La ley de eutanasia da su penúltimo paso con el voto en contra de PP y Vox y vuelve al Congreso para su aprobación final

La ley de eutanasia ha enfilado su aprobación definitiva. El pleno del Senado ha dado luz verde este miércoles al dictamen de la Comisión de Justicia que regula el derecho a una muerte digna tres meses después de que el Congreso respaldara su aprobación. Los senadores han introducido algunos ligeros cambios en el texto que vino de la cámara alta en diciembre, por lo que deberá volver a ella para su ratificación final y que pueda entrar en vigor. Con 155 votos a favor, 100 en contra y tres abstenciones el pleno ha apoyado la norma, a la que se han opuesto el Partido Popular y Vox, que han intentado vetarla de nuevo sin éxito.

Durante cuatro horas los senadores han protagonizado un debate enconado que ha vuelto a poner sobre la mesa las diferentes posiciones de los grupos y que ha finalizado con una ovación a los familiares de Maribel Tellaetxe y María José Carrasco, presentes en la tribuna de invitados. Ellas, junto a Ramón Sampedro en los años 90 o Luis de Marcos y Antonio Monguilod más recientemente, son algunas de las personas que le han puesto rostro a la larga lucha por la eutanasia en España.

El PSOE, impulsor de la ley, ha defendido el espíritu de la norma, que consagra el derecho a decidir sobre la propia vida y “toma en serio la libertad de los ciudadanos sin tutelas o privilegios”. “Precisamente porque tenemos el más firme de los respetos por el bien jurídico que es la vida respetamos el genuino derecho a decidir, que corresponde al propio sujeto”, ha manifestado el socialista Francisco Javier de Lucas Martín.

Lo hacía en contraposición a los intentos del PP y Vox de tumbar la ley, que han defendido sus vetos, rechazados por una holgada mayoría. El grupo de los de Santiago Abascal ha vuelto a acusar al resto de partidos de promover “la cultura de la muerte” en línea con los argumentarios promovidos por los grupos ultracatólicos que intentan boicotear el avance y ha tildado la norma de “inconstitucional e injusta”. Los populares, por su parte, han insistido en equiparar los cuidados paliativos y la eutanasia, como si no fueran complementarios, pero diferentes, y han calificado la norma de “retroceso” porque “la muerte no es un derecho”, en palabras de Antonio Román Jasanada, que la ha enmarcado en “la agenda ideológica de un gobierno que busca la confrontación social”.

“Para esta ley no hay vidas indignas, sino procesos de sufrimiento que atentan contra la dignidad de la vida”, ha respondido el senador socialista Francisco Javier de Lucas, que ha recordado que esta norma no impone la eutanasia para nadie, sino que ofrece un derecho a quien lo reclama de forma libre.

El pleno de este miércoles ha votado en contra tanto de las propuestas de veto de la derecha como de las enmiendas que algunos grupos aún mantenían vivas y han apoyado por amplia mayoría el dictamen que provenía de la Comisión de Justicia. Los senadores han incorporado una veintena de enmiendas al texto, que implican ligeros cambios. Fundamentalmente la inclusión del colectivo de enfermería en la Comisión de Garantía y Evaluación, que es un organismo multidisciplinar que hará una “verificación previa” de las solicitudes y que hasta ahora solo incluía a personal médico y jurista. Otra de las modificaciones tiene que ver precisamente con los plazos para poner en marcha estas comisiones, de las que habrá una en cada comunidad autónoma: la ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con la excepción del artículo que prevé la creación de estos organismos, que lo hará al día siguiente. Desde entonces, las autonomías tendrán tres meses para constituirlos, con el objetivo de que no haya un desajuste temporal.

Las claves de la ley

Con este penúltimo paso, España está más cerca de convertirse en uno de los pocos países del mundo en regular la eutanasia, una prestación que la ley reconoce como un derecho y que permite solicitar ayuda para morir a las personas que sufren una enfermedad “grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que le cause “un sufrimiento físico y psíquico intolerables”. Deben ser mayores de edad y ser “capaces” de obrar y decidir y hacerlo de “forma autónoma, consciente, informada” y sin presión externa.

La norma establece un marco y un procedimiento pautado para hacerlo: la solicitud debe hacerse por escrito, que pasará un primer filtro de su médico responsable. A los 15 días debe volver a formular la solicitud. Es decir, el paciente trasladará su petición en dos ocasiones, con una diferencia de dos semanas. Si la muerte o pérdida de conciencia es “inminente”, el plazo puede acortarse. Tras la primera solicitud, ambos empezarán un “procedimiento deliberativo” sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos. Tras la segunda petición, se retoma el proceso y a las 24 horas, el solicitante debe confirmar si quiere continuar o desistir.

Posteriormente, el médico tiene que consultar a un segundo doctor que corroborará que se cumplen los requisitos en diez días y elaborará un informe que puede ser recurrido en caso de denegación. Después, el caso pasará a al estamento de la Comisión de Garantía y Evaluación.

La ley prevé que será una prestación pública incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y que podrá realizarse en centros sanitarios públicos, privados o concertados, y en el propio domicilio. Además, contempla el derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios, que deben manifestarla “anticipadamente y por escrito”.