Seis de las residencias intervenidas en la Comunidad de Madrid durante la pandemia ya habían sido sancionadas

La Comunidad de Madrid ha decidido intervenir 14 residencias de mayores durante la pandemia de COVID-19 por “un incremento no esperado de fallecimientos”, justificaron desde el Gobierno autonómico. La enfermedad les había desbordado. El número global de fallecidos en los centros de la Comunidad ha rozado los 6.000, aunque no se ha podido atribuir la causa de la muerte en todos los casos.

662 personas han perdido la vida desde el 8 de marzo en esos 14 recursos asistenciales señalados por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. De ese listado de residencias intervenidas, hay seis centros que habían sido ya sancionados. Dos de ellas fueron amonestadas este mismo año, según los datos aportados por la Comunidad de Madrid a eldiario.es, tras una petición de información al portal de transparencia.

En febrero se emitió una resolución contra el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía por vulnerar el artículo 28c de la Ley 11/2002 de Prestación de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. El epígrafe citado recoge castigos por “no prestar la adecuada atención en la alimentación, higiene, descanso y/o aseo personal de los usuarios, así como imponerles un horario totalmente inadecuado de acuerdo con los estándares de vida socialmente admitidos”.

Este recurso fue cedido “gratuitamente por la Fundación Reina Sofía en 2007 a la Comunidad de Madrid por un plazo de 30 años, para que se integraran en la red pública de la Comunidad de Madrid”, explican fuentes de la Fundación. Actualmente, su gestión depende de Clece Servicios Sociales. La multa económica impuesta por vulnerar la normativa ascendió a 6.000 euros, aunque finalmente abonaron 4.800 euros porque tuvieron un descuento del 40%. Fuentes de la Consejería explican que esta reducción se aplica en un 20% “si el infractor reconoce su culpabilidad” y otro 20% “si además ejerce el pago voluntario”

Este año el geriátrico Domus Vi Espartales –explotado por Serviger XXI Alcalá– también ha sido sancionado con 6.896 euros por tener “personal insuficiente”. Fuentes de este grupo explican que la sanción se produjo por unos hechos sucedidos en noviembre, “porque durante unas pocas horas de esa semana el centro no contó con el profesional encargado de la terapia ocupacional” y también falló “el fisioterapeuta de tarde”. “Sin embargo, otros profesionales cubrieron esas funciones durante la semana”, aclaran. Desde este centro explican también que la intervención de la Comunidad consiste en que el Gobierno autonómico les oferta “recursos profesionales y materiales que temporalmente necesitasen para paliar la pandemia”.

Vitalia Leganés, gestionado por Residencias y Servicios Asistidos y señalada por el Ayuntamiento del municipio por el “elevado número de fallecidos”, fue otro de los centros amonestados por la Comunidad. En este caso, la sanción resuelta en 2018 se dictaminó por la vulneración de cinco artículos de la ley autonómica. Además del 28c, incumplieron “la debida atención sanitaria y/o farmacéutica”, no tenían el “equipamiento en las condiciones debidas de mantenimiento”, hubo problemas de comunicación y descuidaron “el deber de asistencia” o no facilitaron “el acceso a la atención” a las necesidades básicas de los usuarios. El coste económico por las cinco infracciones graves detectadas les supuso una sanción de 30.000 euros, tal y como adelantó Infolibre, aunque abonaron un 40% menos debido al descuento acordado.

Con 15.177 euros penalizaron a Casa Quinta – propiedad de la Real Asociación de Hidalgos de España – por incumplir en tres ocasiones los pliegos firmados con la Comunidad. El centro ha sido reincidente, en 2015 y 2017 fue amonestado por “personal insuficiente” y en 2016 por “falta de información a los familiares sobre incidencias relevantes en la atención a los usuarios”. Geriatel Rivas, otra de las intervenidas, también figura entre las castigadas, aunque en este caso recibió una sanción leve resuelta en 2015. Geriatel, la empresa que gestiona ese centro, ha sido señalada en otras dos ocasiones más: en enero de este año y en 2019.

La sexta residencia intervenida y de la que ya tenía antecedentes el Gobierno de la Comunidad es Orpea Santo Domingo, situada en el municipio de Algete. Un centro penalizado en seis ocasiones por incumplir los pliegos, todas ellas por “personal insuficiente”. Por esas amonestaciones, dos emitidas en 2018 y cuatro en 2015, tuvieron que abonar 27.214 euros a las arcas públicas.

