Más de 20 millones de fondos públicos desviados en el fraude de las desaladoras
Los contratos de obras hidráulicas por los que la Audiencia Nacional investiga a la empresa pública de gestión del agua Acuamed han contado con una inversión total de 1.700 millones de euros para desarrollar el programa de producción de agua desalada en el Mediterráneo. Según han informado a eldiario.es fuentes de la investigación, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción cifran en más de 20 millones de euros la cantidad de esos fondos públicos que han sido desviados.
Los agentes del instituto armado han detenido este lunes a dos altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente, ambos al frente de Acuamed: se trata del director general de la empresa, Arcadio Mateo del Puerto, y la directora de Ingeniería y Construcción, Gabriela Mañueco Pfeiffer. Se sospecha que la adjudicación de proyectos a constructoras se realizaba a dedo. Los agentes han arrestado en total a 13 personas.
La trama investigada actuaba en dos fases, según las citadas fuentes. En primer lugar se producían las irregularidades en la adjudicación de contratos. Una vez eran beneficiadas las empresas sospechosas de pagar comisiones, éstas inflaban el valor final del proyecto, de acuerdo con los responsables de Acuamed implicados. Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han constatado que hay un incremento injustificado de esas obras que asciende a más de 20 millones de euros.
Los investigadores sitúan en el centro de la trama al director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto. En los próximos días pasarán declararán ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco un total de 35 personas, todas ellas en calidad de investigados, la figura que ha sustituido a la de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Velasco ha declarado la causa secreta.
A qué se dedica Acuamed
Acuamed es la sociedad encargada de gestionar las infraestructuras hidráulicas del arco mediterráneo español: desde Andalucía a Cataluña. En esa franja se sitúan algunas de las zonas con mayor estrés hídrico de España: Almería, la Región de Murcia o la Comunidad Valenciana. Su actividad ha estado centrada en “la construcción” de estas infraestructuras, según explica la propia empresa, especialmente plantas desaladoras. El proyecto de Almería no se ha visto perjudicado por la trama de desvío de fondos, según las mismas fuentes.
La sociedad estatal se ha encargado de gestionar y distribuir los fondos millonarios del programa de desalinización en el Mediterráneo. Un plan bien dotado económicamente con más de 1.700 millones de euros de los que ya se ha ejecutado más del 90%, según su memoria anual. Posee 12 de estas plantas que, junto con las infraestructuras asociadas a la distribución, son las que provocaron la investigación de la Fiscalía Anticorrupción.
De la docena de instalaciones, siete ya están en fase de explotación: las de Marbella y Atabal en Málaga, la de Carboneras en Almería, las de Águilas y Valdelentisco en Murcia y las de Mutxamel y Torrevieja en Alicante. Esta última es una de las instalaciones en las que la Guardia Civil ha entrado durante la quincena de registros llevados a cabo el lunes. Se trata de la planta más grande de Europa.
En cuestión de infraestructuras, hay que sumarle dos trasvases. El que une los ríos Júcar y Vinalopó en Alicante y el Negratín-Almanzora en Almería. Sendas conducciones están operativas y han supuesto la inversión de 553 millones de euros.
Más plantas por la derogación del trasvase del Ebro de Zapatero
El plan para multiplicar el agua desalada de España parte de la derogación del trasvase del Ebro en 2004 por parte del Gobierno de José Rodríguez Zapatero. Se apostó por el Programa AGUA que calculaba, entre otras actuaciones, un aumento en la capacidad de desalar aguar de más de 600 Hm. Además, este planteamiento ha contado el riego multimillonario de los fondos europeos. Solo en el ejercicio de 2013, la financiación de la Unión Europea de Acuamed ascendió a “en torno a 1.000 millones de euros”, según la cuentas de la empresa estatal.
Todo este sistema suma a día de hoy 409 Hm de capacidad para producir agua desalada. Sin embargo, aunque el volumen producido se ha incrementado, la cifra real de litros generados está en 130 Hm para 2015, un 31% de la capacidad teórica. Tanto es así que la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente tuvo que poner en marcha un trasvase de agua de la Demarcación del Guadalquivir a la del Segura el julio pasado porque, a pesar de que los regantes del Puerto Lumbreras tienen reconocido el derecho a 5 Hm de agua desalada, no existe la conexión con sus campos desde la planta de Las Águilas.
La investigación arrancó en septiembre de 2014, como resultado de la denuncia de un particular. Se trata del primer caso en Madrid de la fiscal Inmaculada Violán, incorporada en marzo de 2015 a la Fiscalía Especializada contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Violán era hasta entonces fiscal contra los Delitos del Territorio y el Medio Ambiente en Tenerife, donde ha trabajado más 20 años y ha tenido que enfrentarse a relevantes casos de corrupción local. En este caso es auxiliada por la Unidad Adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de la UCO.
