Los jueces ven riesgo de que Fertiberia no cumpla con la descontaminación en Huelva y exigen ya el aval de 66 millones

La Audiencia Nacional aprecia peligro de que la agroquímica Fertiberia no cumpla con su obligación de limpiar las marismas de Huelva que contaminó durante décadas de vertidos causados por su acción empresarial. Los magistrados han exigido en un auto de 16 de junio que la compañía de fertilizantes ponga ya el aval de 65,9 millones que garanticen la ejecución de los trabajos decretada en 2015.

La justicia requirió a Fertiberia ese seguro de caución el 21 de julio de 2015. El dinero sirve para asegurar que se lleva a cabo el proyecto de “clausura de las balsas de fosfoyesos” acumulados en la ría de Huelva entre 1968 y 2010 y fruto de la fabricación de fertilizantes, como demostró un estudio de las universidades de Huelva y Granada en junio de 2019. Los fofoyesos son residuos industriales altamente ácidos que “contienen altas concentraciones de contaminantes y muchos reactivos químicos peligrosos”, concluyeron los científicos. Una bomba medioambiental.

Desde 2015, Fertiberia ha dilatado el proceso. Llevó el caso hasta el Tribunal Supremo que confirmó la medida impuesta a la agroquímica. Luego, la empresa ha intentado evitar el bloqueo de ese dinero al pretender sustituirlo por una garantía hipotecaria sobre sus instalaciones en Ciudad Real.

Ahora, los magistrados de la Audiencia Nacional además de afirmar que la ejecución “se ha dilatado excesivamente en el tiempo”, señalan que hay “un posible riesgo de que Fertiberia no ejecute la obra”. La cuestión es que la empresa de fertilizantes se vendió a un fondo de inversión llamado Triton. Este plan para ser adquirida “por un fondo de inversión con sede en Jersey (paraíso fiscal)” [aunque Triton aparece radicado en Luxemburgo], describe el auto judicial, hace que la presentación de los 65,9 millones de euros se convierta en “urgente” a juicio de los magistrados, porque, si no, ni siquiera se tendrán “las garantías de que vaya a ser posible ejecutarla [la descontaminación] a su costa”. Es decir que la empresa que contaminó limpie el estuario.

Hace solo un par de semanas, el Gobierno envió una carta a Fertiberia para exigirle que cumpliera con lo exigido por los tribunales. Ahora, este último auto judicial establece que “con carácter inmediato y en plazo máximo de un mes desde la notificación de esta resolución presente aval o seguro de caución por importe de 65,9 millones de euros hasta la completa ejecución de los trabajos de regeneración ambiental”. La empresa podrá recurrir todavía más, pero el escrito aclara que esta medida ya no paralizará el proceso: “No suspende la ejecución de la presente resolución”, culmina. Fertiberia ha asegurado este martes que estudia recurrir la decisión judicial aunque, ha añadido “sin que afecte al compromiso de ejecutar el proyecto de restauración” que, ha dicho, está pendiente de la evaluación ambiental del Ministerio de Transición Ecológica“.