El secretario de Estado de Igualdad dice que no se ha leído el anteproyecto de ley del aborto
El secretario de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad no se ha leído en anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, la polémica ley Gallardón que ha generado división en el PP y ha sacado ya a miles de personas a la calle. Y que hace semanas está colgada en la web oficial del Ministerio de Justicia.
Así lo explicó este lunes el también candidato a la presidencia del PP andaluz y futuro candidato a gobernar la Junta en una entrevista en la Cadena Ser. La pregunta de la periodista Pepa Bueno al abordar el tema fue directa: ¿Usted cree que el aborto es un derecho? A lo que Moreno Bonilla, protagonista estos días también de una polémica por los extraños cambios que ha sufrido su curriculum en los últimos años, contestó evasivamente: “El derecho es un concepto muy amplio, lo que hay es un reconocimientos desde la década de los '80 desde el punto de vista juridico, que ha tenido cambios en los últimos años”, ha intentado escurrirse el responsable de la política de Igualdad del Gobierno.
Pero ante la insistencia sobre si la promesa electoral del PP en las últimas elecciones se corresponde con el texto elaborado por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, Moreno Bonilla ha reconocido: “No he estudiado al 100% el proyecto porque no he estado en ello”, y se mostró incapaz “de decir qué aparece en el programa y qué aparece en el proyecto”. “Sé las líneas maestras”, ha afirmado el secretario de Estado. Y ha insistido: “El detalle de una ley no puede venir en un programa electoral”.
“Puedo decir que es un proyecto que se ha hecho hablando con mucha gente”, ha explicado Moreno Bonilla, en contra de lo que han afirmado numerosas asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres, que aseguran que en ningún momento se las contactó en la fase de elaboración del anteproyecto, aunque sí se mantuvieron reuniones con grupos ultracatólicos y antiabortistas para asesorar al ministerio. El anteproyecto se encuentra en este momento en la fase de análisis de los órganos consultivos, que puede alargarse varios meses. Pero incluso ahora varias plataformas proelección y órganos colegiados de profesionales sanitarios, como el Colegio de Ginecólogos y Obstetras se han mostrado molestos por no haber recibido el texto.
“Una vergüenza”
“No se ha visto nunca en ningún proceso que tuviera que ver con la sexualidad en el que hubiera menos participación de las autoridades sanitarias”, defiende Isabel Serrano, ginecóloga y portavoz de la plataforma Decidir nos hace libres. “Lo que no puede hacer el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad es desentenderse de un asunto que afecta directamente a esas tres carteras”, dice Serrano, que insiste en que “las leyes restrictivas generan problemas de salud para las mujeres”, y que el anteproyecto presentado por Justicia deja totalmente de lado el espíritu de la ley actual de preventivo y sanitario. “Hoy existe una estrategia de salud sexual y reproductiva asociada a la ley del aborto. Es una vergüenza que el ministerio de Ana Mato no haya tenido ninguna participación”.
El caso más evidente es que ni siquiera se ha consultado al Consejo de Participación de la Mujer, un “órgano colegiado de consulta y asesoramiento” adscrito al Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad cuyo objetivo es “servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra la discriminación por razón de sexo”.
Moreno Bonilla ha defendido la ley asegurando que se ha elaborado “hablando con mucha gente”. “En la parte que me ha tocado, de servicios sociales, se ha hablado con el Cermi, por poner un ejemplo”, ha asegurado. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha sido uno de los organismos en los que se ha apoyado el Gobierno en su modificación de la ley para ir más allá de la norma de 1985 y eliminar también el de la malformación fetal de los supuestos para permitir la interrupción voluntaria del embarazo. Moreno Bonilla ha explicado que su aportación ha sido fundamental para que se reconociera “la obligación de proteger al nonato que pudiera tener un problema” ya que ellos se encargan de reconocer “los derechos de las personas que antes de nacer pueden sufrir algún tipo de discapacidad”.
La Organización Médica Colegial (OMC), es decir, los 52 colegios de médicos de España, se ha sumado este fin de semana al vapuleo a la ley Gallardón, conun documento en el que critican que con la nueva norma la mujer no tendría capacidad de decisión propia. La mujer “no ha de ser considerada ni definida de antemano como una enferma mental”, asegura el informe. Los médicos rechazan que quede en sus manos la responsabilidad de certificar un grave peligro para la salud psíquica de las mujeres para autorizar un aborto. “No es aceptable que una decisión tan importante quede en manos de terceros”, sostiene.