Desde Orpea explican que la intervención “es meramente administrativa, no operativa”. Esta actuación se limita a que un funcionario visita “el centro durante varias semanas pero la gestión y operativa la han seguido realizando el director y resto de profesionales” del grupo. De todas las penalizaciones emitidas (140), más de un tercio, 58, fueron dirigidas contra alguno de sus centros y por ellas han tenido que pagar 474.355 euros. Sobre este elevado número de amonestaciones, fuentes de la compañía explican que “son muy antiguas” y que “no obedecen a temas ni de cuidados ni sanitarios, sino administrativos o de forma”. A pesar de lo que plantean fuentes oficiales de Orpea, tres de esas amonestaciones se emitieron en 2019.

Además, cinco de las residencias de este grupo lideran el ranking de centros reincidentes que han sido penalizados en varias ocasiones entre 2015 y 2020. Estas amonestaciones se imponen a empresas que no cumplen lo establecido en los pliegos de condiciones de los contratos que han firmado con la Comunidad. Este listado está encabezado por Orpea Collado Villalba, señalada en 14 ocasiones entre 2015 y 2018 por el Gobierno regional por reincidencia en “personal insuficiente” y “deficiencias” en el “sistema fichaje y control presencia personal”. Con once multas, emitidas entre 2015 y 2017, le sigue Orpea Villanueva de la Cañada. La mayoría de las amonestaciones se emitieron por los mismos motivos que el centro anterior, a ellos se añade una sanción en 2016 por “deficiencia en el control y protección de los usuarios y falta de información a los familiares sobre incidencias relevantes en la atención a los usuarios”. 

Once penalizaciones por falta de personal aglutina Orpea Madrid Aravaca. Ocho, Orpea Punta Galea por el mismo motivo. Seis, la intervenida Orpea Santo Domingo. Sanitas La Florida y Sanitas Getafe también acumulan seis cada una. El 53% de los centros de mayores sancionados por incumplir lo exigido por la Comunidad de Madrid para ofertar plazas financiadas son reincidentes. 49 residencias copan las 140 amonestaciones emitidas por este motivo.

Una séptima residencia intervenida, el centro de mayores de Usera, tiene actualmente un “expediente administrativo” abierto por la Comunidad de Madrid “como consecuencia de una inspección realizada” en enero de 2020, según confirman fuentes de DomusVi, la empresa que lo gestiona. El Gobierno regional no ha aportado información sobre este procedimiento. Por su parte, la compañía asegura que la propuesta sancionadora se ha emitido porque subcontrataron con otra empresa la contratación de una enfermera, porque “no lograron cubrir” esa vacante de forma directa. “DomusVi considera que no se ha vulnerado el espíritu del pliego de condiciones, que prohíbe la subcontratación para evitar la subrogación total de la gestión”, explican desde la compañía,  ya que consideran que “se trató de una situación puntual y de un servicio muy concreto”. Actualmente, este procedimiento se encuentra “en trámite de alegaciones”, según estas mismas fuentes.   

Para Raúl Camargo, miembro del colectivo Marea de Residencias y exdiputado autonómico de Podemos, esta situación “demuestra que el modelo de gestión indirecta y el de conciertos habría que suprimirlo”. “Todo tiene que ver, en mi opinión, con que no hay ninguna regulación en este sector, es la ley de la selva. Cada empresa hace de su capa un sayo y al final tenemos una elevada cantidad de multas”, reseña Camargo. Ante la reiteración de penalizaciones, propone que no solo se sancione a las empresas económicamente, sino que también se proponga “la retirada de la gestión”.

Fuentes oficiales de la Consejería de Políticas Sociales explican que ante este tipo de amonestaciones “los servicios sociales llevan a cabo una labor de seguimiento de los incumplimientos” para evitar reiteración en las infracciones. Asimismo, estas mismas fuentes recuerdan que el Plan de Calidad e Inspección de Servicios Sociales vigente recoge que si se detecta un “incumplimiento se propondrá de nuevo el inicio de un expediente sancionador”.

eldiario.es ha tratado de recabar la versión de las empresas que gestionan las residencias intervenidas, sin haber recibido contestación, a excepción del grupo Orpea y DomusVi. Esta redacción también ha consultado a la Consejería de Sanidad, departamento que actualmente tiene las competencias de los centros de mayores en la Comunidad de Madrid, si el número de residencias intervenidas se ha modificado, tampoco ha obtenido respuesta.