del directivo de Ribera Salud puede haber un delito.