El presidente salvadoreño llama a aprobar la reforma de pensiones antes de octubre

El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, aseguró hoy que el Gobierno pagará las pensiones de agosto y septiembre del año en curso, pero “para octubre se necesita una reforma para no estar con la preocupación” de si puede pagar o no.

El mandatario de este país centroamericano señaló que “su Gobierno ha hecho los acopios de recursos necesarios para garantizar el pago de pensiones hasta el mes de septiembre”, pero advirtió que para octubre se necesita aprobar una reforma.

Sánchez Cerén recalcó que “el tema central para resolver esta situación es una reforma de pensiones que garantice a los trabajadores una pensión con la que puedan vivir dignamente”.

El presidente señaló que el Ejecutivo “trabaja en reformas presupuestarias que permitirán reasignar fondos de otras instituciones para cubrir los gastos del pago de pensiones, las obligaciones con el Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP) y el pago de pensiones a los militares retirados”.

El jefe de Estado también informó que “un equipo de gobierno revisa todas las propuestas de reforma al sistema de pensiones que se han hecho públicas, para construir, a partir de las mismas, una propuesta que sea respaldada por todas las fuerzas políticas, poniendo al centro el interés de los trabajadores y de los jubilados”.

Estas palabras fueron parte del discurso que el presidente salvadoreño brindó durante el programa Gobernando con la Gente, que en esta ocasión se llevó a cabo en el municipio de Ilopango (este).

El pasado 26 de julio, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador dejó sin efecto una reciente reforma que buscaba permitir al Gobierno tomar una mayor proporción del ahorro de jubilación de los trabajadores para pagar a unos 175.000 pensionados a su cargo.

El 18 de julio pasado, el Congreso salvadoreño aprobó la medida, que obligaría a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a aumentar del 45 % al 50 % el margen de los ahorros de los trabajadores que pasa a un fideicomiso administrado por un banco estatal, a través del cual el Gobierno paga a un sector de los pensionados.

La reforma “no producirá efecto jurídico constitucional alguno”, por lo que las AFP “continuarán teniendo como límite máximo (...) el 45 % establecido antes de la reforma invalidada por esta resolución”, según indicó la CSJ.

En abril pasado, el Gobierno cayó en el impago de 55 millones de dólares con las AFP, por la falta de acuerdos entre el oficialismo y la oposición para emitir bonos para saldar el pago y diferentes sectores prevén que este escenario se repita en octubre próximo.