La mayor parte de la población mundial, dispuesta a aportar un 1% de sus ingresos para luchar contra el cambio climático
Con la agenda verde europea debilitándose ante presiones como las recientes tractoradas de los agricultores, la percepción de que la población ha perdido interés por el medio ambiente en favor del crecimiento económico se ha visto reforzada. Sin embargo, los datos a nivel mundial difieren. Al menos un 69% de la población global está dispuesta a contribuir con el 1% de sus ingresos personales para luchar contra el calentamiento global, según muestra una investigación de las universidades de Bonn y Copenhague publicada en Nature.
“Los datos, globalmente representativos, revelan un fuerte apoyo a la acción climática en todo el mundo”, explican los autores. Además de la aportación económica, un 86% secunda las normas sociales proclima y hasta un 89% demanda que se intensifiquen las políticas contra el cambio climático, no su debilitamiento. El sondeo se ha realizado en 125 países con 130.000 individuos como parte de la Gallup World Poll.
Es destacable que en los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, los ciudadanos están más dispuestos a poner su dinero para atajar el problema a pesar de que son, al mismo tiempo, los países más empobrecidos y los que menos han contribuido a la crisis climática. Países del sur global como Malí, Burkina Faso, Benín, Costa de Marfil, Camerún, Gabón o Zambia en África y Bolivia o Paraguay en Suramérica –además de Birmania e Indonesia– alcanzan el 80% de apoyo a aportar ingresos personales (e incluso en ocasiones llegan al 90%).
Los datos del estudio son alentadores, ya que indican que el mundo está unido en su juicio sobre el cambio climático y la necesidad de acción
Una de las conclusiones a las que llegan los investigadores es que si atajar el cambio climático exige una cooperación global, “los datos del estudio son alentadores, ya que indican que el mundo está unido en su juicio sobre el cambio climático y la necesidad de acción”. También es cierto que el trabajo de campo del estudio se llevó a cabo entre 2021 y 2022, en la fase de salida de la pandemia de covid-19.
Además, el trabajo ha descubierto que las diferentes medidas climáticas se refuerzan entre ellas. Así, en los países donde se respaldan más las normas sociales en favor del clima acaban aprobándose más leyes relacionadas con la crisis climática, de lo que “se sugiere que los cambios en alguna de estas parcelas desatan el potencial de las otras”.
Los demás no lo hacen
Sin embargo, “este apoyo extendido contrasta con la percepción pesimista sobre la disposición de otros a actuar”, afirman los investigadores. “El mundo atraviesa un estado de ignorancia que ocurre cuando la población percibe errónea y sistemáticamente las creencias y actitudes de los demás”, explica la investigación.
Este apoyo extendido contrasta con la percepción pesimista sobre la disposición de otros a actuar
Esto quiere decir que se ha extendido la idea de que otros ciudadanos no están dispuestos a apoyar o actuar para atajar el cambio climático. Esta distancia entre la realidad y lo que se percibe responde a varios factores, entre los que los autores señalan “los debates públicos y en los medios de comunicación en los que se enfatiza de manera desproporcionada las opiniones de las minorías más escépticas sobre el cambio climático”. Y añaden: “Este hueco supone un reto para incrementar la lucha contra la crisis”.
En este sentido, estas últimas semanas las reivindicaciones del sector primario tanto en Europa como en España han apuntado a la agenda climática de la Unión Europea como enemigo del sector. Parte de las reivindicaciones se han visto colonizadas por bulos ambientales alimentados desde la ultraderecha. Una corriente que ya se dejaba sentir en mayo de 2023 y se ha acelerado con la proximidad de las elecciones europeas.
Fuera de la Unión Europea, el Gobierno británico de Rishi Sunak también ha protagonizado un giro en su política ambiental y climática, justo cuando hacen falta “objetivos más ambiciosos, más acción para recortar las emisiones o abandonar los combustibles fósiles” –como evidenció la última revisión de la ONU sobre la aplicación del Acuerdo de París–.
En España, las preocupaciones por la crisis climática se están moviendo. Desde un pico en septiembre de 2022 donde el 89,4% de la población consideraba la alteración del clima mucho o bastante preocupante, se ha pasado a un 80% en febrero de 2024, según el barómetro del CIS. Aunque solo el 7% lo coloca entre los tres primeros problemas más serios del país y un 9% entre los tres que le afectan más personalmente.
Para completar el panorama nacional, un trabajo de Esade y la Universidad Carlos III de junio de 2022 mostraba que, por un lado, la mayoría de los ciudadanos otorgan “una alta importancia al problema” de la crisis medioambiental, pero al mismo tiempo también la mayoría se opone a subir impuestos a la gasolina, los coches más contaminantes o el consumo de carne.
18